Han pasado más de cuatro décadas desde que terminó la dictadura y España sigue sin desenmarañar su traumático pasado. Las víctimas y sus familiares siguen sufriendo las consecuencias. Este martes se ha aprobado en el Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, que actualiza y amplía la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, vaciada de presupuesto y arrinconada durante los sucesivos Gobiernos del PP. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado que la norma es “importante para la democracia española” y que servirá para que “los familiares encuentren la paz que no han conseguido hasta ahora”.
Las asociaciones familiares de víctimas o desaparecidos de la dictadura encuentran avances importantes en esta ley y muchas reivindicaciones suyas, pero a falta de conocer en profundidad el texto aprecian que no parece enfrentarse “la impunidad” de los delitos cometidos durante la dictadura. El anteproyecto condena el golpe de Estado de 1936, el régimen posterior y contempla como “nulos de pleno derecho” los juicios del franquismo, pero “hay elementos de la impunidad de los crímenes franquistas que no se tocan”, advierte Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria.
El texto que ha sido aprobado este martes en el Consejo de Ministros también abarca la creación de una Fiscalía de Sala para investigar las violaciones de los derechos humanos durante la Guerra Civil, la dictadura y hasta la entrada de la Constitución, así como para impulsar los procesos de búsqueda de las víctimas cuando miles de ellas permanecen en fosas. Sin embargo, los memorialistas dudan de que sirva para juzgar los crímenes de la dictadura cuando siguen en pie obstáculos como la Ley de Amnistía de 1977, que en la práctica ha servido durante todos estos años para no juzgar los delitos contra los derechos humanos de la dictadura y a las personas que los llevaron a cabo.
“El espíritu de la ley no creo que trate de hacer justicia a las víctimas. La vicepresidenta no ha mencionado en ningún momento a los verdugos y a los culpables”, explica a cuartopoder Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). “No van a derogar la Ley de Amnistía, no van a crear un marco jurídico que permita a las víctimas traerse la causa argentina a España”, advierte Silva en referencia a la única causa abierta en el mundo contra los crímenes de la dictadura y la Transición, que imputa a 19 cargos franquistas, entre ellos, el exministro de Interior Rodolfo Martín Villa.
Entre las víctimas que contempla el anteproyecto de ley se encuentran los bebés sustraídos y adoptados sin autorización de sus progenitores durante la Guerra Civil y la dictadura, así como a sus familiares directos. Desde la asociación Todos los Niños Robados Son También Mis Niños celebran esta mención, pero van más allá. “Esperamos que además del reconocimiento como víctimas y de la búsqueda de la verdad, también se contemple el necesario derecho a la justicia para todas las víctimas”, manifiesta su portavoz Sol Luque. El Congreso tramita una ley específica de bebés robado y, en su opinión, el reglamento que se vaya a realizar debería estar vinculado en la Ley de Memoria Democrática en lo que se refiere a registros: bases de datos de ADN, censo de víctimas y archivos documentales. Además, recuerda que el robo de bebés continuó después de 1978.
Una ley para abrir las fosas que va más allá de la anterior
La nueva Ley de Memoria Democrática va más allá que la Ley de Memoria Histórica. Aparte de declarar nulas las sentencias del franquismo, creará un censo nacional de víctimas donde no había cifras oficiales, transformará el Valle de los Caídos en un cementerio civil y contempla una herramienta esencial para las víctimas y memorialistas de la que carecía la ley anterior: un régimen sancionador. La destrucción de memoriales, el traslado de restos sin el consentimiento de los familiares o la exaltación de la dictadura y humillación a los familiares y víctimas puede conllevar multas y sanciones de hasta 150.000 euros.
Pero la piedra angular es la recuperación de los cuerpos enterrados en las fosas comunes, otra de las reivindicaciones históricas de los memorialistas, como principal elemento de reparación a los familiares. El texto del anteproyecto de ley sitúa al Estado como principal responsable de la búsqueda y recuperación de cuerpos de víctimas enterrados en fosas. Según el Gobierno, a ello se destinará el 60% del presupuesto de la ley.
En este ámbito, sin embargo, chirría el apartado de las subvenciones que ha anunciado el Gobierno para las asociaciones o universidades que se dediquen a la recuperación de cuerpos de víctimas en fosas. “No queremos subvención, que lo haga el Estado directamente. Es un modelo de ayuda a las víctimas del franquismo que parece mantener la equidistancia para que lo hagamos con nuestros recursos”, indica Silva. “Para nosotros debe ser la Fiscalía la que organice las exhumaciones. Las familias y las organizaciones solo deberíamos tener el papel de denunciar”, apunta Peinado.
Desacuerdo en la fecha de homenaje a las víctimas
Entre los desacuerdos que plantean las asociaciones de víctimas y memoria se encuentra un aspecto aparentemente trivial, pero que es importante por lo simbólico. El Gobierno ha elegido dos fechas de homenaje para las víctimas que “renovarán la conciencia cívica de los españoles”. El 8 de mayo, un día de conmemoración en Europa, se establecerá pare reivindicar a los exiliados españoles, quienes “plantaron cara al fascismo de su país pagando con su salida del mismo”, según Calvo.
Otra es el 31 de octubre que será “el día de las víctimas del golpe de Estado contra el orden constitucional, la dictadura y el exilio”. Aquí entra la controversia: es el día que fue aprobada la Constitución en 1978. Algunos memorialistas entienden que esta fecha no representa a las víctimas, ya que en este proceso se les impuso el olvido y se evitó condenar al régimen franquista. “Es una fecha fallida que tiene más que ver con recomponer la Transición, que con reconocer a las víctimas”, señala Silva.
Entre las reivindicaciones que ven reflejadas víctimas y memorialistas de este anteproyecto de ley está la retirada de los títulos nobiliarios que suponen la distinción de personajes “imprescindibles para la llegada del Golpe de estado, para la dictadura y la represión”, según Calvo, y la ilegalización de fundaciones y organizaciones de proyección pública que exalten al régimen y/o humillen a las víctimas, como la Fundación Francisco Franco. En este punto advierten del valioso archivo documental que está en manos de dicha fundación y debería pasar a manos del Estado, en lugar de desaparecer con la misma.