La dejación de las armas ha pasado a ser una de los temas centrales del proceso de paz que se adelanta en La Habana. Para entender la complejidad del tema es necesario partir de la propia «Agenda» o Acuerdo General para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que es […]
La dejación de las armas ha pasado a ser una de los temas centrales del proceso de paz que se adelanta en La Habana. Para entender la complejidad del tema es necesario partir de la propia «Agenda» o Acuerdo General para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que es el marco que guía el proceso.
El punto 3 de la Agenda denominado Fin del Conflicto, tiene un acápite que dice: «Proceso integral y simultaneo que implica:»; y a renglón seguido en 7 numerales detalla los temas que deben tratarse en este punto, entre los cuales está la dejación de las armas, junto al cese al fuego y hostilidades; la reincorporación de las FARC-EP; la revisión de la situación jurídica de los prisioneros; el combate a las organizaciones criminales, sus redes de apoyo, la lucha contra la impunidad y la corrupción; las reformas y los ajustes institucionales necesarios para la construcción de la paz; garantías de seguridad y el esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo.
Como se ve, no se trata simplemente de discutir sobre el desarme de las FARC, como pretenden algunos, máxime si tenemos en cuenta el hecho de que los temas señalados en el párrafo anterior deben tratarse de manera integral y simultánea, como reza la Agenda.
Es por esta razón que no cabe exigirle a las FARC, de manera unilateral, una fecha perentoria para la dejación de las armas, mientras por parte del Estado no se asumen compromisos serios, en temas como la revisión de la situación jurídica de los prisioneros (entiéndase ley de amnistía); el combate contra el paramilitarismo, la impunidad y la corrupción; las garantías de seguridad no solo para la organización política que surja de los acuerdos o para los excombatientes a nivel individual; sino también para las comunidades que habitan los territorios donde se ha desarrollado el conflicto; y por supuesto, para todas organizaciones sociales y políticas alternativas que existen en Colombia; todo lo cual requiere de reformas institucionales que cimenten esos compromisos del Estado.
Como ya lo hemos afirmado, desde mediados de febrero las FARC-EP dejamos sobre la Mesa de la Subcomisión Técnica, nuestra propuesta de dejación de las armas, donde expresamos claramente nuestra decisión de avanzar en esa dirección con toda transparencia, algo que será verificado por la misión de Naciones Unidas acordada por las partes para este fin. En esto no hay lugar a equívocos.
Si algo hace falta para avanzar en este tema es que el Gobierno Nacional muestre su disposición para el cumplimiento de todos los acuerdos, comenzando por consensuar en la Mesa el desarrollo normativo de los mismos. Más que una fecha, lo que hace falta acordar son unos pasos o hitos que permitan el avance secuencial de los compromisos mutuos hasta llegar a la dejación de las armas por las partes.
Y cuando decimos dejación de armas por las partes, no hacemos referencia a que el Estado deba desarmarse, no; lo que estamos significando es que una vez establecida por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la responsabilidad primera del Estado en el conflicto, le corresponde a ese Estado, tomar las medidas prácticas -reformas institucionales- que den a la sociedad colombiana garantías de no repetición.
Garantías de no repetición, que además de las reformas institucionales, pasan por el esclarecimiento y desmantelamiento del fenómeno del paramilitarismo, superando el negacionismo gubernamental, que en el colmo del cinismo, ha llevado al ministro de Defensa a decir en una entrevista publicada el domingo 3 de abril en el portal del periódico el Tiempo, que se trata de un fantasma inventado por las FARC para dilatar el proceso.
¿Será que el señor Villegas no lee los periódicos y no se ha enterado del asesinato de 346 defensores de derechos humanos y 16 más desaparecidos, en lo que va corrido del gobierno del Presidente Santos? Esto sin mencionar los centenares de asesinatos y amenazas contra líderes populares y de izquierda y demás violaciones de los derechos humanos.
¿Acaso no le informaron los altos mandos de las Fuerzas Armadas al señor ministro que la semana pasada hubo un paro decretado por los paramilitares que afectó 36 municipios y produjo la muerte de un civil y 4 integrantes de la Fuerza Pública?
¿Eso también será un invento de las FARC?
Fuente original: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/carlos-a-lozada