Chile se posicionó a nivel mundial como un país exportador de productos agrícolas, un rubro que, sin duda, deja grandes divisas al mercado nacional. No obstante, el último eslabón de la cadena de producción de las frutas, verduras u hortalizas que luego llegan a nuestra mesa o a la boca de personas en los lugares […]
Chile se posicionó a nivel mundial como un país exportador de productos agrícolas, un rubro que, sin duda, deja grandes divisas al mercado nacional. No obstante, el último eslabón de la cadena de producción de las frutas, verduras u hortalizas que luego llegan a nuestra mesa o a la boca de personas en los lugares más lejanos del mundo, está ocupado por personas que trabajan en condiciones precarias y sufren problemas sociales de envergadura. Se trata de los y las temporeras migrantes, mano de obra agrícola que viaja a lo largo y ancho de Chile para trabajar en las cosechas y que, aunque está compuesta mayoritariamente por hombres jóvenes, también hay un alto porcentaje de mujeres que deja sus hogares para buscar oportunidades laborales en este sector productivo.
«Hay trabajadores que inician la temporada en la Tercera región y la concluyen en la Octava. La inician con la uva, la concluyen con la papa, y van transitando de una localidad en otra en dependencia de las oportunidades de trabajo que existen en cada uno de estos lugares, en muchos casos se trasladan en conjunto con el grupo familiar, incluidos niños», explica Pablo Leiva, jefe de la Unidad Inspectiva de Oficio de la Dirección del Trabajo. La demanda por trabajadoras y trabajadores migrantes en las faenas hortofrutícolas se debe, en algunos lugares como Copiapó, a la escasez de mano de obra local y, en otros, a que se privilegia a este tipo de obrer@s porque se les paga menos que a las y los locales, produciendo un fenómeno de desequilibrio del salario existente en la región. El sistema de obtención de obrer@s migrantes y temporales está a cargo de contratistas. Las empresas se relacionan directamente con suministradores de mano de obra y les asigna un pago de acuerdo a la cantidad de trabajadores y el tipo de labores que realizarán. A su vez, los contratistas o «enganchadores» acuden a los lugares de origen de las y los migrantes y les ofrecen trabajo en otras regiones. Pero una vez que llegan al lugar de la cosecha, lo que les habían ofrecido en un comienzo, muchas veces cambia: los salarios son menores, las condiciones de alojamiento, alimentación y seguridad, precarias y no obtienen pagos previsionales ni contratos. «Como solamente iban con los recursos para costearse los pasajes, después ya no tienen ni un peso, entonces tienen que aceptar las reglas del juego porque no tienen cómo retornar», aclara Pedro Minai, presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech), una organización que agrupa a asalariados permanentes, temporeros y grupos étnicos. Desde la Dirección del Trabajo afirman que han recibido bastantes denuncias por este tipo de situaciones o engaños. Pablo Leiva, jefe de la Unidad Inspectiva de Oficio, relata que desde la experiencia se han dado cuenta de la crueldad con que algunas veces actúan los contratistas. «En muchos casos, el enganchador va conociendo la historia personal o social de cada uno de los que van llegando y va viendo el estado de necesidad en que se encuentran y, sobre esa base, se va quedando con más o menos excedentes del contrato que ha hecho con el dueño del predio. Eso cuando son contratistas y no palos blancos de las empresas», denuncia Pablo Leiva.
La Familia y el Futuro Además de las injusticias sociales y laborales que los migrantes sufren, uno de los mayores problemas sociales de este tipo de trabajo tiene que ver con la familia. Hay muchos que viajan por meses trabajando como temperas-os, lo que produce el distanciamiento o el rompimiento del núcleo familiar. Otros, viajan con sus familias, que también se ven expuestas a precariedades, o bien, se integran al trabajo en el campo llevando a las y los niños y produciendo situaciones de trabajo infantil. «En este país se habla mucho de que se está destruyendo la familia, las separaciones conyugales, el divorcio, pero nadie se preocupa -y la Iglesia en un gran vocero de la destrucción de la familia- de que la familia chilena se está destruyendo por la condición de trabajo de la población», declara Ximena Valdés, directora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer (Cedem). «El elemento de destrucción familiar fuerte que hay en este país, es la existencia de este mercado de trabajo secundario, paralelo, inestable, precario, que genera mayor vulnerabilidad social», agrega Valdés. Al no tener contratos de trabajo ni cotizaciones previsionales, las posibilidades de optar en un futuro a una jubilación son mínimas o nulas. «Nosotros tenemos un estudio que nos indica que estos trabajadores, para poder aspirar a una jubilación de $70.000, $80.000, tienen que trabajar 80 años. Si vemos los packings, no hay ningún trabajador mayor de 50 años», precisa el residente de la Mucech. Luego de su experiencia en terreno en el valle de Copiapó, realizando un estudio sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores migrantes, Ximena Valdés, puede concluir que «el problema fundamental en el deterioro de las condiciones de trabajo es esta figura del antiguo enganchador de las salitreras que hoy día existe en el fruta, pero como subcontratista o suministrador de mano de obra, donde hay un problema legal entre el empleador y el subcontratista ¿quién responde a los riesgos laborales?, no se sabe ¿quién responde al contrato? El subcontratista ¿Quién responde a las condiciones de alojamiento o alimentación? Ambiguo». He hecho, aunque la mayor parte de las grandes empresas hortofrutícolas cumplen con las normas establecidas por la ley y en los últimos años las condiciones laborales de las y los temporeros han mejorado sustancialmente, los problemas sociales se originan en el terreno de nadie que queda entre los empresarios y los contratistas en cuanto a sus responsabilidades. Si bien la ley contempla un tratamiento especial para las y los trabajadores temporales, como la existencia de un contrato de trabajo en un plazo de cinco días con copia a la Inspección del Trabajo correspondiente, el cumplimiento de la norma y la fiscalización se hacen muy difícil de ejecutar debido a las distancias y extensiones de los predios donde se trabaja, a la falta de recursos para realizar estas tareas y a que, como dice Pedro Minai «cada norma se cría en nuevas mañas».
De hecho, en muchos casos son los propios trabajadores los que avisan cuando llegan fiscalizadores y, así, extranjeros, niñas, niños y personas sin contrato, desaparecen entre los cerros. Desde la Dirección del Trabajo aseguran que no basta sólo con fiscalizar sino que se hace necesario buscar maneras de gestionar el cumplimiento de las normas porque las infracciones que puedan cursar, finalmente, se incorporan a los costos de producción y el problema no se resuelve. Por otra parte, los tratados de libre comercio que ha firmado Chile y el renombre internacional del país en el campo agroexportador, obliga al Estado a respetar normas internacionales de producción, tanto medioambientales como laborales. «Si bien han caído las fronteras geográficas, se han erigido nuevas fronteras, de la calidad y la producción limpia. Estos mercados son cada vez más exigentes en el cumplimiento de normativas medioambientales y laborales. Nosotros estamos gestionando el cumplimiento de estas normativas por mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y, respecto de los propios empresarios, para que puedan asegurarse la participación en el mercado internacional, de lo contrario, no van a tener mercado y los trabajadores no van a tener su fuente de trabajo», acota Pablo Leiva. En este sentido, el desarrollo del país no sólo depende de cómo posicione sus productos a nivel internacional ni las capacidades que tenga para negociar, sino también del desarrollo humano de sus trabajadores. «Sería muy rico que nuestro pueblo se diera cuenta a qué precio social Chile está en una etapa de crecimiento. Como Mucech no estamos en contra del crecimiento, este crecimiento sólo nos indica acumulación y contra riquezas, pero no nos está indicando desarrollo», puntualiza Pedro Minai.