La polémica por la iniciativa de quitar el secreto de cincuenta años que pesa sobre más de 38 mil testimonios de violaciones a los derechos humanos, recogidos por la Comisión Valech, sigue en desarrollo con un visible ausente en el debate. Es decir, los miles de ex presos políticos y torturados (as), que entregamos nuestros […]
La polémica por la iniciativa de quitar el secreto de cincuenta años que pesa sobre más de 38 mil testimonios de violaciones a los derechos humanos, recogidos por la Comisión Valech, sigue en desarrollo con un visible ausente en el debate. Es decir, los miles de ex presos políticos y torturados (as), que entregamos nuestros relatos y que durante estos años y desde el primer momento en que nos enteramos de su carácter reservado, no hemos dejado de demandar el levantamiento de esta medida, en tanto consideramos que la sociedad chilena debe conocer toda la verdad sobre los crímenes de la dictadura.
Además, a muchos de nosotros no se nos informó que nuestras denuncias serían silenciadas por cincuenta años, como lo reconocen miembros de la Comisión, y no se nos brindó la posibilidad de decidir si queríamos que se mantuvieran en secreto o no. En las reuniones sostenidas entre las organizaciones nacionales de ex presos políticos y los representantes de la Comisión en ningún momento informaron sobre el secreto por cincuentas años de los antecedentes entregados por los sobrevivientes.
De este modo y pese a nuestras demandas, el mayor archivo de testimonios sobre secuestros, torturas, violencia sexual y tratos degradantes, cometidos bajo dictadura, continúa lejos del alcance de los tribunales y de la sociedad chilena. La coartada para mantener esta situación son algunos casos de personas que exigieron reserva para sus relatos, de lo cual concluyen algunos sectores interesados que todos, los más de 38 mil, habríamos autorizado al Estado a silenciar nuestras voces, lo cual es una falsedad que no resiste análisis.
Cabe recordar que cuando nos enteramos del secreto por cincuenta años, de inmediato recurrimos a los tribunales y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El diseño represivo de la dictadura cívico-militar contempló como uno de sus ejes el secreto y el silencio, tendientes a asegurar la impunidad para los agentes del terrorismo de Estado. Esta lógica ha seguido imperando en la post dictadura, donde la verdad y la justicia siguen enfrentándose con secretos y ocultamientos sobre gran cantidad de crímenes y donde el Estado no cumple su rol de esclarecer la verdad, poniéndola a disposición de la ciudadanía y colaborando al afianzamiento de la democracia.
No es extraño entonces que militares y los civiles que colaboraron estrechamente con el régimen de Augusto Pinochet sean los opositores más férreos a la apertura de los archivos de la Comisión Valech. Los testimonios que contiene, pese al tiempo transcurrido son un dedo acusador que les apunta, que corroe la credibilidad de las fuerzas armadas y de orden y no permite establecer una reconciliación forzada sobre la amnesia y la impunidad.
Higinio Espergue / Presidente Directorio Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi
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