Para no pocos, la reapertura de la investigación judicial del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido el 1° de abril de 1991, es como una experiencia ya vivida, lo más cercano a un déjà vu , el término acuñado por el francés Emile Boirac (1851-1917) en su libro El futuro de las ciencias psíquicas […]
Para no pocos, la reapertura de la investigación judicial del asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, ocurrido el 1° de abril de 1991, es como una experiencia ya vivida, lo más cercano a un déjà vu , el término acuñado por el francés Emile Boirac (1851-1917) en su libro El futuro de las ciencias psíquicas .
En esta ocasión, la paramnesia la provocó Mauricio Hernández Norambuena, «Comandante Ramiro», ex miembro de la dirección del FPMR quien cumple una condena de 30 años en Brasil por el secuestro del publicista Washington Olivetto.
Hernández Norambuena, en entrevista difundida por Chilevisión, formuló impactantes declaraciones sobre la aún oscura trama que rodeó el crimen de Guzmán, ideólogo de la UDI, así como respecto a las actuaciones del FPMR, de la policía y los servicios de inteligencia en el período 1986-1993, coincidente con el retorno a la democracia. De tal magnitud fueron sus dichos, que en tiempo récord los tribunales reabrieron el caso. El ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, se abocó de inmediato a buscar nuevos antecedentes y a interrogar a los involucrados en el asesinato del líder de la Unión Demócrata Independiente e ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet.
«Comandante Ramiro», condenado a dos cadenas perpetuas en Chile (la primera por el crimen de Guzmán y la segunda por el secuestro de Cristián Edwards del Río), se fugó con otros frentistas de la Cárcel de Alta Seguridad en un espectacular rescate en helicóptero el 30 de diciembre de 1996. Catorce años después, el antiguo jefe de la Unidad Especial del FPMR, encargada de las operaciones más riesgosas, dijo estar dispuesto a contar todo lo que sabe a cambio de volver a Chile. Pero, ¿qué es lo que realmente sabe Hernández que produjo tanto revuelo en los ámbitos políticos y otras esferas vinculadas al caso?
En lo concreto, sólo un aspecto relevante que atañe al proceso: conoce la identidad de todos los comandantes que tomaron la decisión de asesinar a Guzmán; es decir, a todos los responsables intelectuales. Ello, si la decisión fue colectiva, como aseguró en la entrevista. Hernández refutó una «tesis para limpiar las responsabilidades colectivas» y «justificar opciones impresentables, como la traición», y acusó directamente a Enrique Villanueva Molina, «Comandante Eduardo», de haber desertado para colaborar con los organismos de seguridad del gobierno de Patricio Aylwin. Aseguró que Villanueva sabía que Guzmán sería ultimado y podía «trasvasar» esa información a los servicios de seguridad, preguntándose ante la cámara: «Por qué no informó…? ¿O tal vez informó…?».
«Ramiro» reveló también la pérdida de 500 mil dólares del FPMR y sugirió que en esto tuvieron responsabilidad otros miembros de la Comandancia del Frente.
Entorno de la entrevista
Las declaraciones de Mauricio Hernández se exhibieron en un extenso especial del programa «En la mira». También fue entrevistado Humberto López Candia, ex miembro del MIR y colaborador de «La Oficina», como se conoció al Consejo de Seguridad Pública. López Candia cumple once años de condena por enviar cartas bombas a la embajada de EE.UU. en Santiago. Otros entrevistados son el abogado Luis Hermosilla y Jorge Barraza, ex jefe de la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales, que tuvo papel protagónico en las diligencias policiales del asesinato de Guzmán y el secuestro de Edwards. También se incluyeron opiniones del senador de la UDI, Andrés Chadwick, y del diputado del PDC, Jorge Burgos.
López Candia y Barraza aportaron considerable leña para calentar la pantalla. El primero afirmó que el senador Camilo Escalona, ex presidente del Partido Socialista, reclutó, a fines de los 80, a militantes que tenían formación militar para trabajar en un comité de seguridad que se estaba formando en torno al comando de Patricio Aylwin. Aseguró que Roberto Moreno, ex dirigente del MIR, fue contratado por el Ministerio del Interior como enlace con el mencionado comité de seguridad, en el que laboraba como informante un tal «Velásquez», incrustado en la estructura frentista que dirigía Hernández Norambuena. Barraza, en tanto, afirmó que la orden de asesinar a Guzmán la dio «El Chele», Juan Gutiérrez Fichmann, otro comandante del FPRM.
Mauricio Hernández habló casi cuatro horas con los dos periodistas chilenos que lo entrevistaron en su prisión en Brasil, pero los televidentes sólo pudieron ver unos 60 minutos de esa conversación. El juez Carroza, eso sí, tiene una copia de la grabación completa.
Otro aspecto sorprendente es cómo se gestó la entrevista. Fue pedida insistentemente desde hace unos cuatro años por el periodista Luis Narváez, del diario La Nación . Cuando finalmente se la concedieron, en el mes de julio, el gerente general del periódico, Francisco Ferez, consideró que no era de interés para el medio. Narváez fue autorizado para tomar sus vacaciones y negociar con otro medio aquella entrevista, lo que hizo con Chilevisión.
El cóctel que resultó de las declaraciones de Hernández, López y Barraza fue de magnitud.
Uno de los primeros en reaccionar, trompeta en mano, fue el ex vocero de la dictadura Francisco Javier Cuadra. Aseguró que antes del asesinato de Guzmán había conocido una lista de posibles víctimas del FPMR, en la que figuraban él mismo y los senadores Sergio Fernández, Sergio Diez, Sergio Onofre Jarpa y Jaime Guzmán. Cuadra, quien por esos años estaba ocupado tratando de conseguir pruebas para acusar de consumo de cocaína a parlamentarios de Renovación Nacional, dijo que conoció la amenaza a través del general Jorge Ballerino, entonces jefe del comité asesor de Pinochet y que, a su vez, estaba dedicado a dirigir las intervenciones telefónicas del Congreso y de algunos senadores como el actual presidente de la República, Sebastián Piñera.
El juez Carroza probablemente no imagina lo que se le viene encima. Decidió interrogar a López Candia, un informante que alimentó con todo tipo de datos durante casi dos años a una periodista del diario La Tercera que intentaba descifrar los secretos de «La Oficina». Esa reportera trabajó en el comando del precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, y apareció vinculada a un extraño caso de vigilancia al también precandidato presidencial, Sebastián Piñera.
La comandancia del FPMR
Las sospechas que han tratado de instalar los medios son dos: la primera, el probable ocultamiento por instancias del gobierno de Aylwin de antecedentes que hubiesen permitido evitar el asesinato del senador Guzmán; la segunda apunta al presunto encubrimiento de algunos culpables. En esta última teoría, los dardos siempre han señalado a Juan Gutiérrez Fichmann, «Comandante Gabriel», apodado «El Chele», casado a comienzos de los 80 con la hija de Raúl Castro, actual presidente de Cuba, de la cual se separó antes de volver a Chile en 1987, año en que se produjo la escisión entre un sector del FPMR dependiente del Partido Comunista, y otro grupo al que se conoció como FPMR-Autónomo.
La dirección del FPMR-Autónomo se reestructuró tras la muerte de su jefe, Raúl Pellegrin Friedman, «Comandante José Miguel», en octubre de 1988, luego del inicio de la «guerra patriótica nacional» con el asalto al poblado de Los Queñes. En la huída, Pellegrin y Cecilia Magni, «Comandante Tamara», fueron capturados en las inmediaciones de San Fernando y asesinados por miembros de la inteligencia de Carabineros.
Entonces regresó a Chile y asumió la jefatura del FPMR Galvarino Apablaza Guerra, «Comandante Salvador», uno de los cuadros militares del PC formados en Cuba. Su segundo al mando fue Iván Figueroa Araneda, «Comandante Gregorio», ex cabo de la Fuerza Aérea. En tercer lugar quedó Roberto Nor-denflycht, «Comandante Aurelio», jefe de las fuerzas especiales del FPMR, quien murió en un ataque al aeródromo de Tobalaba en agosto de 1989, y fue sucedido por Mauricio Hernández Norambuena. En cuarto lugar, estaba Juan Gutiérrez Fichmann, y a continuación figuraban los comandantes «Bernardo», «Joaquín» y «Eduardo». Este último, también conocido como «Luis» o «Comandante Eduardo Salas», ocultaba la identidad de Enrique Villanueva Molina, ex subteniente de la FACh, marginado de la dirección del FPMR en marzo de 1990 junto a «Bernardo», acusados de responsabilidad ineludible en la muerte de Roberto Nordenflycht, en Tobalaba.
Golpe de timón de Ramiro
Al revisar las declaraciones del FPMR en aquellos años, y los contenidos de El Rodriguista, su boletín oficial, surgen antecedentes que permiten suponer que tras una consulta nacional y un debate en el seno del FPMR, iniciados en diciembre de 1990 -que en su primera parte se prolongó hasta marzo de 1991, y donde no participaron Hernández Norambuena y su unidad especial-, la dirección nacional del Frente comprobó que la mayoría de los frentistas se inclinaban por la vía política y democrática, descartando el accionar armado. En ese escenario, cuando fue evidente que era necesario un giro en la conducción, Hernández Norambuena y algunos de sus hombres decidieron efectuar el atentado a Jaime Guzmán, una desesperada maniobra para impedir el cambio de rumbo. De hecho, el asesinato congeló de inmediato el proceso de consulta al interior del FPMR.
Cuatro meses después, en agosto de 1991, cuando se pudo reunir nuevamente la dirección del FPMR, «Ramiro» admitió su responsabilidad. Pero aseguró que poco antes del atentado a Guzmán le había informado a «Salvador» y «Gabriel». Los comandantes aludidos habrían asentido, respaldando ante los demás la decisión de Hernández. De no hacerlo, aseguran ex rodriguistas, el FPMR se habría quebrado de inmediato. Y «Ramiro» controlaba los más avezados cuadros militares, además de las estructuras logísticas de seguridad.
En los años siguientes, los caminos de «Ramiro» y «Salvador» se bifurcaron cada vez más. El primero se vinculó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y a otros grupos revolucionarios, en un afán por extender la lucha armada en América Latina. Pero finalmente cayó preso tras el secuestro del publicista brasileño Washington Olivetto; «Salvador» (Galvarino Apablaza Guerra) se radicó en Argentina con su esposa, la periodista Paula Chahín Ananías, colaboradora de PF, y sus hijos. Apablaza ha solicitado refugio político en Argentina y su petición está pendiente de resolución. Sin embargo, hay pocas posibilidades que sea extraditado a Chile, según ha manifestado el gobierno argentino.
Otra vertiente distinta del caso Guzmán corresponde a los subterráneos del soplonaje y la delación. A esos niveles, siempre es difícil y riesgoso descender
(Publicado en Punto Final, año 45, edición Nº 718, 16 de septiembre, 2010