El jueves 27 de marzo en la Sala América de la Biblioteca Nacional de Chile fue presentado un libro de largo título que debieran conocer todos aquellos que se interesan y se inquietan por los derechos humanos. El libro se titula «CODEPU: Una experiencia privada de investigación extrajudicial y reparación con víctimas de tortura (1973-1990)». […]
El jueves 27 de marzo en la Sala América de la Biblioteca Nacional de Chile fue presentado un libro de largo título que debieran conocer todos aquellos que se interesan y se inquietan por los derechos humanos. El libro se titula «CODEPU: Una experiencia privada de investigación extrajudicial y reparación con víctimas de tortura (1973-1990)».
Cuando en julio de 1996 la Fundación Presidente Allende, de España, que dirige el abogado Joan Garcés, inició una querella ante los tribunales españoles contra Augusto Pinochet y otros por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, muy pocas personas creyeron en las posibilidades de éxito de esa demanda. Algunos incluso dudaban de su utilidad. Les parecía un ejercicio ocioso. Lo mismo pensaban no pocos chilenos cuando se inició ante un tribunal chileno la primera demanda contra Pinochet.
Joan Garcés fue un cercano colaborador del Presidente Salvador Allende. La querella presentada por él determinó que el ex dictador fuese detenido en Londres el 16 de octubre de 1998 por decisión del juez español Baltasar Garzón. Un hecho que cambió profundamente el clima político de Chile y la percepción derrotista predominante entre nosotros de que era inútil intentar el camino judicial contra los terroristas de Estado que se adueñaron del poder y gobernaron Chile entre 1973 y1990.
Tres días más tarde de la detención de Pinochet, el tribunal español ordenó el embargo de sus bienes de Pinochet, para responder por sus responsabilidades civiles. Cuando más adelante se descubrieron la ocultación de bienes y el blanqueo de dineros y se reveló la existencia de las cuentas secretas del dictador en diversos bancos con sedes en Estados Unidos y otros países, la Fundación Presidente Allende amplió la querella contra el Banco norteamericano Riggs y llegó finalmente a un acuerdo con los ejecutivos Joe y Robert L. Albritton, quienes prefirieron pragmáticamente llegar a un acuerdo con los demandantes e hicieron entrega de una suma del orden de 8 millones de dólares a la Fundación. Esta, a su vez, de acuerdo con los términos de la acusación presentada, tomó medidas para distribuir ese dinero entre las víctimas de prisión y tortura bajo el régimen de Pinochet. Para llevar a cabo la compleja tarea de localizar, entrevistar y determinar en qué medidas esas personas, no incluidas en las listas del gobierno de beneficiados por indemnizaciones, cumplían los requisitos exigidos por la justicia española, la fundación estableció un acuerdo con CODEPU (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo) que asumió esa responsabilidad. Los beneficiados son personas que sufrieron torturas por motivos políticos o sus familiares, en los casos en que la víctima murió o se encuentra hasta hoy desaparecida.
Conviene precisar que muchas de las víctimas de la dictadura no concurrieron a los llamados de las entidades del gobierno, de acuerdo con las norma de la Ley Valech por temor, desconfianza o en una mayoría de casos, porque no tuvieron conocimiento oportuno de esta instancia o no alcanzaron, en el exiguo plazo establecido, a reunir los antecedentes requeridos. CODEPU elaboró una nueva lista, con más de 6 mil 500 nombres, de hombres y mujeres presos y torturados que habían quedado al margen de todo beneficio. Estas personas recibieron una suma alzada por una sola vez, mientras que las acogidas en el sistema oficial pasan a recibir una suma mensual («austera y simbólica», como la definió el Presidente Lagos) de por vida. Pero el hecho es que hubo gracias al esfuerzo de la Fundación Presidente Allende y al apoyo de CODEPU, una nueva instancia para los marginados. No es un hecho baladí sino un hecho de justicia de un alto valor simbólico que siquiera una parte de la fortuna secreta de Pinochet haya podido llegar a sus víctimas. Sabemos que el sufrimiento y los daños morales y físicos causados no pueden ser indemnizados ni reparados, como nos lo ha recordado una vez más el obispo Helmut Frenz, quien presidió la Comisión Calificadora del CODEPU pero sí, esto sirve a lo menos, como una contribución al derecho a la verdad y a rectificar en parte, a lo menos, las graves omisiones cometidas por el Estado chileno en esta materia.
La experiencia de la larga lucha por los derechos humanos en Chile y en otras partes del mundo y muy especialmente, la experiencia de CODEPU (Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo), demuestra que en ese combate no se debe renunciar a ningún recurso, por débil, inadecuado o ilusorio que parezca, y que el trabajo de investigación continuado y metódico, la decisión y la tenacidad permiten superar situaciones que aparecen al comienzo abrumadoramente adversas. Es también la lección que nos han dado la Agrupación de Familiares de los Detenidos Desaparecidos y las demás organizaciones de víctimas de la represión así como el conjunto de las instituciones que defienden los derechos humanos. A sus esfuerzos permanentes y al peso de su acción en la opinión pública nacional e internacional se debe todo lo que en Chile se ha conquistado desde 1990 en adelante en cuanto al esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura militar y al castigo de los culpables.
El libro que comentamos proporciona información sobre el perfil de las víctimas no inscritas en el sistema de indemnizaciones establecido por el Estado chileno y, en especial, la larga serie de testimonios directos de los hombres y mujeres que sufrieron torturas que siempre resultan estremecedores incluso para quienes tenemos ya una experiencia en este tipo de relatos.
Particularmente importante es el capítulo que señala con nombres, apellidos, grados y responsabilidades a los victimarios a través de todas las regiones del país. Como se sabe, los gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura han llegado a extremos para proteger a los autores de crímenes y violaciones de los derechos humanos, como es notoria y escandalosamente el secreto de 50 años impuesto sobre la documentación y los testimonios recibidos por la Comisión Valech, que en numerosos casos identificaban a los victimarios.
Ofrece especial interés el examen contenido en este trabajo, de las sucesivas iniciativas en materia de derechos humanos llevadas adelante por los gobiernos chilenos de los últimos 18 años. Hay, por una parte, una valoración objetiva de los avances que han supuesto y, por otra, una crítica rigurosa de sus insuficiencias y debilidades. Lo más importante, me atrevo a decir, es el enjuiciamiento de fondo de la política de estos gobiernos, los que llevados del propósito de lograr una «conciliación nacional» con las fuerzas armadas y otros que ejercieron el poder y cometieron crímenes bajo la dictadura pretendieron primero «dar vuelta la hoja» y aceptar la autoamnistía dictada por Pinochet; y luego, cuando eso no fue posible debido a la resistencia de las víctimas, al combate librado ante los tribunales por los abogados de derechos humanos y algunos jueces, han querido imponer criterios de clemencia y perdón, que equivalen a la impunidad, violentando el sentimiento y el pensamiento de las víctimas.
Es excepcionalmente valioso el capítulo que aborda la represión contra las comunidades mapuche en la VIII y IX regiones. Advierte que no se ha considerado que el pueblo mapuche, mayoría étnica entre los pueblos originarios, con una población de 570 mil 116 personas, según la encuesta CASEN del 2000, fue el más sistemática y masivamente reprimido durante la dictadura militar. Esto se explica porque sus líderes desde los años 30 habían estado vinculados a la izquierda y tuvieron un alto grado de adhesión al gobierno de Salvador Allende. También, porque sus comunidades de las regiones al sur del Bío Bío fueron protagonistas fundamentales en el proceso de Reforma Agraria entre 1965 y 1973.
Como se subraya en el libro ha faltado un tratamiento especial hacia los pueblos originarios. CODEPU presentó a la Presidenta Michelle Bachelet una petición especial de investigación para el pueblo mapuche y demás pueblos originarios. Hay que tener presente además que en la Araucanía subsiste hoy, bajo el gobierno actual, una situación de militarización y represión policial que la mayor parte de la prensa y las autoridades ignoran de manera sistemática. Sabemos de estos hechos fundamentalmente a través de las denuncias directas de los afectados y de sus organizaciones, que nos llegan a través del correo electrónico y otros medios cibernéticos. Una información reciente, de fecha 12 de marzo del presente año, resulta muy ilustrativa de esta situación. Por cierto, también ha sido ignorada por los medios informativos:
«El dirigente lafkenche Adolfo Millabur, alcalde de Tirtúa denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que sesionó en Washington del 3 al 14 de marzo del presente año, la situación que existe en Chile de no respeto de los derechos humanos de los líderes indígenas, lo cual obedece al modelo económico y de justicia que impera en Chile, que sitúa a los líderes indígenas como ciudadanos de segunda categoría e impone megaproyectos y propicia la expansión forestal, en desmedro de la calidad de vida de las comunidades».
Millabur, quien fue acompañado por el codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos indígenas José Aylwin, dijo: «En Chile existe -según nuestra percepción como dirigentes- una persecución política a los luchadores sociales». Agregó que se han intensificado los hechos de violencia policial que afectan al pueblo mapuche. Mencionó específicamente la denominada Operación Paciencia, operación de inteligencia, que fue reconocida años atrás en los medios de comunicación por el entonces representante de gobierno, Correa Sutil. Dicha operación implicó el amedrentamiento y hostigamiento a comunidades, dirigentes encarcelados, presos políticos a quienes no se les ha aplicado un debido proceso, violencia policial, aplicación de tribunales militares, e impunidad a funcionarios de la policía. Por eso, el dirigente mapuche hizo un llamado a los representantes internacionales a visitar Chile para resguardar los derechos de los pueblos originarios». Es decir, tenemos en este año 2008, en las regiones donde habitan los mapuche, una situación que en varios aspectos no difiere sustancialmente de la que existía bajo la dictadura.
El capítulo VI contiene un registro muy detallado y completo de la evolución del reconocimiento del crimen de la tortura por la comunidad internacional y en Chile. Su lectura permite tomar conciencia del desarrollo del derecho internacional humanitario y de los avances alcanzados por este pensamiento desde los años de la postguerra hasta hoy. A primera vista da la impresión de una maciza construcción jurídica, una densa red de documentos, acuerdos, resoluciones y convenciones internacionales que permitirían el enfrentar mejor que ayer los abusos del poder y su forma extrema el terrorismo de Estado, que hemos conocido en nuestro país. Sin embargo, esta impresión puede resultar infundada, si se toma en cuenta que el gobierno de la más poderosa potencia del mundo ha venido aplicando de manera sistemática la represión y la tortura en Irak, cuyo territorio invadió al margen de toda legalidad internacional hace ya cinco años. Su jefe el Presidente George W. Bush ha ido aun más lejos al justificar y dar su respaldo a la aplicación de la tortura. Un despacho del periodista Deb Riechmann de la agencia Associated Press, de fecha 9 de marzo del presente año señala textualmente:
«Demócratas y activistas por la defensa de los derechos humanos criticaron hoy el veto del Presidente George W. Bush a un proyecto de ley que prohibía que la CIA aplicara un mecanismo de interrogación conocido como ‘submarino’ y otras tácticas a presuntos terroristas para que revelen información. Bush dijo que estas estrategias han ayudado a desarticular conjuras terroristas. «Este presidente tenía la oportunidad de hacer concluir definitivamente el debate sobre la tortura, pero en lugar de ello eligió dejar la puerta abierta al uso de la tortura en el futuro», expresó la senadora Dianne Feinstein, de la oposición demócrata e integrante del Comité de Inteligencia del Senado.
El proyecto habría limitado a la CIA a que sólo empleara las técnicas de interrogación que son utilizadas por los militares y que están detallados en el manual de campo del ejército. Bush expresó que vetó la medida porque es importante que la CIA tenga un programa diferente y secreto de interrogatorios para los presuntos terroristas que poseen información esencial sobre posibles conspiraciones contra Estados Unidos.
Bush dijo específicamente que no se opuso a la iniciativa de usar la técnica del «submarino» que simula el ahogamiento. En 2006 el ejército prohibió el uso de esta metodología y otras de aislamiento sensorial aplicadas a los prisioneros que no cooperaban. La CIA, que también prohibió la práctica en 2006, ha admitido que utilizó la técnica del ‘submarino’ en tres presuntos terroristas en 2003. Es difícil que el Congreso -controlado por los demócratas- pueda anular el veto de Bush, lo que requiere dos tercios. En la Cámara de Representantes la votación fue 222-199 y en el Senado 51-45″.
Según la terminología de los especialistas chilenos, la tortura llamada «submarino» se aplica en dos formas. Puede ser «seco» o «húmedo». El primero consiste en aplicar a la cabeza del torturado una bolsa de polietileno y llevarlo hasta el borde de la asfixia para obtener sus declaraciones. El segundo consiste en sumergir al interrogado en una tina u otro receptáculo lleno de agua pútrida y maloliente, a menudo llena de excrementos. No pocos prisioneros políticos chilenos han conocido y sufrido estos métodos de interrogación, que ahora condona y legaliza el señor Bush.
Vivimos tiempos difíciles. Hemos avanzado mucho en Chile desde los tiempos de la dictadura, gracias al esfuerzo tenaz de CODEPU, otras organizaciones de derechos humanos y de las propias víctimas de la represión de Pinochet pero se requiere estar siempre alertas y decididos a luchar. Pese a todo este autor cree que la razón y la humanidad habrán de prevalecer en Chile y en el mundo.
– José Miguel Varas es Premio Nacional de Literatura.