Los diálogos de La Habana bajo la mirada de los atisbos analíticos

A manera de introducción …durante estos 36 meses que las dos Delegaciones de Paz han estado sentadas cara a cara en la Habana, el país, pero sobre todo la niñez colombiana, han podido observar cómo, en clave humana, los enemigos y adversarios no existen para eliminarse entre ellos, sino que ha sido posible ponerlos a […]

A manera de introducción

…durante estos 36 meses que las dos Delegaciones de Paz han estado sentadas cara a cara en la Habana, el país, pero sobre todo la niñez colombiana, han podido observar cómo, en clave humana, los enemigos y adversarios no existen para eliminarse entre ellos, sino que ha sido posible ponerlos a conversar, dialogar, arreglar y convenir hasta construir acuerdos benéficos para todos. Un extraordinario reto que, al mismo tiempo, ha sido una compleja pero vívida aventura- y en Colombia sí que lo es!- lo han podido vivir y constatar durante 1095 días los miembros de una sociedad en la que todos los que son menores de 50 años llevan 18.250 días esperando una anhelada alba en la que no sean despertados por el pum-pum de los fusiles. Como para destacar entonces que por largos, complejos y mentalmente alborotadores que hayan sido las conversaciones entre enemigos que han venido aprendiendo a relacionarse como adversarios democráticos, la Habana ha funcionado como un muy rico curso práctico de inducción a la convivencia colectiva… En contraste con una inicial incredulidad casi generalizada de las sociedades civiles, las Farc, que más que reinsertarse, están buscando construir una nueva forma de presencia en la vida social, han permanecido fieles a la palabra inicialmente empeñada; el Estado, por su parte, a despecho de los enemigos de la paz, ha dado pasos básicos hacia una negociación. En estos comienzos del 2016, FELICITACIONES entonces para las dos Delegaciones de Paz…y que este sea el año de iniciación efectiva de la construcción de paz integral en Colombia.

(Introducción al libro «Los Diálogos de la Habana, la Comisión de Historia del Conflicto y de las Víctimas y la Colombianización de la Justicia Transicional» (280 páginas, será publicado por la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá).

Digamos, de entrada, que con el Acuerdo Parcial sobre Víctimas que hubo el 15 de diciembre del 2015, con claridad se ha derrumbado el argumento de que la Habana es, ha sido y será un monumento a la impunidad pues, con él y mediante él, los victimarios, que accedan a negociar, tendrán que reparar, al mismo tiempo que aceptan su propio juzgamiento. Por lo tanto, en una saludable, equilibrada y sabia combinatoria de una reparación substantiva de las víctimas con una proporcional penalización y con una pequeña dosis de perdón y paz positiva, se condensa la quintaesencia de esta negociación.

Pero estos Acuerdos- los del 23 de septiembre y 15 de diciembre del 2015- admirados y loados en el exterior, no han logrado convencer ni tocar al conjunto de los colombianos. Que han sido «un hito en cuanto al desarrollo de un nuevo tipo de justicia para los conflictos armados que evita la impunidad del pasado» pues, antes del 2002, éstos se resolvían mediante meras amnistías e indultos, han dicho en algunos sectores de la Comunidad internacional; que han sido «una obra de relojería para mantener el equilibrio entre justicia y paz», se ha señalado en otros.¹ Esto no obstante, en la actualidad son legión los colombianos que más que una «negociación» lo que demandan es un «sometimiento» de guerrilleros que en lo militar no han sido derrotados, es decir, exigen que se entreguen sin más ni más para encerrarlos en las cárceles con vestimentas a rayas y constitucionalmente impedidos para hacer política. Un genuino contrasentido, primero porque ningún rebelde se sienta negociar cuánta cárcel le van a recetar y mucho menos guerrilleros, que no han sido vencidos; y segundo, porque si los farianos se han sentado a la Mesa con el Estado ha sido precisamente porque quieren hacer política sin las armas en las manos. En lo básico, dos razones nos explican el vigor de la oposición de un sector muy amplio de la población civil a los Acuerdos logrados: de un lado, el catedralicio volumen de víctimas: en cualquier sociedad 7 millones de víctimas se constituyen en un factor determinante de la orientación de una negociación; y del otro, es indiscutible, que Uribe Vélez, aunque empieza a verse acorralado, sin embargo, continúa siendo una fuerza vigorosa en la polarización ideológica del país.

Sobre los Acuerdos en general, se ha escrito en la Revista Semana:

«La consecuencia inevitable de aceptar esas dos premisas- que los guerrilleros prefieren morir a ir a la cárcel y que abandonan la guerra para hacer política- es que hay que hacer otras concesiones…De ahí que narcotráfico pueda llegar a ser delito conexo con la rebelión; que las sanciones sean leves y que se les haya garantizado la no extradición. La fórmula final a la cual se llegó no es dura pero es realista…Como este nuevo sistema de justicia existe para pasar la página de una guerra de medio siglo, se aplicará a todos los involucrados en ella. Las Farc no son las únicas responsables de actos atroces…A cambio de esos sacrificios hay beneficios importantes. En primer lugar, el final de la guerra. En segundo lugar, en el acuerdo no sólo hay concesiones para los responsables sino actos de justicia frente a las víctimas… El acuerdo no es liviano en este terreno. El acuerdo de justicia puede ser realista pero su implementación no va a ser nada fácil. Para comenzar está el factor económico. Los compromisos adquiridos van a costar mucha plata y no se sabe de dónde va a salir…En segundo lugar está el factor político. Para cumplir el acuerdo se requiere hacer reformas constitucionales y expedir leyes que entrañan un amplio consenso nacional…Otro punto son las zonas grises. Es decir, los elementos del acuerdo sobren los cuales todavía no hay claridad total. En esta categoría están temas como las condiciones para la participación en política y la integración del Tribunal…Siempre se ha dicho que la fórmula de justicia a la que se podía llegar en este proceso no sería perfecta ni la panacea…Sin embargo, el acuerdo a que se llegó es bastante sensato…Los negociadores se esforzaron por encontrar mecanismos que llenaran las exigencias de la Corte Penal Internacional, las expectativas de las víctimas, y eventualmente la aprobación de los colombianos. Los dos primeros son un hecho. El tercero, el del consenso, aún no ha sucedido».²

En lo conceptual metodológico dos ideas básicas se entrecruzan como matriz de estos ocho Capítulos: La primera señala que en Colombia, en contraste con otras sociedades de similar desarrollo técnico-económico, más que una mera revolución social democrática- lo que sí sería suficiente en varios países latinoamericanos- lo que urge, para lograr una convivencia auto-sostenida, socialmente plausible y legitimada, es la construcción permanente de paz integral imperfecta en sus dimensiones de muchas pacificaciones, de una muy robusta equidad social, de mucho perdón y reconciliación, así como de gestación de una nueva cultura ciudadana capaz de absorber, de modo creativo e imaginativo, la siempre inevitable, necesaria y hasta deseable conflictividad social; la otra idea directriz se encuentra asociada a la Justicia Transicional, doctrina que, todavía en construcción a escala internacional , ha sido colombianizada, de modo inédito, bajo la forma de la Jurisdicción Especial para la Paz, que podrá encontrar su legitimación práctica si se centra en la protección efectiva de los derechos de alrededor de siete millones de víctimas. De manera que, cómo construir paz integral teniendo como referente privilegiado los derechos de las Víctimas, es lo esencial de esta reflexión.

Normalmente en una sociedad se empieza a hablar y a insistir en la necesidad de construir paz cuando períodos prolongados de dictadura o de regímenes discriminatorios o de conflictos internos armados o de recurrentes intolerancias han dejado una masa crítica de víctimas siempre in crescendo convirtiéndose el ejercicio de las violencias en una práctica recurrente.³ O sea que en materia de construcción de paz, el caso colombiano es prototípico en América Latina: En nuestro suelo no bastan unas cuantas pacificaciones, lo que no urge en otros países latinoamericanos. Aunque muy necesaria, tampoco es suficiente una revolución social, la que sí bastaría en casi todos ellos. Es muy probable, por otra parte, que ninguno de nuestros vecinos haya estado atravesado por esa historia de intolerancias, odios y venganzas, que ha marcado la historia cultural del país, amén de que algunos de ellos es mucho lo que pueden mostrar en la actualidad en materia de una muy rica cultura ciudadana. Ha sido por eso por lo que muchas acciones perversas que, por naturalizadas, a los colombianos nos parecen normales, a los ojos de otros países se evidencian como anormales mientras que lo que, para ellos, es normal, por estos lares parece no haber llegado. En síntesis, en Colombia se requiere, simultáneamente, de una revolución política que ponga fin a la casi necesidad de andar a toda hora en trance de matarnos; de unas revolución social que redistribuya riqueza e ingresos acumulados en unas pocas manos; de una revolución en los corazones que desvanezca los históricos odios, así como de una revolución cultural, que permita manejar, de modo creativo, la conflictividad social. En la actualidad, la palabra «revolución» como que ha perdido vigencia aún en boca de los revolucionarios. Rescatamos ahora la noción para resaltar su peso y significado e importancia políticas en clave de cambios estructurales empujados por fuerzas sociopolíticas pero poniendo en cuestión el componente de necesaria violencia del que estuvo sobrecargada la teoría clásica de la revolución.⁴ En materia de revolución política, mientras la teoría clásica de la revolución convocaba, en el marco de la lucha de clases, a una necesaria eliminación de muchos, la estrategia de la construcción de paz en Colombia invita a cesar de matarnos; quizás las dos revoluciones, la clásica y la que Colombia necesita, pueden coincidir en muchos aspectos en materia de profunda transformación social, sin embargo, mientras la primera es una revolución con las armas en las manos, la colombiana lo que ahora levanta en alto es la bandera de la construcción de democracia. Y en cuanto a la revolución en los corazones, dispares en sus horizontes son una y otra, pues mientras la clásica invitaba al odio ideológico a los dueños del establecimiento, en Colombia está invitando a reconciliarnos y perdonarnos. Finalmente, mientras la teoría clásica de la revolución no le brindaba espacios al manejo de la conflictividad social por fuera de la lucha de clases, la segunda postula la necesidad de abrir y enriquecer y cualificar el espacio ciudadano de una nueva cultura democrática.

Por otra parte, no importa que esa paz integral sea imperfecta.⁵ Por dos razones centrales siempre lo será: porque aún en las sociedades «más integralmente pacíficas» del mundo – y, por lo tanto, quizás las más avanzadas- siempre habrá expresiones de violencia aunque esporádicas y a más pequeña escala; y segundo, porque una paz perfecta no sería una paz humana sino una paz para ángeles sin los inevitables y hasta deseables conflictos propios de las sociedades humanas. Entonces, si hay alguna acción humana que tenga el carácter de acción permanente, es aquella asociada a la construcción de paz. Como para continuar con el parangón que iniciamos en el anterior acápite, digamos, recordando a Trosky⁶, que si la construcción del socialismo era para él algo que sólo terminaría cuando socialista fuese todo el planeta tierra, la construcción de paz es aún más permanente: Habrá que construirla hasta que en el planeta tierra quede alguna huella de «lo humano». Por eso, la construcción de paz nunca será una moda. Finalmente, destaquemos que en todo esfuerzo colectivo por construir paz integral, la estrategia se torna del todo inviable en el contexto de un modelo socio-económico de Estado inspirado en la ideología neoliberal; sólo enfoques post-neoliberales podrían facilitarla y sobre todo uno, y con esto nos salimos un poco de nuestra condición de investigadores sociales, cercano a una ideología socialista con un fuerte componente autogestionario.

De entre los últimos doce «Atisbos Analíticos»- entre los números 224 (abril 2015) y el 236 (enero 2016) hemos rescatado algunos avances investigativos alrededor de los Diálogos de la Habana, proceso al que le hemos hecho un seguimiento al detalle desde el número 159 de octubre del 2012. Ahora en este libro, buscaremos darle unidad analítico-metodológica a esos avances teniendo como contexto una coyuntura en la que, después de la subida que tuvo la confrontación armada entre los meses de abril y junio del 2015, los dos Equipos de dialogantes, ya más maduros y en trance de hacer la transición de enemigos a adversarios, decidieron rápidas y oportunas medidas en procura de des-escalar la pugna bélica agilizando y racionalizando los Diálogos de la Habana, y sobre todo, decidiéndose a abordar la discusión del tema más sensible y estratégico de todo el proceso como era el del Modelo de Justicia a aplicar. Entonces, al ser ya el resultado del método de exposición o de presentación de algunos resultados, todavía provisionales, este libro vertical y horizontalmente se encuentra atravesado por varias hipótesis más particulares, que tienen como contextos básicos, de un lado, uno fáctico, asociado a la ficción de que era posible negociar en la Habana como si en el país no hubiese una guerra interna y guerrear en Colombia como si en Cuba no se estuviese conversando, y del otro, otro teórico , ligado a una comprensión más adecuada del significado y alcances de la doctrina de «EL Margen Nacional de Apreciación«, así como de la todavía emergente teoría de la «Justicia Transicional«.

Pero, no obstante todo el drama mediático, toda la confusión ciudadana y todo el enredo político que se produjo en el país, sobre todo, entre abril y junio del 2015; no obstante tantas realidades tapadas de parte y parte, lo que se hizo posible por falta de una verificación internacional confiable, esta segunda y más grave crisis en los Diálogos de la Habana finalmente arrojó dos resultados esclarecedores,

de un lado, visibilizó la equivocada desconexión existente entre lo que estaba acaeciendo en Colombia y en La Habana; y
del otro, evidenció la necesidad estratégica de entrar a acordar los términos y parámetros de la Justicia Transicional a aplicar en Colombia para este caso de negociación del cincuentenario y perverso conflicto interno armado.

Pero, como en las ciencias sociales investigar es producir conocimientos y comprobarlos, pero también imaginar posibilidades post-factuales a partir de las incertidumbres de lo real, mientras entre abril y junio del 2015 la guerra interna subía de tono y en la Habana trataban de bajárselo, así condensamos algunas de esas hipótesis más puntuales levantadas en los últimos 13 Atisbos.

Para brindarle un referente de mayor horizonte a muchas de las tesis presentadas, empecemos con el No 234 de diciembre del 2015 en el que formulamos una hipótesis general sobre los orígenes, persistencia e impactos del conflicto interno armado, que condensamos así,

En la forma histórica que asumió en la década de 1960 ‘el Estado de clase, estructuralmente opuesto a toda reforma sociopolítica importante’, que se instauró en Colombia desde 1886 cuando la nuestra era todavía una sociedad pre-capitalista, es por donde hay que empezar a desentrañar la causa eficiente del conflicto interno armado que se inició en el país en 1965 cuando se fundaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Desde las últimas décadas del siglo XIX, el tipo histórico de Estado constitucionalizado, de modo implícito, en la Carta Magna de 1886 (después de haber actuado casi siempre de un modo represivo por él mismo llamado como democracia institucional excepcional ), empezó a responder a las amenazas al orden social ora transformando el monopolio de la legítima coerción en violencia estatal ora de modo terrorista ora de modo contrainsurgente antisubversivo siendo éste el tipo de Estado que ha pervivido en Colombia en el último medio siglo con la asesoría, colaboración y ayuda del gobierno norteamericano. En la década de 1960 se trataba de sacar del escenario público, por una tercera vez más en la historia colombiana, la exigencia de una reforma agraria integral demandada por un sector importante del campesinado empobrecido aglutinado en las autodefensas campesinas. Entonces, Guillermo león Valencia, el segundo presidente del frente Nacional, en 1964 les respondió con la más desproporcionada y arrasadora y aparatosa guerra. Fue ese el contexto más inmediato en el que en 1965 tomó forma el conflicto interno armado como insurgencia subversiva en armas, en lo político-organizativo Farc. En una primera etapa, éstas tuvieron un crecimiento, más bien, vegetativo en regiones en las que, dada la ausencia de Estado, pudieron funcionar como gobiernos guerrilleros fácticos. Por ese entonces, 1965-1975, aunque contaban con combatientes militares ya muy experimentados, sin embargo, en lo tecnológico muy precario era el aparato militar de los farianos; en contraste, el Ejército, ya militarmente fuerte como aparato coercitivo de Estado, sin embargo, apenas se estaba iniciando en el aprendizaje de las prácticas, los discursos militaristas y los rituales de la guerra contrainsurgente. Por otra parte, como habían nacido en un contexto de casi natural y espontáneo control territorial, las Farc, al planear su evolución futura, se quedaron con esa marca de guerra más socio-espacial que social. Pero, para extenderla, urgían de recursos que les permitiesen empezar a tecnificar su precario aparato militar. Entre otras cosas, fue esto lo que comenzaron a buscar cuando en los inicios de 1982, a partir de su Séptima Conferencia- la conferencia de la expansión⁷– decidieron llevar la guerra socio-territorial a regiones del país más estratégicas en lo poblacional, lo productivo y lo político en donde pudiesen acumular ocho mil millones de pesos, necesarios para crear ocho Bloques que aglutinasen su ideario de unos 25.000 guerrilleros apuntando hacia las grandes ciudades del país, sobre todo hacia Bogotá. Para esta época, por otra parte, el Estado, con la colaboración permanente de los gobiernos norteamericanos, ya había avanzado mucho en la tecnificación de la guerra contrainsurgente antisubversiva.En sí mismos y por sí mismos estos avances en la tecnificación de sus respectivos aparatos militares, así como en una mejor definición de sus Estrategias, son más que suficientes para explicar la persistencia del conflicto interno armado sin que ello signifique que no hayan tenido importancia relativa muchas de las razones que, para explicar su prolongación, presentaron los miembros de la Comisión de Historia del Conflicto y de las Víctimas, sobre todo teniendo en cuenta que sus explicaciones se encuentran asociadas o a la aparición de nuevos actores o al acceso a nuevos recursos, que posibilitaban una mayor tecnificación del aparato militar (la no desaparición de las causas y condiciones que lo gestaron en la década del 60; la irrupción del paramilitarismo; la posibilidad de acceder a los voluminosos recursos provenientes de la economía del narcotráfico, así como del secuestro; la inamovilidad de la estructura de propiedad agraria; las incertidumbres del Estado como juez y parte del conflicto; el fracaso del reformismo rural; la provisión privada de la seguridad etc…). Al iniciarse la década del 90, la confrontación armada se encontraba en ascenso, con un Estado que ya le había hecho notables mejoras técnicas a uno de los aparatos coercitivos estatales más tecnificados de América Latina y con unas Farc que, como probaron con la toma de la Base Militar de Las Delicias en 1996, era ya un cuasi ejército…⁸Entonces, estaban aseguradas, a. la persistencia del conflicto; b. su degradación acelerada; y c. su tremendo y casi clínico impacto sobre las poblaciones civiles, tal como fue puesto de relieve en los Informes de la CHCV. Entonces, al referirnos finalmente a los máximos Responsables de la cincuentenaria persistencia y de los perversos impactos del conflicto interno armado sobre la población civil, para nosotros en lo que se relaciona con el papel del Estado, de los Gobiernos norteamericanos y de las Farc en las distintas etapas de evolución del conflicto armado no se produjeron cambios de fondo a no ser la notable y notoria intensificación de un accionar orientado a posibilitar la mayor tecnificación posible de los aparatos militares del gobierno y de la guerrilla trenzados en una permanente y ascendente pugna armada por controlar, de-controlar y re-controlar territorios. Y aunque, entre 1982 y 1998 hicieron presencia nuevos actores como los narcotraficantes y los paramilitares, éstos no hicieron otra cosa que, en general, posibilitar el acceso a recursos frescos, y en una segunda etapa, sobre todo, hacer añicos el cuadro clínico de los derechos humanos de las poblaciones vecinas de los territorios de guerra.

Ahora en este junio del 2015⁹, a 31 meses de iniciados formalmente los Diálogos de la Habana con el debate-reflexión del primer punto sobre desarrollo agrario integral parece llegado el momento para que el Estado colombiano, de modo autónomo y soberano, tome una decisión estratégica: La de, por lo menos, esbozar, a partir de las singularidades histórico-socioculturales de nuestro conflicto interno armado, los componentes básicos de un Esquema concreto de Justicia Transicional a aplicar en Colombia. Pero, un obstáculo enorme para la toma de una decisión así, lo ha acabado de destacar el siempre sorpresivo e inédito PEPE MUJICA cuando, al clausurar en Montevideo el II Foro por la Paz de Colombia realizado entre el 5 y el 7 de junio del 2015, dijo que «un proceso de paz rodeado de enemigos es una cosa dramáticamente sería», pero, de inmediato, le inyectó esperanzas al asunto al señalar que «esa era una causa de todos los latinoamericanos».¹⁰ De todas maneras, lo que muchos colombianos deseamos – claro que, por desgracia, no todos- es que el Estado no continúe, de modo pasivo, esperando a que vengan al país los representantes de los Tribunales Internacionales a autorizarlo y auparlo e inspirarlo para que se mueva en esa dirección, o, a que los enemigos internos de la paz le abran algún boquete al modificar, o aparentar modificar, sus posiciones radicalmente opuestas a una negociación. Que lo más pronto que sea posible, el Estado colombiano tome la decisión de empezar a historizar o nacionalizar o colombianizar esa forma de Justicia Alternativa Especial llamada Transicional que, aunque ya ha sido probada en muchas partes del mundo, todavía se encuentra en plena evolución. Y que lo haga seguro de que:

1. con un relativamente alto margen de éxito, los Tribunales Internacionales no le van a cuestionar o invalidar, con razones de fondo, esa trascendental decisión; y

2. de que en ese reto lo acompaña la más poderosa razón como es la de que en sus manos se encuentran los más robustos y solidos recursos para fundamentar y legitimar, de cara al país y al mundo, la aplicación de la doctrina de «El Margen Nacional de Apreciación». Para esos efectos, ahí están, entonces, los importantes 12 Informes y 2 Relatorías de la Comisión de Historia del Conflicto y de las Víctimas; en sus manos se encuentra, también, el Informe ¡BASTA YA! de la Comisión de «Memoria Histórica» que, patrocinada por el Estado, en sus narices le enrostra sus propias responsabilidades en los orígenes y dinámicas del conflicto. Y en la misma dirección un buen número de las Universidades colombianas, públicas y privadas, guardan en sus anaqueles los resultados de investigaciones, que no han hecho otra cosa que patentar y evidenciar ante el país y ante el mundo, a partir de enfoques analítico-metodológicos plurales, las excepcionalidades y particularidades históricas, así como las singularidades socio-político-culturales del conflicto interno armado colombiano. Como lo han destacado importantes académicos, entre ellos el jurista de la Universidad del Externado, Francisco Barbosa, ahí se encuentra el mejor respaldo de esa realidady, por eso, esos Informes, «lejos de ser insubstanciales, sustentan nuestra particularidad»¹¹.

Con esta segunda tesis, no estamos idealizando la investigación socio-histórica realizada en el país, pues como lo reiteró Estanislao Zuleta, toda idealización, ya esté basada en la ciencia, la razón, la religión, el progreso o la revolución, o en la defensa del establecimiento, agregaríamos nosotros, nos desconecta de la vida real.¹² De todas maneras, el asunto de decidir, de modo autónomo y soberano, un Esquema consensuado de Justicia Transicional, válido para esta negociación, ha resultado particularmente complejo y dificultoso. Esto no obstante, hacia estos mediados del 2015, la producción de ese acuerdo estratégico ha empezado a evidenciarse como una prioridad, pues sin un horizonte referencial así, las conversaciones de la Habana podrían fracasar. Ese Acuerdo sobre Justicia Transicional, el más importante de todos por su condición de referente, no era viable en el comienzo de los diálogos en noviembre del 2012, pues para esa época, las partes estaban todavía inscritas en una cerrada relación amigo-enemigos; se requería de unos tiempos prudenciales para cuando, reinscritas en la relación amigos-adversarios, se hubiese empezado a generar entre ellas una confianza básica, expresiva de una mejor voluntad de negociación. Aunque durante el proceso de conversaciones con relativa celeridad en veinte meses se produjeron tres importantes, aunque incompletos, acuerdos informales (1. reforma de la estructura de tenencia y uso de la tierra; 2.participación político-ciudadana de las sociedades civiles; y 3. abordaje del problema del narcotráfico con cooperación activa de las Farc), sin embargo, esas convergencias se encuentran todavía entre paréntesis, o mejor, en la condición de medio acuerdos, dadas las 28 «salvedades» levantadas por las Farc en torno a ellas. Consideradas en sus particularidades, casi todas estas primeras 28 «salvedades», de modo directo o indirecto, tienen que ver con alguna dimensión de la Justicia Transicional, vale decir, con una adecuada y efectiva satisfacción de uno u otro de los derechos de las víctimas.

Pero, transcurridos apenas tres meses de la segunda crisis grave de los diálogos vivida en junio del 2015, y mientras los asistentes en Ibagué al VII Congreso Nacional y II Internacional de la Red de Universidades por la Paz, REDUNIPAZ¹³, se disponían a entrar en una tele-conversación con el equipo Negociador de las Farc, ese mismo 23 de septiembre a las 3 pm, el acto se suspendió, pues desde la Cuba de Martí se nos anunció que se estaba dando inicio a la en este texto llamada «colombianización» de la Justicia Transicional mediante la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz.

De todas maneras, el acuerdo estratégico, que en su generalidad esencial fue anunciado el 23 de septiembre, colocó los Diálogos en un nuevo horizonte, lo que permitió que las partes retomasen el tema tres, el del final del conflicto, y, sobre todo, que iniciaran el punto cinco, el de los derechos de las víctimas, que será el único cuya concreción permitirá postular que la negociación ha encontrado su disco duro.

Felizmente, este 15 de diciembre del 2015 el proceso recibió un nuevo baño de optimismo social y político al anunciarse un Acuerdo Parcial sobre Víctimas, quizá el más importante entre los 5 temas pactados en la Agenda, y por su impacto, el más estratégico después del Acuerdo en torno a la colombianización de la Justicia Transicional. Aún más, en este Acuerdo de 63 páginas, todavía «Borrador»¹⁴, también quedaron recogidas, de modo positivo, las observaciones que había sobre algunos de los numerales de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, las dos partes, en Comunicado conjunto, presentaron el Acuerdo como «borrador»¹⁵ mientras que las Farc, en su Informe de Delegación, lo caracterizaron como «parcial». ¹⁶ Así que en clave de etapas y temas, en esta segunda etapa de la que en este diciembre del 2015 todavía no se ha salido, la de producción de acuerdos, faltan los relativos al «Final del Conflicto», unos siete, y los que quedan en relación con el Acuerdo sobre Víctimas; y en relación con la etapa tres, en la Mesa de la Habana hasta este enero del 2016 todavía nada se ha consensuado sobre los mecanismos para asignarle valor jurídico a los Acuerdos ni para su legitimación sociopolítica, aunque por fuera de las Conversaciones formales el gobierno ha venido tramitando la aprobación de un Acto Legislativo y de un Plebiscito.

De todas maneras, como lo hemos señalado en el Atisbos Analíticos No 235 de 17 de diciembre del 2015, los Acuerdos anunciados el 15 de este mes – uno relacionado con cinco puntos que estaban todavía en discusión de los 75 numerales del Acuerdo estratégico colombianizado como «Jurisdicción Especial para la Paz», otro relativo a un substantivo Acuerdo Parcial sobre las Víctimas y un tercero referido a los Derechos humanos- en su conjunto expresan que la actual Estrategia de Paz, consensuada en la Mesa de la Habana, ha ganado mucho en organicidad y en operatividad como lo evidencian las siguientes cinco medidas no obstante que las propias víctimas ya han destacado unas 7 lagunas o vacíos:

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: Se trata de un órgano de carácter temporal y extrajudicial orientado a conocer ofreciendo así una explicación amplia a toda la sociedad sobre la extrema gravedad de los hechos ocurridos, así como sobre la complejidad del conflicto.
Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado: Se trata de una Unidad Especial de alto nivel de carácter humanitario y extrajudicial, cuyo objetivo es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentren con vida, y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos.
Jurisdicción Especial para la Paz: Se presenta el texto completo de este Acuerdo estratégico Parcial firmado el 23 de septiembre y que en este libro se presentó en el Capítulo III, acápites 4 y 5.
Medidas de reparación integral para la construcción de la paz: Se trata de medidas que buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición; y la reparación colectiva de los territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados por el conflicto y más vulnerables, en el marco de la implementación de los demás acuerdos. Con este fin, se fortalecerán los mecanismos existentes; con este fin se adoptarán nuevas medidas, y se promoverá el compromiso de todos con la reparación del daño causado.
Garantías de No Repetición: Las garantías de no repetición son el resultado, por una parte, de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del Acuerdo Final; y por la otra, de la implementación de medidas de no repetición que se acuerden en el marco del Punto 3 – «Fin del Conflicto».

Como ya se señaló al comenzar esta llamada Introducción, en definitiva, con este Acuerdo Parcial sobre Víctimas con claridad se ha derrumbado el argumento de que la Habana es, ha sido y será un monumento a la impunidad pues, con él y mediante él, los victimarios tendrán que reparar, al mismo tiempo, que aceptan y solicitan su propio juzgamiento. Por lo tanto, en una saludable y sabia y equilibrada combinatoria de reparación substantiva de las víctimas con una proporcional penalización y con una pequeña dosis de perdón y de paz positiva, se condensa la quintaesencia de esta negociación.

Diez de las 60 víctimas que desde agosto del 2015 han tenido un cara a cara con las dos Delegaciones de Paz, asistieron a una muy sobria pero delicada y artística Ceremonia de presentación de estos Acuerdos; ellas fueron: General ®, Luis Herlindo Mendieta (secuestrado por las Farc); Piedad Córdoba( secuestrada por los paramilitares); Wilfredo Landa (desplazado de la zona de Tumaco por amenazas de las Farc); Jineth Bedoya (secuestrada por los paramilitares); Alan Jara ( secuestrado por las Farc); Alfonso Mora (padre de una de las víctimas de la masacre de Mondoñedo realizada por las Farc); Janeth Bautista (hermana de Nidia Erika Bautista , desaparecida hace 20 años presuntamente por militares); Marisol Garzón, hermana del humorista y periodista Jaime Garzón; Luz Marina Bernal (víctima de los «falsos positivos»); y Licinia Collazos (sobreviviente de la masacre del Alto Naya realizada por paramilitares). Así le hablaron estas 10 víctimas a las dos Delegaciones de Paz,

«…nos declaramos veedores atentos del estricto cumplimiento de los acuerdos que se firmen. Aclarando que al momento no conocemos su contenido…Estamos dando la mayor muestra de generosidad, como sobrevivientes de este conflicto, al venir a ofrecer nuestra voluntad de reconciliación. Estamos creyendo en ustedes y queremos que el país crea en el acuerdo de paz. Si ustedes fallan, no lo harán con nosotros, lo harán con la historia de Colombia.»

Esto no obstante, importa poner de relieve cómo, a escala internacional, desde meses atrás se empezó a destacar, aún antes de la concreción del Acuerdo sobre Víctimas, la novedad de una negociación como la colombiana, que le habría asignado a éstas, asumidas como ciudadanos con derechos, un papel central en su concreción. Fue así, por ejemplo, como en febrero del 2015 la Cooperación Internacional presentó en El Centro de Información de las Naciones Unidas un importante documento titulado, «La dimensión humanitaria tras los Acuerdos de Paz: Propuesta para la Comunidad Internacional en Colombia». ¹⁷ En este texto, Francisco Rey, coautor, señaló que en Colombia, en la etapa post-acuerdos, la asistencia humanitaria internacional en vez de retirarse, debía fortalecerse pues, muy seguramente, la violencia contra las víctimas se iba a incrementar. ¿Las razones? Destacó tres: que al volver a sus territorios los desmovilizados, con seguridad se generarían allí nuevas venganzas y situaciones de violencia; que el mismo retorno a sus lugares de origen de la población que se había visto obligada a huir, las colocaba en condiciones de elevada inseguridad; y que, al desmovilizarse las Farc, era muy posible que otros grupos al margen de la ley se hiciesen al control territorial de esas regiones. Por otra parte, en la entrevista que le hizo Laura Panqueva, Francisco Rey evaluó, de modo muy positivo, tanto el proceso de negociación en sí como la ubicación asignada a las víctimas como ciudadanos con derechos,

«…de una negociación de la que no se sabía mucho y que comunicó muy mal a la opinión pública, se pasó a una que comunica con claridad , y que ha sido capaz de incorporar algunas originalidades muy interesantes desde la perspectiva comparada como la participación de las víctimas en la mesa de diálogo. Es un hito fundamental y se ha convertido en un símbolo del proceso». (Subrayado nuestro).

A su turno, La Organización Internacional de los Derechos Humanos calificó como «histórico» este Acuerdo entre las dos Delegaciones: «aunque aún son muchos los temas que quedan por detallar», señaló, sin embargo, «el proceso de paz colombiano no tiene precedentes y es necesario aunar esfuerzos para lograr que la paz anhelada vaya de la mano con el compromiso» asumido. ¹⁸

Esto no obstante, este 20 de diciembre del 2015 Human Rigts Watch ha señalado que en Colombia La Jurisdicción especial para la Paz aplicará un régimen de sanciones, que «no reflejan los standares aceptados sobre el castigo adecuado frente abusos graves» y que, dada esta situación, es «prácticamente imposible que Colombia cumpla con sus obligaciones vinculantes» conforme al Derecho Internacional de «asegurar justicia por delitos de Lesa Humanidad y por crímenes de guerra».¹⁹

Por otra parte, desde la Habana, así hablaron en esta ocasión los coordinadores de las dos Delegaciones de Paz,

«Hoy desde La Habana, los colombianos tenemos una muy buena noticia para el mundo, dijo Humberto de la Calle Lombana. No es retórica, no es retórica decir que el anuncio del Acuerdo sobre el reconocimiento de los derechos de las víctimas, pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme. No cualquier paz. Queremos una paz duradera, la cual sólo se consigue situando a las víctimas en el centro, como lo hemos hecho… En cuanto al componente de Justicia, POR PRIMERA VEZ en el mundo, en serio, de común acuerdo en medio de un conflicto vivo y por convenio entre las partes se crea UNA JURISDICCIÓN que se basa en el RECONOCIMIENTO de RESPONSABILIDAD. En el RECONOCIMIENTO DE VERDAD. En el Compromiso de REPARACIÓN».

A su turno, así habló Iván Márquez, coordinador de la Delegación de Paz de las Farc,

«Explorando el dilatado territorio de lo que han sido los acuerdos de paz en el mundo, encontramos que el actual proceso que se adelanta en La Habana es el único en el que se ha acordado un Sistema Integral que reúne y relaciona todos los elementos que el derecho Internacional señala como derechos inalienables de las víctimas: el derecho a la Verdad, a la Justicia, a la Reparación y a la No repetición.»

Finalmente, esto fue lo que escribió el académico Alejo Vargas quien, con la participación de La ONU y de la Iglesia Católica, seleccionó a las 10 víctimas que viajaron a la Habana,

«… tenemos que compartirles a los que amablemente nos leen, que el ambiente vivido en el acto por todos los asistentes, sin excepción, era de emoción, alegría, esperanza y seguridad en que hoy día los colombianos estábamos dando un paso definitivo en la solución del conflicto interno armado. Tanto los miembros de las dos Delegaciones, como los invitados estamos convencidos que la firma del acuerdo final está muy cerca y que el 2016 será el año de terminación del conflicto armado. Esto nos permite vivir y compartir un fin de año, sin violencia asociada al conflicto armado y con la certeza que estamos cerca de doblar definitivamente esta página de nuestra historia». ²⁰

Apenas habían transcurrido cinco días de la publicación del Acuerdo sobre Víctimas cuando el presidente Santos presentó un documento que, redactado por los Generales ® Jorge Mora y Oscar Naranjo, no fue objeto de negociación en la Habana, pues recogía la decisión autónoma del Estado de aplicar la Justicia Transicional a los agentes del Estado incursos en delitos graves en razón del conflicto interno armado.²¹ A éstos se les aplicaría «un régimen especial diferenciado, equilibrado y equitativo, basado en el Derecho Internacional Humanitario», régimen que tenía como presupuesto central el que como la Fuerza Pública ostentaba el ejercicio legítimo de la fuerza, en principio sus acciones se presumían legales. Que las acciones de la Fuerza Pública eran legales y legítimas; que los soldados y policías combatían con la constitución en un mano y el fusil en la otra defendiendo a la ciudadanía dentro de la ley mientras que la guerrilla actuaba por fuera de la Carta Fundamental ; que no se podía permitir que mientras los guerrilleros salían libres, los soldados terminasen en la cárcel; que todas las decisiones que tomasen los Tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz adquirían la condición de cosa juzgada ; que los militares y policías no iban a estar en inferioridad de condiciones, pues los miembros de esos Tribunales no serían escogidos, ni uno solo, por las Farc; que, además, la privación efectiva de su libertad se haría en establecimientos previstos por el régimen carcelario para los uniformados; que los agentes del estado actualmente condenados podían someter ante ese Tribunal la revisión de sus procesos; y finalmente, que no funcionaría la tesis de la cadena de mando y que, por eso, ningún comandante de batallón, brigada o división sería responsable por los hechos de sus subalternos , pues sólo serían sancionados los responsables directos, fueron todas estas tesis centrales del documento presentado por Santos a los Altos Mandos Militares.²² Kai Ambos, profesor de Derecho Penal de la Georg-August Universitat Gottingen de Alemania, quien al comentar el 26 de septiembre el Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz escribió el artículo «tanta justicia sí permite la paz»²³, dijo ahora que esta propuesta era interesante pero compleja, pero que , de todas maneras,

«El ACUERDO SOBRE VÍCTIMAS publicado -¡por fin!- el pasado martes, es un gran avance hacia la terminación positiva del conflicto con las Farc-ep. Por supuesto, es siempre fácil criticar este tipo de acuerdos, pero es mucho más difícil lograrlos. Desde una perspectiva comparada no es posible encontrar un proceso semejante en el que se haya preparado tan minuciosamente la solución de un acuerdo final. Todo ello deja constancia del empeño de los negociadores- razón por la que debe felicitárseles- …En el acuerdo presentado ahora se explica especialmente y con más detalle la diferenciación entre delitos amnistiables y no amnistiables (básicamente crímenes internacionales y otros delitos graves, dejando la determinación concreta de los delitos amnistiables para una futura ley de amnistía. .. es perfectamente comprensible la preocupación de varios sectores de la sociedad civil» sobre los integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. » Sin embargo, a pesar de la ausencia de contenidos concretos sobre la escogencia de los mismos, no es del todo cierto que el acuerdo guarde completo silencio al respecto. De hecho, se afirma explícitamente que deben ser elegidos ‘mediante un proceso de selección que dé confianza a la sociedad colombiana…'(p.41, número 66) y que no pueden ser elegidos ‘por las partes en la Mesa de Conversaciones’ (p.42, número 68). Más bien debe seguirse el modelo de un ‘Comité de Escogencia’ propuesto por el mismo acuerdo para la Comisión de Verdad. .. Así mismo, es de especial relevancia lo relativo a las tres clases de sanciones p.45 y ss). En todos los casos hay restricción de la libertad, incluso en el primer nivel de sanción al que se someten las personas que cooperen plenamente… De todas maneras, para clarificar estos y otros puntos sería de gran utilidad una última revisión a la redacción del acuerdo; y también para sistematizarlo y superar ciertas incoherencias y/o repeticiones…». ²⁴

De todas maneras, después de tanto optimismo intelectual y político aterricemos destacando que ahora hacia estos finales de diciembre del 2015, inventariados, todavía faltan unos 10 temas por acordar, todos con sus específicos niveles de dificultad y de complejidad. Con seguridad que en los meses venideros las mini-crisis se atropellarán unas a otras, pero, enmarcadas ya en la muy colombiana Jurisdicción Especial para la Paz, no harán más que anunciar que se está pasando a un nuevo tema, pues las crisis- grandes, pequeñas y minúsculas- hacen parte intrínseca de las lógicas de toda negociación.

Entonces, en términos más precisos, alrededor de 10 temas se deberán producir Acuerdos precisos:

1. Sobre las 28 salvedades existentes sobre los tres primeros acuerdos, muchos de ellas ligadas a los derechos de las víctimas.

2. Además de lo ya alcanzado (Jurisdicción Especial para la Paz; Acuerdo Gobierno-Farc para ubicar, identificar y entregar cadáveres de desaparecidos; Acuerdo sobre desminado (trabajo realizado mano a mano por militares y guerrilleros asesorados por especialistas para hacer menos riesgosa la operación pero también para tornarla más eficaz; Acuerdos sobre el final del conflicto y Acuerdo Parcial sobre Víctimas), faltan varios acuerdos sobre el desarrollo, precisión de los dos últimos puntos.

3. Alrededor del cese bilateral del fuego (ya se ha anunciado el deseo de que para este año nuevo, con asistencia de las Naciones Unidas, haya una primera experiencia al respecto; esto no obstante, hasta esta primera semana de enero del 2016, no obstante el trabajo realizado al respecto por una Subcomisión de técnicos en materia de guerra conformada por militares y guerrilleros, nada se ha concretado al respecto.

4. Sobre definición de un dispositivos consensuado para asignarle valor jurídico a los acuerdos.

5. Para bien de los posibles recién llegados al régimen político, los exfarquianos y exelenos, pero sobre todo, para bien de la sociedad colombiana en general, sobre la iniciación del desmonte efectivo del paramilitarismo, problema éste que constituye una condición sine qua non de la pacificación en Colombia. Según Camilo González, su organización ha identificado la presencia del fenómeno, llámeselo paramilitar o neoparamilitar o bacrimiano como quiere el gobierno, en 24 departamentos con una cifra que, sin contar la parte logística, puede superar los 5.000 efectivos; en general el gobierno no se ha sensibilizado de cara a la gravedad del problema y por eso se hace necesario que antes de las firma del Acuerdo sobre el final del conflicto, se logren los lineamientos de un plan integral y sostenido de respuesta a este tipo de actores armados.²⁵

6. Alrededor de la definición consensuada de unas zonas o territorios, en nuestra opinión ojalá especialmente protegidos por el Estado, por la ONU y por las propias comunidades que los habitan, donde las Farc puedan hacer la dejación de las armas, así como definir su estrategia de nueva presencia en la vida civil.

7. Alrededor de definición consensuada de un mecanismo para la legitimación socio-ciudadana de los Acuerdos.

8. Sobre las condiciones para la transformación de las Farc en partido o movimiento político.

9. Alrededor de la Firma de los Acuerdos: (según lo pactado, más o menos el 23 de marzo del 2016, aunque las Farc han manifestado que los 6 meses para esa firma no se contarán a partir del 23 de septiembre sino desde la fecha en que se haga el cierre de la discusión de los 75 numerales que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea a partir del 15 de junio.

10. Sobre la puesta en acción de los Tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz que deben tener como referente central de sus decisiones el que las penas o sanciones aplicadas dependerán de la calidad y oportunidad de la satisfacción de los derechos de las Víctimas; de no ser así, ¿para qué Justicia Transicional colombianizada y para qué Acuerdos sobre las Víctimas? Sobre este punto 10 debe quedar claro que el acuerdo no es sobre la composición de esos Tribunales si no solamente sobre la definición de un mecanismo extraestatal y extrafarquiano para conformarlos.

En relación con uno u otro de estos 10 puntos alrededor de los cuales se deberán construir nuevos acuerdos, las partes, fuera de la Mesa de la Habana, ya han venido adelantando unas posiciones iniciales. Como es bien sabido por los expertos, para construir acuerdos en una negociación macro, siempre harán presencia, en un casi imprescindible juego dialéctico, las posturas, las necesidades y los intereses de las partes. Al iniciarse la negociación de cada tema, cada uno de los implicados buscará obtener el mayor y mejor nivel posible de concesiones planteando, como punto de partida, posiciones duras y radicales, lo que no tiene por qué asustar a nadie pues, de modo progresivo, se irán suavizando bajo la presión de las necesidades– el por qué cada parte busca negociar- así como de los intereses– en qué contexto de presente y de futuro queda lo que cada parte busca -. Examinemos sólo un caso, el del acuerdo sobre el tema de la Agenda entorno al desarrollo rural integral. A la Mesa llegaron las Farc demandando una reforma agraria que cubriese al conjunto de los latifundios existentes en el país, productivos e improductivos; a la radical exigencia, los Negociadores del Gobierno, de modo rotundo, dijeron, «nada de reforma agraria» Durante dos meses se enfrascaron, entonces, en un debate en el que hicieron presencia las necesidades de parte y parte: para el gobierno la importancia de quitarse de encima a unas guerrillas que enfriaban y perturbaban la llegada de la inversión extranjera a la economía extractivo-minera-petrolera y para las Farc, la importancia de pasar a hacer política revolucionaria por la vía de la democracia institucional. Y también jugaron los intereses: para las Farc, los de permanecer fiel a su tradición de una organización enhebrada alrededor de la causa de la cuestión agraria y para el gobierno, los de la necesaria reproducción del capitalismo poniendo en producción el latifundio improductivo. Fue así, entonces, como a los 60 días acordaron una reforma de la estructura de tenencia y uso de la tierra, que para no asustar a nadie no llamaron reforma agraria, en la que, con segundad, el tocado será el latifundio improductivo.

Algo similar va a suceder con los otros temas por acordar, sobre todo, en lo relacionado con, 1.el carácter de la amnistía y de los indultos; 2. los alcances de la participación en política de los ex-guerrilleros; 3.la naturaleza de las sanciones, si punitivas o restaurativas; 4. el tratamiento que se le dará al adversario; 5. los criterios de selección de los Magistrados de los Tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz; 6. el manejo de la extradición; 7. el tratamiento de los civiles que han financiado el paramilitarismo; 8. los aportes económicos a la reparación material de las víctimas; 7. la naturaleza de las zonas donde los guerrilleros harán la dejación de las armas y diseñarán su estrategia de nueva presencia en la vida civil.

En los últimos 5 Atisbos Analíticos, del número 132 al 136, así hemos esbozado la discusión inicial sobre algunos de estos temas.

Un primer punto central es el de la llamada «Paz territorial; sobre la materia se han prenunciado, por lo menos, tres Estrategias: La del gobierno liderada por Sergio Jaramillo, la de «Los Territorios Especiales para la construcción de Paz» presentada por las Farc, los «Terrepaz» y las del Movimiento social por la Paz. Al respecto, ha puntualizado Alejo Vargas,

«Pero el gran desafío de la construcción de paz, que es la tarea de todos los colombianos y es lo que se materializa en buena medida con la implementación de los Acuerdos, es qué significa esto y cómo se va a hacer. Al respecto de qué es la paz territorial hay controversias acerca de cómo entender esto; para algunos se trataría de hacer una o dos obras en los municipios que han sufrido de manera más intensa la violencia, interpretación que considero minimalista y realmente mezquina; otros pensamos que se trata es de implementar verdaderos programas de desarrollo regional en los territorios donde el conflicto ha sido más intenso: a vía de ejemplo mencionaría la región norte de la costa Pacífica, la región sur de la costa Pacífica, el Putumayo, el Caquetá, el pie de monte de la Orinoquia, el norte del Cauca, Arauca, el Catatumbo, los Urabá chocoano y antioqueño, el sur de Bolívar». ²⁶

Según el Acuerdo sobre Víctimas para los acusados- llámense exguerrilleros, agentes del Estado o civiles- que cumplan, de modo oportuno, con la verdad plena y exhaustiva y con la reparación, habrá restricción de la libertad de movimiento y residencia- lo diferenciado estará en el cómo y en dónde- en condiciones que «en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas equivalentes». Por lo tanto, para los guerrilleros han sido descartadas las posiciones iniciales, pues Santos dijo que habría privación de la libertad y Uribe Vélez planteó el acantonamiento de los bloques de las Farc en zonas dadas y hasta de granjas agrícolas. ²⁷ Dificultoso resultó entonces que las Farc aceptasen la idea de la concentración de los Frentes insurgentes. Eso nunca fue pactado en alguno de los seis puntos acordados ni la Mesa lo ha decidido. Como lo ha destacado el sociólogo latinoamericanista José Antonio Gutiérrez,

«Colombia es de por sí, un país de regiones…Las Farc han construido poder y han construido legitimidad en muchas zonas de la geografía colombiana, por lo general coincidentes con las llamadas ‘zonas rojas’. Eso no es un secreto para nadie. No parten de cero, sino con un sólido acumulado político en zonas muy específicas, entre una base social de apoyo precisa, humilde, pero real…Es lógico que en esas zonas donde la población las conoce y ellas conocen la población, la insurgencia pueda comenzar a consolidar su proyecto político, que es algo que vienen haciendo desde décadas, en medio de aciertos y errores».²⁸

Por lo tanto, aunque Humberto de la Calle haya caracterizado esa conducta como «modelo estatua», con seguridad que los farianos, apenas silencien las armas, tenderán a permanecer donde están pero ya desarmados. Y en efecto, el 24 de noviembre del 2015, al cumplirse tres años de iniciación de las Conversaciones, la Delegación de Paz de Las Farc, al terminar el ciclo 44, presentó una Quinta Propuesta para la terminación del Conflicto: la gestación, con acompañamiento internacional y veeduría popular y ciudadana, de «Territorios Especiales para la Construcción de Paz» (TERREPAZ):

«constituyen el espacio social y geográfico para la transformación integral de las Farc-EP en su dimensión territorial, en lo político, lo económico, lo social y cultural, habitados por excombatientes, familiares y allegados, y los vecinos de lugar, dentro del orden constitucional…El tránsito hacia la normalización de la paz supone, por tanto, el reconocimiento de la presencia de las Farc-EP en la configuración de la realidad, nacional y territorial, lo cual implica el diseño de un acuerdo que respete esa presencia articulada a las comunidades».²⁹

En la anterior línea de orientación las Farc han continuado avanzando. Ha sido así como, al prolongarse por dos días más el Ciclo 44, el 30 de noviembre del 2015 las Farc demandaron la futura desmilitarización de los «Terrepaz», así como el establecimiento de garantías para cuando se constituyan en nuevo movimiento político. Al respecto precisó Ricardo Téllez de la Delegación de Paz de las Farc,

«La condición básica de seguridad resultará de su necesaria desmilitarización y del reconocimiento de su capacidad de autoregulación no armada y de naturaleza comunitaria, a través de planes y medidas construidas de manera concertada entre la organización política surgida del paso de las Farc a la actividad política abierta, y los ciudadanos vecinos de tales territorios y sus organizaciones». ³⁰

Con seguridad , la demanda que han hecho las Farc de unos Territorios Especiales para la Construcción de Paz, desmilitarizados y dotados de autonomía, van a levantar una nueva polvareda bajo al argumento de que lo que, en realidad, buscan es reproducir las imaginadas «Repúblicas Independientes» de la década de 1960. Pero digamos,

1. Que, en lo fáctico , la demanda está bien fundada³¹ (siempre han ocupado, de modo permanente, ciertas zonas llamadas «históricas»; la gran mayoría de los combatientes guerrilleros son «campesinos , colonos o están ligados a la vida rural»; las Farc han reiterado que van a hacer la dejación de las armas pero que, en lo político, no se van a desmovilizar; y, el ubicarse en esas zonas especiales, primero, les va a servir para que «a los paramilitares no les quede tan fácil entrar a ellas a jugar fútbol con las cabezas de los que fueron guerrilleros», y , segundo, «a la Fuerza Pública le quedará más fácil cumplir su función constitucional de defender la vida de los ciudadanos y garantizar la seguridad de los guerrilleros desarmados si sus unidades están acampadas en esos territorios»); y

2. Lo que las Farc están demandando no es la independencia política de esos territorios sino un determinado tipo de autonomía para lo cual, por cierto, se va a necesitar o una reforma constitucional o que el dispositivo para la formalización de los Acuerdos sea el de una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en relación con esta demanda de las Farc, dos puntos con seguridad serán objeto de debate: 1. el carácter y alcances de la autonomía propuesta; y. 2. la precisión sobre qué entender por «un territorio especial desmilitarizado».

Y en efecto, más temprano que tarde aparecieron las primeras críticas³². Muy enérgico, dijo el General (R) Mora Rangel: Que no están en este proceso para dividir el país ni para hacer entrega de territorios ingobernados; que los famosos Terrepaz hacen parte de la imaginación de las Farc; que dividirnos, ¡Imposible!; que los modelos y doctrinas de seguridad eran un asunto de la mayor importancia, pero que ése era un problema de la autonomía de los Estados; que la Constitución política no era para cambiarla en la Mesa; y que si bien los cambios que requerían la Fuerza Pública no serían negociados con las Farc, el presidente Santos ya había planteado que el postconflicto implicaba retos diferentes a los actuales y que, por lo tanto, el Estado impulsaría cambios en el papel que ejercía la Fuerza Pública.

De inmediato, Iván Márquez respondió que los Terrepaz «no eran zonas de despeje». ³³

Al referirse a las Terrepaz y a las fuertes reacciones que provocó la iniciativa apenas anunciada, el investigador Medófilo Medina señaló que

«han sido muchas las experiencias de comunidades rurales que han protagonizado procesos de referencia territorial» sin implicar peligros para «la integridad territorial del país»: Los palenques en la Colonia, los resguardos indígenas en el siglo XIX , a partir de 1949 las autodefensas campesinas y en la actualidad Las Zonas de Reserva Campesina creadas por la ley de 1964; aún más, destaca el profesor Medina que en «un ejercicio contrafactual» las colonizaciones de Marquetalia , Riochiquito y el Pato «hubieran podido seguir el mismo cauce … si no hubieran sido sometidas a un tratamiento militar por parte del Estado». ³⁴

Digamos, por otra parte, que otro de los temas problemáticos en torno a los cuales se deben producir acuerdos, es el los dispositivos para su formalización jurídica así como para su legitimación socio-ciudadana. Al respecto, el Gobierno ha optado ya por un plebiscito, así como por un Acto Legislativo orientado a la creación de una Comisión Especial legislativa que, compuesta de modo exclusivo y excluyente por congresistas, le otorgaría al presidente facultades extraordinarias. Sería en esa instancia donde se le daría valor jurídico a los Acuerdos pactados. En nuestra opinión es por esta vía por donde se puede gestar una segunda importante crisis de las Conversaciones de la Habana, que podría tomar forma en los primeros meses del 2016, pues ni sobre el plebiscito ni sobre el acto legislativo, hasta este enero del 2016, nada se ha pactado en La Mesa de la Isla de Martí.

Como por estos días lo ha advertido Víctor Manuel Moncayo³⁵ son ya muchos los colombianos que, de modo simplista, se imaginan que «El Acuerdo final de Paz» se reduce a que las dos partes, Estado y Farc, le pongan la firma a un documento. Pero para completar ese Acuerdo Final de Paz, además de que firmarlo sin que todavía tenga valor legal o constitucional es altamente riesgoso, es más lo que falta que lo que hasta ahora se ha acordado, sobre todo al considerar que el Acuerdo sobre Víctimas mantiene todavía un carácter de acuerdo parcial.

Terminada esta presentación de los avances investigativos recogidos en los Atisbos Analíticos entre los números 224 y 234 , digamos ahora que este libro comprende ocho capítulos, que acogen reflexiones específicas pero interrelacionadas sobre los Diálogos de la Habana, así:

En el Capítulo I titulado «Cuando son los Corazones los que se oponen a la Paz«, se delimitan los once temas más importantes que faltan por tratar, dificultosos todos y con sus niveles de complejidad; esto no obstante, en una línea de pensamiento cercana a la de Jhon Paul Lederach, se plantea la hipótesis de que la refrendación jurídica y la legitimación sociopolítica de los Acuerdos, si no se produce un cambio cualitativo en las pedagogías de paz, puede resultar tan enredada y precaria como para dejar la etapa postacuerdos La Habana sin unos sólidos apoyos jurídicos y ciudadanos.
Al cumplirse ahora en noviembre del 2015 tres años del inicio de las Conversaciones de la Habana, se presenta un balance sobre la Experiencia en el que los puntos de vista de los Negociadores, distintos en estilos y alcances, ocupan un lugar central.
En el capítulo III hacemos una reflexión conceptual sobre la Justicia Transicional como forma especial de Justicia alternativa cualitativamente distinta de la Justicia Legal; entonces, al asumirla, a la manera de Jacques Derrida, como una Justicia más allá del Derecho³⁶, en primerísimo lugar la vinculamos a los derechos de las víctimas, cuyo grado de satisfacción efectiva, será el que definirá, en un segundo momento, el asunto de las sanciones alternativas a aplicar a los victimarios para los casos de los delitos de guerra y de lesa humanidad. Decimos, entonces, en este segundo Capítulo que una manera pertinente de empezar a historizar en Colombia la Justicia Transicional puede ser la de la aplicación de la doctrina de «El Margen Nacional de Apreciación». Y en efecto, el 23 de septiembre del 2015 el gobierno anunció que, al consensuar con las Farc, de modo autónomo había decidido crear una Jurisdicción Especial para la Paz. Como se verá, casi de inmediato el Fiscal de La Corte Penal Internacional destacó el significado histórico del Tribunal creado en la Habana.³⁷ Por fin, así procedió el Estado, pues desde hacía varias décadas las realidades de la guerra interna en Colombia habían sobrepasado las posibilidades de nuestro Derecho Penal. Esto no obstante, como tampoco se trata de hacer «tabula rasa» del Derecho positivo, terminamos este acápite con algunas consideraciones sobre las nuevas concepciones del Derecho, que deberían hacer presencia en toda apuesta democrática de reconstrucción de lo social.
En el Capítulo IV la centralidad la tiene el examen crítico del actual Modelo de Conversaciones que, tras posibilitar en los primeros 18 meses, noviembre del 2012- mayo del 2014, tres importantes aunque incompletos acuerdos informales, a partir de esta última fecha empezó a evidenciar que estaba transitando por una aguda crisis casi estructural.
Una primera aproximación – conformación, encargos y resultados – del trabajo realizado por «La Comisión de Historia del Conflicto y de las Víctimas», es la que se efectúa en el Capítulo V, la que, no obstante presentar algunas debilidades remediables, sin embargo, construyó 12 Informes y 2 Relatorías, que constituyen, con el estudio ¡BASTA YA! del Centro de Memoria Histórica³⁸, el más apropiado y rico respaldo analítico- académico- político para entender la singularidad mundial del conflicto interno armado colombiano; en estos estudios se encuentra el soporte investigativo más importante para la aplicación en Colombia de la doctrina de «El Margen Nacional de Apreciación».
El Capítulo VI, para proporcionarle un contexto de historia a la subversión armada contrainsurgente que tomó forma en Colombia a mediados de la década de 1960, se centra en esbozar una periodización de las violencias estatales y contra-estatales en la historia política del país.
Por su parte, en el Capítulo VII hacemos una segunda aproximación a una lectura crítica de las 809 páginas que cubren los Informes y las Relatorías de los 14 miembros de la Comisión de Historia del Conflicto y de las Víctimas deteniéndonos, de modo especial, en el asunto de los «Máximos Responsables Colectivos».
Finalmente, en el Capítulo VIII, para proporcionarle otros referentes a la discusión sobre los trabajos de la Comisión de Historia del Conflicto y de las Víctimas, presentamos otras dos miradas, de un lado, la del autor de este libro, en mucho críticamente cercana a, por lo menos, 6 de los Informes, y del otro, la del profesor Ricardo Sánchez Angel que, en nuestra opinión, constituye un análisis metodológico distinto.

Importa ahora destacar algunos de los temas esbozados en los últimos dos Atisbos Analíticos, los números 134 y 135 de este diciembre del 2015: de un lado, la importancia de Pepe Mojica en lo que ha tenido que ver con los problemas de la paz en Colombia, voluntad no siempre bien aprovechada, sobre todo por el gobierno, no obstante sus reiterados deseos explícitos de colaboración³⁹ y, del otro, lo relativo a ciertas inquietudes que tenemos sobre el final del conflicto, que quizá se salen un poco de las lógicas asociadas a las etapas y fases de la negociación de la Habana.

Importante fue el componente que, sobre la paz de Colombia, tuvo la intervención magistral de Pepe Mojica⁴⁰ en la VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias sociales realizada en Medellín entre el 10 y el 13 de noviembre del 2015. De paso digamos que, en nuestra opinión, este evento de CLACSO, al que se inscribieron 32.000 personas – en un 85% jóvenes universitarios de menos de 25 años y en el que participaron 800 investigadores provenientes de 40 países- ha sido el más importante suceso académico que ha habido en Colombia en materia de las Ciencias Sociales y las Humanidades, lo que motivó las maduras reflexiones de dos líderes mundiales como Lula Da Silva y Pepe Mujica. Nada tan pertinente para la Colombia actual como el nombre con el que La Conferencia bautizó el evento, «Transformaciones democráticas, Justicia social y Procesos de Paz».⁴¹ Para entender a Mujica digamos que hay dos tipos de obviedades, primero, las más pobres y pasajeras, las que casi todo el mundo atrapa porque expresan la superficie de los fenómenos pero que se olvidan tan pronto como aparecen, y segundo, las que algunos logran salvar del olvido colectivo entresacándolas para trabajar con ellas en la política real. A estas «obviedades» (al ligarlas a las vivencias de la ciudadanía enhebradas alrededor de una crítica de prácticas muy perversas asociadas al consumismo, al naturicidio, al estatalismo, al dogmatismo y a la hipocresía en política⁴²) Mujica ha sabido transformarlas en obviedades «profundas y existenciales». Y por eso el expresidente uruguayo atrapa y seduce y conmueve y sacude con casi todo lo que dice no obstante que su discurso no es muy orgánico. Casi todo lo que afirma parece obvio, pero es un obvio «profundo y existencial», que invita a la reflexión más allá de la superficie pauperizada de los fenómenos. Pues, eso de decir, con lenguaje sencillo y de modo espontáneo y vestido de campesino, que

«lo más importante que está pasando en América Latina es el proceso de paz en Colombia», o que, «vale la pena transformar en política lo que era una guerra», o que «las guerras tienen tres caminos: O algunos de los autores abandona el escenario, o el otro lo ocupa totalmente, o se desemboca en un proceso de paz por la vía de una negociación política. No hay otros. Esto es lo que se ha demostrado a lo largo de la historia humana. Con esa geografía endiablada que tiene la selva colombiana, es posible que pueda existir una resistencia infinita, pero da la impresión de que no lleva a ninguna parte»⁴³,

éso, eso de sostener esas obviedades profundas y vivenciales, es algo que a otros nos ha costado muchos esfuerzos investigativos.

Señalemos, y es éste el segundo tema, que, un poco al margen de las cuatro etapas y de los cinco temas de la Agenda Pactada, la construcción de Acuerdos se encuentra todavía atrasada; pero, lo que importa es no atropellar con acuerdo sobre acuerdo bajo el argumento de que el tiempo apremia, sino que las partes, ya más maduras, al estar saliendo de una relación de amigos enemigos para entrar a otra de amigos adversarios, solidifiquen su voluntad de sacarlos avante tal como, bajo otros ritmos, ha estado sucediendo. Entonces, que se hagan todos los acuerdos que faltan sin dejar algunos para no se sabe para cuándo; que se le otorgue un manejo enriquecido a las 28 «salvedades»; que se construya un consenso sobre el instrumento, constitucional o legal, para darle valor jurídico a los Acuerdos; que se los legitime socio-ciudadanamente a través de un dispositivo también consensuado; que ahora sí se firme el Acuerdo sobre el «Final del Conflicto»; que venga la dejación de las armas con un tiempo y lugar prudenciales para que las Farc, y ojalá el Eln, construyan y definan su estrategia de transición entre la política con armas a la política en y con democracia; y que ahora sí se entre a la compleja fase no digamos de «reinserción», tampoco la llamemos de «reintegración» , hablemos, más bien, de «nueva presencia» de los ex-guerrilleros en la sociedad civil.

Y si se habla de «nueva presencia» de los excombatientes en la vida civil es porque ahora el modelo no puede ser el viejo y empobrecedor e insolidario esquema de «Carro, Beca y Ayudas Emergentes» con el que el Estado en otros tiempos se quitó de encima «esos trastos viejos» llamados exguerrilleros. El profesor Carlos Medina Gallego ha radiografiado muy bien, y de modo crítico, ese esquema que terminó favoreciendo, de modo individualista o corporativista o a algunos exguerrilleros o a grupos muy seleccionados entre ellos,

«En estos procesos, las fuerzas ilegales o insurgentes entregan las armas al Estado, quien procede en distintas direcciones según los acuerdos; por lo general, las destruyen o elaboran monumentos para la memoria. Las fuerzas se desmovilizan y entran en programas de reinserción con una oferta estatal de ayudas, durante un periodo de tiempo específico, mientras logran las estabilidades que les permiten retomar sus proyectos de vida con autonomía. En algunos casos, sobre todo cuando se trata de insurgencias, intentan la construcción de proyectos políticos que se disuelven en el tiempo permaneciendo solo algunos protagonistas en el escenario político nacional al interior de distintas fuerzas políticas, de izquierda y derecha. Una parte importante de reinsertados, cuando se agotan las ayudas e incluso antes, reinciden en prácticas de violencia o de delincuencia. Recoger la experiencia de los procesos que se han dado no solo en nuestro país, sino, igualmente, en otros procesos como los centro americanos es importante, para innovar en los procedimientos y evitar la mayor cantidad de reveses que puedan presentarse».⁴⁴

Como nunca antes se ha avanzado en esta negociación y aunque nada garantice el carácter irreversible del proceso, el hecho de que ahora se sientan más adversarios que enemigos, es uno de los indicadores de que, en vez de retroceder, podrán avanzar. Un cuadro así es el que ha recogido la Revista Semana,

«SON ADVERSARIOS. PIENSAN distinto sobre casi todos los temas Tienen valores diferentes y han vivido en mundos opuestos. Eran desconocidos los unos para los otros hasta hace poco, y en algunos casos fueron enemigos que intentaron matarse a toda costa. Desde hace tres años, sin embargo, están sentados en la Mesa de Conversaciones de la Habana, intentando superar sus diferencias a través de las palabras y construyendo un horizonte de futuro común. …Este ha sido un año difícil para todos ellos y para el país entero. A lo largo del 2015 han sentido rabia, desconfianza, cansancio, seguidas de momentos de silencios infranqueables. Muchas páginas de acuerdos puntuales y otras en blanco. Algunas crisis y varias idas y venidas. En todo caso, ellos tienen la convicción de que la historia los ha puesto allí para ponerle fin a una guerra que ha durado medio siglo. Por eso soportan con cierto estoicismo las dificultades y las desavenencias. Y las ha habido por montones….Los hombres y mujeres que hacen parte de la Mesa han estado a la altura de las dificultades. Han demostrado capacidad estratégica, inteligencia emocional y mucho compromiso con el futuro…Ellos son un testimonio vivo de que los colombianos sí pueden resolver sus conflictos de manera civilizada…. «.⁴⁵

Otro indicador importante de avance se produjo en Bojayá cuando de cara a una población negra, para la que la palabra «perdón» sólo tiene un significado, las Farc, para quienes perdón es un concepto cristiano, les dijeron en su idioma a unas 300 víctimas que «ojalá algún día seamos perdonados». Sobre la masacre de Bojayá escribimos en el Atisbos Analíticos No 78 de mayo del 2007,

«La masacre se inició en forma el 2 de mayo a las seis de la mañana. Hacia las diez, un grupo de paramilitares se atrincheró alrededor de la capilla. A una distancia de unos cien metros, los farianos lanzaron tres cilindros de gas. El primero cayó sobre una edificación cercana. El segundo se fue más allá del puesto de salud. Pero, el tercero, el desgraciado tercero, cortó el espacio, hizo con las tejas de eternit del techo de la capilla un montón de afilados cuchillos que, rebanando todo lo que encontraban a su paso, rostros, desesperos, cuellos, terrores, pechos, bramidos, brazos, angustias, piernas, gritos, rabias, vientres, le oficiaron al Cristo del altar 119 víctimas, entre ellas 48 victimitas, niños y niñas, que todavía no habían aprendido a odiar. Fue ése el sangriento oficio del ritual perverso de la guerra. Atropellándose unos a otros, los pocos sobrevivientes, unos 70 de los 300, arrastraron a sus heridos en feroz carrera con la esperanza de que su telúrico y adorado río los salvara. Lo que vino después, se lee en el relato etnográfico de Carolina Lancheros, fue horrendo: ‘gente desmembrada buscando la salida. Llantos, gritos y angustia. Los que apenas se daban cuenta que estaban vivos reaccionaban y huían despavoridos’. En medio del caos, el padre Antún vio a un hombre sin cabeza caminar por el centro de la iglesia y, perplejo, invocó a Dios y al ánima de su madre muerta dos meses atrás. Sobre la improvisada marcha Luis Eduardo Mosquera improvisó un trapo blanco que entregó al Padre Antún, quien en pleno territorio de guerra en caliente, prefiguró la más inédita e histórica movilización de la población civil: «¿Quiénes somos? Población civil. ¿Qué exigimos? Respeto por la Vida», eso fue lo que medio alcanzaron a vociferar a sus victimarios las aplastadas víctimas de la guerra.⁴⁶

Y esto fue lo que el pasado 6 de diciembre les dijo a las víctimas de Bojayá Pastor Alape, miembro de la Delegación de Paz de las Farc en la Habana,

«Hace 13 años que pesa en nuestros hombros el dolor desgarrador que les afecta a todas y todos ustedes (…) cargamos un peso angustiante que hiere el corazón de toda la guerrilla desde ese fatal desenlace que sigue retumbando en la memoria de todos. Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelven a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borran el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en los rostros de todas y todos ustedes por quienes ojalá algún día seamos perdonados».

En esta misma ceremonia el alto comisionado Sergio Jaramillo reconoció «altamente» el gesto de las Farc y dijo que los paramilitares deben reconocer su responsabilidad y que también el Estado «por la desprotección en que se encontraban las comunidades».⁴⁷

Y para seguir aterrizando algunos avances en la dimensión de construcción de paz que hemos denominado «la revolución en los corazones», trasladémonos ahora de Bojayá al departamento del Meta donde el 17 de diciembre del 2015 29 pequeños cofres de color café adornados con rosas blancas, en ceremonia privada, fueron entregados a igual número de adoloridas familias: iban allí los restos de supuestos guerrilleros que habían sido enterrados en cinco cementerios de los Llanos Orientales; constituían ellos sólo una pequeña parte de los 2292 restos que todavía no se han identificado en estas regiones en un país donde habrá que encontrar a 50.000 personas en condiciones de desaparición forzada.⁴⁸

Y para continuar con esta delicada y compleja dimensión de la construcción de paz por nosotros llamada «la revolución en los corazones», vayamos del Meta a Ibagué donde el 3 de diciembre del 2015 tres décadas después del triple asalto al Palacio de Justicia se reunieron el ex-presidente Belisario Betancur, el senador Antonio Navarro y la familia del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, el inmolado Alfonso Reyes Echandía. Ahora, un presidente trascendido, bajo la amenaza de golpe de Estado⁴⁹, en su función gubernamental por la dinámica militarista de las Fuerzas armadas, un senador institucional que fue miembro activo del grupo que produjo ese alocado golpe y la familia de una las numerosas víctimas decidieron reunirse para darse y solicitarse perdón: Que pedía perdón a «Alfonso, a ustedes y a Colombia», fue lo que dijo el expresidente; que también lo solicitaba, manifestó el exguerillero; que los perdonaba a todos, a los guerrilleros por su «aventura bélica» y al gobierno por su «insensible respuesta», expresó un miembro de la familia tras lo cual un numeroso público que se puso de pie aplaudió el gesto de los tres durante cinco minutos. Como para resaltar ahora que durante el 2015 los rituales y escenas de perdón, las públicas y privadas , fueron reiteradas: El Gimnasio Castillo Campestre se disculpó por haber discriminado al joven Sergio Urrego, que terminó suicidándose; uno de los sicarios de Pablo Escobar , Jhon Jairo Velásquez, le dijo a la V iceministra de las TLC, Carolina Hoyos, «yo le quiero pedir perdón a usted , por el cartel de Medellín haber participado en el secuestro y haber propiciado la muerte de su señora madre» y Hoyos le manifestó que toda su familia hacía años había optado por perdonar; el pasado 6 de noviembre el presidente Santos dijo en una ceremonia solemne sobre los hechos del Palacio de Justicia que «hoy reconozco la responsabilidad del Estado y pido perdón»; hace dos semanas el gobernador de Antioquia en Segovia, Antioquia, hizo algo similar , a propósito de la masacre cometida allí por los paramilitares con complicidad de la Fuerza Pública; y el año pasado, Piedad Córdona no sólo recibió disculpas públicas de Ernesto Baez, alias Iván Roberto Duque, sino que en un encuentro posterior con varios jefes paramilitares en la cárcel de Itaguí quienes participaron en su secuestro le contaron la verdad: el secuestro había sido cometido por las Auc en 1999 a lo que la exsenadora respondió que no obstante que ese episodio había partido en dos su vida , se había liberado de todo ello y los perdonaba; poco después Piedad Córdoba señaló que los paramilitares era «mucho lo que habían cambiado»; algo similar había ocurrido en la Habana en el 2014 cuando Constanza Turbay viajó como miembro de uno de los grupos de víctimas: Allí se reunió en privado con Iván Márquez y no obstante que las Farc habían exterminado a su madre y a sus hermanos en el Caquetá, manifestó, «Ha sido el encuentro más importante y trascendental de toda mi vida».⁵⁰ Lo que no sabemos es cuantos miles y miles de perdones, silenciosos, se han acunado en la subjetividad de miles y de miles de colombianos durante estos tres años de conversaciones.

En clave sicológica el perdón es una aventura esencialmente personal e individual que cada quien gesta, en medio de muchas tensiones contradicciones y dolores, en el seno de su subjetividad, pero que, al ganar cobertura familiar, amistosa, grupal, local, regional, social y política y quizás también mediática entre sectores cada vez más amplios de los 7 millones de víctimas que ha arrojado el conflicto interno armado, puede tomar la forma de expresiones colectivas como las que hemos empezado a apreciar en estos dos últimos años, convirtiéndose así en un valor cultural o, como ha dicho Oscar Tulio Lizcano, en una virtud política⁵¹ o como diríamos nosotros, transformándose en principio o fuente de liberación personal que, en palabras de Antonio Navarro, hace que uno se sienta «livianito, livianito» por estar rompiendo las robustas ataduras del odio y las venganzas.

Según el profesor Wilson López López, investigador de la Universidad Javeriana, a medida que el proceso de la Habana ha avanzado, la posibilidad o disposición de perdón, solicitado con sinceridad y con intención reparadora y condicionado a la verdad y al arrepentimiento y la no repetición, se ha incrementado.⁵² Por eso el texto con el que hemos encabezado esta «A Manera de Introducción»,

…durante estos 36 meses que las dos Delegaciones de Paz han estado sentadas cara a cara en la Habana, el país, pero sobre todo la niñez colombiana, han podido observar cómo, en clave humana, los enemigos y adversarios no existen para eliminarse entre ellos, sino que ha sido posible ponerlos a conversar, dialogar, arreglar y convenir hasta construir acuerdos benéficos para todos. Un extraordinario reto que, al mismo tiempo, ha sido una compleja pero vívida aventura- y en Colombia sí que lo es!- lo han podido vivir y constatar durante 1095 días los miembros de una sociedad en la que todos los que son menores de 50 años llevan 18.250 días esperando una anhelada alba en la que no sean despertados por el pum-pum de los fusiles. Como para destacar entonces que por largos, complejos y mentalmente alborotadores que hayan sido las conversaciones entre enemigos que han venido aprendiendo a relacionarse como adversarios democráticos, la Habana ha funcionado como un muy rico curso práctico de inducción a la convivencia colectiva… En contraste con una inicial incredulidad casi generalizada de las sociedades civiles, las Farc, que más que reinsertarse, están buscando construir una nueva forma de presencia en la vida social, han permanecido fieles a la palabra inicialmente empeñada; el Estado, por su parte, a despecho de los enemigos de la paz, ha dado pasos básicos hacia una negociación. En estos comienzos del 2016, FELICITACIONES entonces para las dos Delegaciones de Paz…

Destaquemos ahora un hecho consignado en el Atisbos 235 de diciembre del 2015: Según Antonio Caballero, defensor crítico de los Diálogos, nada de lo hasta ahora acordado en la Habana ha afectado, de modo significativo, al establecimiento,

«Decía aquí hace 15 días que, al contrario de lo que afirman sus críticos del uribismo, el gobierno no ha cedido prácticamente en nada ante las Farc en las negociaciones de La Habana: ni en la organización política y social del Estado, ni en el modelo económico capitalista y neoliberal, ni en la reforma rural, ni en la de las Fuerzas Armadas. Y que en cambio las Farc no solo han renunciado al método de la lucha armada sino también al principio de la lucha de clases. Y lo que aceptan ahora es la colaboración de clases. Entre la campesina y proletaria, que dicen representar, y la clase dominante del Estado burgués, cuya dominación ahora solo pretenden disputar sobre la base de la acción política electoral y sindical: aceptan la democracia formal, cuyas reformas, si vienen, vendrán del desarrollo pacífico de sus libertades formales».⁵³

Por su parte, otro importante analista de mirada contraria, Gustavo Duncan, ha resaltado que en el mediano y largo plazo, el gran beneficiado, si cuida bien su apuesta reproductora del capitalismo, va a ser el presidente Santos,

«Sin embargo, dos años no van a ser suficientes para las apuestas más ambiciosas que hay al interior del gobierno. Santos sabe que haber firmado la paz con las Farc es un legado histórico invaluable. Sabe también que la historia lo juzgará de acuerdo a las consecuencias positivas y negativas de lo acordado. Por consiguiente, va a tener mucho interés de influir en el largo plazo sobre estas consecuencias, sobre todo en que los acuerdos se cumplan según su visión política de los beneficios de la paz y que las concesiones realizadas no lleven a una situación política indeseable como podría ser el auge de un populismo de izquierda y, por qué no, de derecha como una reacción a lo pactado. La apuesta de Santos no es además un boceto grueso de su visión particular de un país en paz. La estrategia de negociación está basada en la visión de una paz territorial que cumpla una de las grandes falencias del Estado colombiano: incluir dentro de sus instituciones y dentro de los mercados modernos grandes porciones del territorio y de la sociedad que, por estas circunstancias, han padecido la mayor parte del conflicto.»⁵⁴

A nada positivo conduciría examinar ahora el proceso de paz a la luz del enfoque analítico de Uribe Vélez, pues para éste no cabe concesión estatal alguna, ya que las Farc serían una organización estratégicamente derrotada que estaría dando los postreros pataleos tácticos; esto no obstante Santos, antiguo uribista ahora más metido en las lógicas de una negociación, ha reconocido que es de la esencia de ella el que a las Farc se les posibilite la participación en política. Sería ésta, al lado de una rebaja de penas y de una pequeña dosis de paz positiva, las mayores y quizás únicas concesiones importantes del Estado y de las Víctimas al movimiento farquiano. Según el Acuerdo de Justicia, la sanción que imponga el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, así sea por delitos de lesa humanidad, «no limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política». Pero, para que esto sea viable, se debe hacer una reforma de la Constitución. De todas maneras, más enorme ha sido la concesión que se les ha hecho a los agentes del Estado y a los civiles incursos en crímenes en razón del conflicto armado. A todos- guerrilleros, agentes del Estado y civiles- los juzgará el mismo Tribunal ; a todos se les aplicarán las mismas sanciones, y, por lo tanto, el tratamiento será igual y equitativo, pero, para agentes del Estado y para civiles, será diferenciado: para los Agentes del Estado la restricción de la libertad se les aplicará sobre la base del fuero carcelario mientras que para los civiles el gobierno , de modo unilateral, determinará dónde y cómo se aplicarán las sanciones a personas que, sin coacciones de por medio, hayan tenido una «participación determinante o habitual en la comisión de crímenes».

Digamos finalmente que para un importante sector de la opinión pública colombiana mentalmente casada con las lógicas punitivas del derecho penal, sanciones que no impliquen cárcel no son sanciones; pero ocurre que dentro de este mismo régimen se prevén situaciones en las que a ciertas personas se les suavizan las penas, por ejemplo, por razones de trabajo, estudio, buena conducta o enseñanza o por colaborar con la eficacia de la Administración de la Justicia formal. Al margen del debate existente sobre la moralidad pública asociada a esas rebajas de penas⁵⁵, a ningún analista se la ocurrido obsesionarse con la idea que se está incurriendo en impunidad. Esto no obstante, sí se le ha endilgado esa condición a una rebaja de penas a guerrilleros que, sin haber sido derrotados, quieren, por decisión propia, negociar evitando que en una década más en Colombia haya no 7 si no 12 o 15 millones de víctimas. Pero, si exigir cárcel para los guerrilleros es un asunto de ética pública, ¿qué mayor dilema ético que el vinculado a la actual opción de la sociedad colombiana, o negociar bajo el esquema de justicia que se ha acordado o veinte años más de degradado conflicto interno armado impactando a toda hora, de modo perverso, al país y al conjunto de la ciudadanía?

Por una especie de vigorosa y disfuncional ósmosis uribista, aún entre sectores que se proclaman partidarios de la negociación en Habana, en la práctica, ha hecho carrera la tesis de que un arreglo con las actuales Farc no puede ir más allá a que éstas se sometan sin más ni más, que ya verá más tarde el Estado qué concesiones les otorga por mera benevolencia, pues por grado de representatividad social, de fortaleza militar y de atrocidades cometidas ya es demasiado «lo poco» que, de modo inmerecido, ya se les está dando. Por esta razón, más allá de los discursos, socialmente se ha impuesto la tesis del sometimiento. Como para recordar ahora que en el mes de julio del 2015 cuando la mayor crisis de los diálogos estaba en todo su apogeo, en entrevista que le hizo Juan Gossaín, Humberto de la Calle Lombana manifestó, «es posible que un día las Farc no nos encuentre en la Mesa». ⁵⁶ Con frecuencia, en algunas de sus actuaciones, La Delegación de Paz del Gobierno ha parecido olvidar que las conversaciones las están adelantando con una guerrilla que, al no haber sido militarmente derrotada, de muchos modos con ella no funciona esa lógica del sometimiento. Por lo tanto, en condiciones perversas dadas, también «es posible que un día el Gobierno no encuentre a los farquianos en la Mesa».

Para ponerle punto final a esta ya larga «A Manera de Introducción», puntualicemos ahora los avances investigativos del Atisbos Analíticos No 236 de enero del 2016.

A medida que se han venido desarrollando y especificando y traduciendo en detalles la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo sobre Víctimas se han incrementado las lógicas polarizaciones y los aparentes distanciamientos de las posiciones de las partes que siempre se presentan y presentarán al iniciarse la discusión sobre cualquier tema objeto de negociación. Lo que aconteció en el debate sobre desarrollo rural integral cuando las posturas iniciales que, en un principio, fueron radicales pero en el proceso se fueron morigerando, está ocurriendo ahora con temas como el cese bilateral del fuego o con el de la dejación de las armas y así acontecerá con los restantes 10 puntos en torno a los cuales se deberán producir acuerdos. Sobre la dejación de las armas, por ejemplo, mientras el gobierno, por boca de uno de sus asesores, Manuel José Cepeda, ha dicho que las Farc no se pueden quedar con las armas, que si no se las entregan al Estado colombiano, se las tendrían que entregar a un organismo internacional como la ONU para que las destruya y que, de no ser así, no habrá paz. A su turno, Iván Márquez, en entrevista con RCN, ha notificado que no sólo no habrá entrega de armas al gobierno, sino que no habrá destrucción y que como las armas entrañan para las Farc «una simbología de resistencia», sólo estarían dispuestos a colocarlas «en un lugar lejos de su uso».⁵⁷ De todas maneras, como ya ha habido muchas pruebas empíricas de que las partes sí quieren negociar, en el desarrollo del debate harán presencia las necesidades e intereses de aquellas, y entonces las posiciones iniciales duras se irán suavizando.

Son muchos los ciudadanos que han intrepretado esas posiciones iniciales duras sobre uno u otro tema como una expresión de «no querer negociar»; pero, son legión los que conocedores de los ritmos y lógicas de toda negociación, con risas reprimidas han aprovechado la situación para crear confusionismo ideológico, sicológico y emocional en todos los sectores de la vida social o en alguno en particular. A la cabeza de esta legión se encuentran los enemigos de los Diálogos de la Habana. El ex-presidente Uribe, por ejemplo, quien, al verse rebasado por el proceso, comenzó a decir que estaba de acuerdo con negociar pero bajo otro modelo que permitiese «reorganizar el proceso con la guerrilla»⁵⁸, en este diciembre del 2015 hacia afuera del país ha vuelto a expresarse como dispuesto a torpedear las Conversaciones de la Habana. Ha sido así como los uribistas le han pedido a sus amigos de Venezuela- es decir, a aquellos que triunfaron debido a que dos millones de chavistas castigaron a Maduro por la vía de la abstención- que le quiten el apoyo a los diálogos del gobierno con las Farc y el Eln. ⁵⁹

Para los Diálogos de la Habana, por otra parte, muy buenos augurios se derivan del hecho de que sus enemigos se encuentren redoblando y refinando sus estratagemas y tácticas de oposición. El diario «El Siglo»⁶⁰, por ejemplo, en los últimos días del 2015 le atravesó un grueso palo ideológico emponzoñado a las conversaciones. En opinión del editorialista- para quien las Farc, contra muchas evidencias empíricas, no representan a nadie a no ser a ellas mismas, pues tendrían el 99.9 de impopularidad- el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Acuerdo sobre Víctimas, «en vez de generar consensos, ha profundizado la división» llegando hasta el extremo de inventar que el gobierno y las farc también habrían consensuado, a favor del Secretariado, el beneficio de la aplicación de la tesis de la cadena de mando. Tomando solamente en cuenta uno de los cuatro resultados de la Encuesta de Gallup sobre el proceso de la Habana, publicitados el 22 de diciembre del 2015, este Editorial, cinco días después, pontifica que había producido descontento entre los militares la decisión del gobierno de que los que entre éstos hubiesen incurrido en delitos de guerra, una vez sancionados por el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz, pagasen la reducción de sanciones en los sitios formalmente aprobados para ellos desde antes; pero otras fuentes han señalado que esa decisión fue de buen recibo en los medios militares, pues a éstos se les presumirá la legalidad de sus actos y los jefes no tendrán que responder por las conductas de sus subalternos.⁶¹ En contraste con lo sugerido por el Editorial de El siglo, la Encuesta de Gallup, publicitada el 22 de diciembre, señala una tendencia esperanzadora para las Conversaciones de la Habana. Entre el 14 y el 19 de diciembre los encuestadores de esta firma aplicaron una Encuesta sobre el gobierno de Santos formulando cuatro preguntas claves sobre el proceso de paz cuyos resultados en sí mismos, sin compararlos con otros anteriores, resultan positivos, así,

Un 52% dijo sí y un 45% no, a la pregunta sobre si antes del 23 de marzo habría un acuerdo final;
Al preguntárseles sobre si las negociaciones iban por buen o mal camino, un 52% adhirió al primer horizonte mientras que un 44% optó por el segundo;
Sobre si se debía insistir en los diálogos hasta lograr un acuerdo, un 67% señaló que se debía re-insistir mientras que un 30% se declaró partidario de suspender las conversaciones para derrotarlos militarmente;
Al preguntarle sobre si participarían en unas votaciones para legitimar los acuerdos, un 41% señaló que si irían a las urnas y, en el extremo opuesto, un 12% manifestó que se abstendría;
Finalmente, un 52% se declaró a favor del plebiscito mientras que un 32% lo rechazó. ⁶²

De modo explícito, el editorialista del Nuevo Siglo es partidario que tanto militares y civiles incursos en delitos de guerra sean investigados y sancionados por la Justicia ordinaria; en lo que a los militares se refiere, minimiza su número, y destaca que, al ser juzgados por un justicia extraordinaria, se los pondría en el mismo rasero que los subversivos. Por eso concluye,

«Semejante ambigüedad obviamente deja la puerta abierta para que la totalidad de los colombianos puedan quedar en la mira de esa jurisdicción extraordinaria y, lo que es más grave, no está descartado el riesgo de que se desate una ‘cacería de brujas’, ya sea para enlodar a quien no tuvo nada que ver con la guerra o, en su defecto, procesar la mayor cantidad de civiles que sea posible, dando así la impresión de que todos en el país son culpables del conflicto armado y lo procedente es generar un régimen judicial de perdón generalizado y de borrón y cuenta nueva… De esta forma, según los críticos, termina siendo una especie de sofisma y eufemismo el que Gobierno y Farc sostengan que el acuerdo judicial está basado en el respeto a los derechos de las víctimas, pues al final de cuentas, más allá de toda la parafernalia de la JEP, los culpables de delitos graves, trátese de guerrilleros , militares, policías o civiles, no pagarán cárcel si admiten su responsabilidad o tendrán apenas unas ‘restricciones a la libertad’ abiertamente simbólicas, flexibles y desproporcionadas frente a la gravedad de sus ejecutorias ilegales… Como se dijo, el gran problema no es el apoyo en sí al proceso, sino que cada vez que se avanza en un aspecto puntual, las reservas de los colombianos afloran con mayor claridad. Y si bien ya se anunciaron los ‘sapos’ que tendrían que tragarse en materia judicial, no son éstos los más complicados ni difíciles de la negociación. Por ejemplo, si una parte sustancial de la opinión pública ha expresado su negativa a que los guerrilleros de las Farc no tengan que pagar un mínimo de cárcel o queden sujetos a una veda política temporal por la gravedad de sus delitos, una mayor proporción pondrá el grito en el cielo si se confirma lo que parece ser una estrategia de la guerrilla para no hacer una entrega efectiva de las armas, sino ponerlas en custodia de un tercero para ‘su no utilización en política’, pero sin perder la titularidad del arsenal… ¿Qué pasará con el decreciente apoyo al «Sí» en el plebiscito, según la última encuesta Gallup, si se evidencia que las Farc no se van a desarmar e intentan acudir a una estrategia torticera para enrutarse hacia una paz armada? Esa es apenas una de las preguntas que el rumbo de este proceso tiene pendiente de despejar y cuando lo haga puede que la balanza de apoyos y negativas al mismo, siga variando sustancialmente.⁶³

Un punto ya señalado, pero mejor tratado en este Atisbos 236 de enero de 2016, es el relativo a la oposición abierta de Rigths Human Wacht a la ya colombianizada forma de Justicia Transicional. Entonces, la otrora ferviente defensora de la causa de los Derechos Humanos, en nuestro concepto de modo ligero, apresurado y sin mayor investigación, en cuatro puntos importantes ha cuestionado la Jurisdicción Especial para la Paz; Miguel Vivanco ni siquiera se pregunta si por las particularidades de 50 años de guerra interna en Colombia, fue pertinente que el Estado, de modo autónomo, decidiese la aplicación de la doctrina de «El Margen Nacional de Apreciación», pues una cosa es un Modelo de Justicia Transicional para solucionar un conflicto de corta duración y de bajo impacto sobre las estructuras objetivas y mentales de una sociedad dada, y otra cosa muy distinta es el Modelo que se requiere para ponerle fin a un centenario baño de sangre, que en 25 años ha producido 220.000 muertos y que, para la actualidad, ha arrojado más de siete millones de víctimas directas. Como lo ha destacado Rodrigo Umprimny «es una exageración concluir que el acuerdo es un pacto o una piñata de impunidad». ⁶⁴ Por otra parte, el director de RHW ni siquiera se pregunta con quién es que está negociando el Estado colombiano, si con una guerrilla militarmente derrotada o con una que, aunque golpeada en su momento por la Seguridad democrática, sin embargo, primero, no ha sido derrotada aunque Uribe Vélez insista en que en lo estratégico militar sí lo está; segundo, ha logrado reconstruir su estrategia en un nuevo territorio de guerra; y tercero, actualmente se encuentra en condiciones para reemprender una todavía larga guerra de resistencia, que produciría miles y miles de muertos más, que obligaría al Estado a incrementar los puntos del producto bruto interno que dedica a la guerra y que llevaría el agravamiento del cuadro clínico de los derechos humanos a situaciones extremas. Vivanco pasa por alto, además, que algunos de los puntos de la Jurisdicción Especial para la Paz y del Acuerdo sobre Víctimas- que él formula como cuarta crítica importante, por ejemplo, la definición de los criterios para la selección de los Magistrados- todavía están siendo objeto de discusión y desarrollo y esto sin olvidar que su segunda crítica, la de que la tesis de la cadena de mando se va a aplicar al Secretariado de las Farc, es algo que el gobierno unilateralmente ha aprobado para los Altos Mandos de las Fuerzas Armada que no para el Secretariado de las Farc. En relación con la tercera crítica, la de que «es inaceptable que los condenados por crímenes graves puedan postularse a cargos públicos», con ella RHW no hace otra cosa que atravesársele a la razón central de las Farc para negociar que es la de pasar, ya como partido político, de las balas a los votos siendo éste, por otra parte, un punto que se encuentra todavía en discusión, pues hasta ahora han acordado que participarán pero sin fijar aún los alcances de esa participación, asunto que, por otra parte, tendrá que ser objeto de una reforma constitucional. Por lo tanto, en definitiva, la crítica central de Vivanco se refiere a la primera, es decir, a la falta de proporcionalidad entre la gravedad de los delitos- crímenes atroces por los que no se pagará cárcel- y las sanciones o penas previstas, pero ésta es una situación respecto a la cual en una toma de posición es más lo que influyen los determinantes normativos, valorativos e ideológicos que los estrictamente objetivos. En este caso, la opción es entre cárcel presumiblemente rehabilitadora y socializadora y refundadora de nexos sociales rotos- que en Colombia, por otra parte, no existe- y perdón parcial atado a unas efectivas verdades y reparaciones y promesas de no repetición. Son ya muchos los teóricos e investigadores⁶⁵– para destacar, Luigi Ferrajoli, Jean Paul Lederach y, en nuestro medio, Wilson López- que han destacado las limitaciones de la pena de cárcel, aún de las más modernas y humanizantes, así como del abultamiento de los años de sanción, en el restablecimiento de los vínculos sociales rotos. Y es que bajo el Modelo de Justicia Transicional que se aplicará en Colombia, a los guerrilleros no se les estará premiando por dejar las armas, sino, sobre todo y ante todo, por lo mucho que aporten con su nueva presencia en la vida social en materia de reparación de las víctimas, así como de no repetición de los crímenes cometidos. Por lo tanto, en este caso, los beneficios punitivos son directamente proporcionales a la calidad de la reparación, así como a una mayor probabilidad de no repetición. Finalmente, destaquemos dos cosas, primera, que por imperfecta que sea la forma de justicia especial consensuada en la Habana, catedraliciamente más imperfecta es la Justicia de Estado existente en Colombia donde casi el 80% de las conductas delictivas que acceden al sistema; se quedan en la impunidad; y segunda, para no aparecer como fatalistas, con Rodrigo Uprimny digamos que si este imperfecto esquema semiestatal de justicia se aplica con seriedad, puede cumplir un importante efecto demostración de cara la tremenda ineficacia social de la Justicia del Estado.

Notas

1 . «Justicia, a pesar de todo», SEMANA, Edición 1755, 20 al 27 de diciembre del 2015, pgs. 20-21.

2 . Idem.

3^. Grasa, Rafael. «La Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia». En, www.cooperacionsursur.org/…/549-la-cooperacion-internacional-para-el- abril 2014.

4^.Martínez Verdugo, Armando, «Notas críticas sobre la Teoría de la Revolución», wttps://luxemburguismo.files.wordpress.com/2008.pdf; Soboul, Albert, Volvelle, Michel, «La Revolución francesa como revolución burguesa». En, Historia Crítica, Revista de la Universidad de los Andes, No.2, junio 1989; «EL Comunismo no ha desaparecido, sólo ha cambiado de Modelo» ( Gramsci, Herbert Marcuse, Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erik From, Jurgen Habermas, El Existencialismo materialista). En, 23neomarxismo.blogspot.com.co/04-01-20111-archive.html .

5 . Sobre la noción de «paz imperfecta», Muñoz A, Francisco. La paz imperfecta. Granada, 2001.

6. Trosky, León. La Revolución Permanente. Red Vasca Roja, abril 2000.

7 . «Las Conferencias de la Expansión» (1982-1993″, www.ciudadabierta.com .

8. Vélez R, Humberto. «La toma de la Base militar de las delicias», En. «Cultura, Conflicto Armado y Eemocracia», www.ilustrados.com,

9^.Atisbos Analíticos Nos 208 y 209, junio de 2015.

10. Intervención Pepe Mujica al clausurar por estos días en Montevideo el II Foro por la Paz en Colombia, https://mail.google.com/mail/u/0/inbox/14de4f8203c411cl .

11^.Barbosa, Francisco. «Una Idea para destrabar la discusión de justicia en el proceso de paz», El Tiempo, Bogotá, domingo 10 de enero de 2015.

12^.Zuleta, Estanislao.» Sobre la Idealización en la vida personal y colectiva y otros Ensayos». Bogotá, Procultura, 1985; ver además, www.revistaarcadia.com ) Editorial.

13. Congreso realizado en la Universidad del Tolima entre el 21 y el 23 de septiembre del 2015.

14 .Borrador Conjunto.5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto «Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición», incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y compromiso sobre los derechos humanos.

15 . Comunicado Conjunto No 64 12-15-2015 (presentado por Humberto de la Calle Lombana e Iván Márquez).

16. Acuerdo de Víctimas. «Mensaje al pueblo colombiano sobre el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Acuerdo PARCIAL sobre Víctimas». Delegación de Paz-Frac-ep, 12-15-2015.

17 . Entrevista de Laura Panquera , Especial para el Espectador, a Francisco Rey, «La dimensión humanitaria tras los Acuerdos de Paz», 13-02-2015

18. Columnistas Libres, 19-12-2015.

19^{. «}Análisis de Human Rigths Watch sobre el ‘Acuerdo sobre Víctimas del conflicto alcanzado por el Gobierno de Colombia y las Farc, www.eltiempo.com/contenido/mundo/ee-uu-y-canada-/ARCHIVO/ARCHIVO16464937-0.PDF .

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