En el último año y medio ocurrieron 535 casos. Álvaro Uribe pretende, mediante «medidas efectistas», encubrir los «excesos» cometidos por su ejército en el marco de la lucha antiguerrillera. En un sin fin de ocasiones el gobierno de Álvaro Uribe se ha jactado de que, gracias a la «eficacia» de su «Doctrina de Seguridad Democrática», […]
En el último año y medio ocurrieron 535 casos. Álvaro Uribe pretende, mediante «medidas efectistas», encubrir los «excesos» cometidos por su ejército en el marco de la lucha antiguerrillera.
En un sin fin de ocasiones el gobierno de Álvaro Uribe se ha jactado de que, gracias a la «eficacia» de su «Doctrina de Seguridad Democrática», ha logrado poner fin al conflicto armado interno que Colombia vive hace más de seis décadas.
Cotidianamente los medios de comunicación -con llegada al gobierno- anuncian nuevas «bajas» de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, detrás de esta política antiguerrillera «exitosa», muchas veces se esconden excesos y violaciones a los derechos humanos que no llegan a ser difundidos a la opinión pública.
De acuerdo a un informe de las 4 plataformas de Derechos Humanos y Paz que trabajan en territorio colombiano y que agrupan en conjunto a un total de 1200 organizaciones a nivel nacional:
«En el período de julio de 2002 a diciembre de 2007 por lo menos 13.634 personas perdieron la vida por fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica, de las cuales 1.314 eran mujeres y 719 eran niñas y niños».
«De las 13.634 personas, 1.477 personas fueron desaparecidas forzadamente. Además, en los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones (8.049 casos), el 75,4 por ciento de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración directa de agentes estatales, el 17,53 por ciento (1.411 víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 57,87 por ciento (4.658 víctimas). A los grupos guerrilleros se les atribuyó la presunta autoría del 24,59 por ciento de los casos (1.980 víctimas)».
Más allá de estos datos que sin dudas resultan preocupantes, desde que llegó Álvaro Uribe al poder en el año 2002, en Colombia se incrementaron notablemente las ejecuciones extrajudiciales.
En este sentido el informe realizado por las organizaciones de derechos humanos colombianas, que va a ser presentado en el mes de diciembre ante las Naciones Unidas (ONU), señala:
«En el último quinquenio se ha constatado un aumento del 67,71 por ciento en los registros de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la Fuerza Pública, lapso que coincide con la aplicación de la política de ‘seguridad democrática’ promovida por el gobierno actual desde su posesión el 7 de agosto de 2002. Así, entre julio de 2002 y diciembre de 2007, se han registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002».
La mayoría de las ejecuciones extrajudiciales, según detalla un informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentan patrones habituales.
«Algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos».
Con el fin de aumentar la «efectividad» de la política de «seguridad democrática», el gobierno de Álvaro Uribe dispuso la creación de un sistema de incentivos económicos a las Fuerzas Armadas por la presentación de «positivos»: bajas causadas al enemigo (la guerrilla) en el desarrollo de operaciones militares.
O sea cada, integrante de las FARC que era dado de «baja» en combate significaba importantes recompensas económicas, licencias, entre otros.
Esta normativa, no sólo no logró poner fin a la existencia de grupos insurgentes en territorio colombiano, sino que incentivó la creación de una suerte de «mercado de la muerte».
Este mayoritariamente opera sobre los estratos sociales más marginados de la población. Las victimas usualmente son trasladadas a lugares alejados para así ser ejecutados en zonas donde nadie puede conocerlos e identificarlos. Finalmente los cadáveres son enterrados en fosas comunes de forma anónima.
Si a este hecho le sumamos que el ejército colombiano no posee un registro actualizado y confiable de las personas reportadas como «muertas en combate», permite concluir que todo estaba fríamente calculado para evitar que las ejecuciones extrajudiciales (eufemísticamente conocidas con el nombre de «falsos positivos»), salgan a la luz.
La masacre de Soacha fue la punta del iceberg «Un día nos hacen quedar mal en Guaitarilla, después nos hacen quedar mal en Cajamarca, ahora nos hacen quedar mal en Soacha. Todos los días tenemos que ser más estrictos y más rigurosos (…) Aprendamos, en todo momento, a decir la verdad».
Con estas palabras, el presidente Álvaro Uribe fustigó a la cúpula militar por su responsabilidad en la masacre de Soacha. A comienzos de este año 11 jóvenes desaparecieron en una barriada del sur de Bogota. Luego de varios meses sus cuerpos fueron hallados muertos en la localidad de Ocaña, norte de Santander.
«Erradiquemos cualquier espíritu perverso que quede en las Fuerzas Armadas y que no esté comprometido con el respeto absoluto de los derechos humanos», afirmó Uribe ante una decena de militares presentes.
Este hecho, instaló en la opinión pública la problemática de las ejecuciones extrajudiciales. Para intentar calmar las críticas, la Casa de Nariño separó de su cargo a 40 militares del ejército colombiano acusados de llevar adelante «falsos positivos».
Asimismo, por la polémica suscitada, también se vio obligado a dejar su cargo el Comandante General del Ejército, Mario Montoya, quien era uno de los principales halcones del gobierno colombiano en el marco de la lucha contra las FARC y quien además fue el principal ideólogo de la «Operación Jaque», un irregular operativo de inteligencia que posibilitó la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Simples parches no pueden solucionar el problema de fondo Estas medidas del gobierno de Álvaro Uribe sólo tienen un fin «efectista», la Casa de Nariño intenta aparentar ante la opinión pública internacional que se «preocupa» por los derechos humanos de todos los colombianos.
No obstante estas iniciativas, actualmente se continúan registrando «excesos» cometidos por el ejército en el marco del conflicto armado colombiano. (Ver: «Los métodos de la Doctrina Uribe». APM 18/07/2008)
De acuerdo a un informe realizado por la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinadora de Derechos Humanos Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), entre comienzos del año pasado y mediado del 2008 se registraron la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales de los últimos tiempos.
«En este periodo hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública», sostiene el iforme.
«Quiere decir que en estos 18 meses una persona perdió la vida cada día, victima de una ejecución extrajudicial. Esto significa un aumento de casi el doble de los hechos registrados durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2002 y el 30 de junio de 2007 (en el cual se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir una víctima cada dos días) y del triple con relación al período anterior a la posesión del actual gobierno comprendido entre enero de 1997 y junio de 2002 (en el cual se registraron 669 casos, es decir, una persona cada tres días)», sentencia el informe dado a conocer por la CCEEU.
El presidente Álvaro Uribe, en ves de dedicarse a calificar de «terroristas» y de «simpatizantes» de las FARC a las organizaciones de Derechos Humanos que denuncian la existencia de ejecuciones extrajudiciales en Colombia, debería ponerse a trabajar para poner fin al preocupante flagelo que azota al país sudamericano.
El fenómeno de los denominados «falsos positivos» surge como consecuencia de la política militarista llevada adelante por la Casa de Nariño y que a lo largo de estos últimos años ha sido respaldada económicamente -vía Plan Colombia- por el gobierno estadounidense de George W. Bush.
«Todo vale» en el marco de la «guerra muerte» hacia las FARC, planteada el propio Uribe. Bombardear a un país vecino, asesinar inocentes y enterrarlos en fosas comunes para así engrosar la lista de «bajas» de los grupos insurgentes, parece entrar en el «todo vale» del mandatario.
Mientras el presidente se preocupa por intentar demostrarle al Senado estadounidense -controlado en su mayoría por demócratas- que su administración sí se preocupa por los derechos humanos, integrantes del Ejército colombiano estarían llevando adelante un sistema de «limpieza social» que opera básicamente sobre los niveles mas carenciados de la sociedad.
Según la CCEEU, el Ejército colombiano seria responsable del 93, 7 por ciento -o sea 443 víctimas- de las ejecuciones cometidas en el ultimo año y medio.
Este grave cuadro de situación ya fue denunciado en reiteradas ocasiones por la Misión de Observación sobre las Ejecuciones Extrajudiciales y la Impunidad en Colombia. Por ejemplo en el año 2007, los 13 profesionales integrantes de la misión denunciaron la existencia de una «serie elementos que indican que en Colombia existe un patrón persistente de ejecuciones extrajudiciales de manera sistemática, y de impunidad de esos crímenes».
Como se ve, se trata de un problema complejo que necesita de rápidas respuestas para evitar que las ejecuciones se sigan realizando.
En este sentido, los familiares de las personas asesinadas por miembros del ejercito recientemente le pidieron al gobierno de Estados Unidos que deje de «certificar» (de ayudar económicamente) a aquellas unidades militares acusadas de violar los Derechos Humanos.
Como era de esperarse George W. Bush desestimó la idea.
Habrá que ver que hará el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, ante esta situación. Bien puede seguir avalando la impunidad y los asesinatos en el país sudamericano o, como dijo durante la campaña electoral, puede trabajar para convertir al Plan Colombia en un programa que ayude a las victimas del conflicto armado colombiano.
Solo el tiempo nos permitirá saber que hará Obama una vez que llegue a la Casa Blanca. Aunque teniendo en cuenta las experiencias anteriores de otros candidatos que prometían el «cambio» en el país del norte, los latinoamericanos no debemos ilusionarnos mucho en que Washington modifique su política imperialista-intervencionista hacia la región.
