Con una aplastante mayoría de 110 votos a favor y 44 en contra, el bloque parlamentario a favor del Acuerdo de Paz le propinó el más contundente golpe al presidente Iván Duque en sus ocho meses de gestión. Duque pretendía reformar el sistema de justicia transicional emanado de los compromisos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias […]
Con una aplastante mayoría de 110 votos a favor y 44 en contra, el bloque parlamentario a favor del Acuerdo de Paz le propinó el más contundente golpe al presidente Iván Duque en sus ocho meses de gestión. Duque pretendía reformar el sistema de justicia transicional emanado de los compromisos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana en 2016.
Duque ya venía con al menos un ala herida, tras al papelón con la Operación Cúcuta del 23 de febrero, cuando junto a altos funcionarios estadounidenses y presencia de presidentes sudamericanos trató de introducir por la fuerza la «ayuda humanitaria» a Venezuela (con un amago de invasión), y tras la paro activo de campesinos e indígenas en protesta por el asesinato de más de 400 dirigentes sociales ante la pasividad y permisividad del gobierno.
Cabe recordar que el acuerdo de paz enfrentó (y enfrenta) varios sabotajes. Entre el Congreso y la Corte Constitucional tardaron dos años para sacar adelante los 159 artículos que constituyen una columna vertebral para el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz. En diciembre pasado, los magistrados le entregaron al Congreso un articulado modificado que no gustó a quienes se oponen al proceso de paz.
Tras 50 días engavetadas en el Congreso las normas fueron entregadas al presidente Iván Duque, quien en una alocución presidencial anunció que se oponía a seis puntos. El lunes 8 de abril, con apabullante mayoría, los diputados derrotaron a Duque. Ahora los seis puntos de Duque pasarán al Senado, donde difícilmente el mandatario pueda conseguir mayoría. De ser así, Duque tendría que sancionar de inmediato la ley estatutaria tal y como salió de la Corte Constitucional, olvidándose de sus seis reparos.
Incluso los partidos de la derecha, como Cambio Radical, de la U y Liberal se sumaron a la oposición para negar las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). «Dejamos claro que estas objeciones no proceden, que el Gobierno lo que hizo fue objetar una sentencia de la Corte Constitucional, que aprobarlas sería una violación a la división de poderes y que aquí hay una fuerza grande, amplia, diversa y lista para defender la construcción de la paz», señaló la representante de la Alianza Verde Juanita Goebertus.
El representante del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, quien lideró la defensa del Gobierno a las objeciones, reiteró que los motivos del presidente Duque se enmarcaban en el ámbito político y que, en ningún momento, pretendían desconocer el fallo del alto tribunal. Ni la presencia del fiscal general (quien enfrenta acusaciones de corrupción) logró convencer a los indecisos.
De nada valieron las injerencistas presiones del embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, o las advertencias del propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien se vistió de jefe de debate de las objeciones e intentó convencer a los congresistas de respaldar los reparos del gobierno.
También intentaron presionar a los diputados Jaime Amín, alto consejero para Asuntos Políticos; Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz; Francisco Barbosa, alto consejero para los Derechos Humanos, y la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aunque se abstuvieron de intervenir en el debate.
El resultado dejó ver que hay una aplanadora de partidos políticos, incluyendo varios de la derecha, que no se la pondrá fácil al gobierno y a los seguidores del expresidente Álvaro Uribe para realizar las modificaciones al acuerdo de paz. Casi los mismos partidos que apoyaron al expresidente Juan Manuel Santos -enemigo político del uribismo- en la implementación de lo pactado en Cuba se unieron para rechazar los ajustes que se pretendían hacer al acuerdo de paz.
En el Senado y después de la Semana Santa (cuando Duque espera se produzca un milagro), el gobierno comprobará si tiene o no el respaldo suficiente para liderar las reformas constitucionales que anunció el jefe de Estado el pasado 10 de marzo, para modificar el sistema de justicia transicional, además de otras iniciativas claves, como el mismo Plan Nacional de Desarrollo e incluso la prometida reforma previsional.
Por eso prepara su estrategia de contingencia, en la cual una de las variantes e impedir que el Senado tenga quórum, para intentar que se archive todo el proyecto y no solo los seis reparos de Duque. El presidente del Senado Ernesto Macías aseguró que si no coinciden las cámaras se hundirían solamente las objeciones y no la ley completa. «No es justo que por seis objeciones se hunda toda una ley estatutaria, no veo lógica en esta interpretación», dijo.
Para todos los interrogantes que surgieron, la Corte Constitucional emitió un pronunciamiento el pasado 3 de marzo en donde reafirmó su papel supremo como tribunal de cierre y no intervendrá si la ley queda tal cual salió de su seno.
De ocurrir una nueva derrota en el Senado no habría un choque entre los poderes y el presidente no tendría opción distinta que promulgar la ley estatutaria sin los reparos que pretendía. De ahí el grito atronador en la Cámara de Diputados: «Viva la paz».
Camilo Rengifo Marín, Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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