El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vásquez Plaza, condenó a cinco agentes de la CNI a 18 y 15 años de cárcel por dos crímenes ejecutados en el centro de Santiago, a la una de la madrugada del 7 de noviembre de 1980, en las inmediaciones del cuartel Borgoño […]
El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vásquez Plaza, condenó a cinco agentes de la CNI a 18 y 15 años de cárcel por dos crímenes ejecutados en el centro de Santiago, a la una de la madrugada del 7 de noviembre de 1980, en las inmediaciones del cuartel Borgoño de la CNI.
Se trata de los militantes del MIR Juan Ramón Olivares Pérez, 37 años, electromecánico, y Rubén Eduardo Orta Jopia, 34 años, técnico electricista (ver PF 850, pag.32). La CNI los tenía «plenamente identificados y conocía de sus movimientos, por el seguimiento que tenían sobre ellos, procediendo a su detención en forma separada por algunas horas, en el transcurso de ese día», determinó la investigación judicial.
Olivares Pérez trabajó hasta el 11 de septiembre de 1973 en la Empresa Nacional de Frigoríficos (Enafri). Era presidente del Sindicato Unico Nacional de esa firma. También fue presidente del Cordón Industrial de Estación Central. Fue dirigente provincial de la CUT y miembro del comité central del MIR.
Fue detenido en 1975, torturado y encarcelado en la Penitenciaría de Santiago, donde permaneció un año y tres meses. Recibió dos condenas a pena de muerte, las que fueron conmutadas por extrañamiento. Su padre, Vicente Olivares fue asesinado en 1974 y su hermano Mario fue un detenido desaparecido hasta que sus restos fueron encontrados en 2002.
Partió al exilio a Inglaterra y decidió regresar clandestinamente a Chile el 6 de marzo de 1980 bajo el nombre de Manuel Sepúlveda Adriazola, pero fue detectado. Se alojó en casa de otro hermano, Gabriel, declaró su hermano Alejandro con quien comenzó a trabajar. Alejandro Olivares, dirigente de la CUT y del MIR, murió en 2007 sin ver justicia para su familia.
ACRIBILLADOS Y TORTURADOS
Rubén Eduardo Orta Jopia, por su parte, fue militante del Partido Socialista y operario de la Compañía de Teléfonos. En agosto de 1973 viajó a Cuba. Renunció al PS e ingresó al MIR. Volvió a Chile en 1980: no tenía prohibición de ingreso al país.
El 6 de noviembre de 1980, agentes operativos de la División de Inteligencia Metropolitana de la CNI, de la Agrupación Azul, encargada de reprimir al MIR, vigilaron los movimientos de Olivares y Orta durante todo el día. El informe de autopsia del Servicio Médico Legal constata que además de balas en el cuerpo de Juan Olivares aparecieron signos de violencia, según la tanatóloga Vivian Bustos Baquerizo.
Para esclarecer ambos crímenes, se revisaron las declaraciones de los agentes ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago. Se tuvo que desentrañar la identidad de los miembros de la CNI que declararon, cuyos nombres no aparecían en el Registro Civil e Identificación.
En la madrugada del 7 de noviembre de 1980, «en Avenida Santa María a la altura del puente Vivaceta, cerca del cuartel Borgoño de ese organismo (CNI), procedieron a dar muerte a los detenidos, mediante disparos con armas de fuego, simulando un enfrentamiento, dejándolos al interior de una citroneta modelo Azam del año 1959, informando que la muerte de aquellos se produjo en un incidente armado entre las víctimas y funcionarios de la CNI, advirtiendo que se intentó asaltar el cuartel de calle Borgoño», señaló el ministro Vásquez.
Según la versión entregada por la CNI, reproducida por la televisión y medios de las cadenas El Mercurio , Copesa y La Nación , las víctimas habrían atacado con una vieja citroneta a un vehículo Peugeot 504 de color blanco. En ese mismo auto había sido detenido Olivares horas antes. A Juan Olivares lo hicieron aparecer como chofer de la citroneta, pero él no sabía conducir. Esto fue probado con la base de datos del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados.
Una de las agentes condenadas, Teresa del Carmen Osorio, dijo que el agente Pedro Salazar «habría comprado la citroneta en que se encontraban las víctimas; que para esos efectos se le habrían entregado cincuenta mil pesos y la compró en treinta o veinte mil pesos y se habría gastado el resto del dinero».
Alejandro, hermano de Juan Olivares, declaró que al regresar éste a Chile comenzó a trabajar en obras de electricidad. El 6 de noviembre de 1980 se separaron en General Velásquez, quedando de juntarse en un local comercial en calle Chacabuco, entre Alameda y Romero a las 15:00 horas. Al concurrir al lugar indicado, se encontró con que el sector estaba acordonado por Carabineros y con presencia de civiles armados.
Los restos de Olivares fueron entregados a sus familiares en un ataúd sellado, 15 días después. «Durante el velatorio abrieron la urna, percatándose que había sufrido horribles torturas e innumerables balas lo habían cruzado desde la cabeza a las rodillas, faltándole las uñas del pie izquierdo y su mano derecha, además presentaba quemaduras. El cuerpo lo entregaron con otras ropas. Ese día «vestía camisa celeste, chaleco amarillo y pantalón de color claro que constituía la señal de seguridad para tomar contacto con Orta Jopia. No obstante cuando su cuerpo apareció, estaba vestido con una chaqueta de cuero negra, pantalón oscuro y camisa de color», precisó Alejandro Olivares.
ERAN SEGUIDOS POR LA CNI
«Resulta inverosímil el supuesto enfrentamiento, ya que, si se considera, eran dos los presuntos atacantes de un cuartel con una numerosa guarnición dotada de un gran poder de fuego, movilizándose en una vieja y averiada citroneta. Además, según la prensa, los agentes se acercaron a pie a la citroneta y la ráfaga presuntamente disparada por las víctimas no hirió a nadie, sino que los disparos impactaron en el portamaletas del automóvil de la CNI».
José Abiezer Barra Palma, subcomisario de la Brigada de Homicidios de Investigaciones, declaró que estuvo a cargo del procedimiento policial en el lugar de los hechos. Al llegar «estaban los cuerpos de los fallecidos, una citroneta, pero no estaban las personas con las cuales se habrían enfrentado, ni las armas de estos, ni el o los vehículos en que se habrían movilizado».
Los agentes de la CNI declararon que usaron un fusil Aka en el doble asesinato.
La compañera de Orta Jopia, María Engracia del Pilar Camus Sagrista, militante del MIR, lo conoció en Cuba en 1976. Ella regresó a Chile clandestina en octubre de 1978. En mayo de 1979, «supo que Orta tenía problemas, ante lo cual visitó a sus padres en Coquimbo, donde lo encontró, y continuaron su relación». En febrero de 1980 nació su hija, en mayo viajaron a radicarse en Valdivia, donde siguieron trabajando para el MIR.
María Camus relató que Orta viajó a Santiago para establecer contacto con otros miembros del MIR: «En agosto de 1980, Rubén viajó a Santiago y al regresar, le contó que estaba bajo seguimiento de los organismos de inteligencia, ya que no había podido encontrarse con la persona que era su contacto y que no había podido romper el círculo de seguridad, por lo que había sido seguido hasta Valdivia. Ante lo cual, tomaron algunas cosas y viajaron a Santiago, radicándose en la casa de sus padres (de ella) en la Villa Japón en el sector de Alameda con Las Rejas», detalló María Camus, que agregó: «El 5 de noviembre de 1980, con su hija se fueron a la casa de sus padres para preparar un viaje que harían a la casa de su hermana en Pichilemu. El 6 de noviembre, Rubén llegó para cenar juntos y despedirse». Le comentó que el seguimiento era bastante fuerte, por lo que se retiraría temprano, lo que hizo luego de cenar alrededor de las 21:30 horas. Fue la última vez que lo vio.
UNA MUJER ASESINA
Entre quienes seguían a Rubén Orta estaba Teresa del Carmen Osorio Navarro, agente con experiencia que participó en numerosos casos de desapariciones. Está condenada en primera instancia por la desaparición del camarógrafo Jorge Müller y su pareja, la periodista Carmen Bueno. Fue agente de las brigadas Lautaro y Delfín y participó en el exterminio de decenas de militantes del Partido Comunista. Tuvo un hijo con Basclay Zapata, recluido actualmente en el penal de Punta Peuco. El tribunal demostró que esta mujer participó con ferocidad sanguinaria acribillando a Olivares y Orta a los que obligaron a subirse en la citroneta.
El agente Carlos Iván Labarca Brezzo, apodado el «Pata de Canario», declaró que Teresa Osorio ultimó a una de las víctimas, la que estaba «en la parte de atrás de la citroneta, le disparó a corta distancia, impactando al sujeto», (Orta Jopia). Labarca reconoció que el 6 de noviembre de 1980 siguió durante todo el día a Orta.
Al día siguiente, alrededor de las 06:30 o 07:00 horas, llegó hasta el hogar de Marta Camus el padre de Rubén, Pedro Orta Toledo. Le contó que Rubén «no había llegado a dormir y que personal civil, que usaba un brazalete amarillo con la identificación de Policía de Investigaciones, había allanado su domicilio. Ante esa situación, fueron de inmediato a la Vicaría de la Solidaridad, con el fin de presentar un recurso de amparo a favor de Rubén; cuando estaban en esas gestiones se acercó el Vicario Pastoral, quien les contó que en las noticias habían dicho que Rubén Orta y Manuel Sepúlveda (Juan Olivares Pérez), habían muerto en un enfrentamiento con personal de la CNI».
Interrogado el ex agente de la CNI Alberto Montero González, integrante de la Agrupación Verde, que reprimía al Partido Comunista, expresó que escuchó «comentarios de Rosa Humilde Ramos Hernández en el patio del recinto cuando dijo: ‘Nos echamos a esos huevones'».
El juez Miguel Vásquez concluyó que «las muertes de Olivares Pérez y Orta Jopia se han producido con ensañamiento y premeditación, puesto que la muerte fue producto de una planificación previa de quitarles la vida, lo que implicó un seguimiento iniciado con antelación, siendo capturados en momentos y circunstancias diversas, pero en tiempo muy cercano a sus muertes, para lo cual montaron un simulacro de enfrentamiento, que demuestra que se tenía el propósito tomado con ánimo frío de darles muerte, estando indefensas ambas víctimas (…) La decisión de darles muerte, claramente estaba tomada con anterioridad».
En su resolución el juez Vásquez condenó al brigadier del ejército en retiro Roberto Urbano Schmied Zanzi, jefe de la División de Inteligencia Metropolitana de la CNI entre 1980 y 1985, a 18 años de presidio mayor en su grado máximo como autor de ambos homicidios.
A 15 años y un día de presidio fueron condenados como coautores los agentes José Javier Soto Torres, Egon Antonio Barra Barra, Carlos Iván Labarca Brezzo y Teresa del Carmen Osorio Navarro, ex suboficial de la Armada
Publicado en «Punto Final», edición Nº 855, 8 de julio 2016.