La justa lucha del pueblo saharaui en exigencia de la autodeterminación de su territorio, derecho garantizado por la Carta de las Naciones Unidas y recogido en el Plan Baker, ha sido respondida, desde la firma del Acuerdo Tripartito en 1974, con crueles episodios de represión y muerte por el ejercito y la policía de Marruecos, […]
La justa lucha del pueblo saharaui en exigencia de la autodeterminación de su territorio, derecho garantizado por la Carta de las Naciones Unidas y recogido en el Plan Baker, ha sido respondida, desde la firma del Acuerdo Tripartito en 1974, con crueles episodios de represión y muerte por el ejercito y la policía de Marruecos, país que ocupa ilegalmente los territorios de Saguia al Hamra y Río de Oro.
Desde que en 1991 el Frente Polisario y Marruecos firmaron el alto el fuego con el acuerdo, entre otros, de la celebrar de un referéndum en 1992 sobre la autodeterminación del Sahara, los incumplimientos y trabas al proceso por parte de la monarquía alauita han sido constantes. Naciones Unidas designó a James Baker como Enviado Personal de su Secretario General y consiguió que Marruecos y el Frente Polisario firmaran en 1997 los Acuerdos de Houston, que dieron lugar al primer Plan Baker, también bloqueado persistentemente por Maruecos, lo que obligó en 2003 a formular otro plan -el Plan Baker II-, avalado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (Resolución 1495) y nunca cumplido por el reino marroquí. Este plan concertaba un período de 5 años de autonomía, que culminaría con el referéndum de autodeterminación.
Actualmente, el territorio del Sáhara Occidental se halla dividido por un muro de más de 2.000 km. de norte a sur. La zona oeste está ocupada ilegalmente por Marruecos, al este se encuentran los «territorios liberados» bajo el control del Frente Polisario. Mientras, la población que fue expulsada por la Marcha Verde y por el fósforo blanco del ejército de Hassan II vive aún en los campamentos de Tinduf, en el Sahara argelino.
LA ‘INTIFADA’ SAHARAUI
En los años ’90 comenzó la revuelta popular que Driss Basri, hombre fuerte de Hassan II en los territorios ocupados, reprimió sistemática y sanguinariamente. Miles de personas sufrieron persecución política, pues el mero hecho de ser saharaui convertía a una persona en sospechosa de pertenecer al Frente Polisario. En mayo de 2005 comienza la intifada en El Aaiún y rápidamente se extiende a Dajla y Smara, llegando a Assa en el sur de Marruecos.
Incluso en las universidades marroquíes de Agadir, Marraquech y Rabat, los estudiantes saharauis mostraron su rechazo a la ocupación. «La intifada saharaui no es un sueño, es un hecho», afirmó Ali Salem Tamek, militante independentista y ex preso político. Mohadmed VI se empleó con la misma contundencia represiva que su padre, añadiendo al terror en los territorios ocupados el estrangulamiento de los campamentos de Tinduf. También las agencias de Naciones Unidas redujeron inexplicablemente la ayuda alimentaria en más de un 40 %, contribuyendo así a un genocidio anunciado, aunque silenciado por la Unión Europea y Estados Unidos.
El 10 de diciembre pasado, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, tuvieron lugar en la principales ciudades del país -El Aaiun, Smara, Dajla, etcétera- manifestaciones reclamando la liberación de los presos políticos, la organización del referéndum de autodeterminación y el esclarecimiento del destino de 500 desaparecidos saharauis, así como de los más de 151 prisioneros de guerra. Así mismo, los manifestantes exigían que se permitiera a los observadores internacionales, a la prensa y a los parlamentarios extranjeros entrar libremente al territorio.
MARISA ZAMORA Y LAS PATERAS
Desde el verano pasado se vienen produciendo frecuentes muertes de jóvenes en su intento de escapar de la represión de la policía o el ejército ocupante, utilizando destartaladas barcas que les proporcionan unas mafias dirigidas por las autoridades coloniales. Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), solicitó a Kofi Annan, secretario general de la ONU, una investigación sobre la muerte de 50 saharauis ahogados cuando intentaban llegar a Canarias. Algunos de estos jóvenes han arribado a nuestras costas enarbolando la bandera de la RASD y solicitando un asilo político que el Gobierno español rara vez concede.
Por su parte, la Consejera de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Marisa Zamora, no reconoce la represión marroquí en el Sahara y dice que Marruecos se deshace de estos chicos «conflictivos» enviándolos a Canarias. La «sagaz» consejera ha llegado a afirmar en sede parlamentaria que «las mismas autoridades de Marruecos los incitan a subir a las pateras, porque se han criado en la calle y allí crean problemas».
EL ‘LOBBY’ PRO MARROQUÍ
La vergonzosa abstención del Gobierno de Zapatero en una resolución de la 61 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que reafirma que «el Sáhara Occidental es un asunto de descolonización» y que requiere la aplicación de la resolución 1514 , es decir, que la solución pase inexcusablemente porque el pueblo saharaui ejerza su derecho inalienable a la autodeterminación, confirma no ya la pasividad de anteriores Gobiernos, sino la apuesta decidida de los socialistas españoles por apoyar a la «monarquía hermana» de Marruecos. El embajador de la RASD en Argelia, Mohamed Y.
Bïssat, da las claves de esta situación al afirmar en la revista española Diagonal que «La política del Gobierno español está secuestrada por un lobby promarroquí que defiende sus intereses personales y que ha vinculado su destino con la ocupación del Sáhara», y añade: «Es un lobby muy pequeño, compuesto por antiguos responsables del PSOE que tienen fincas en Marruecos, como Felipe González y varios embajadores».
Por otra parte, la sicalíptica relación de la monarquía alauita con los oligarcas canarios también se ha intensificado, si cabe, en los últimos años. Ya no sólo fomentan el silencio cómplice, sino que defienden abiertamente los intereses de esa sanguinaria «mafia real». Las Jornadas de Difusión de la Cultura Marroquí en Canarias, celebradas en noviembre pasado, han puesto al descubierto lo que ya en septiembre denunciara el compañero de Canarias Semanal.com, A. R. Suárez: al inusitado ardor promarroquí del ex presidente de Canarias, ex ministro y actual candidato socialista a la alcaldía de Las Palmas, Jerónimo Saavedra, se le añadían nombres «ilustres» de la vida cultural y el periodismo, como Ángel Tristán Pimienta, director de La Provincia, con su aguerrida militancia antisaharaui, o el ex comunista Juan Rodríguez Betancor. A estos colaboracionistas habría que añadir al presidente del Gobierno de Canarias Adán Martín y a su consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, que siempre han dado muestras de desdén hacia la causa saharaui, promoviendo, al mismo tiempo, una íntima y fértil relación con la monarquía alauita, con los territorios ocupados como escenario de negocios comunes.