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Los militares y los derechos humanos en Colombia: una historia incompatible

Fuentes: Rebelión

1. Todo claro, nada confuso: eran jóvenes y pobres. No pocas familias de los barrios pobres de Bogotá1, Medellín, Montería, Sahagún, Tolú Viejo, Urabá y Aguachica, entre otras zonas, se hallan sumidas en un profundo y singular dolor por las desapariciones forzadas y posteriores crímenes de que han sido objeto sus hijos. Estos actos de […]

1. Todo claro, nada confuso: eran jóvenes y pobres.

No pocas familias de los barrios pobres de Bogotá1, Medellín, Montería, Sahagún, Tolú Viejo, Urabá y Aguachica, entre otras zonas, se hallan sumidas en un profundo y singular dolor por las desapariciones forzadas y posteriores crímenes de que han sido objeto sus hijos. Estos actos de monstruosa violencia parecen obedecer más a una calculada estrategia de desaparición forzada con fines criminales promovidas por el ejercito, nada raro dado su historial de violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, que a abiertos procesos de reclutamientos adelantados por las re-emergentes o más bien nunca extinguidas o desmovilizadas bandas de narcoparamilitares, las cuales por cierto siguen no sólo intimidando y desapareciendo a importante líderes de los movimientos sociales en Colombia, léase sindicalistas, estudiantes, campesinos/as, indígenas y miembro de las negritudes, sino cultivando importantes nexos tanto con las Fuerzas Militares como con altos funcionarios del Gobierno, entre ellos no pocos ubicados en el corazón del poder: la Casa de Nariño.

Los jóvenes que han sido desaparecidos y han terminado asesinados por ahora suman 48 personas en lo que va corrido de este año. Éstos graves hechos y los cuales algunos sectores de la prensa no han dejado de tildar como confusos, ofrecen, sin embargo, algunos elementos tantos claros como comunes y los cuales merecen ser tenidos en cuenta en la perspectiva de comprender de forma meridiana lo sucedido. Así, por ejemplo, 19 fueron los jóvenes desaparecidos en Bogotá y Soacha entre enero y agosto del presente año y que fueron sacados de sus casas con la excusa de proporcionales un trabajo fuera de la ciudad.

Tan sólo dos o cuatros días habían transcurrido desde el momento de haberse reportado su desaparición cuando éstos habían entrado como occisos a Medicina Legal en la provincia de Ocaña, Norte de Santander, a 700 kilómetros de la capital. El reporte de la Brigada Treinta2 con sede en esta misma jurisdicción del país y comandada por el General Paulino Coronado3 en su día —y así lo ratificó hace poco- fue que, los muertos en combate eran miembros de un grupo paramilitar – ocho al menos-y uno del ELN, y que los mismos se habían producidos en los municipios de Ábrego, Villa Caro y Ocaña. Asimismo señaló que, el CTI y la Fiscalía certificaron el levantamiento de los cadáveres y que no hallaron ninguna irregularidad, (al tiempo que insistió en un buen obrar por parte del ejército en las referidas operaciones) ¿Qué tipo de diligencias hicieron o practicaron éstas instituciones? No es de extrañarme que esto ocurra y más con la herencia que dejó el Ex Fiscal Camilo Osorio4.

2. La Seguridad Democrática: Una máquina de Guerra contra los indefensos

Y si la Brigada Treinta está involucrada con lo que presumiblemente pueden ser unas ejecuciones sumariales en relación con los jóvenes bogotanos, no menos cierto es que a ésta misma Brigada se le señala de haber asesinado entre los meses de junio y agosto de este mismo años a cuatro personas oriundas del Sur del Cesar – Aguachica y Gamarra–, dos de ellas hay que subrayarlo, con disfuncionalidades psíquicas, y una, incluso, soldado profesional adscrito a la Brigada Móvil 22, quienes según el parte de la institución castrense fueron reportados como muertos en combate y como miembros del ELN y de las FARC respectivamente.

Con esta máquina de asesinar inocentes y pasarlos como miembros de organizaciones insurgentes es posible entender entonces porque de modo entusiasta los militares colombianos y el mismo Presidente Uribe suelen decir con mucha pomposidad que están venciendo a la insurgencia y que la Seguridad Democrática está dando sus frutos. Efectivamente, la Seguridad Democrática se ha convertido en una Máquina de Guerra y dolor contra los indefensos y en un poder en donde la infamia y la mentira anidan. Con estas fechorías cargadas de brutalidad contra ciudadanos indefensos es que los militares colombianos construyen sus viles triunfos y prodigan el crecimiento de sus putrefactas condecoraciones, ello, sin duda, bajo un régimen que pide manos, brazos, cabezas, en fin, cuerpos amputados para mostrarlos ante la ciega y sorda ciudadanía como ejemplo irreductibles de que su triunfo definitivo es posible y verdadero.

3. La Muerte de los Jóvenes, una acción extendida y coordinada.

Dentro de esta vorágine de sufrimiento y dolor, sin embargo, la Brigada Treinta no es la única que se une a la comparsa y al ritual de muerte. La Décima Primera Brigada5 que surgió en la primavera de 1987 y acompañó a la horda asesina de los Castaño Gil, primero a Fidel, luego a Carlos y últimamente a Vicente, y también a Mancuso y demás, parece que en esta ocasión está comprometida con este tipo de actos. No me extraña que sea cierto, pues en otras ocasiones la población monteriana y cordobesa sabía que a esta institución militar entraban y salían paramilitares de la peor laya.

Hoy se conoce que de los barrios de invasión que cercan a Montería; ciudad repleta de desplazados/as de Urabá, sur de Córdoba y otras zonas del sur del caribe, han salido jóvenes con el objeto de ganarse la vida en otras regiones del país. Al igual que los jóvenes bogotanos, al poco tiempo de desaparecidos éstos se reportan sus muertes en combate con las Fuerzas militares en sitios alejados de sus maltrechos lugares de residencia. El hecho de Córdoba, el de Tolú6 Viejo, el de Urabá, el de Pereira y de Bogotá y Soacha, últimamente, vienen a señalarnos que éstos crímenes son una estrategia con cobertura nacional y propósitos bien definidos; entre ellos, sin duda, mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia o contra el paramilitarismo y afianzar por esta vía la idea de que en el país hoy impera la ley y la seguridad y de que el actual gobierno es prenda de garantía en el poder: los militares y los pederestes impulsores de Uribe gritan con estos crímenes: estamos ganando la guerra, referéndum y reelección ya.

De Córdoba, sin embargo, hay que subrayar que, de aquí han salido jóvenes que luego han sido asesinado en otros sitios o han llegado jóvenes de otros lugares que poco tiempo después han terminados ultimados por los militares de la Décima primera Brigada. Hace pocos tiempo un Fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional dictó medida judicial7 contra varios miembros del Batallón de Infantería Junín, en especial contra el Teniente Edgar Andrés Santos y contra los soldados profesionales Oscar Javier Berrío, Jorge Rivera, Henry Serpa, Gustavo García y Juvenal Carvajal, pues la Fiscalía Regional comprobó que éstos militares habían participado el 17 de febrero del 2006 en el asesinato en Montería de Jhon Camargo y Darwin Rivera, oriundos de Caucasia y quienes se habían trasladado a Montería con el objeto de ganarse algo más de un millón de pesos como cuidanderos de una finca.

Los jóvenes en mención fueron reportados el día 18 de febrero del señalado año como muertos en combate. Por este caso la Fiscalía detuvo a Jhonattan Barrio Bautista, quien acogiéndose a sentencia anticipada señaló que él era el encargado de contactar a jóvenes de barrios humildes para que vinieran a trabajar a Córdoba, pero, que luego, los jóvenes pasaban a manos de un personaje conocido con el alias de Bebé, es decir, que en esta industria del crimen hay toda una burocracia de la muerte y en donde los burócratas por excelencia, los militares, ofician sus gloriosas atrocidades. Según lo dicho por Barrio Bautista se puede colegir que hay todo un plan diseñado para mostrar estos abominables crímenes de guerra y de lesa humanidad como actos patrióticos y en defensa del orden de muerte que impera en Colombia.

4. Los militares: Una historia de violencia recurrente.

De que los militares maten indefensos ciudadanos no hay que extrañarnos, pero tampoco hay que perder la capacidad de asombro frente a sus consabidas barbaries; ellos siempre se han deleitado con la muerte y se han sentido a gusto con ella; siempre han odiado la risa y han rendido culto a los cementerios; ellos son necrófilos por excelencia y se sienten héroes matando, pisoteando, amputando brazos y manos y arrojándolo todo a los silenciosos ríos, cuando podían o, en su defecto, ocultando a sus víctimas. Los narcoparamilitares no han hecho nada distinto, sólo emular a los militares, sus eximios maestros. Desde los años ochenta para acá son muy raras las masacres en donde el ejército o la policía no hayan estado por acción o por omisión. Los ejemplos abundan: la Rochela, el contra-toma del Palacio de Justicia, San José de Apartadó, Chengue, El Salao, Pueblo Bello, El Aro, El Nilo, Bahía Portete, Curvaradó y Trujillo, y en donde Policía y Ejército y en una abierta pelea por un botín de la mafia terminaron acabándose unos con otros. ¿Si esto se hicieron entre sí, que se espera que hagan con un ciudadano indefenso?

A los casos de Bogotá, Córdoba, Sucre y demás hay que sumarle el de Casanare, que quizá, puede ser uno de los primeros casos que se denunció acerca de crímenes cometidos por el ejército bajo esta modalidad. El hecho de Casanare comprometió a todo el Grupo de Antisecuestro del Ejército —Gaula— y sobre el cual el Juez Primero de Villavicencio dictó medida de aseguramiento en noviembre del año anterior contra el Comandante de este organismo, el Mayor Gustavo Soto y también contra el Teniente Jhon Suancha, el Cabo Segundo Gelver Pérez y varios soldados profesionales. La razón: la desaparición forzada y posterior crimen de Eduardo Pérez Vega, quien fue sacado de la ciudad de Villavicencio —capital del Meta— y quien terminó pocas horas después reportado como muerto en combate entre el ejército y las cuadrillas 27 y 28 de las FARC en Corozal, Casanare. Se sabe que quien ordenó la operación llamada Jericó II fue el comandante del grupo. El caso de Pérez Vega, como los casos que ahora son motivo de investigación fue enterrado en su día como NN

5. La mentira oficial

Frente a todo lo anterior y en un ejercicio de cinismo burdo, Juan Manuel Santos, Ministro de Defensa, terminó diciendo hace pocos días que lo que acontece en las Fuerzas Militares es un viejo rescoldo, son los retazos de una práctica según su entender en vía de extinción, algo así como un efecto residual. En sus propias palabras es lo siguiente: «Me dicen que todavía hay reductos de fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos. Yo me resisto a creer que eso sea cierto«8

Poca duda cabe que sus palabras son tan sádicas y criminales como los actos que han estado cometiendo los militares que él supuestamente debe controlar y que no controla, pues para decir lo que dice y con la impunidad que lo hace, seguro, se requiere una gran dosis de cinismo, por un lado, y por el otro, un inmenso interés de rebajarle gravedad a un asunto que lo compromete a él como Ministro y que pone en evidencia que las famosa estrategia de inculcarle la defensa de los derechos humanos a una tropa acostumbrada a torturar, desaparecer, mutilar, masacrar y un sinfín de equivalencias, sin equívoco alguno, no es tarea fácil y menos para un gobierno en donde su primera magistratura paga para que los militares cercenen o mutilen siempre y cuando eso sirva para consagrar el principio de la Seguridad Democrática, y para mantener también a un gobierno en donde toda suerte de hampones, delincuentes y narco paramilitares de viejo y nuevo cuño puedan pastar y a sus anchas. Es decir que, esta soflama pacifista e hipócrita del Ministro Santos acerca de que «prefiero un desmovilizado a un muerto» no es otra cosa que una vulgar mentira, pues ya sabemos que la palabra paz en su boca es algo avinagrado, es la conjunción perfecta de mentira y violencia, es, en términos del gran Thomas Mann, una simple y llana sangrienta charlatanería.

Ahora algunos miembros del gobierno y los medios se aterran y, sin embargo, algunos como el Ministro Santos dudan que los militares estén detrás de todo esta orgía de dolor y sangre. El Fiscal Mario Iguarán dice en un acto de teatralidad desmedido estar preocupado por lo que acontece y llama a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía para que investigue y sólo así se sabe que hay más de 550 investigaciones en las que se presume que lo que hay no son muertos en combate sino crímenes extrajudiciales. Me pregunto no sabe el señor Fiscal y la Unidad de Derechos Humanos que todo esto estaba pasando ¿Por qué ha tenido que destaparse el caso de Bogotá y el de Soacha para que el país y el mundo se entere de las barbaridades cometidas por el ejército en los confines de esta Colombia mil veces ensangrentada? ¿No sabía acaso el Fiscal de las denuncias que sobre el particular hay en la OEA?

6. Las bondades de la Seguridad Democrática la desmienten los militares.

Y todo esto acontece cuando el Presidente Uribe en la ONU hablaba de las bondades de Seguridad Democrática y de lo respetuoso que es su gobierno frente a la promoción y defensa de los derechos humanos. Sus palabras quedan desmentidas hoy por hoy por los militares que el mismo ha incitado a delinquir a través del peligroso juego en el que todo vale con tal de mostrar resultados en materia de seguridad. Más deslegitimada la Seguridad Democrática no ha podido quedar y en este caso se han convertido los militares en los peores enemigos del gobierno de Uribe, pues la deslegitimación no viene hoy agenciada por las críticas de Carlos Gaviria, Gustavo Petro, Robledo, ni del Polo Democrático, ni por parte de Piedad Córdoba ni del Partido Liberal, ni de las ONG defensoras de derechos humanos, sino y quien pudiera creerlo, por los mismísimos militares: Rito Alejo del Río, Paulino Coronado y a todos los que ha denunciado Mancuso, HH y los que han caído por sus nexos con la mafia.

En medio de todo esto, el gobierno de Uribe se agrieta pero no se rompe. Hoy y ante tanta corrupción y violencia desmedida y agenciada por el propio estado se requiere y con urgencia activar un proceso de desobediencia civil que ponga coto a tanta ilegalidad junta. Un gobierno delincuente y que promueve la delincuencia en todos sus órdenes es insostenible política, social y moralmente hablando. El gobierno del presidente Uribe ha demostrado y con crece que su capacidad para hacer fagocitar lo turbio y la componenda no tiene límites. Colombia de la mano del Presidente Uribe pasó de ser una sigla como dice Fran Fanon, a ser una esquizofrenia colectiva. Lo más preocupante de todo lo que en el país acontece es que hay muy poca capacidad para indignarse y para volver indigno a quien nos indigna y ningunea, y para interpelar a quien nos zoologiza con arrogante fiereza.

 

El huésped de la Casa de Nariño ha hecho creer a un importante sector del país que sin él en Colombia reinaría la nada, el vacío, y no dudo que hay muchos/as que se lo han creído, quizá por eso aún se sostiene en el gobierno muy a pesar de los flancos abiertos y lo fétido que emana de su gestión gubernativa. Pese a todo lo que se sabe de sus más íntimos colaboradores: los escándalos por vínculos con el narcotráfico de muchos de ellos/as y personas del cuerpo diplomático vinculado con el paramilitarismo y demás, éste antes que pensar en un retiro una vez acabe su actual periodo presidencial, piensa, en cambio, presentar una nueva reforma constitucional que le garantice de nuevo la reelección.

7. Cuatro años más, la hecatombe.

Esta claro que el Presidente Uribe y los suyos requieren cuatro años para, entre otras cosas: empobrecer a un más al país, impulsar el desempleo a cifras insospechadas, precarizar el poco empleo que hoy existe, privatizar la educación pública, concentrar aún más el poder, expulsar a campesinos de sus pocas parcelas, a los indígenas de sus resguardos y a las comunidades negras de sus territorios; privatizar aún más la salud, condenar aún más a los desplazados/as a ser extranjeros en el propio país y a que los militares, por supuesto, sigan practicando su política de asesinatos como la que hoy enluta a muchas familias de los barrios pobres de Medellín, Pereira, Montería, Bogotá ……. Hasta cuando entenderás pueblo ciego y sordo que el triunfo de Uribe es el triunfo de la guerra, de la muerte, del hambre y de la legalización y legitimación del narcotráfico, la corrupción y de los crímenes y costos materiales y morales que todo ello comporta. Después de Uribe no reinará el vacío, ante más de lo mismo, atrevámonos a pensar en lo diferente, es propio y apropiado.

 

1 Ver Diario El Tiempo. Edición viernes 26 de septiembre 2008. Sección Justicia.

2 En: El Espectador.com, edición 25 de septiembre 2008.

3 Oír en Videos la declaración del General. Revista Semana.com, Domingo 28 de Septiembre

4 Camilo Osorio es en la actualidad el Embajador de Colombia en México y quien no halló mérito para juzgar en su día al General Rito Alejo del Río, es señalado de haber acabado con la Unidad de Derechos Humanos de las Fiscalía.

5 Sobre la colaboración de la Décima Primera Brigada a los paramilitares véase la declaración de Rodrigo García Caicedo, principal impulsor de los grupos de autodefensa en Córdoba, Expresidente de Ganacor. El Meridiano de Córdoba, edición 4255, diciembre de 2006. Montería, Córdoba.

6 Los Jóvenes Desaparecidos en Tolú Viejo. Ver Semana.com Septiembre 26 de 2008.

7 Sobre la medida puede consultarse el Diario el Tiempo del martes 7 de septiembre.

8 Ver Diario El Tiempo, septiembre 26 de 2008.

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