Mediante una cuidadosa coreografía mediática en su sede corporativa, el candidato de la derecha y CEO del grupo económico homónimo, Sebastián Piñera Echenique, perpetró una de sus típicas aporías, que como se sabe, consisten en una proposición discursiva imposible de cumplir, por su insalvable contradicción lógica; en este caso, separar sus negocios de la política […]
Mediante una cuidadosa coreografía mediática en su sede corporativa, el candidato de la derecha y CEO del grupo económico homónimo, Sebastián Piñera Echenique, perpetró una de sus típicas aporías, que como se sabe, consisten en una proposición discursiva imposible de cumplir, por su insalvable contradicción lógica; en este caso, separar sus negocios de la política mediante el artilugio de los fideicomisos ciegos,
De esa guisa, afirmó con su habitual desfachatez que se desligará de sus negocios, e incluirá a su esposa e hijos en toda clase de fideicomisos, con el fin de separar sus negocios de la política y evitar conflictos de interés.
«Los fideicomisos que vamos a realizar mi mujer y yo, se extenderán no solo a sociedades anónimas en Chile, sino en el extranjero», dijo Piñera en dicha rueda de prensa. Agregó muy suelto de cuerpo que sus hijos, de manera voluntaria, «van a constituir fideicomisos ciegos por todas las acciones constituidas en Chile, y se van a abstener de hacer cualquier inversión que asome un posible conflicto de intereses».
En términos técnicos, un fideicomiso ciego, o más precisamente, un mandato de administración especial de cartera, es una categoría jurídica introducida por la Ley 20.880, la cual establece a) que determinadas autoridades y funcionarios deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública; b) que en los casos normados por el artículo 26 de dicha ley, deberán delegar a terceros la administración de ciertos bienes y activos, y c) que en situaciones calificadas, deberán enajenar aquellos bienes que supongan conflicto de intereses en el ejercicio de su función pública.
Particularmente, obliga a las autoridades que sean titulares de acciones y otros valores de oferta pública emitidos por entidades chilenas y que se transen en Chile, por sobre 25.000 UF, a vender dicho exceso o a constituir Mandatos de Administración Especial de Cartera, respecto de esos activos.
La misma ley define que «existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias».
Viene al caso recordar que la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses, del 24 de diciembre de 2015, es producto de la reacción del actual Gobierno a los casos de corrupción y maridaje entre el dinero y la política, tema en el cual estuvieron involucrados tanto empresas de Piñera, como él mismo, razón por lo cual no deja de resultar paradójico, patético y un tanto cómico, el entusiasmo con que se parapeta en dicha ley, para montar una operación comunicacional preventiva que tiene como hilo conductor la declaración pública entregada en la citada conferencia de prensa.
Partió recordando el fideicomiso ciego voluntario de 2009, un bluff distractivo, poco más que un tongo, porque no había ley que lo estableciera o regulara, para luego jactarse de ser el primer candidato y Presidente en hacerlo, y finalmente afirmar que lo guiaba un solo norte y objetivo: «dedicarme en cuerpo y alma y con mi total compromiso y todas mis capacidades, a ser un buen Presidente para todos los chilenos».
Se le olvidó mencionar que ni antes ni ahora, ni desde luego para la próxima campaña, ningún candidato o Presidente ha necesitado ni necesitará fideicomiso alguno.
Luego, arguye que el cumplimiento estricto de las normas de la Ley 20.880 debiera ser suficiente para prevenir los conflictos de interés, no obstante lo cual, sostiene en la declaración, «me he impuesto voluntariamente criterios adicionales que exceden los requerimientos de la ley citada, con el propósito de cumplir plenamente los objetivos y finalidades de probidad y transparencia más exigentes, para que todos los ciudadanos de buena fe puedan constatar que no me anima ni me inspira otro interés que el servir a Chile y a su gente».
A reglón seguido, describe las cuatro iniciativas voluntarias para que «este patrimonio sea administrado e invertido, de manera de evitar cualquier conflicto de interés con el ejercicio de la Presidencia de la República».
«Primero, tanto yo como mi mujer (un caballero hubiera dicho, tanto mi mujer como yo) nos hemos retirado por completo de la propiedad de las sociedades conformadas con nuestros hijos, en las que participábamos de manera minoritaria. (…)
Segundo: respecto de mis activos personales y los de las sociedades en las que mantendré sólo participación en su propiedad, constituiré «Mandatos de Administración Especial de Cartera» en los términos que exige la Ley 20.880 respecto de los activos que el artículo 26 de esa norma legal considera, que incluyen las acciones de Sociedades Anónimas Abiertas constituidas en Chile.
Tercero: en relación con mis activos personales y los de las sociedades en que sólo participo en su propiedad, que no se encuentran comprendidos en la obligación legal establecida en la Ley 20.880, también se constituirán mandatos especiales o fideicomisos ciegos voluntarios respecto de todas las acciones de sociedades anónimas constituidas en el extranjero.
Cuarto: mantendré mi decisión y situación actual de no tener ninguna participación en la gestión o administración de las sociedades en las que tengo o tuve participación en la propiedad».
Tras mencionar fideicomisos a destajo, a los que se someterán voluntariamente (palabra usada ocho veces en un texto de dos carrilas y media) su mujer e hijos en el afán de ir más allá de la ley, concluye con una de sus típicas admoniciones construidas desde las frases hechas hasta el lugar común:
«Al anunciar estas medidas, que son más exigentes y van mucho más allá de lo establecido por la ley vigente, confío en que ellas serán apreciadas por todos de buena fe, valorando en ellas mi voluntad honesta de contribuir a un Chile más libre, más justo, más próspero y más solidario, y a generar tiempos mejores para todos».
Y como en todas ellas, hasta el análisis más somero muestra una retórica vacía y ampulosa, las más de las veces paralela, cuando no en liza con la realidad.
Para empezar, Piñera ha mentido tanto, y tantas veces, que no hay motivo alguno para creerle en esta ocasión. Antes bien, al contrastar el hilván de su propio discurso, se concluye que, análogamente, se trata de una nueva operación de condicionamiento político, apalancada por la profusa y abrumadora cobertura mediática.
Piñera partió invocando los dudosamente célebres fideicomisos ciegos de 2009. En otras oportunidades, hemos calificado estas fintas de fideicomisos, este boxeo contra las sombras, como una de las mayores imposturas que registre la historia económica y financiera del país, y también como una engañifa y una pantomima orientada a desorientar a la opinión pública..
Primero, por innecesarios y redundantes. Al no estar establecidos por ley, no generaban efecto ni obligación alguna. Tanto así que el superintendente de Valores, Carlos Pavez, confirmó, en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Exalmar, que los fideicomisos simulados por el grupo económico Piñera no tenían validez, puesto que contradecían las leyes vigentes:
«Una vez que tuvimos conocimiento de que se habían constituido estos mandatos con estas características y por disponer tanto la ley como esta circular esta obligación de información hacia el mandante, es que pedimos información a las entidades que habían participado para hacerles ver y observarles que esa era una cláusula que estaba alejada de las disposiciones regulatorias. Por lo tanto, no tenía ningún valor desde ese punto de vista».
Agregó que, por ley, era obligación que el mandatado entregue información al mandante, si este así lo requiería, sin importar lo que diga cualquier otro documento:
«Dado que la naturaleza de lo que establece la regulación que está vigente todavía es que existe una obligación por parte del administrador de informar los resultados de esas operaciones o del ejercicio de ese mandato, es que se le pidió que se hicieran las adecuaciones en su oportunidad».
Dichas adecuaciones -de las que nunca hablan Piñera o los adláteres de su grupo económico- consistieron en contratos complementarios que establecían:
«El mandante designará durante la vigencia del mandato y en cuantas ocasiones lo estime pertinente, a una entidad o persona profesional e independiente a fin que, en una o más oportunidades, revise (i) los antecedentes relativos a las operaciones de inversión y reinversión de los recursos administrados conforme al mandato, (ii) la totalidad de los saldos que arrojen las cuentas, (iii) los cobros efectuados al mandante y (iv) los registros y comprobantes relativos a las transacciones realizadas, todo ello para los efectos de verificar el fiel cumplimiento de las estipulaciones del mandato por parte del mandatario».
En otras palabras, por imperio legal, Piñera siempre estuvo informado de los que hacían sus «mandatarios», que para mayor información, eran corredores de bolsa y aventureros financieros muy cercanos, con los cuales ha compartido numerosas bribonadas, embelecos y fechorías.
Seguidamente, de no ser por el caso Exalmar, probablement los chilenos nunca hubieran sabido a) que Piñera tenía una sociedad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, Bancard International Inc.; b) que esa sociedad tenía invertidos alrededor de US$1.800 millones, es decir, unas dos terceras partes de su fortuna en activos financieros en un paraíso fiscal, y c) que esas inversiones en el exterior no entraban en los dichosos fideicomisos ciegos.
Para concluir con este punto, se dedicó tan «en cuerpo y alma» para ser «un buen Presidente para todos los chilenos», que mucho tiempo después, el 14 de noviembre de 2016, investigaciones periodísticas demostraron que una de sus empresas compró acciones de una pesquera peruana mientras ejercía la presidencia y se desarrollaba un litigio marítimo con Perú.
Con la inmediatez de la coyuntura, y la oclusión de la complicidad del sistema mediático, los chilenos, al menos los que en las encuestas muestran intención de darle el voto, parecen no comprender ni calibrar adecuadamente la enormidad de lo involucrado.
Pero no quepa la menor duda que quedará registrado entre los episodios más infamantes de nuestra historia, sin perjuicio de los resultados de la investigación que conduce el Fiscal Manuel Guerra, a propósito de una querella entablada por el diputado Hugo Gutiérrez.
Luego, ninguna significación real tienen declaraciones genéricas tales como «yo como mi mujer nos hemos retirado por completo de la propiedad de las sociedades conformadas con nuestros hijos»; o «constituiré mandatos de administración especial de cartera, respecto de los activos que incluyen las acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile», o «se constituirán mandatos especiales o fideicomisos ciegos voluntarios respecto de todas las acciones de sociedades anónimas constituidas en el extranjero» mientras Piñera siga ocultando cuál es el verdadero volumen de su patrimonio, y cuánto de él está invertido en Chile o en paraísos fiscales en el extranjero.
Recuérdese si no, que con abstracción e independencia de los mentados fideicomisos de 2009, la fortuna de Piñera creció de US$ 1.900 a US$ 2.500 millones, según la revista Forbes, mientras desempeñaba la Gerencia General de la República.
Cuando Piñera, con su astucia característica, menciona como al desgaire y al voleo, que se «constituirán mandatos especiales o fideicomisos ciegos voluntarios respecto de todas las acciones de sociedades anónimas constituidas en el extranjero», engaña nuevamente a los chilenos, porque en los paraísos fiscales no hay como seguirle la pista al, por así decirlo, «secreto bancario».
Precisamente para eso existen los paraísos fiscales.
A mayor abundamiento, la cláusula de confidencialidad de Overseas Management Company Trust, una de las líderes mundiales en la constitución de sociedades en paraísos fiscales, fachada bajo la que opera Bancard International Inc., señala:
«Salvo si es requerido por ley, ninguna persona será reconocida por la compañía como poseedora de ninguna acción sobre ningún fideicomiso, y la compañía no estará obligada de ninguna manera a reconocer (aun cuando tenga conocimiento de ello) participación presente, futura o parcial en cualquier acción o cualquier interés, en cualquier acción o fracción de una acción (excepto lo dispuesto por estas regulaciones o por la ley proporcionada de otra manera) y otros derechos con respecto a cualquier acción, excepto un derecho absoluto a la totalidad del titular del registro».
En otras palabras, los fideicomisos, legales o voluntarios, invocados por Piñera para «ir más allá de la ley», carecen de significación y efectos prácticos, toda vez que a) en Chile, sus activos son irrelevantes y b) no hay manera de fiscalizar sus activos en paraísos fiscales, los cuales -Piñera lo sabe muy bien- están fuera de alcance de cualquier legislación nacional.
De modo análogo, ninguna importancia reviste que Piñera, su señora o sus hijos tengan o no participación en la gestión o administración de las sociedades en las que participen de su propiedad. Basta que en algún instante futuro de la línea de tiempo tengan participación en las utilidades de cualquiera de ellas, para que se configure el conflicto de interés.
En suma, una vez más Piñera pretende engañar a los chilenos, o como se dice en Chiloé, «venderles la pescada».
En principio, aparecen dos formas de separar efectivamente sus negocios de la política, aunque en rigor una, y en verdad, ninguna.
La primera consistiría en vender su participación accionaria en cualquier sociedad que genere renta, y sobretodo, abandonar toda posición en paraísos fiscales.
Pero en segunda lectura, eso no es posible, toda vez que el producto de esas ventas se transmuta inevitablemente en activos financieros que generan renta -salvo que los atesore bajo el colchón- los que no pueden sino ser colocados en mercados de valores, lo cual, recursivamente, se transforma en pasto de nuevos conflictos de interés.
La segunda sería que Piñera abandone la política y se dedique a lo que es un maestro consumado; a saber, la acumulación individual y la reproducción de capital financiero mediante la especulación a gran escala.
Pero como es un sujeto inteligente -eso no está en duda- comprende perfectamentre que eso sólo es posible bajo determinadas condiciones políticas, las cuales provee por definición el modelo económico neoliberal, del que su hermano José fue uno de los principales arquitectos, y que, como se sabe, no es sino el capitalismo salvaje, despojado de cualquier traba, regulación o competencia, propio del tercio final del siglo veinte y del inicio del actual.
Sistema, por lo demás, cuya desregulación y financiarización de la economía, le ha permitido acumular más de US$ 2.500 millones en acciones, bonos, títulos de deuda y toda clase de sofisticados derivados financieros, propios de la economía rentista.
Y como al mismo tiempo es un personaje megalómano, imbuido de un marcado delirio mesiánico, se cree predestinado a la tarea no sólo de preservar, sino de ensanchar el presuntamente ubérrimo e infalible reino de la libertad de mercado, razón por la cual no abandonará la actividad política, salvo derrota contundente, el próximo 19 de noviembre. Y tal vez ni así.
Por tanto, la elaborada operación comunicacional de los «fideicomisos ciegos voluntarios», «más allá de la ley», es, una vez más un acto de prestidigitación destinado a hacer creer que el conejo sale del sombrero, cuando en verdad, lo que oculta el truco es de una parte, la reversión de las reformas del Gobierno de la Nueva Mayoría, y de otra, la profundización del modelo neoliberal.
En efecto, en forma paralela, pero con mucho menos ruido mediático presentó un documento de 24 páginas, que pretendió pasar por programa, preñado de generalidades, frases hechas y afirmaciones maniqueas, tan típicas del estilo de Piñera, como por ejemplo:
«Estamos perdiendo el rumbo y el ritmo porque el gobierno de la Nueva Mayoria nos está conduciendo por un camino equivocado. A partir de un diagnóstico erróneo y una ideología equivocada. ha puesto en marcha un conjunto de iniciativas mal pensadas y peor implementadas. Y las consecuencias están a la vista: quienes se decían progresistas han detenido el progreso de Chile. Hemos perdido nuestra histórica posición de liderazgo en América Latina. El Estado de Derecho se ha debilitado. (…)
En síntesis. en esta elección deberemos decidir entre avanzar o retroceder. Entre unidad o división. Entre diálogo o confrontación. Entre cambio o continuidad. Entre libertades o restricciones. Entre el Chile unido y desarrollado que queremos para nuestros hijos. o el Chile dividido y estancado al cual nos conduce la Nueva Mayoría».
Y como es un fullero innato, no podía sino anunciar el desmantelamiento de las reformas del Gobierno de Bachelet, en nombre del fin de la cultura de la retroexcavadora.
En educación, propone el «perfeccionamiento» de la Ley de Inclusión, es decir, «recuperar el clima de confianza con los sostenedores educacionales»; «permitir arriendos regulados de inmuebles», y «permitir mecanismos de selección por mérito en establecimientos de alta exigencia académica»; en otras palabras, el regreso del lucro en la educación.
En materia de educación superior, inicialmente anunció el fin de la gratuidad, lo cual constituyó un grueso error político que sus asesores le deben haber representado, toda vez que se desdijo y afirma en su «programa» que se mantendrá para «aquellos alumnos alumnos que eccedieron a ella, o cumplan con los requisitos establecidos actualmente», sin perjuicio de un nuevo sistema de becas y créditos, que implica la profundización del subsidio a la demanda, origen de la educación de mercado.
Asimismo, había anunciado una reducción de impuesto a las empresas, lo cual en una economía en prolongada desaceleración, si es que no de estancamiento, constituye un despropósito, de forma que se limitó a mencionar un «sistema integrado y simplificado. que mejora estructura y mantiene niveles similares a los actuales de recaudación tributaria. con mecanismos de fomento del ahorro y la inversión y tasas de impuestos corporativos que convergen a los niveles promedio de la OECD».
En el lenguaje equívoco de Piñera, el desmantelamiento de los escasos avances de la reforma laboral, vienen disfrazados de «revisión de la reforma laboral y nuevas iniciativas para fortalecer creación de buenos empleos. con protección social y mejores salarios (Ley de Teletrabajo. Ley de Sala Cuna Universal. Ley del Trabajo Joven y la Tercera Edad. Nuevo Sistema de Capacitación y ampliación de Bono al Trabajo de la Mujer)».
En todo lo demás, lo poco que se puede deducir de la confusa propuesta programática de Piñera, apunta a la profundización del modelo neoliberal, partiendo con el dogma fundacional del crecimiento:
«Volver a crecer, crear empleos y mejorar los salarios. porque no hay mejor política de desarrollo que el crecimiento, ni mejor politica laboral y social que el pleno empleo», afirmación demagógica que omite que el desempleo estructural del 6%, con creciente precarización laboral, es el producto directo de esas políticas «pro crecimiento».
Hablando del tema, esto es lo que propone en política tributaria: «nuevo sistema tributario pro crecimiento, pro inversión, pro emprendimiento y pro innovación», lo que en resumidas cuentas significa reducir los impuestos progresivos, supuestamente para mejorar la capacidad de inversión, lo cual no ha sucedido en 40 años, y por contra, mantener o aumentar la tributación indirecta, o al consumo, que paga la mayoría de los chilenos.
Uno de los supuestos básicos del modelo neoliberal es la contracción del gasto público. Pues bien, esto es lo que propone Piñera:
«reforma a la Constitución para consagrar el principio de responsabilidad fiscal. Plan de austeridad fiscal: congelamiento de contrataciones en la administración pública, de gastos en viáticos y horas extras y de sueldos de asesores ministeriales: reducción de un 10% del gasto en asesores a honorarios: fin a las renovaciones innecesarias de vehículos y equipos: regulación estricta de viajes de funcionarios públicos y municipales al extranjero».
Por último, en materia económica, postula el Plan Chile Invierte 2026, consistente en una cartera de proyectos de inversión por US$20 mil millones, menos de una décima parte de su fortuna, sin indicar en qué proporción dicha inversión será pública o privada.
En suma, lo más relevante de lo que estará en juego el próximo 19 de noviembre, no consiste ni siquiera en el peligro de elegir en el principal cargo electivo del país a un protervo tahur, un aventurero de las finanzas y un mentiroso consuetudinario, sino en la encrucijada de perseverar en las reformas que apuntan al desmantelamiento del modelo económico y superestructura política impulsada por la derecha y el gran empresariado, o retroceder hacia el gobierno de la plutocracia, donde medran y engordan los multimillonarios al estilo de Sebastían Piñera.