Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
La portada de la revista colombiana Semana muestra una foto que debiera alegrar a cualquier corazón decente: Indígenas del Cauca portan a un soldado armado, uno de muchos que habían invadido su tierra, y lo alejan de su municipio. La historia de la resistencia en el Cauca fue simplemente asombrosa, ya que indígenas, armados solo de bastones, expulsaron a militares financiados por EE.UU. y desmantelaron las bases que acababan de establecer. Sin embargo, a los editores de Semana no les encantó esta escena, y se refirieron a ella como una «tragedia», preguntándose cómo era posible que pueblos indígenas puedan expulsar a los mismos militares que pretenden protegerlos.
Por cierto, la pregunta se responde sola. Los indígenas no ven a los militares como sus protectores; más bien, los ven como lo que son – invasores llegados para quitarles sus tierras ancestrales, como se las han arrebatado a cientos de miles de otros indígenas que desproporcionadamente forman parte de los más de 5 millones de personas internamente desplazadas de Colombia – la mayor población internamente desplazada del mundo. Y el propio gobierno de Obama -que financia la campaña militar de contrainsurgencia en Colombia- conoce perfectamente los sentimientos de los indígenas al respecto.
Por lo tanto, como la embajada de EE.UU. reconoce en un cable del 25 de febrero de 2010 publicado por WikiLeaks, tribus indígenas han solicitado que los militares colombianos se retiren de sus tierras porque es la presencia de los militares en sí la que «lleva el conflicto al patio trasero de los indígenas», poniendo en peligro al hacerlo sus vidas y su existencia. Sin embargo, en el mismo cable titulado «Violencia contra indígenas muestra tendencia creciente», la embajada caracteriza esa solicitud de la retirada de los militares de tierras indígenas, que la embajada reconoce que es «sagrada para su identidad cultural», como «poco práctica». Y la embajada de EE.UU. explica el motivo, señalando que «inversiones de capital en la minería de sectores de hidrocarburos» así como inversiones en caucho y aceite de palma» -es decir, precisamente las inversiones cuya promoción se propone la política militar de EE.UU.- exigen que esas tierras sean controladas por los militares. El que, como reconoce el cable de la embajada, 34 grupos indígenas sean llevados al extremo de extinción como resultado de ello, no cambia las reglas del juego (por supuesto, este hecho no es sorprendente, considerando el eficiente genocidio estadounidense que eliminó a su propia población indígena con mucha más eficacia, hay que señalar, que los españoles en Latinoamérica).
En el caso del Cauca los militares, expulsados por los indígenas con una violencia mínima (no murió ningún personal militar aunque los militares mataron a 2 indígenas en su lucha contra la expulsión), recapturaron el área con la abrumadora fuerza de 28.000 soldados. Y tal como acostumbra, el gobierno colombiano vilipendió el levantamiento indígena, y afirmó que de alguna manera había sido inspirado, si no instigado, por la guerrilla de las FARC (a pesar de que los indígenas también habían exigido que las FARC abandonaran el área). También hay que señalar que las FARC aceptaron retirarse del lugar si los militares y los paramilitares hacían lo mismo.
Ese tipo de vilipendio -acusar a cualquier oposición política, por pacífica que sea, de estar vinculada de alguna manera a la guerrilla- es una antigua táctica de EE.UU. y del gobierno colombiano a fin de justificar su propia brutalidad. Y, lamentablemente, esa táctica es bastante efectiva incluso en el intento de mistificar a fuerzas izquierdistas y progresistas de EE.UU., y de convencerlas de abstenerse de apoyar luchas que merecen contar con apoyo.
Un ejemplo de este fenómeno que pude conocer en persona tiene que ver con el sindicato campesino colombiano conocido como FENSUAGRO, el segundo sindicato por su tamaño en Colombia. FENSUAGRO tiene una prolongada y orgullosa historia de resistencia pacífica en Colombia, y es uno de los grupos más francos en el apoyo a un proceso de paz negociada con la guerrilla. Y FENSUAGRO ha pagado caro por su activismo: cinco de los 11 sindicalistas asesinados este año en Colombia eran de FENSUAGRO. Uno de estos sindicalistas, Herman Henry Díaz, desapareció; solo se halló su ropa en una carretera que une dos bases militares. FENSUAGRO cree que el señor Díaz fue asesinado por los militares que controlan el área en la que fue capturado, pero, a falta de un cuerpo, es probable que se conozca la verdad.
Durante mi reciente visita a Colombia, el presidente de FENSUAGRO, Eberto Díaz Montes, me habló de la violencia contra su sindicato. Explicó que 1.500 miembros de FENSUAGRO han sido asesinados – casi exclusivamente por militares colombianos y sus aliados paramilitares. En cuanto a los paramilitares, Eberto, de acuerdo con el ex Fiscal General colombiano Mario Iguarán, atribuye su crecimiento y su dominación sobre grandes áreas del territorio colombiano al apoyo que recibieron de Chiquita Bananas desde 1997 hasta 2004 – apoyo que ascendió a 1,7 millones de dólares e incluyó 3.000 rifles Kalashnikov. Esos mismos paramilitares patrocinados por Chiquita asesinaron y desplazaron a numerosos miembros de FENSUAGRO que vivían y trabajaban en la región bananera de la que Chiquita se apoderó por la fuerza a fines de los años noventa.
La cantidad de asesinatos sufridos por FENSUAGRO es inmensa y representa cerca de la mitad de todos los sindicalistas asesinados en Colombia (más de 2.900 desde 1986). Y, considerando que Colombia es el primer país mundial en la cantidad de sindicalistas asesinados, se puede decir que FENSUAGRO es el sindicato más amenazado del mundo.
Eberto también habló del hecho de que individuos como Herman Henry Díaz sean desaparecidos en Colombia. A propósito de ello mencionó algo que yo había oído antes pero que es demasiado espantoso para creerlo: como han admitido algunos paramilitares capturados, muchos de los desaparecidos son frecuentemente eliminados sin dejar indicios mediante crematorios al estilo nazi. Por cierto, el Estado colombiano ha sido bastante efectivo en sus desapariciones. Según el propio gobierno colombiano, como informa Latin American Working Group, hay 51.000 desaparecidos registrados en Colombia – una cifra que convierte a Colombia en líder histórico en el hemisferio en desapariciones. Sin embargo, hay afirmaciones verosímiles de que esta cifra, oscurecida por el ocultamiento y destrucción de los cuerpos, es mucho más elevada. Por ejemplo, según la periodista colombiana Azalea Robles, como lo cita el libro Cocaine, Death Squads, and the War on Terror: U.S. Imperialism and Class Struggle in Colombia, 250.000 civiles colombianos han sido «desaparecidos» en las últimas dos décadas en Colombia.
Eberto también criticó un hecho que yo ya conocía demasiado bien, que FENSUAGRO es una de las organizaciones sociales más estigmatizadas en Colombia, acusada constantemente por el gobierno de tener vínculos con las FARC. FENSUAGRO es un objetivo conveniente para semejantes calumnias por sus raíces en el campesinado y sus demandas de reforma agraria – demandas que están a la raíz del conflicto en Colombia. Históricamente, semejantes acusaciones han tenido el efecto intencional de convencer a algunos progresistas en EE.UU. para que se abstengan de tener algo que ver con FENSUAGRO. Y es algo particularmente lamentable en vista de lo importante que sería una ayuda semejante para ese sindicato. Para mí es algo desgarrador. Se trata de un sindicato legítimo y de una voz destacada por la paz en Colombia, a la que se acusa de formar parte de un grupo armado. Por cierto, en Colombia, los que piden un diálogo pacífico con las FARC y una solución política del conflicto son invariablemente acusados de ser partidarios de la lucha armada.
En otras palabras, paz = guerra, =disidencia, = terrorismo, según los que gobiernan Colombia, así como su patrocinador estadounidense. Y, lamentablemente, muchos en la izquierda aceptan esa doble moralidad como verdad, con trágicas consecuencias. Por suerte, esto comienza a cambiar y sindicatos como United Steelworkers, que firmó un acuerdo de trabajo conjunto con FENSUAGRO el año pasado, ven a través de las mentiras y ofrecen la solidaridad que FENSUAGRO necesita tan desesperadamente.
La otra persona de FENSUAGRO que encontré fue Aidee Ibague, que dirige el Departamento de Derechos Humanos de FENSUAGRO. Descubrí que Aidee es un ser efervescente, feliz y bastante divertida que me ayudó amablemente durante nuestra conversación a pesar de mi deficiente castellano. Su sociable personalidad es sorprendente considerando sus trágicas experiencias. Aidee perdió a su esposo, que fue asesinado cuando ella estaba embarazada con su segundo hijo. Después, su madre fue asesinada ante los ojos de su hijo. Luego perdió a su hermano y a su sobrina debido a la violencia política, y toda su familia fue desplazada por la fuerza de su ciudad en Meta. Está amenazada por paramilitares derechistas alineados con el Estado colombiano porque defiende los derechos de miembros de FENSUAGRO y denuncia la violencia gubernamental. Así que es tanto más sorprendente que esta víctima de la violencia en Colombia deba defenderse contra la calumnia de que su organización forme parte de alguna manera de esa violencia.
Por gente como Aidee debemos luchar cada día para denunciar las mentiras de EE.UU. y sus medios dóciles que han decidido que ellos deciden quién es un activista y un revolucionario legítimo que debe ser apoyado, y quién es un terrorista que debe ser despreciado y perseguido.
Daniel Kovalik es abogado laboral en Pittsburgh y también enseña Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Escuela de Derecho de la Universidad de Pittsburgh.
Fuente: http://www.counterpunch.org/2012/08/02/colombias-disappeared/