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Los padecimientos del pueblo trabajador: el pan, el empleo y la vivienda

Fuentes: Clase contra clase

  La catástrofe social es un terreno fértil para que se desarrolle el descontento y para que surjan luchas de los trabajadores y oprimidos. Sin embargo, hasta ahora, los empresarios y su gobierno, han conservado la iniciativa política en sus manos. La respuesta de la clase obrera, los oprimidos y sus organizaciones, no se ha […]

 

La catástrofe social es un terreno fértil para que se desarrolle el descontento y para que surjan luchas de los trabajadores y oprimidos. Sin embargo, hasta ahora, los empresarios y su gobierno, han conservado la iniciativa política en sus manos. La respuesta de la clase obrera, los oprimidos y sus organizaciones, no se ha producido. Incluso, los dirigentes oficiales de la CUT, se han subordinado a la política empresarial, extendiendo el acuerdo al que llegaron el año pasado con la CPC, la Conapyme y el gobierno, en el marco de la crisis capitalista mundial, dándoles a los empresarios la posibilidad de reducir las jornadas y los salarios, supuestamente para «conservar los empleos».

De ese modo, la patronal y su gobierno han encontrado los espacios necesarios para implementar ataques. A estas alturas, luego del terremoto, 8.400 trabajadores a nivel nacional, han sido despedidos por «motivos de fuerza mayor», es decir, sin recibir indemnizaciones por los años de servicio. La ministra del Trabajo, Camila Merino -aunque el gobierno demagógicamente hable contra los abusos en la utilización del artículo 159- busca consolidar estos ataques, borrando definitivamente del Código Laboral redactado por el hermano de Piñera en dictadura, la «indemnización por años de servicio». También se han permitido implementar el primer toque de queda por una razón estrictamente política, el 29 de marzo -día del joven combatiente-, y de designar a figuras ligadas a las violaciones a los derechos humanos en cargos de responsabilidad, como ocurre con el director de gendarmería, Iván Andrusco. Estos últimos hechos, revelan que la derecha, con mayor o menor celeridad, comienza a realizar una «gimnasia represiva», preparatoria, ante la posibilidad de que el pueblo trabajador pueda activarse luchando contra la catástrofe a la que ha sido arrojado.

Además, al conservar la iniciativa en sus manos, la patronal ha contado con los márgenes necesarios para evitar que se desarrollen en su interior elementos de división más serios. El debate en torno al financiamiento de la reconstrucción, parece llegar a su fin, y el martes 13 de abril, Felipe Larraín anunciaría el plan definitivo. Durante un mes, el gobierno permaneció en un estado de irresolución a este respecto, cuestión no menor, pues precisamente es el plan de reconstrucción lo que rearticulará la política durante los próximos años. El motivo de esta irresolución era la diferencia en torno a la implementación de impuestos a las grandes empresas. Mientras un sector de la derecha se oponía duramente a esta salida -argumentando que iba a desincentivar las inversiones-, otro sector lo concebía como una necesidad. En la UDI -el partido con más parlamentarios- esta diferencia se expresó agudamente en las discusiones entre Novoa y Larraín. Hoy, todo indica que los impuestos a las empresas serían un componente más del plan de reconstrucción, junto a las donaciones, el endeudamiento, y la utilización de ahorros fiscales. Aunque esta irresolución es un signo de debilidad gubernamental, al permanecer en la pasividad la clase trabajadora y el pueblo oprimido, ésta no llego a transformarse en un factor central de la vida política nacional y hoy la pueden cerrar favorablemente a sus intereses. Y de ese modo, pueden permitirse el «lujo» de haber construido apenas un 20% de las mediaguas necesarias para el invierno -mediaguas que, por supuesto, no son ni de cerca una verdadera solución-, y de mantener en la incertidumbre las soluciones habitacionales para miles de damnificados.

Por su parte, la Concertación, luego de permanecer en un estado de parálisis durante las primeras semanas posteriores al terremoto, intenta reubicarse y fortalecer su rol opositor. Signos de esto, han sido las discusiones sobre la necesidad de que el bono marzo fuera de $100.000 y no de $40.000, o el rechazo verbal de algunos de sus dirigentes al fin de las indemnizaciones por años de servicio. Aun así, sin poder cerrar su crisis. Mientras redactamos estas líneas, realizan su cónclave, con la presencia de los cuatro mandatarios que tuvo el conglomerado en los últimos 20 años. Los resultados de éste no han salido a la luz, pero ya la preparación traslucía que estos no iban a permitir que la actual oposición se rearme con un proyecto histórico. A sólo días de realizarse, el presidente DC y vocero del progresismo patronal, Juan Carlos Latorre, declaraba que el eje de la discusión iba a ser la discusión en torno a la «reconstrucción» y que los balances de la derrota, la atribución de la responsabilidad de éstas a los partidos o al gobierno, no iba a ser tratada. Esto, mientras importantes figuras de la Concertación -como el senador PPD Guido Girardi o el ex presidente del PS, Gonzalo Martner-, basándose precisamente en esos balances, buscan llegar a una alianza con Carlos Ominami y lo que fue el comando de MEO, para conformar un «Nuevo Consenso Progresista», cuestión que ha sido rechazada tajantemente por importantes figuras de la DC, como el senador Zaldívar y el propio Latorre, que quedarían fuera de tal alianza. ¿Se transformarán estas disputas en un quiebre del eje PS-DC? ¿Se reconfigurará la centroizquierda patronal, dando origen a un nuevo conglomerado? Estas preguntas siguen abiertas en el periodo que se abre.

Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Según datos de la propia Cámara Chilena de la Construcción, el decil 1 de la población, es decir el 10% más pobre del país, recibe el 1,4% de todo el ingreso generado en un año por el país, mientras el decil 10, el más rico, recibe el 41,1% del Ingreso Nacional, es decir 29 veces más. El terremoto no ha hecho más que poner al desnudo, ante los ojos de millones, tal desigualdad. El descontento aun no se ha activado, pero comienzan a haber muestras aisladas de él, como el corte que los pobladores de la localidad de Dichato realizaron en los accesos de ésta. Allí, el 90% de las viviendas está en el suelo. Otro ejemplo son los pobladores de Las Higueras en Talcahuano, que protestaron por los cobros de cuentas de agua, que se hicieron cuando tenían el servicio cortado, y la lucha que hace algunas semanas protagonizaron los miembros del Sindicato de Trabajadores Portuarios de Talcahuano en defensa de sus puestos de trabajo. También comienzan a producirse tentativas de coordinación, como la Agrupación Sindical por la Reconstrucción de Talcahuano, o las reuniones impulsadas por la Secretaría de Negociación Colectiva de la CUT, aunque sin participación efectiva de las bases. La patronal presiente que si no actúa, estos hechos aislados podrían multiplicarse.

En este escenario es una necesidad que la clase trabajadora unifique sus filas. Hay que luchar por una Gran Coordinadora Sindical. La CUT, las federaciones y confederaciones sindicales, los sindicatos de base, los colectivos y organizaciones de trabajadores, podrían llamar a una instancia así, que nos permita fortalecer las filas de la clase obrera. Para nosotros, esta instancia debería sesionar con democracia obrera, es decir, en base a delegados mandatados y revocables y con mandato de las asambleas de base. Tendría la tarea de unir a los trabajadores, además, con el resto de los oprimidos. Para luchar unitariamente, con el fin de resolver los grandes problemas de vivienda, salud, educación y empleo, con un plan de obras públicas bajo control obrero y popular, obteniendo recursos en base a la expropiación y renacionalización del cobre bajo control de los trabajadores, luchando por la defensa de los derechos democráticos, que Piñera golpeará en cuanto le sea necesario, y dándole una salida efectiva a los grandes problemas que golpean al pueblo trabajador: el pan, el empleo y la vivienda.

www.clasecontraclase.cl

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