Las estadísticas y las cuentas le añaden hoy una buena carga de paradojas a la guerra en Colombia. A finales de 2007 se hizo público el documento «Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia», de los investigadores José Fernando Isaza Delgado y Diógenes Campos Romero. El estudio es una actualización del […]
Las estadísticas y las cuentas le añaden hoy una buena carga de paradojas a la guerra en Colombia.
A finales de 2007 se hizo público el documento «Algunas consideraciones cuantitativas sobre la evolución reciente del conflicto en Colombia», de los investigadores José Fernando Isaza Delgado y Diógenes Campos Romero.
El estudio es una actualización del informe «Modelos dinámicos de guerra», escrito por los mismo autores en el año 2004, que mereció ser traído a casos y cuentas de hoy, por lo que Isaza y Campos consideran un «reforzamiento» de sus conclusiones iniciales.
Y la más importante de estas conclusiones actualizadas pudiera ser el costo de la guerra para los colombianos. Me refiero a un costo estrictamente monetario, ya que ese es el carácter primordial del documento.
Según Isaza y Campos en la guerra se gastan hoy en Colombia 22,21 billones de pesos, o un 6,5% del Producto Interno Bruto, que es el total de los ingresos del país. Este PIB está calculado a 2007 en $351,2 billones, con la aclaración de que billones en pesos son millones de millones, y de que un millón de pesos corresponde a U$2.000 aproximadamente.
Hasta aquí esa conclusión pudiera ser un dato frío, pero las alarmas se encienden cuando lo miramos en perspectiva: Los Estados Unidos, que mantienen dos frentes de guerra activos, en Irak y Afganistan, y subsidian multimillonariamente aparatos militares como el de Israel, Pakistán y Colombia, entre otros, dedica sólo el 4,04% de su Producto Interno Bruto al gasto militar.
Y en todos los países de la Unión Europea que hacen parte de la OTAN, el gasto militar llega, en casos extremos, al 2% de su PIB.
Y nada indica una reducción en el futuro pues el informe anota que: «No obstante la elevada participación del gasto militar en el año 2007, esta crecerá para el año 2008, superando la proporción del PIB, en toda la historia registrada en el siglo XX».
En el pasado Colombia, además de vivir el conflicto social y armado que se agudiza a partir del asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se enfrentó militarmente al Perú en 1934 y el gasto militar de entonces llegó a ser del 3% del PIB.
Más adelante, entre 1974 y 1991, durante casi tres décadas de «Estado de Sitio» o supresión de garantías constitucionales por la agudización del conflicto social y armado interno, en una época de dictaduras en el Continente, el gasto militar colombiano fue inferior al 2%. Antes, en el año 1970, había crecido hacia el 3,2% por la compra de nuevos fusiles tipo G-3 para la fuerza pública, y la adquisición de aviones supersónicos «Mirage».
El mismo informe considera «interesante» mencionar que durante la llamada «dictadura» del general Gustavo Rojas Pinilla, entre los años 1954 y 1957, se registró en Colombia uno de los más bajos gastos militares, con un 1,5% del PIB.
País policía
Con un gasto militar de tal magnitud y en aumento, los sacrificados son los rubros sociales, pues los ingresos del país no aumentan. Hoy día el gasto en defensa es igual a la suma de todas las trasferencias en salud, educación y saneamiento ambiental juntas.
Según los estudios de personalidades como el investigador Pedro Medellín y el economista conservador Juan Camilo Restrepo entre otros, en este año 2008, de los 566.084 cargos que el Estado atiende con cargo al presupuesto central, 459.687 estarán ocupados por servidores públicos asignados a las labores de defensa, seguridad y policía. Esto es el 81,2% de los funcionarios públicos colombianos.
El Gobierno ha estimado en 3,56 billones de pesos la inversión total para este año, pero 2,3 billones, es decir, el 65% lo destinará para comprar equipo militar.
Dentro del mismo gasto militar, de cada peso asignado por el gobierno central, el Ministerio de Defensa destina 47 centavos, el 47%, para pagar pensiones de los militares, que durante lo que duró el estado de sitio, más de dos décadas a partir de los años 70s, mantuvieron la regla del 2×1, es decir, un año de tiempo cronológico contado como dos años en el servicio.
Guerra Pírrica
En Colombia por cada guerrillero de las FARC-EP, el ELN y otros grupos menores, participan en la guerra 15,5 militares, y «la cifra tiende a aumentar» dice el informe.
A su inicio, en el año 2002 el Gobierno de Uribe Vélez publicó la cifra de 20.600 rebeldes de todas las fuerzas presentes en Colombia. Hoy los informes del Ministerio de Defensa dan cuenta de 50.464 guerrilleros fuera de combate, entre abatidos, capturados y desmovilizados.
Dice el informe que «se observa que el número de retirados de la guerrilla es superior al doble de la cifra inicial de combatientes regulares». Se calcula entonces que de cada 100 subversivos retirados del conflicto, la guerrilla logró, en el «periodo Uribe» de 2002 a 2007 incorporar 84 nuevos combatientes, «lo cual hace surgir dudas sobre la eficiencia de la lucha» concluye.
Si se toma el consolidado de cifras de bajas causadas a la guerrilla durante el «periodo Uribe» 2002-2007 se tienen 9.565 combatientes. Y si se toma como cierta la cifra dada por el Ministerio de Defensa que dice dedicar el 30% de su presupuesto a la lucha contra insurgente, es decir, 5,9 billones de pesos, se tiene que «el costo unitario por baja, captura o desmovilización de un guerrillero ha sido de $616 millones de pesos».
Según las conclusiones de los propios organismos de seguridad, que dan cuenta de la incorporación de 84 nuevos combatientes por cada 100 bajas, en un periodo inmediato de cuatro años el costo por baja, captura o desmovilización de un guerrillero alcanzará una cifra entre los 1.000 y 1.500 millones de pesos.
Salida política
La más reciente liberación de Consuelo González y Clara Rojas, por intermedio del presidente venezolano Hugo Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba, ha hecho retomar el tema de la necesaria salida política al conflicto social y armado colombiano.
Chávez por su parte llama a Marulanda a pensar en la vinculación de las FARC al debate político legal, cosa que no debe sonar muy bien dentro del grupo guerrillero por su experiencia de más de seis mil dirigentes políticos de la UP asesinados, luego de convenir con el gobierno del conservador Belisario Betancur la creación de la extinta plataforma de participación popular.
Internacionalmente la propuesta de creación de un nuevo «Grupo de Contadora» para el caso colombiano tiene de importante la internacionalización del conflicto. Pero esta propuesta pasa, a mi modo de ver, por dos debates; uno, que los Estados Unidos se adhieran a sus compromisos y procedan exactamente de forma contraria a como procedieron con el primer «Grupo de Contadora», o «Grupo de los ocho», o «Grupo de Río»; y dos, que Uribe y sus asesores terminen de una vez reconociendo que en Colombia existe un conflicto y no una guerra de pandillas enfrentadas al Estado.
Porque a pesar de toda la claridad que los números de este informe puedan aportar para comprender la magnitud de la pesadilla guerrerista colombiana, los mismos autores han concluido que: «Los guarismos anteriores son bien difíciles de explicar en un país que, de acuerdo a la política oficial, no tiene conflicto interno ni externo».