En la moderna y protegida mole de acero y cemento que sirve de sede a la embajada de Estados Unidos en Chile, en Avenida Andrés Bello, con el río Mapocho a sus espaldas y la torre Titanium y el lujoso InterContinental Hotel al frente, funcionan varias oficinas que sirven al espionaje norteamericano. Están dotadas de […]
En la moderna y protegida mole de acero y cemento que sirve de sede a la embajada de Estados Unidos en Chile, en Avenida Andrés Bello, con el río Mapocho a sus espaldas y la torre Titanium y el lujoso InterContinental Hotel al frente, funcionan varias oficinas que sirven al espionaje norteamericano. Están dotadas de infraestructura informática y de telecomunicaciones y tecnología para labores de inteligencia. Cuentan con un grupo de funcionarios especializados en recopilar información sensible sobre Chile y planificar y coordinar operaciones.
En ese edificio operan la DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.), el FBI/Legal Attaché (Buró Federal de Investigación, Agregaduría Legal), el Grupo Militar, una oficina de Seguridad, la ONR (de investigación naval), la Oficina de Seguridad Regional y oculta, la «estación CIA» en Santiago. Todas son entidades de la «comunidad de inteligencia» de Estados Unidos, asentadas en territorio chileno. En lo formal, la Constitución y las leyes chilenas no acotan sus posibilidades de operación en el país.
De esas dependencias, en textos cifrados o protegidos como Secret , Top Secret o Confidential, salen informes y análisis sobre temas y episodios de la realidad chilena que, a juzgar por investigaciones del Senado estadounidense y revelaciones de prensa (como las recientes de WikiLeaks), incluyen apreciaciones sobre personas y organizaciones locales.
La actividad de espionaje norteamericano en Chile se protege con el manto de combatir al terrorismo, luchar contra el narcotráfico y proteger la seguridad de Estados Unidos. Es así que el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las fuerzas armadas, la Policía de Investigaciones (que copió la imagen corporativa del FBI adoptando siglas, tipografía y colores análogos para su imagen PDI), y Carabineros, mantienen vínculos con las oficinas de la DEA, FBI, el Grupo Militar y la CIA en Chile.
A cargo de la oficina de la DEA figura el agente Sean Waite y del FBI, el agente Todd Porter. Liseli Pennings es la agregada de Seguridad y el agregado de Defensa es el capitán de navío Ronald Townsend. Al frente de la agregaduría área está el coronel Nelson Johnson y de la agregaduría militar, el coronel Frank Wagdalt. El comandante del Grupo Militar es el coronel Marc Stratton.
En un texto de la embajada, titulado Nuestro propósito , se indica que «la cooperación bilateral en la fiscalización y el cumplimiento de la ley nos ayuda a combatir al terrorismo, el narcotráfico y las actividades criminales. Los sólidos lazos militares existentes contribuyen a la estabilidad regional, mejoran la interoperabilidad con las fuerzas armadas de Estados Unidos y refuerzan la capacidad de Chile para participar en misiones de mantenimiento de la paz y otras operaciones de seguridad».
Oficinas que espían
De acuerdo a la legislación norteamericana, el FBI se encarga de la seguridad en EE.UU. Por lo tanto, se presume que los agentes de ese organismo que trabajan en Chile deberían limitar su labor a lo que tenga que ver con «amenazas» a la seguridad de ciudadanos o bienes estadounidenses. Pero eso está lejos de cumplirse pues por su parte la CIA efectúa labores de inteligencia en otros países y no sólo defiende y protege los intereses de Estados Unidos (de los gobiernos de turno y las grandes corporaciones), sino que materializa operaciones contra presidentes, gobiernos, empresas, organizaciones políticas y sociales y contra grupos terroristas. Son conocidas sus operaciones en Chile, Guatemala, Nicaragua, México, Venezuela, Bolivia y en Asia, Africa y Europa, que han motivado investigaciones del Senado estadounidense. Es amplia la documentación sobre la acción de la CIA en el golpe de Estado de 1973 en Chile.
El llamado Grupo Militar es la representación del Comando Sur, entidad de las fuerzas armadas estadounidenses que desarrolla los planes doctrinarios y operativos hacia América Latina y el Caribe. Esta oficina organizó la concurrencia de más de cien militares chilenos a la Escuela de las Américas, en Georgia, para un entrenamiento que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, calificó como «muy importante». En esa escuela también se ha preparado en contrainsurgencia a miles de uniformados de la región.
La Oficina de Seguridad Regional (RSO, por sus siglas en inglés), según documentos de Estados Unidos «es responsable por la seguridad del personal estadounidense que trabaja en las embajadas y consulados de Estados Unidos alrededor del mundo». Es «el brazo encargado de la seguridad y cumplimiento de la ley del Departamento de Estado. Cada oficina es administrada por un agente especial de seguridad diplomática, quien funge como asesor experto en temas de cumplimiento de ley y seguridad para el embajador de Estados Unidos».
La RSO en Chile analiza material de inteligencia e información para establecer labores de espionaje con la finalidad de proteger la embajada y el consulado, «organiza y capacita a la policía extranjera y oficiales de seguridad para combatir al terrorismo, asesora a los estadounidenses sobre seguridad en el exterior, comparte información de seguridad con el sector privado estadounidense». Una labor poco conocida en Chile.
La ONR u Oficina de Investigación Naval está destinada a promover programas de investigación, ciencia y tecnología a nivel de las Marinas. Llama la atención el «privilegio» de que goza Chile con esa oficina, ya que tiene sucursales sólo en Londres, Tokio, Australia, Singapur y…Santiago.
Los mensajes que estas entidades de inteligencia, policiales y militares elaboran, así como documentos y análisis, tienen como prioridad alimentar las computadoras del Departamento de Estado, el Pentágono, el Departamento de Justicia, el Comando Sur, el Centro Nacional de Lucha Antiterrorista, la Agencia Nacional de Seguridad y, eventualmente, el Departamento del Tesoro.
En un informe sobre terrorismo difundido por el gobierno norteamericano, se apuntaba que «Estados Unidos está fortaleciendo las alianzas regionales y transnacionales con la finalidad de contrarrestar eficazmente las actividades terroristas». En ello se incluye a Chile, donde hay señales de que las oficinas del espionaje de la potencia han metido algo más que las manos.
Operaciones encubiertas en Chile
Hay casos recientes que revelan -no en todo su alcance- las operaciones de la inteligencia norteamericana en Chile.
De acuerdo a lo revelado por WikiLeaks, el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, pidió al entonces embajador estadounidense ayuda en inteligencia sobre grupos mapuches. El funcionario contestó que «el FBI ya está coordinado con Carabineros» para detectar movimientos de los indígenas (ver PF N° 725). La información sirvió para que organizaciones y medios de comunicación de organizaciones mapuches recordaran que venían denunciando desde 2008 que agentes del FBI estaban recorriendo Temuco y las comunidades indígenas, asesorando a Carabineros y la PDI.
En el caso del paquistaní Saif Khan, quien quedó libre de cargos, hubo una irregular coordinación (según denunciaron abogados) entre el FBI y la PDI para acusarlo y generar un ambiente de «actividad terrorista», implicando hasta a Al Qaeda en la trama. El ex jefe del FBI en Chile, Stanley Stoy, tuvo que renunciar a su inmunidad diplomática, declarar en el caso e irse del país. Un episodio de clara subordinación de la PDI al FBI se produjo cuando, estando el paquistaní retenido en la embajada sin que formalmente lo acusaran de nada, funcionarios de Investigaciones, instruidos por el jefe del FBI, allanaron el domicilio de Saif Khan.
Se sabe que en Chile opera una «estación CIA». El Mercurio reconoció este 19 de diciembre los «históricos lazos de Chile con el FBI y la CIA» y que existe un «representante» de este último organismo en nuestro país, «aunque su cargo en la embajada no está oficialmente explicitado de esa manera». Los oficiales de la CIA suelen trabajar en la consejería política de la embajada o en la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).
La CIA ha estado detrás de investigaciones sobre ciudadanos extranjeros en Chile, sospechosos de terrorismo. Sus agentes también suelen recopilar, de manera directa o indirecta, información política y sensible en conversaciones con políticos, militares y empresarios chilenos.
De las actividades de EE.UU. en Chile con órganos policiales nacionales, dan cuenta una serie de episodios recientes. Funcionarios de Carabineros y la PDI asistieron a una conferencia para el control de drogas en Brasil, organizada y patrocinada por la DEA. A esto se sumó la participación de fiscales y policías en un curso de entrenamiento en técnicas antiterroristas realizado por el FBI en Virginia, en el contexto del Programa de Asistencia Antiterrorista que promueve el gobierno de Estados Unidos. En esa misma línea, el Ministerio Público chileno pidió apoyo al FBI por el «caso bombas».
Diversos medios dieron a conocer que el Equipo de Reacción Táctica Antidrogas (Erta) de la PDI, tuvo directa influencia y conexión con el adiestramiento y experiencia de la DEA y el FBI. También se supo de la participación de miembros del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) de Carabineros en actividades enmarcadas en «ejercicios de comando», que realizan los norteamericanos.
A mediados de 2010, el Ministerio del Interior se integró a la red Intercambio de Información en Línea (LEO) del FBI. Firmaron el acuerdo el entonces jefe del Buró en Santiago, Stanley Stoy (ligado al caso del paquistaní) y la subdirectora de la División de Seguridad Pública, Constanza Daniels. El nivel de colaboración de las autoridades chilenas con los organismos de Estados Unidos es tal, que los norteamericanos señalaron que el Ministerio del Interior «es la primera y única agencia gubernamental no policial en el mundo que ha sido invitada por la oficina de enlace del FBI» a pertenecer a la LEO, a la cual tienen acceso Carabineros y la Fiscalía Nacional.
(Publicado en «Punto Final», edición Nº 726, 7 de enero, 2011)
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