Tras varias décadas de opacidad, el Partido Radical está renaciendo de la mano de un periodista y sociólogo que obtuvo gran popularidad como conductor de noticieros en la televisión. Aunque no milita en el PR, Alejandro Guillier parece encarnar los sentimientos de esa fuerza política que, sin definiciones ideológicas claras, salvo el laicismo, se irguió […]
Tras varias décadas de opacidad, el Partido Radical está renaciendo de la mano de un periodista y sociólogo que obtuvo gran popularidad como conductor de noticieros en la televisión. Aunque no milita en el PR, Alejandro Guillier parece encarnar los sentimientos de esa fuerza política que, sin definiciones ideológicas claras, salvo el laicismo, se irguió desde el norte a mediados del siglo XIX para gobernar Chile entre 1938 y 1952, apoyada por los partidos de Izquierda e incluso por sectores liberales de la derecha.
En 1858, Pedro León Gallo, patriarca radical, izó banderas de rebelión para oponerse a la pena de azotes. Su actitud prendió en una fracción del Partido Liberal y esto dio origen al Partido Radical. Luego, sucesivas insurrecciones contra la oligarquía apuntaron a reformar la Constitución de 1833 y a construir un sistema más democrático y anticlerical. En ese camino, los radicales se vincularon con la Masonería y fundaron los primeros cuerpos de bomberos, espacios sociales que le sirvieron para forjar la unidad de sus militantes. Desde la guerra civil de 1891, y a lo largo del régimen parlamentario, los radicales fueron los principales impulsores de la Alianza Liberal que, enfrentada a la Coalición Conservadora, se disputaron el poder hasta 1925. Fue en aquellos años, bajo las tensiones de la llamada «cuestión social», que el viejo liberalismo manchesteriano de los radicales abrió paso a la incorporación de corrientes socialistas encabezadas por Valentín Letelier, uno de los principales promotores del llamado capitalismo de Estado que llevó a los radicales, en los años siguientes, a convertirse en el intérprete de la emergente clase media.
Hasta la primera década del siglo XX se concebía al Estado como un guardián del orden público, que debía abstenerse de intervenir en los asuntos económicos y sociales, idea que fue cuestionada por líderes radicales como Valentín Letelier y Eliodoro Yáñez, entre otros. Arturo Alessandri Palma, en su primer gobierno, insistió sin éxito en que el Estado tuviera mayor protagonismo. La Constitución de 1925, sin embargo, obra de ese mandatario, otorgó al Estado amplias facultades en la planificación de la economía, en la cautela del bien común, en el derecho al trabajo, en el seguro social, en la salud pública y en la educación.
Durante la dictadura de Carlos Ibáñez (1927-1931) se organizó el aparato estatal. Se creó el Ministerio de Fomento y diversas direcciones generales y superintendencias. También se amplió la burocracia para asumir las nuevas funciones del Estado. Surgieron la Superintendencia del Salitre y Yodo, el Consejo de Fomento Salitrero, el Instituto de Crédito Industrial, el Consejo de Fomento Carbonero, la Caja de Colonización Agrícola, la Línea Aérea Nacional, la Contraloría General de la República, la Oficina del Presupuesto, el Consejo Nacional de Finanzas y la Tesorería General de la República.
Luego de la gran depresión de 1929, se pensó en el colapso del capitalismo y se acentuó el papel del Estado. En la «República Socialista» -junio a septiembre de 1932- se organizó lo que se ha llamado «Estado Benefactor»: se creó el Comisariato General de Subsistencias y Precios, encargado de adquirir, distribuir y fijar los precios de los artículos de primera necesidad; se suspendieron los lanzamientos de arrendatarios morosos; se dispuso gravar las grandes fortunas y crearon empresas estatales encargadas de la producción.
Los radicales se aliaron con socialistas y comunistas en 1937 y crearon al Frente Popular. El PR se transformó en la principal fuerza política, llevando sucesivamente a La Moneda a Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), Juan Antonio Ríos (1942-1946) y Gabriel González Videla (1946-1952).
La elección de Pedro Aguirre Cerda, fue trascendental: los partidos oligárquicos perdieron por primera vez una elección presidencial. Se inició un largo periodo de gobiernos radicales sustentados en alianzas con otros partidos. Profesor y abogado, Aguirre Cerda -que ganó al empresario Gustavo Ross Santa María por poco más de cuatro mil votos- había sido diputado por San Felipe y Santiago, senador por Concepción y ministro del Interior en el primer gobierno de Arturo Alessandri. Era masón y le apodaban «Don Tinto» porque era dueño de una viña. Poco después de asumir, la noche del 24 de enero, hubo un terremoto con epicentro en Chillán que asoló gran parte de la zona central dejando más de 30 mil muertos. Aguirre Cerda propuso la creación de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), un fondo de inversión que permitiera impulsar la industrialización y que ayudara a la reconstrucción en las provincias devastadas. Bajo el alero de la Corfo nacieron la Empresa Nacional del Petróleo (Enap); la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa); la Compañía de Acero del Pacífico (CAP); y la Industria Azucarera Nacional (Iansa).
El mandatario enfermó de tuberculosis, dimitió en noviembre de 1941y murió quince días después.
LA SOLEDAD DE
JUAN ANTONIO RIOS
El Frente Popular, rebautizado como Alianza Democrática, eligió a un miembro del ala conservadora del Partido Radical como candidato a la Presidencia: el abogado Juan Antonio Ríos Morales, severo crítico de Aguirre Cerda, ganó los comicios de febrero de 1942 con 55,7% de los votos. Su gobierno ensayó una especie de nuevo parlamentarismo, con reiterados gabinetes que tuvieron corta duración. Hombre autoritario, amigo del general Ibáñez, el presidente se definió como «centrista», se peleó con el PC por no querer romper relaciones con el Eje -Alemania, Italia y Japón-, y con los socialistas, que lo acusaban de condescendencia con los empresarios y de no promover leyes en beneficio de los obreros. El mismo Partido Radical le presentó en 1944 una serie de propuestas que para Ríos resultaron inadmisibles: romper con la España franquista, reconocer a la Unión Soviética y formar un gabinete totalmente radical. El rechazo del mandatario provocó la salida de los radicales del gobierno.
Aquejado por un cáncer, Juan Antonio Ríos renunció y su ministro del Interior, Alfredo Duhalde Vásquez, ejerció como vicepresidente hasta la muerte del mandatario el 27 de junio de 1946.
Por segunda vez en cinco años, el pueblo acudió a las urnas para elegir presidente. Los candidatos fueron Gabriel González Videla, por el PR; Eduardo Cruz-Coke por los conservadores; Bernardo Ibáñez por el PS, y, Fernando Alessandri Rodríguez, por los liberales. Se impuso GGV con 40% de los votos frente al 29% de Cruz-Coke y el 27% de Alessandri. González Videla fue ratificado por el Congreso y formó su gabinete con liberales, radicales y comunistas.
Al poco tiempo se efectuaron comicios municipales y los comunistas consiguieron un notorio crecimiento. Como consecuencia, los liberales se retiraron del gobierno. Meses después, presionado por las huelgas y por Estados Unidos, con apoyo de los demás partidos, salvo una facción falangista y otra socialista, GGV dictó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia -conocida como Ley Maldita- que expulsó al PC de la legalidad, persiguió a ese partido y eliminó a más de 20 mil ciudadanos acusados de comunistas de los registros electorales. Se multiplicaron las protestas sociales, se fraguó una rebelión militar conocida como «El complot de las patitas de chancho» y se impuso una severa política de austeridad diseñada por el ministro de Hacienda, Jorge Alessandri. Así, a comienzos de los años 50, se esfumó el escaso capital político que restaba a los radicales.
El PR parecía decidido a apoyar la industrialización desde el inicio de sus gobiernos. Sin embargo, ello se efectuó con mucha prudencia y vacilaciones. La opción industrial pareció más dinámica en el periodo de González Videla, quien incluso llegó a hablar de una «revolución industrial». Al inaugurar la usina de Huachipato, en 1950, afirmó: «Acero, electricidad, petróleo y fundición de minerales son las bases graníticas en que descansará el futuro económico de la nación». Pero es en la intervención del Estado en la economía donde el PR hizo un aporte importante al desarrollo. La Corfo fue el eslabón principal. Juan Antonio Ríos, sin embargo, en 1944 sostuvo que «la Corporación, por su propia naturaleza, sólo debería abordar la realización de aquellas empresas que, por su trascendencia, escapan a las posibilidades de la iniciativa y los capitales particulares». En 1950, GGV también relativizó el proceso al definir lo que era la planificación para su gobierno: «La planificación de la acción estatal no significa, como algunos pretenden creerlo, agudizar la intervención del Estado en la economía, ni mucho menos socializarla. Planificar es simplemente reducir la política económica del gobierno a una pauta clara y determinada».
El problema de la educación y su impacto sobre el desarrollo fue planteado desde el comienzo por los gobiernos radicales. El lema de Aguirre Cerda fue «Gobernar es educar» y en su periodo se fundaron cerca de mil nuevas escuelas.
Juan Antonio Ríos creó la Universidad Técnica del Estado, en 1947, que algo palió la falta de ingenieros y de técnicos. También puso en marcha los liceos experimentales y mixtos.
LA PRUDENCIA RADICAL
Muchos esperaban que desde el gobierno del Frente Popular surgiera un discurso muy ideologizado en favor del pueblo trabajador. Pero no fue así. Una muestra de la prudencia del radicalismo se encuentra en la carta que Aguirre Cerda dirigió a los propietarios agrícolas en marzo de 1939, respondiendo a la inquietud de éstos ante el movimiento campesino que buscaba crear sindicatos. Durante el gobierno de Ríos, en tanto, el lenguaje hacia los trabajadores fue aun menos movilizador. El radicalismo quería impedir despertar las reivindicaciones obreras. En su discurso del 1° de mayo de 1943, el presidente pidió una conducta disciplinada a los trabajadores.
González Videla, al comienzo de su gobierno, inspirado por su alianza con los comunistas, hablaba de sus «amigos trabajadores» y les aseguraba que defendería sus «inalienables derecho». Pareció, además, querer resucitar la cuestión campesina, que había quedado en suspenso en 1939, proponiendo una ley sobre salario mínimo para los obreros agrícolas y amenazando con fuertes impuestos a los dueños de fundos que no dotaran de habitaciones adecuadas a sus trabajadores. Todo eso terminó con su viraje anticomunista a partir de 1947, en que los comunistas fueron relegados a Pisagua y otros campos de concentración.
El periodo 1940-1953 se caracterizó por la fragmentación política que culminó en la elección parlamentaria de 1953, cuando 32 partidos lograron representación parlamentaria. Las divisiones internas, los conflictos entre los miembros de las coaliciones, el caudillismo de algunos líderes y la creciente corrupción, terminaron por desprestigiar a casi todos los partidos políticos. El triunfo del ex dictador Carlos Ibáñez del Campo en 1952, enarbolando como símbolo una escoba para barrer con la corrupción radical, seguido del gobierno del empresario Jorge Alessandri Rodríguez, en 1958, se explican porque no pertenecían a los desprestigiados partidos políticos.
No obstante, el balance de los gobiernos radicales fue positivo en cifras: desde 1938 a 1941, el índice de producción industrial aumentó más del 25%. Entre 1937 y 1945 creció a una tasa de 8,5% anual. La minería trepó al 5% anual entre 1938 y 1945. Entre 1939 y 1942, el costo de la vida aumentó 83% respecto al período 1931-1939. De 168 sindicatos industriales existentes en 1932 con 29.442 socios, se llegó en 1945 a 558 sindicatos con 139.765 afiliados.
En 1937, de 19.432 establecimientos industriales existentes, 9.700 eran simples talleres artesanales que trabajaban el dueño y su familia; 7.694 ocupaban un promedio de 3,2 personas, mientras que la «gran industria» la representaban 251 empresas que ocupaban cada una 386 operarios en promedio. Al término de las administraciones radicales, el desarrollo impulsado por la Corfo fue sustancial. La CAP encendió sus hornos en 1950; Enap descubrió su primer pozo petrolero en 1945; se estableció Endesa en la producción de energía eléctrica; Iansa comenzó a producir azúcar de remolacha. Agréguese los aportes de capital, créditos, avales, asesoría técnica con que Corfo estimuló la industrialización, traducida en la Fábrica de Neumáticos; Manufacturas de Cobre, (Madeco); laboratorios, plantas de celulosa, electrónica, etc., que se tradujo en un crecimiento de más del 11 % de la producción fabril desde 1941 a 1946.
Fuentes:
-Del Pozo, José: «Los gobiernos radicales en Chile frente al desarrollo (1938-1952)»; revista Caravelle N°53; Departamento de Historia, Universidad de Montreal, 1989.
-Durán Bernales, Florencio: El Partido Radical ; Editorial Nascimento; Santiago de Chile, 1958.
-Urzua V., Germán: La democracia práctica. Los gobiernos radicales ; Ciedes; Santiago de Chile, s/f.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 870, 3 de marzo 2017.