Que un diputado de lengua larga y seso corto como Patricio Melero, ex funcionario de la dictadura, desempolve acusaciones fundadas nada menos que en los servicios de inteligencia colombianos, es una fruslería consistente con su coeficiente intelectual. Pero que la misma necedad la repitan el Ministro del Interior y el Presidente de la República, instala […]
Que un diputado de lengua larga y seso corto como Patricio Melero, ex funcionario de la dictadura, desempolve acusaciones fundadas nada menos que en los servicios de inteligencia colombianos, es una fruslería consistente con su coeficiente intelectual. Pero que la misma necedad la repitan el Ministro del Interior y el Presidente de la República, instala la maniobra en el contexto de una operación política, que como tal, apunta a objetivos específicos.
Cabe deducir que el objetivo consiste en obstaculizar, y en lo posible impedir, un acuerdo amplio de todas las fuerzas opositoras al gobierno empresarial de Sebastián Piñera, mediante la siembra de este tipo de añagazas, sacadas del manual anticomunista del tiempo de la guerra fría.
El punto es que la derecha chilena carece de credenciales éticas, políticas y
democráticas para emplazar a nadie, sobre ningún tema.
Antes de eso, debería explicarle al país su implicación en una conspiración planeada y financiada por los servicios secretos de una potencia extranjera para derrocar a un gobierno democráticamente elegido, y luego, su complicidad en la violación sistemática y prolongada de los derechos humanos, lo cual está suficiente y documentalmente probado, a diferencia de las acusaciones al caletre que anda enarbolando hoy, con base en informes de los servicios de seguridad más corruptos del mundo.
Mientras el señor Piñera no le aclare al país el oscuro origen de su fortuna, y sus acciones para eludir la justicia en el caso de la quiebra del Banco de Talca, tampoco está habilitado para andar deslizando oblicuas acusaciones sin prueba.
Y el senador Espina, otro de los autores de la maniobra, primero debería desmentir que asesoró a Augusto Pinochet Hiriart para evadir a la justicia en el caso Valmoval, antes de andar simulando ser un catón del combate contra la delincuencia.
El punto de origen de la campaña no luce mejor aspectado.
El nexo entre el ex Presidente de Colombia, Alvaro Uribe Velez, con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y el narcotráfico, está suficiente y documentalmente probado, a diferencia de las livianas imputaciones de la derecha criolla contra el Partido Comunista, cuya posición permanente a favor de una salida política, pacífica y negociada al prolongado conflicto armado colombiano, está documentalmente demostrada.
También está judicial y documentalmente probada la participación de las AUC, el Ejército Colombiano y los sicarios de los carteles de la droga, en la masacre de la Unión Patriótica, que en los hechos impidió la salida política al conflicto armado colombiano, por lo demás el objetivo buscado.
La Unión Patriótica fue un partido político fundado en 1985, como parte de una propuesta política legal de varios actores sociales, entre ellos el Partido Comunista de Colombia, organizaciones sindicales y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, las cuales habían aceptado desmovilizarse e insertarse en el sistema político colombiano, en virtud del diálogo con el gobierno del Presidente Belisario Betancourt, plasmado en los acuerdos de Lo Uribe.
En estos acuerdos se estipuló la creación de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país.
Las condiciones que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso oficial para garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades civiles.
En 1985 su candidato Jaime Pardo Leal, llegó a obtener el 4,6% de la votación, alcanzando el tercer lugar en las elecciones presidenciales.
En las elecciones del 25 de mayo de 1986 la UP obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes.
Pues bien, entre 1986 y 1993, de manera sistemática, con premeditación, alevosía e impunidad, dos candidatos presidenciales -Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa-, ocho congresistas, trece diputados, setenta concejales, once alcaldes y alrededor de tres mil de sus militantes, fueron asesinados por grupos paramilitares de las AUC, el Ejército colombiano y los carteles del narcotráfico.
Así como el silencio cómplice de los medios de comunicación colombianos no alcanza para negar los hechos, la popularidad con que Uribe se fue para la casa no lo exime de su responsabilidad en este genocidio, que impidió la salida política y pacífica al conflicto armado colombiano, cuyo punto de origen fue el asesinato del lider liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, y los 300 mil muertos del baño de sangre denominado período de «la violencia», que se prolongó hasta 1953, operado por el gobierno del Partido Conservador.
El entonces Ministro de Defensa de Uribe Vélez, y obligado delfín por imposición del aparato de inteligencia norteamericano, Juan Manuel Santos, actual Presidente de Colombia, está implicado, también con suficientes pruebas documentales, en el escándalo de los falsos positivos.
Por escándalo de los falsos positivos se conoce a las revelaciones de finales de 2008, que involucraron a miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de miles de civiles inocentes, para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate, en el contexto de la estrategia de Seguridad Democrática, impulsada por Uribe y Santos.
Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate, al tiempo que a los asesinos les reportaban primas en dinero por cada «guerrillero» muerto.
Por el escándalo de los falsos positivos han sido destituidos y encausados numerosos oficiales y suboficiales del ejército, al tiempo que precipitaron la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, general Mario Montoya.
Hacia fines de 2009, la Procuraduría General de la Nación había presentado cargos por 1.043 casos de falsos positivos, mientras que la Fiscalía General de la Nación investigaba 946 casos.
Sin embargo, a pesar del escándalo que sobrecogió a la sociedad colombiana, en febrero de 2010 fueron excarcelados los cuarenta militares involucrados en estos homicidios, en el marco de impunidad que invariablemente ha protegido la sistemática violación de los derechos humanos en Colombia desde 1948, que entre otros efectos, provocó el surgimiento de las FARC.
Uribe Vélez y Santos Ascarza se ufanan del bombardeo que terminó con la vida del segundo comandante de las FARC, Raúl Reyes Suzarte, en marzo de 2008, en el que murieron además otros 16 miembros de las FARC y un número indeterminado de civiles de visita en el campamento.
Es público y notorio que Piñera, Allamand y Espina se han subido al carro de esa «hazaña» militar, y están utilizando inteligencia residual, extraída del portentoso computador de Raúl Reyes.
P ero lo que estos aliados del terrorismo de Estado colombiano no dicen es:
a) que el bombardeo fue en territorio ecuatoriano, y por tanto, violatorio del derecho internacional;
b) que esa provocación pudo haber generado un conflicto armado en América Latina, probablemente un objetivo buscado en forma deliberada.
c) que esa «hazaña» militar con tecnología norteamericana impidió en los hechos una compleja operación diplomática que apuntaba a la liberación unilateral de rehenes de guerra, tales como Ingrid Betancourt, entre otros.
d) que esa hipócrita agresión impidió, una vez más, una salida política y negociada al conflicto armado colombiano.
Y ese, precisamente, el meollo del asunto.
Ni el Partido Comunista de Chile, ni ningún partido revolucionario, ni de izquierda, y ni siquiera progresista, tienen por qué explicarle a la derecha chilena, y menos a sus medios de comunicación, contactos con una organización política y militar que, en cualquier estándar internacional, acredita la condición de fuerza beligerante.
Fuerza, que por lo demás, hace pocos días, y a través de su comandante militar, manifestó una vez más su disposición de dialogar para encontrar una salida política, pacífica y negociada al conflicto militar más antigüo del subcontinente, generado por contradicciones y particularidades específicas de la sociedad colombiana, que por si no lo saben los fariseos que hoy andan pidiendo explicaciones, acredita al menos trece grandes guerras civiles en su historia, producto de estructurales condiciones de desigualdad e injusticia social.