La decisión de los cabecillas de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de dar por concluido el proceso de paz con el gobierno complica hoy aún más la situación política en esta nación andina. El vocero de las AUC y uno de sus comandantes, Ernesto Báez, desestimó hablar de una ruptura del proceso de […]
La decisión de los cabecillas de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de dar por concluido el proceso de paz con el gobierno complica hoy aún más la situación política en esta nación andina.
El vocero de las AUC y uno de sus comandantes, Ernesto Báez, desestimó hablar de una ruptura del proceso de paz, iniciado en diciembre de 2002 y mediante el cual -según el gobierno- se logró la desmovilización de más de 31 mil de sus integrantes.
Prefiero utilizar mejor la expresión de «dar por concluido ese mecanismo» y dejar en libertad a quienes entregaron las armas a tomar la decisión que estimen pertinente, indicó Báez a la prensa.
Al parecer, los 59 cabecillas de las AUC adoptaron esa postura, al considerar que el gobierno incumplió los acuerdos pactados antes de comenzar la entrega de las armas en julio de 2004.
La gota que rebosó la copa podría ser la orden presidencial de trasladarlos del centro recreativo La Ceja, donde estaban recluidos en espera de ser juzgados, a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
Asimismo, Báez insistió en que todos los ex comandantes paramilitares están dispuestos a revelar sus nexos con políticos, empresarios, ganaderos, terratenientes, militares y demás personas que ayudaron y se relacionaron con ellos durante más de 20 años.
Los grupos paramilitares de extrema derecha surgieron en la década de los 80 del siglo pasado al amparo de las autoridades oficiales, hombres de dinero del agro colombiano y algunos sectores militares, como contrapartida de las fuerzas guerrilleras.
La crisis entre las AUC y el gobierno fue vaticinada por el jefe de la misión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Sergio Caramagna, tras una reunión de los jefes paramilitares con representantes del gobierno.
El funcionario de la OEA aseguró que el proceso de paz atraviesa uno de sus peores momentos y no descartó que los paramilitares congelen unilateralmente los diálogos.
Caramagna manifestó su preocupación por un rompimiento con la Ley Justicia y Paz, porque -indicó- eso podría generar un escenario de impredecibles consecuencias.
En respuesta a la decisión paramilitar, el gobierno revocó el decreto reglamentario que obligaba a los desmovilizados de las AUC a ratificar su deseo de acogerse a la Ley de Justicia y Paz mediante una carta escrita.
De esa forma, la Fiscalía General podrá llamar inmediatamente y sin esperar esta ratificación a los dos mil 700 hombres que voluntariamente se postularon y que están en las 10 listas que envió el Ministerio del Interior al ente acusador.
Ahora, revelaron fuentes de la Casa de Nariño (Presidencia), el Ejecutivo espera que la Fiscalía llame inmediatamente a versión libre a todos los postulados de esta ley, a fin de que comiencen a contar toda la verdad.
Informes oficiales precisan que de los dos mil 700 postulados, cerca de 300 se encuentran actualmente en los zonas de ubicación temporal, 59 están en el cárcel de máxima seguridad de Itagüí y el resto en libertad por no tener antecedentes judiciales.
La crisis paramilitares-gobierno viene a sumarse a una serie de escándalos que se suceden aquí desde hace unas semanas, como los develados nexos entre políticos y miembros de las AUC y los vínculos de algunos funcionarios judiciales con un narcotraficante italiano.
Cronología de la crisis de la negociación con los paramilitares
2004
– Julio 1: Las AUC incluyen a dos narcotraficantes como negociadores, desatando denuncias de que capos de la droga han comprado «franquicias»
paramilitares para obtener tratamiento político.
2005
– Febrero 16: El comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, renuncia por diferencias con la redacción de una ley de beneficios judiciales que se
darán a los paramilitares que se desarmen. El presidente Uribe lo ratifica en el cargo.
– Febrero 23: Las AUC cuestionan la misma ley y piden una amnistía general. Uribe responde que si no transan, deben abandonar en horas la zona
protegida de Santa Fe de Ralito.
– Mayo 25: La Fiscalía ordena capturar a Diego Murillo (‘Don Berna’), por el asesinato en abril de un diputado. Este se fuga, pero se entrega dos días
después.
– Octubre 7: Las AUC suspenden las entregas de armas ante el traslado de ‘Don Berna’ a una cárcel de alta seguridad y por temor a que lo
extraditen a Estados Unidos. El 10 de octubre el gobierno cede y traslada a Murillo a una prisión cerca de su
feudo en Medellín.
– Octubre 25: Uribe cambia la cúpula del servicio secreto (DAS) por denuncias de filtración de información a los paramilitares.
– Diciembre 16: El embajador de Estados Unidos, William Wood, pide suspender beneficios a los paramilitares que intenten influir las elecciones de
2006. Bogotá lo acusa de injerencia en asuntos internos.
2006
– Enero 17: Dos partidos políticos de la coalición de gobierno expulsan a cinco candidatos al congreso, por supuestos nexos con paramilitares.
– Marzo 8: En Washington, el Departamento de Estado asegura en su informe anual sobre derechos humanos que los paramilitares siguen
perpetrando crímenes.
– Abril 17: El comisionado Restrepo anuncia que «las AUC se acabaron» y que 30.150 combatientes entregaron las armas, y que al menos 604
responderán por delitos de lesa humanidad.
– Mayo 18: La Corte Constitucional avala la ley de beneficios judiciales a los paramilitares desmovilizados, pero con condiciones.
– Junio 13: El portavoz de las AUC, Ernesto Báez, dice que el proceso de paz está «agónico» por esos condicionamientos de la Corte.
– Agosto 4: Con autorización oficial, 11 líderes de las AUC se reunen en San José con el presidente de Costa Rica, Oscar Arias (premio Nobel de la
Paz, 1987). Los jefes paramilitares dicen que prefieren buscar caminos distintos a la ley de justicia y
paz para responder por sus crímenes.
– Agosto 16: Uribe ordena a la Policía recluir a los principales jefes paramilitares en un antiguo centro vacacional cerca a La Ceja (noroeste).
– Septiembre 1: La Fiscalía anuncia que encontró el cadáver de Carlos Castaño, desaparecido desde 2004 cuando fungía como máximo líder de las
AUC, y que fue supuestamente asesinado por orden de su hermano Vicente, prófugo.
– Noviembre 9: La Corte Suprema de Justicia ordena encarcelar a tres congresistas por conformar y militar en grupos paramilitares responsables de
varias masacres en la costa norte.
– Noviembre 15: Los jefes paramilitares detenidos en La Ceja dicen que el país debe prepararse para conocer la verdad y piden a los militares,
políticos y empresarios que los apoyaron que revelen sus nexos, para no tener que delatarlos.
– Diciembre 1: Uribe ordena trasladar a una cárcel de alta seguridad en Itagüí (noroeste) a 59 jefes paramilitares desmovilizados, argumentando un
posible plan de fuga.
Con AFP.-