El pasado miércoles día 20 de marzo, organizado por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, se celebró en Santa Cruz de Tenerife un Encuentro de Pensionistas-Partidos Políticos, para hablar de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Al evento estaban invitados todos los partidos que se presentan a las elecciones […]
El pasado miércoles día 20 de marzo, organizado por la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, se celebró en Santa Cruz de Tenerife un Encuentro de Pensionistas-Partidos Políticos, para hablar de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Al evento estaban invitados todos los partidos que se presentan a las elecciones generales del 28 de abril. Sin embargo, sólo los candidatos de Unidas Podemos (UP) y del Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) acudieron a la cita, conocieron nuestras reivindicaciones de primera mano y participaron en un diálogo enriquecedor para todos. El resto, excepto dos de ellos sin representación parlamentaria, ni siquiera excusaron su presencia.
COMPROMISO ESCASO. Ha sido una demostración del escaso nivel de compromiso con los pensionistas y trabajadores en general de partidos como el PSOE, PP, Cs y Coalición Canaria, verdaderos gestores políticos del neoliberalismo económico e ideológico dominante en las actuales relaciones de producción, y cuyo objetivo esencial es la acumulación de riqueza en manos de los consorcios empresariales, aunque ello vaya en detrimento de las clases subalternas de la sociedad.
En el caso que nos ocupa, esto se traduce en el alto grado de coincidencia de sus posturas acerca de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Una muestra de ello es lo sucedido en la última reunión de la moribunda Comisión del Pacto de Toledo, cuyas deliberaciones fueron cerradas sin acuerdo hace pocas semanas. La presidencia, ejercida por la deleznable diputada del PP Celia Villalobos, había amañado un consenso con la derecha para aprobar en bloque y por vía de urgencia las 21 recomendaciones debatidas por la comisión a lo largo de los tres últimos años. Entre ellas, medidas tan contrarias a los intereses de las y los pensionistas, como las encaminadas a recortar una vez más las pensiones (sobre todo las de viudedad), aumentar la edad de jubilación a los 67 años, potenciar los planes de pensiones privados, o -la guinda del pastel- que en la revalorización anual de las pensiones, además del IPC se tuviera en cuenta otros factores, con la finalidad de que el aumento de las prestaciones esté siempre por debajo de la subida real de los precios. Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña no pasaron por ese aro, convirtiéndose por unos días en pasto de las críticas de los medios afines al poder
NO ESTAMOS EXTRAÑADOS. No nos extraña nada que tanto el PP como Cs estuvieran plenamente de acuerdo en esto, como en tantos otros aspectos destinados a reducir los derechos de los españolitos/as de a pie. Tampoco que otros partidos de derechas, como el PNV (defensor de una modalidad de seguros privados) y el PDCAT (afín en materia económica a sus mayores enemigos políticos) estuvieran de acuerdo, como lo estuvieron con Rodríguez Zapatero en su nefasta reforma del sistema público de pensiones. Sí nos extrañó, pero poco, que el PSOE, coautor con UP de unos frustrados Presupuestos Generales del Estado que venían a romper la tónica antisocial de los gobiernos del PP, formara parte del citado consenso. Y nos extrañó poco, porque este partido nos tiene acostumbrados a afirmar y prometer unas cosas cuando está en la oposición y a «matizarlas», e incluso hacer lo contrario, apenas toca poder. Sus compromisos con el pensamiento y la práctica económica dominante, que han llevado al desastre electoral e incluso a la casi desaparición en algunos países europeos (Francia, por ejemplo) a sus partidos afines, son la causa de estos vaivenes, que no desestimamos la posibilidad de que Pedro Sánchez -escarmentado en cabeza propia y ajena- empiece a corregir (si puede) en el futuro inmediato.
A MODO DE RECORDATORIO. De cara a esa posibilidad, queremos acabar recordándole al PSOE y al resto de partidos empeñados en acabar con las pensiones públicas algunos puntos de la tabla reivindicativa del movimiento de pensionistas de todo el Estado, que nos hubiera gustado debatir con sus candidatos por Tenerife: La exigencia, factible, de una pensión mínima de 1084 euros, la derogación de las reformas del sistema público de pensiones perpetradas por su compañero Rodríguez Zapatero en 2011 y por M. Rajoy en 2013, la derogación de las respectivas reformas laborales de los mismos infaustos personajes, la derogación de la «ley mordaza», el restablecimiento de la edad de jubilación a los 65 años, el fin a la insultante e indigna brecha de género en los salarios y pensiones de las mujeres, la realización de una reforma fiscal progresiva que distribuya equitativamente la carga impositiva, de manera que paguen más los que más riqueza tengan…
En estas tareas nos encontrarán a las y los pensionistas que hemos despertado masivamente a la lucha en estos últimos años. Ojo con las viejas y los viejos que ya no estamos sentados en las plazas dándoles millo a las palomas.
Ramón Afonso es portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias
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