Muchos sectores de izquierda apoyaron la reelección del presidente porque ofreció la paz, pero hoy constatan que sus políticas sociales contradicen ese anhelo y no remedian la exclusión en el campo y la ciudad. Por eso el malestar y el paro nacional. Movimiento con raíces Entre los 15 puntos del comando unitario del paro nacional […]
Movimiento con raíces
Entre los 15 puntos del comando unitario del paro nacional que se llevó a cabo el jueves de esta semana se destaca el siguiente llamado al Gobierno Nacional: «El momento exige el máximo grado de responsabilidad para evitar más frustraciones para nuestro pueblo y poder concretar el anhelado acuerdo de paz».
Este llamado es más que una consigna. Es el consejo autorizado de quienes tendrán que sembrar la esperanza y hacer real la promesa de paz en los territorios. Los dirigentes del paro nacional experimentan hoy una gran incertidumbre ante las acciones incoherentes del gobierno, porque saben que para construir la paz hay que atender siquiera algunas de las más sentidas demandas populares.
Las organizaciones sociales por supuesto tienen su propia lectura sobre los acontecimientos nacionales de este año: la corrupción, el desempleo y la inflación crecientes, las medidas de ajuste neoliberal, las leyes regresivas en materia de comercio informal o de desarrollo agrario… Sin embargo en la jornada de protesta del 17 de marzo se dio voz especial a una serie de conflictos específicos que han salido a la luz durante los últimos tres años:
- El paro agrario nacional, de donde emergió la Cumbre Agraria,
- La agenda de las dignidades agropecuarias,
- El pliego de los camioneros,
- El movimiento estudiantil, que ha venido recobrando su vitalidad.
Los aires de paz han unido al movimiento social. Lo mantienen despierto, atento y activo pese a las diferencias que existan o puedan existir con relación a la agenda de La Habana. Tal como ocurrió en el paro cívico nacional de 1977, hoy por hoy el movimiento social podría expresarse con fuerza arrolladora si no se dan las transformaciones serias que el país necesita.
Una agenda comprensiva
Uno de los mayores riesgos para el movimiento social resulta de tener ciertas reivindicaciones en común con la guerrilla.
Para algunos analistas (incluso los de izquierda), las agendas de la insurgencia y sus prácticas han diezmado, debilitado y estigmatizado al movimiento social. Pero en la teoría sociológica hay vertientes que entienden la insurgencia como una expresión de la sociedad civil, en tanto esa insurgencia no es solamente armada. Existen vasos comunicantes y sinergias entre estas dos instancias que se originan en la desigualdad social.
Infortunadamente, para los gobiernos colombianos y para la derecha guerrerista la conexión entre el movimiento social y la insurgencia es parte de la «combinación de las formas de lucha», lo cual ha dado pie al tratamiento represivo de las protestas sociales.
La diligencia en suscribir acuerdos ha sido mayor que la voluntad política de cumplirlos.
Las agendas del movimiento social nacen del desencuentro de intereses entre los sectores populares y el sector privado o, dicho en términos del marxismo clásico: son expresiones de la lucha de clases. Esta tesis -«mamerta» para los líderes políticos contemporáneos o para los tecnócratas oficiales- seguirá siendo una matriz de análisis pertinente mientras el Estado no aprenda a tramitar los conflictos sociales.
Para distintos grupos de activistas, las agendas necesarias para llegar a la paz duradera no se reducen a los puntos de La Habana ni a las de un eventual diálogo con el ELN. En opinión de muchos dirigentes, esa paz pasa por temas como el modelo de desarrollo económico y la política de comercio internacional, temas que el gobierno ha exluido del diálogo con las dos guerrillas.
El tránsito hacia la paz efectiva en las distintas regiones de Colombia dependerá de aceptar y aprovechar la diversidad, complejidad y profundidad del movimiento social que recoge las reivindicaciones ambientales, territoriales, económicas y de género, así como las demandas de condiciones básicas de vida como salud, acueductos y vías de comunicación.
Entre los muchos lugares e interlocutores que han de ser parte de diálogos que marcarán el futuro de la paz se pueden mencionar:
- El Catatumbo,
- Putumayo,
- El sur de Bolívar,
- Las zonas de reserva campesina,
- Los territorios agroalimentarios, y
- Los campesinos y Parques Nacionales,
- Audiencias populares en defensa de los recursos naturales,
- Cultivadores de coca,
- Camioneros,
- Pequeños mineros,
- Cultivadores de café y de papa
- Las dignidades campesinas,
- Las víctimas despojadas que están retornando a sus tierras.
La movilización de esta última semana es una señal de que el camino para la construcción de la paz va a ser largo, difícil y peligroso.
La estrategia del gobierno
La estrategia del gobierno Santos frente a este problema parece audaz cuando sus principales alfiles, los ministros Juan Fernando Cristo, Aurelio Irragorri y Rafael Pardo, calman el clamor de las comunidades cediendo y firmando acuerdos.
Además el asesor presidencial para la conflictividad social y «experto» en negociación, José Noé Ríos, viene promoviendo una estrategia de diálogo y capacitando a los funcionarios en el análisis de conflictos y en técnicas de negociación. Esta iniciativa no es de poca monta, porque crear confianza y contener las protestas han sido y seguirán siendo tareas esenciales y difíciles para este grupo de altos funcionarios, que deben dialogar con dirigentes campesinos, negros e indígenas curtidos en una larga historia de promesas incumplidas y discursos de tecnócratas que siembran desconfianza.
Por eso importa tanto tener un centro de diálogo y un observatorio de conflictividad social, más todavía cuando la paz tendrá que construirse en las regiones y en torno a asuntos vitales para las comunidades históricamente segregadas, como los campesinos, que son la base de la paz.
Cumplir los acuerdos
Pese a la «audaz» estrategia de gobierno, los movimientos sociales siguen pidiendo un asunto fundamental y práctico en los territorios: garantía y cumplimiento.
Es muy extenso el listado de asuntos y compromisos por verificar que utiliza la Presidencia de la República para hacerle el seguimiento a las distintas mesas regionales y temáticas. Pero el balance general es bastante negativo, así el gobierno haya cumplido algunas de sus promesas y haya girado algunos recursos, porque la diligencia en suscribir acuerdos ha sido mayor que la voluntad política de cumplirlos.
Las garantías y el cumplimiento son básicos para construir la paz. Y sin embargo las medidas del gobierno -como decir la ley de ZIDRES o el reciente reajuste del sistema para la restitución de tierras- contradicen o anulan sus promesas anteriores en materias como acceso a tierras, zonas de reserva campesina, o garantías para la mujer rural.
A los líderes del movimiento social los están asesinando.
Sin duda produce una gran desazón que el gobierno tenga escenarios de concertación mucho más efectivos y directos con gremios y empresarios que con las organizaciones sociales y populares.
Y a todo eso se añade un hecho doloroso y terrible: a los líderes del movimiento social los están asesinando. En cuatro años han matado a 113 líderes del movimiento social Marcha Patriótica y, en lo que va de marzo, 12 más han sido asesinados. Mientras escribíamos este artículo (18 de marzo) también nos enteramos de la muerte de tres jóvenes de la Zona de Reserva Campesina de Cabrera (Cundinamarca), participantes en el movimiento por la defensa del agua.
Y todas estas violaciones ocurren sin siquiera un pronunciamiento del gobierno nacional, el mismo que pide todas las garantías para el hermano de Álvaro Uribe, acusado de parimilitarismo y de participar en masacres de campesinos.
El desafio a la paz
Sin obstar sus reservas frente al proceso de La Habana, el movimiento social espera que los acuerdos entre el gobierno y las FARC sirvan al menos para la desmovilización y reinserción efectiva de los guerrilleros. Pero esto ya de por sí implica una amplia participación de los campesinos y de las comunidades para llevar a cabo los programas y proyectos conducentes a la paz.
Y sin embargo el gobierno sigue creyendo que las organizaciones de la sociedad civil son simples intermediarios. La paz no es un asunto de Santos; es un asunto del Estado en su conjunto, de todos los partidos políticos y de la sociedad civil. En la elección y reeleción de Santos el movimiento social votó por la paz, que reconoce como necesaria, pero el llamado que se hizo con el paro del 17 de marzo es serio: el momento exige la mayor responsabilidad.
Miguel Mejía, Ingeniero agrónomo Mgs en Antropología, Candidato a PHD en Agroecología; Jhenifer Mojica, Abogada especialista en derecho procesal, experta en temas de tierra.