Este miércoles los profesores realizarán un paro nacional de actividades en rechazo a Ley General de Educación, sumando con ello un nuevo y complejo escenario a la ya convulsionada política nacional, y de paso pone el acento en los graves problemas que vive el país, es especial a las denuncias de secuestros de dirigentes sindicales. […]
Este miércoles los profesores realizarán un paro nacional de actividades en rechazo a Ley General de Educación, sumando con ello un nuevo y complejo escenario a la ya convulsionada política nacional, y de paso pone el acento en los graves problemas que vive el país, es especial a las denuncias de secuestros de dirigentes sindicales.
Las movilizaciones estudiantiles de la semana pasada -que dejaron a un corresponsal extranjero herido y a cientos de escolares y universitarios detenidos por las fuerzas militarizadas de la policía de Carabineros- pone de relieve el descontento de vastos sectores de la ciudadanía en contra de las obstinadas determinaciones de La Moneda de llevar hasta el final la Ley General de Educación.
En ese contexto, el Colegio de Profesores en conjunto con la Asamblea Nacional por la Educación (ANDE) han reiterado su rechazo al proyecto de LGE que actualmente se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados.
Para los maestros chilenos «ésta no resuelve los graves problemas de segmentación social del sistema educativo ni de calidad de la educación. Por el contrario, -en opinión del Colegio de Profesores de Chile-, esta ley en trámite profundiza la naturaleza mercantilista de la política educativa actualmente vigente y de esta manera, las causas de la situación actual del sistema».
El reclamo de los docentes, es apoyado por estudiantes y trabajadores, pero no ha encontrado oídos en Palacio y mucho menos en el ministerio de Educación. En ese contexto, el Presidente de los maestros chilenos, Jaime Gajardo, rechazó la semana pasada los dichos de secretaria de Edicación, Mónica Jiménez, quien culpo a los profesores de los bajos índices del SIMCE en los estudiantes de educación básica del país.
Gajardo dijo que «la ministra nos tiene muy molestos con sus declaraciones pues se ha sumado a los neoliberales que siempre culpan a los profesores, con una forma simplista y chata de ver la realidad».
«Este es un carepalismo de la Ministra, pues ella debe asumir la responsabilidad del ministerio en la formación docente, ellos aprueban los planes con los que se educa a los docentes, por lo tanto la responsabilidad primaria es de la política del Mineduc y deben hacerse cargo de esas políticas que deben ser revisadas», manifestó el dirigente nacional de los profesores y Secretario General de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile.
«Se nos quiere hacer responsables de esta crisis, cuando nunca se nos ha preguntado nuestra opinión, no participamos en la elaboración de la política, hemos enviado miles de documentos y no ha sido considerados», explicó el líder gremial.
Además, agregó Gajardo que «la ministra se ha hecho parte de la pandilla neoliberal que quiere aprobar a como dé lugar esta LGE que no escucha ni considera la opinión de las mayorías».
Las fuertes declaraciones del timonel de los profesores en contra de Jiménez, demuestra la falta de dialogo por parte del MINEDUC y del propio gobierno hacia el mundo social y la clara determinación de los maestros de todo el país de ir a un paro nacional con claras señales de prolongarlo si no se detiene a la LGE.
DIRIGENTES SINDICALES NO SON INTERLOCUTORES ANTE LOS EMPRESARIOS
Más allá de los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet que realizó el 21 de mayo pasado, en relación a proteger a los dirigentes sindicales y la negociación colectiva y del llamado del ministro del Trabajo y Previsión social, Osvaldo Andrade a los empresarios «a no temer a estas organizaciones de trabajadores», la realidad vuelve a golpear las puertas de la Moneda y del edificio de Huérfanos con Teatinos, más de 200 denuncias se han interpuesto en el último tiempo en contra de las malas prácticas antisindicales por parte del empresarios chilenos.
Un ejemplo de ellos han sido las agresiones se han extendido al plano delictual. El presidente del sindicato Padre Hurtado de la firma Express, Marco Jiménez, fue secuestrado por un grupo de individuos que lo mantuvieron retenido dentro de un taxi sin patente donde lo golpearon, amenazaron con atentar contra su familia, revelando conocimientos precisos sobre su esposa e hijos, y abandonándolo más tarde en Camino a Melipilla. Antes, otro dirigente Germán Martínez, fue secuestrado al interior de la empresa Alsacia y forzado a firmar su renuncia a su condición de dirigente sindical. Estas denuncias realizadas por los mismos dirigentes sindicales, han puesto de manifiesto que el empresariado nacional no sólo no escucha a la mandataria, por el contrario, aplican acciones que sólo se conocían cuando en Chile, actuaban los aparatos represivos de la dictadura de Pinochet.
El secuestro de dirigentes sindicales, trae a la memoria, el vil asesinato del dirigente de la ANEF Tucapel Jiménez, quien fue asesinado utilizando las mismas acciones que se están denunciando.
EN COLOMBIA ESTAS CUESTIONES TERMINAN RESOLVIÉNDOSE CON LA MUERTE DE DIRIGENTES O CON MI MUERTE
Las denuncias fueron ya realizadas al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, pero hasta el momento no se ha sabido respuesta de ellas, ni pública ni privadamente. Si el Ejecutivo no pone atención y actúa en consecuencia sobre las denuncias de los dirigentes sindicales y organizaciones políticas y sociales en Chile podremos ver en corto plazo el asesinato de líderes sindicales con sucede en Colombia, donde son cientos los sindicalistas exterminados por banda de paramilitares que son financiadas por empresarios.
En una carta a Pérez Yoma, el encargado sindical del Partido Comunista de Chile Jorge Insunza, manifestó que las fiscalías respectivas no han actuado ante las denuncias. «Peor aún, -dice el líder comunista- el sr. Alberto Haddad, de nacionalidad colombiana, Gerente General de una de las empresas del Transantiago, en una reunión con dirigentes sindicales en medio de la discusión expresó: En Colombia estas cuestiones terminan resolviéndose con la muerte de dirigentes o con mi muerte».
Las amenazas han llevado al secuestro y a las golpizas de trabajadores sindicalizados, no tan solo en el sector del transporte, sino también en otras actividades económicas, como el seguimiento y filmación de las actividades de los dirigentes y sus asociados.
Los conflictos laborales son resguardados por leyes internacionales y de hecho son un derecho de los trabajadores para obtener mejoras laborales. Pero esta visión de los conflictos laborales que se pretende imponer en nuestro país no puede ser tolerada. El gobierno chileno y la justicia deben poner fin a esta escalada de agresiones al movimiento sindical.
En situaciones como esta, el gobierno debería ponerse en acción para resguardar los derechos de los trabajadores y de sus dirigentes. Es deber del Estado velar por el bien común y todos los ciudadanos y en especial el ministerio del Interior, quien es el encargado de cuidar la seguridad de chilenos y chilenas. El señor Pérez Yoma debería recordar que la Presidenta Bachelet instruyó el año pasado a todos sus ministros que no quería ningún muerto más en su gobierno, en clara alusión al trabajador forestal, Rodrigo Cisternas, quien fue abatido por la policía el año pasado en el sur del país cuando participaba de una huelga legal.
El gobierno deberá tomar medidas para escuchar el clamor popular sobre el tema de la educación, pero también deberá poner oídos a las denuncias sobre empresarios que quieren colombianizar las ya deterioradas relaciones empresario-trabajadores, sino lo hace, lo más probable que situaciones como las descritas podrían escaparse de las manos.