Los despropósitos judiciales contra los detenidos del barrio de El Clot de Barcelona

El 29 de marzo del 2012, a las nueve de la mañana, unos jóvenes son detenidos por la policia catalana acusados ​​de mover unos contenedores de basura en la calle Aragón y de cortar la circulación. Una circulación que era inexistente en ese momento debido a la huelga.

Ese mismo día un centenar de huelguistas o manifestantes fueron detenidos en Cataluña, seis de los cuales pasaron 40 días en prisión preventiva, para evitar que participaran en la manifestación «violenta y mundial» contra una reunión del Banco Central Europeo que según el Consejero de Interior Puig debía producirse en Barcelona (y que en realidad no se realizó) o en los supuestos disturbios que podía haber debido al partido Barça-Espanyol.

Ocho años atrás, la madrugada del 15 de agosto del 2004, Aitor Dávila clavó un cuchillo de desollar animales en el cuello de Roger Albert, durante las fiestas de Gracia. Ese mismo día Dávila fue detenido y un mes después puesto en libertad provisional. El joven Roger murió el 10 de diciembre, después de cuatro meses en coma.

Este es el primer despropósito: la prisión provisional. Como es posible que se dé un tratamiento similar a un huelguista acusado de mover un contenedor que a un detenido acusado de intento de asesinato?

¿Cuáles son las peticiones a las que se enfrentan estos jóvenes?

Está previsto que el juicio de los jóvenes detenidos el 29M en el barrio del Clot se celebre en Barcelona el próximo 5 de junio. En otras ocasiones, acusaciones similares han resuelto con juicios de faltas. En este caso, sin embargo, los jóvenes de El Clot enfrentan peticiones de penas que llegan a más de 7 años de prisión, lo que muestra la arbitrariedad con que se ha instruido el sumario.

En la causa judicial abierta, se presentan tres acusaciones: el Ministerio Fiscal y, como acusaciones privadas, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona.

Con una sorprendente agilidad, poco habitual en el sistema judicial, el juicio oral se hará casi 14 meses después de la realización de los supuestos hechos. Todas las acusaciones extraen del hecho de mover contenedores tres delitos: desorden público, destrucción de mobiliario urbano y poner en peligro la seguridad vial.

Las peticiones penales que piden son las siguientes:

Segundo despropósito: la manifiesta desproporción entre desplazar un contenedor y ser condenado a pasar siete años encarcelado.

¿Qué hacen la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona?

Mientras tanto, en toda Cataluña se multiplican casos judiciales causantes de una gran alarma social: caso Millet, caso Hotel Palau (que veremos más abajo), caso ITV (Oriol Pujol), el Innova de Reus o el del Hospital de Sant Pau en Barcelona, ​​por citar algunos bien conocidos. Eso sin contar otras situaciones irregulares o, cuando menos, sospechosas, como los obstáculos interpuestos por el Gobierno catalán en el esclarecimiento de la pérdida del ojo de Esther Quintana, o bien el incremento de los contratos de DELOITTE con la Generalitat de Catalunya desde que entró a trabajar David Madí -mano derecha del presidente Artur Mas-. Y así podríamos seguir citando muchos más ejemplos y preguntarnos si la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona han estimado importante jugar algún papel.

¿Cómo actúa el abogado de la Generalitat de Catalunya ante los casos de corrupción en los que la administración catalana se encuentra afectada de forma flagrante? ¿Se ha presentado el Ayuntamiento de Barcelona como acusación particular para defender los intereses de la ciudad y de sus ciudadanos?

Vamos a ver la respuesta en uno de los casos de corrupción más conocido: el caso del Hotel Palau, en el que están acusados ​​Fèlix Millet, Jordi Montull y la ex-cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de un caso en que Millet y Montull se les acusa de haber tramitado la construcción de un hotel junto al Palau de la Música de manera irregular gracias a que gozaban de la colaboración de cargos municipales. A cambio de sus gestiones obtuvieron una sustancial comisión.

En este caso sólo se presentan como acusaciones el Ministerio Fiscal, los vecinos del barrio y la Fundación del Palau. Ni el Ayuntamiento de Barcelona ni la Generalitat de Catalunya se presentan como acusaciones particulares. La Generalitat pudo reclamar unos 300.000 € pero parece que este caso no afecta a los intereses de los catalanes ni los barceloneses en particular.

Pero la actitud de la Generalitat de Catalunya es radicalmente diferente frente a los numerosos casos de corrupción descubiertos que ante los detenidos por la huelga general del 29M. Aquí no sólo se presenta como acusación particular-aunque debería aclarar en que sale perjudicada por el desplazamiento de unos contenedores- sino que, además, lo hace con peticiones de penas desproporcionadamente elevadas. Y lo mismo se puede decir del Ayuntamiento de Barcelona, ​​que evidentemente no comparece como acusación particular en todos los accidentes de tráfico que causan desperfectos en el mobiliario urbano.

¿Qué hacen las administraciones en el proceso judicial de los jóvenes del Clot? Alinearse con la estrategia de desprestigio y criminalización de la respuesta ciudadana contra las políticas de recortes y de ajuste económico que los gobiernos central, autonómico y local están llevando a cabo. Y lo hacen con la conciencia de que las acusaciones contra estos jóvenes son falsas, no se aguantan de ninguna manera y que para presentarse como acusación particular deben derrochar dinero público en épocas de austeridad.

La dureza de la petición del Ministerio Fiscal no sorprende: obedece la consigna del gobierno central de criminalizar las protestas. En cambio, sí resulta sorprendente que el Ayuntamiento de Barcelon formule una petición más contundente. Por tanto, tercer despropósito: la presencia de la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona en este procedimiento judicial

El juicio de los jóvenes de El Clot aún no ha comenzado y ya se anuncia el de cinco jóvenes del barrio de Les Corts en un caso casi idéntico. Y seguirá un hogar goteo de procesos relacionados con la huelga del 29 de marzo.

Pedir siete años de prisión por unos hechos que se podrían resolver en un juicio de faltas no es justicia, es represión. Hoy esta represión sólo se explica por la voluntad de nuestros gobernantes de reprimir y criminalizar cualquier protesta social en un país que están dirigiendo a la miseria ya la limitación de derechos.

Desde estas líneas sólo podemos pedir que se haga justicia y que estos chicos sean absueltos o, mejor aún, que los juicios se anulen.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.