Después de tomar unos 200 colegios y universidades, ahora los pingüinos apuntaron a la Concertación. Unos 60 estudiantes chilenos ocuparon anteayer las sedes de los partidos oficialistas Por la Democracia (PPD) y Socialista (PS). La medida fue realizada un día después de que el gobierno desalojara 40 establecimientos y repusiera la urgencia a la Ley […]
Después de tomar unos 200 colegios y universidades, ahora los pingüinos apuntaron a la Concertación. Unos 60 estudiantes chilenos ocuparon anteayer las sedes de los partidos oficialistas Por la Democracia (PPD) y Socialista (PS). La medida fue realizada un día después de que el gobierno desalojara 40 establecimientos y repusiera la urgencia a la Ley de Educación General (LGE) para aprobarla en los próximos 10 días en la Cámara de Diputados. «Vamos a seguir movilizados. Esperamos que la semana próxima se radicalicen los profesores y se sumen los trabajadores», dijo a PáginaI12 Raúl Urbina, vocero de la Federación de la Universidad de Chile. El presidente del PS, Camilo Escalona, fue sorprendido ayer en el interior de la sede partidaria cuando un grupo de 50 estudiantes irrumpió en el recinto, ubicado sobre la calle París, en Santiago, en reclamo de una nueva ley de educación, informó el diario chileno La Nación. Otro grupo de 10 estudiantes hizo lo mismo en la sede del PPD.
«Fue una ocupación pacífica y temporal con pocas personas», explicó Urbina. Con esta medida, los jóvenes rechazaron el pacto entre la Concertación y la Alianza, de derecha, que dio vida a la LGE y presionaron a los partidos intervenidos para que se pronunciaran a favor de sus exigencias. «Nuestros reclamos son la educación pública gratuita en todos los niveles, fin a la municipalización, eliminación de la educación (privada) subvencionada, y cogobierno efectivo», informaron los estudiantes en un comunicado. Rodeado de estudiantes, Escalona evitó el enfrentamiento. «Van a tener siempre las puertas abiertas del PS y no necesitan tomárselo para dialogar con nosotros», afirmó. Sin embargo, defendió el proyecto del gobierno, que ahora podría ser aprobado en 10 días. El lunes pasado la ministra de Educación, Mónica Jiménez, comunicó que reponía la suma urgencia a la LGE, una semana después de que un grupo de legisladores del PS, PPD y PRSD le quitaran ese carácter al proyecto y presentaran algunas modificaciones.
La más resonante fue la definición del Estado como garante de la educación pública y gratuita, uno de los puntos que figuran en el petitorio de estudiantes y docentes. Jiménez dijo que los nuevos tiempos fueron respaldados por la Concertación y los profesores, con quienes se reunió el sábado pasado. Pero los docentes, algunos sectores del oficialismo y la derecha no opinan lo mismo. El presidente del colegio de profesores, Jaime Gajardo, dijo a La Nación que rechazan los ritmos impuestos por el gobierno. Dentro del PS, el legislador Carlos Ominami y Carlos Montes también se sintieron molestos luego de la sorpresiva decisión tomada por La Moneda, mientras que diputados del PPD y Democracia Cristiana pusieron condiciones para apoyar la LGE. Por su parte, la Alianza, integrada por Renovación Nacional (RN) y Unión Democrática Independiente, anticipó que votará contra el proyecto oficial tras considerar que los cambios hechos por el gobierno incumplen el acuerdo que firmaron en noviembre del 2007.
«Nos parece mal que el gobierno pretenda imponer la educación pública», argumentó el inversionista y candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera. En tanto, los estudiantes se preparan para la movilización nacional que realizarán mañana. Pese a que el lunes fueron detenidos unos 200 estudiantes en desalojos, quedan 52 colegios tomados en Santiago y otros 43 en paro, según el Canal de la Universidad de Chile. En el resto del país son más de un centenar los establecimientos movilizados, mientras que la mayoría de las universidades estatales está tomada.