Traducido por Anahí Seri
HIASL es un joven de 26 años, de carácter sociable, a quien le gusta pintar, ver documentales de naturaleza y comer plátanos. Actúa movido por sus emociones y su capacidad de empatía, tiene conciencia de sí mismo y comparte con nosotros el 98,4 % de su ADN. Pero Hiasl es un chimpancé, y por tanto no tiene, ante la Ley, más derechos que un coche o un televisor.
Cada vez hay más personas que quieren cambiar esta situación. En todo el mundo hay activistas intentando persuadir a sus gobiernos para que les concedan a los grandes simios unos «derechos humanos» rudimentarios. Razonan que los grandes simios son lo suficientemente similares a nosotros como pare merecer un tratamiento especial, distinto de los demás animales. Para Hiasl se trata de algo más que de un debate filosófico. El santuario cerca de Viena donde lleva viviendo toda su vida se enfrenta a la bancarrota, y a menos que se le conceda el estatus de persona y se le asigne un administrador humano, será vendido al mejor postor.
Este mes, un juez ha rechazado la demanda de Hiasl. Salvo que el tribunal de apelación austriaco anule la decisión, a él y los demás chimpancés del santuario les espera un futuro incierto.
Si Hiasl viviera en Mallorca o en alguna otra de las Islas Baleares de España, el asunto sería bien distinto. En febrero de este año, el parlamento autonómico hizo historia al convertirse en el primero en reconocer los derechos individuales de chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, dado que su estatus es similar al de un niño o un adulto dependiente. Los simios que viven en las Islas Baleares ya no son una propiedad que alguien pueda poseer, sino que están protegidos por sus guardianes, quienes deben garantizar que se respeten sus derechos a no ser torturados, maltratados, ni a que se les dé muerte sin causa justificada. Este verano el Parlamento Español decidirá si hacer lo propio en el resto del Estado.
La campaña ha tomado fuerza en los últimos años y está desatando bastante controversia. La Iglesia Católica y Amnistía Internacional señalan que aún nos queda mucho por hacer en lo que respecta a garantizar los derechos humanos antes de empezar a pensar en animales. Otros críticos consideran que la iniciativa no es suficientemente radical y que debería extenderse a otros animales sociales e inteligentes, como los elefantes y delfines, y potencialmente a todos los animales. Mientras tanto, todas las especies de grandes simios se encuentran próximos a la extinción en estado salvaje, extinción que podría consumarse en una generación.
Planeta de los simios
Votando a favor de los derechos de los simios, las Baleares se han convertido en la primera región que adopta las propuestas del Proyecto Gran Simio (PGS), una organización internacional que desde 1993 hace campaña por los derechos jurídicos de los simios. El PGS comenzó cuando los filósofos Peter Singer, ahora en la Universidad de Princeton, y Paola Cavalieri, de Italia, reunieron a un grupo de profesores de universidad, entre ellos algunos de los primatólogos de más renombre internacional, para que consideraran la idea de extender los derechos humanos a los grandes simios. El resultado fue un libro, El Proyecto Gran Simio, igualdad más allá de la humanidad, compuesto por 31 ensayos que destacan las similitudes entre humanos y grandes simios, animan al lector a que reexamine sus principios éticos y apela a que se modifiquen inmediatamente las leyes para reconocer el estatus de persona de estas otras especies. Después del libro vino la organización. El PGS tiene ahora representantes en siete países, todos ellos trabajando para persuadir a los gobiernos nacionales y a instituciones internacionales tales como las Naciones Unidas para que cambien sus leyes.
Hasta cierto punto, el proyecto ha tenido éxito. Nueva Zelanda consideró la posibilidad de extender los derechos humanos a los grandes simios en 1999, dentro de su nueva ley sobre bienestar animal. Finalmente, no llegó a concederle a los simios derechos jurídicos individuales, pero sí les concedió un estatus especial.
Los experimentos y las actividades docentes en las que intervienen simios requieren ahora una autorización por parte del gobierno, y se debe demostrar que los beneficios probables son superiores al daño que se le causa al animal individual. En la práctica, esto significa un veto a los experimentos biomédicos, aceptándose solamente los estudios fisiológicos y de comportamiento que aumentan nuestros conocimientos sobre estas especies.
En USA se dio un paso menor, pero significativo, en diciembre de 2000, cuando se aprobó la ley CHIMP («Chimpanzee Health Improvement Maintenance and Protection Act», Ley de protección, mantenimiento y mejora de la salud de los chimpancés ). La ley prohíbe la eutanasia rutinaria de los chimpancés que ya no son necesarios para la investigación médica y obliga al gobierno federal a dedicar fondos a santuarios donde vivan el resto de sus días. Ahora bien, como señala Michele Stumpe, una abogada de Atlanta, Georgia, y presidente de los proyectos internacionales del PGS, en USA sigue habiendo más grandes simios en cautividad que en cualquier otro lugar. El PGS estima que su número asciende al menos a 3000, de los cuales la mitad se emplean en investigaciones médicas. «Como americana, estoy avergonzada de este hecho,» dice Stumpe.
Derechos y reveses
En Europa, los simios lo tienen mucho mejor. El gobierno del Reino Unido prohibió su uso en la investigación biomédica en 1997, Suecia y Austria hicieron lo propio, y tras una medida similar del gobierno neerlandés en 2002, se puso fin a la investigación con grandes simios en el Centro Biomédico de Investigación de Primates en Rijkswijk, acabando así con estas prácticas en Europa.
Entonces, disponiendo ya de toda esta protección jurídica, ¿por qué tanto revuelo en torno a los derechos individuales? Los activistas del PGS dicen que estas normativas no son suficientes y siguen permitiendo que la gente que posee grandes simios desatienda sus necesidades sin saltarse la ley. Stumpe señala que, sin derechos, los animales no son más que propiedades, y sus propietarios no están obligados a tener en cuentas sus intereses. «Puedes hacer con ellos lo que quieras.» Desde una perspectiva jurídica, sin embargo, sólo las «personas» pueden tener «derechos», por eso hay que cambiar la ley para reconocer el estatus de persona de los simios.
A Singer le ha sorprendido la reticencia, en todo el mundo, a la hora de adoptar el mensaje del PGS. «Nosotros no pensábamos que fuera un gran salto pedir derechos para los grandes simios», dice. «Nos parecía un objetivo a nuestro alcance.» Pero después de 14 años luchando por hacer llegar el mensaje, incluso él ha tenido que aceptar que es un proyecto controvertido.
Stumpe dice que una de las razones de la reticencia es el empleo de palabras como «derechos» y «estatus de persona». «Parece una idea extremista o radical y asusta a la gente, pero cuando nosotros hablamos de derechos, realmente lo único a lo que nos referimos es a lo que la gente común llama protección», explica Stumpe. Para Singer, la resistencia con la que choca el PGS es una cuestión más de fondo que semántica. Según él, los grandes simios son «víctimas de una discriminación arbitraria», lo que él llama «especismo». Él argumenta, basándose en principios morales, a favor de extender los derechos humanos a todos los seres que poseen inteligencia y conciencia (incluido un cierto nivel de conciencia de sí mismos) y tienen necesidades emocionales y sociales. Esto significa ir más allá de la frontera de nuestra especie: y ahí está el problema.
«Es la brecha entre los humanos y los animales lo que la gente quiere mantener», afirma. Hay otras personas que piensan de forma similar. «Es el siguiente paso en el debate darviniano; requiere un cambio de paradigma en las ideas que tiene la gente de sí misma», dice Ian Redmond, consultor jefe del Proyecto para la Supervivencia de los Grandes Simios (GRASP) de la ONU. Gary Francione, un respetado abogado de los derechos de los animales de la Universidad de Rutgers en Newark, New Jersey, y miembro del grupo PGS original, lo llama «superioridad espiritual». «Simplemente, no creemos especiales porque somos humanos.»
Los que ven la agenda de los derechos animales con menos simpatía, tienen otra percepción de las cosas. Algunos afirman que tras la barrera de la especie hay una pendiente por la que nos deslizaríamos muy rápidamente. «Los ratones comparten aproximadamente el 90% del ADN humano; ¿se les debería otorgar el 90% de los derechos humanos?» se pregunta el geneticista Steve Jones del University College de Londres. A él le preocupa que conceder derechos a los grandes simios pueda convertirse en el principio del fin de toda la investigación con animales. Singer acepta que hay que plantearse dónde trazar la frontera, pero él no ve razones para impedir que la sociedad dé el primer paso. «El argumento más claro es el de los grandes simios, pero estamos abiertos al razonamiento de que se podría extender a elefantes, delfines y otros mamíferos», dice Singer, quien desea alentar un amplio debate sobre hasta dónde deberíamos extender la «comunidad de iguales».
Algunos van incluso un paso más allá. Francione ya no apoya la idea de ampliar los derechos a los grandes simios sobre la base de que sus mentes son como las nuestras. En lugar de eso, él razona que todos los seres sintientes deberían gozar de un solo derecho: el derecho a no ser tratados como propiedad de humanos (New Scientist, 8 de octubre 2005, pág. 24). Él cree que este planteamiento tiene la ventaja de la sencillez, porque la capacidad de sentir dolor o aflicción (sentience, en inglés) es una calidad objetiva, y porque pondría fin globalmente a la cautividad de los animales, no sólo los grandes simios, sino todos, incluidos los animales de granja e incluso animales de compañía como perros y gatos. Sus ideas ponen de manifiesto la incoherencia lógica que anida en el núcleo de la agenda PGS: aspira a otorgar derechos jurídicos a los animales pero no les da el derecho ser libres. El planteamiento de Francione indudablemente va mucho más allá de lo que mucha gente considera aceptable; y con independencia de lo que piensen para sus adentros, la mayoría de los activistas a favor de la protección de los grandes simios no se atreven a defender públicamente estas posturas intransigentes.
En un mundo en el que se violan con tanta frecuencia los derechos humanos, algunos críticos de la agenda PGS ven este debate como un lujo que no nos podemos permitir. El año pasado, ante la perspectiva de que la agenda PGS se va a someter a votación en el Parlamento español, la Iglesia Católica y Amnistía Internacional expresaron sus recelos.
Desde entonces, ambos grupos han dejado claro que están a favor de los derechos humanos y no en contra de los derechos animales. El PGS, por su parte, acepta que una ley de derechos para los simios no es una prioridad para todo el mundo.
Cuando se trata de los simios salvajes, probablemente haya problemas más urgentes. La primatóloga Jane Goodall ha comentado recientemente que cuando ella empezó a trabajar en África hace 50 años, había al menos un millón de chimpancés en el continente. «Ahora puede que queden sólo 150.000», dice Goodall. Tal vez sólo queden 10.000 bonobos salvajes. Las cifras de orangutanes se desploman, y los últimos pocos miles que quedan podrían llegar a exterminarse en una generación, debido a la destrucción de su hábitat y a la caza furtiva. Quedan menos de 5.000 gorilas de llanura, y es posible que el mortal virus del Ebola precipite su fin. Tan sólo las cifras de gorilas de montaña van en aumento; quedan unos 720 según las últimas cuentas.
Sin embargo, no está claro lo que las propuestas del PGS significan para los simios salvajes, e incluso algunos de quienes más abiertamente defienden los animales no están convencidos de que el conceder derechos humanos a los grandes simios sea la mejor manera de protegerlos. El primatólogo Frans de Waal del Centro Regional de Investigación de Primates Yerkes en Atlanta, Georgia, se cuestiona la lógica del PGS de luchar por sus derechos. «El concepto de derecho sólo se aplica a quienes son capaces de asumir responsabilidades dentro de nuestra sociedad», afirma de Waal. Él piensa que se debería poner el énfasis en las obligaciones que los humanos tenemos hacia los demás animales, en lo que respecta a sus cuidados y a su conservación.
Redmond, por otra parte, sugiere que aplicar el PGS a las poblaciones salvajes podría suponer que aumentaran las penalizaciones por matar simios, o incluso que se les concedieran derechos sobre sus tierras, si bien admite que es sumamente improbable que la agenda del PGS se acepte en ninguno de los países en los que viven estos animales. «Se puede debatir sobre esto a un nivel académico, pero en la práctica, en muchos de estos sitios ni siquiera se les reconoce a la gente los derechos sobre sus tierras», explica Redmond. Sin embargo, tiene la esperanza de que si los países occidentales adoptan el PGS, podrían influir en África y Asia. España, por ejemplo, podría ayudar a su antigua colonia Guinea Ecuatorial a mejorar la aplicación de la legislación sobre vida salvaje y la planificación del uso del suelo. Como mínimo, si la gente de los países occidentales tuviera más en cuenta el bienestar de los simios, habría menos demanda de animales como Hiasl, secuestrados en la naturaleza.
Cualquiera que sea el veredicto final del caso de Hiasl, la cuestión de cuál es la mejor forma de proteger nuestros parientes más próximos seguirá ahí. No todos coinciden en que la campaña del PGS a favor de los derechos el mejor enfoque; hay quien dice que son más los que se han alejado de la causa de los grandes simios por esta campaña que los que han sido atraídos. Pero si España adopta este verano la agenda del PGS estará enviando un mensaje claro al resto del mundo. Ya no es, o nosotros o ellos. Los simios tenemos que hacer un frente común.
¿Merece la pena luchar por esto?
La declaración del Proyecto Gran Simio propugna la extensión jurídica de la «comunidad de iguales» de modo que incluya a chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, y que se puedan hacer valer ante la Ley los siguientes derechos:
1. EL DERECHO A LA VIDA
Debe protegerse la vida de los miembros de la comunidad de los iguales. No puede darse muerte a los miembros de la comunidad de los iguales, excepto en circunstancias que se definan muy estrictamente, por ejemplo: en defensa propia.
2) La protección de la libertad individual
No puede privarse arbitrariamente de su libertad a los miembros de la comunidad de los iguales. Si se les aprisiona sin que medie un proceso legal, tienen el derecho a ser liberados de manera inmediata. La detención de quienes no hayan sido condenados por un delito, o de quienes carezcan de responsabilidad penal, sólo se permitirá cuando pueda demostrarse que es por su propio bien, o que resulta necesaria para proteger al público de un miembro de la comunidad que claramente pueda constituir un peligro para otros si está en libertad. En tales casos, los miembros de la comunidad de los iguales deben tener el derecho a apelar ante un tribunal de justicia, bien directamente o, si carecieren de la capacidad necesaria, mediante un abogado que los represente.
3) La prohibición de la tortura
Se considera tortura, y por tanto es moralmente condenable, infligir dolor grave, de manera deliberada, a un miembro de la comunidad de los iguales, ya sea sin ningún motivo o en supuesto beneficio de otros.
Fuente: El Proyecto Gran Simio
Del ejemplar nº 2606 de New Scientist magazine, 30 de mayo 2007, páginas 46-49