Virginie Houdmont coordina el área de prensa de Amnistía Internacional-Chile, Sergio Laurenti es el director ejecutivo de la ONG con sede en Santiago. Accedieron responder una entrevista digital con Clarín.cl a propósito de la visita de James Anaya, Relator de la ONU sobre asuntos indígenas. En las oficinas de AI-Chile, el Enviado Especial de Naciones […]
Virginie Houdmont coordina el área de prensa de Amnistía Internacional-Chile, Sergio Laurenti es el director ejecutivo de la ONG con sede en Santiago. Accedieron responder una entrevista digital con Clarín.cl a propósito de la visita de James Anaya, Relator de la ONU sobre asuntos indígenas. En las oficinas de AI-Chile, el Enviado Especial de Naciones Unidas se reunió con organizaciones mapuches y entre los periodistas acreditados, destacó la presencia de la cineasta Elena Varela.
A 25 años de la fundación de Amnistía Internacional-Chile, hacemos un recorrido por su historia, los momentos clave (el Juicio a Pinochet y la transición), las deudas de la democracia: La Ley Antiterrorista en contra de la comunidad mapuche, la criminalización de la protesta social y la falta de una total libertad de expresión, finalizando con un enérgico llamado para la abolición de la pena de muerte en Chile.
MC.- ¿En qué año se inauguró la filial de Amnistía Internacional en Chile?
AI.- En 1979 , en el contexto del régimen militar, comenzaron los primeros pasos de activismo de AI en Chile. Fue el 16 de marzo de 1983 cuando el Comité Ejecutivo Internacional de AI anunció el reconocimiento oficial de la existencia Amnistía Internacional-Chile a quienes dirigían la organización en ese momento. Han transcurrido 25 años de los cuales nos sentimos orgullosos.
MC .- ¿Cuál es la historia de Amnistía Internacional-Chile una vez finalizada la dictadura?
AI.- Los 17 años de dictadura interrumpieron el proceso de construcción nacional que llevaba en marcha desde la constitución de Chile como República, en 1810, y empañaron la imagen del país ante la comunidad internacional. El régimen de Augusto Pinochet dejó estructuras profundamente arraigadas y heridas que no sólo han afectado y siguen afectando a las víctimas directas de tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales y otras violaciones atroces de los derechos civiles y políticos, sino que también se han dejado sentir hasta hoy en el tejido social chileno.
Amnistía Internacional reconoce que romper con un pasado de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos supone un reto enorme para cualquier gobierno. Desde 1990, y especialmente desde la detención de Augusto Pinochet hace 10 años, se ha avanzado mucho, pero pensamos que es legítimo pedir un mayor progreso, lo que debería ser una prioridad para el gobierno chileno. Desde el fin de la dictadura en 1988 hasta hoy, Amnistía Internacional-Chile, ha trabajado para movilizar a personas voluntarias que contribuyen a la construcción de una cultura que valora, promueve y defiende los derechos humanos. Entre 2002 y 2009 tan sólo, Amnistía Internacional ha pasado de tener algunas pocas decenas de integrantes a más de 6000 socios donantes y activistas.
MC .- ¿Cómo se involucró Amnistía Internacional en el litigio del abogado Joan Garcés por la extradición de Pinochet a España?
AI.-Amnistía Internacional fue la primera Organización No Gubernamental Internacional que alertó a los gobiernos europeos para que ejercieran las responsabilidades establecidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes cuando se hizo pública la información de que el general Pinochet visitaría Europa en 1998. La organización movilizó a su membresía para presionar al gobierno del Reino Unido para que accediera a su extradición. También acudió a las corte de la Cámara de los Lores, junto con otras ONGs, para convencerla que el Reino Unido debía otorgar la extradición, llevando a la histórica decisión que un ex jefe de Estado podía ser extraditado para enfrentar un juicio, sobre la base de la jurisdicción universal.
El 16 de octubre de 1998 el general Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por el pedido de extradición del juez Garzón. En éste concepto, tanto el abogado Joan Garcés, como algunos dirigentes de Amnistía Internacional y personal de nuestro Secretariado, como la investigadora Virginia Shoppee, tuvieron un gran liderazgo y llevaron el peso de la investigación, la movilización y la respuesta a los medios. En la ausencia de posibilidades en Chile, las familias de miles de víctimas que fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas durante el régimen de Pinochet, habían presentado cargos en España y otros países europeos que podían aplicar la jurisdicción universal según su legislación nacional. La detención de Augusto Pinochet anunció un momento culminante para la jurisdicción universal, al reconocer que los jefes de Estado no están por encima de la ley y pueden ser arrestados y juzgados internacionalmente por crímenes cometidos en sus propios países.
MC.- ¿Qué deudas en materia de derechos humanos no ha cubierto la Concertación?
AI.- Durante el gobierno de la Concertación, Amnistía Internacional ha señalado y aplaudido algunos positivos avances en la protección de los derechos humanos en Chile, y destacamos como obra del actual gobierno -por ejemplo- la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y el apoyo al desarrollo de un Tratado Internacional de Control de Armas; la incorporación de mayor cobertura del programa AUGE y el avance en temas de verdad y justicia, que se han producido desde la primera versión de la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario – una iniciativa que promueve la adopción de una cultura de derechos humanos en Chile, liderada por Amnistía Internacional-Chile y conducida por 60 organizaciones.
Sin embargo, se ha acumulado un extenso legado de «asuntos por resolver» de la era del gobierno militar, arraigados en la influencia de las leyes y la cultura institucional que persiste en algunos sectores de los órganos del Estado, y que pone serias trabas al cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos al que Chile aspira. La historia reciente de graves violaciones de derechos humanos en Chile y la temática de su defensa y promoción -que es un deber del Estado- ha motivado que medidas importantes y esenciales para el desarrollo de un país más justo e igualitario se demoren inexcusablemente.
Ejemplo de ello es la falta de ratificación del Tratado de Roma, que establece la Corte Penal Internacional y una larga lista de otros instrumentos internacionales; o el avance en temas de dignidad humana, la lucha contra la discriminación, o el acceso a la salud, a la educación y a la seguridad. Estos asuntos no son dádivas que los Estados otorgan, son obligaciones que deben cumplirse. Iniciativas importantes para las personas son a menudo usadas políticamente, avanzan, retroceden y frecuentemente se estancan debido a que la agenda política aparece dominada por defensas corporativistas, de intereses sectoriales -primordialmente económicos- y no se pone a las personas en primer lugar. Además, las acciones y omisiones del gobierno han dado pie a nuevas formas de violación y negación de derechos que no sólo afectan a las víctimas de la dictadura, sino que generan nuevas víctimas en otros sectores de la sociedad chilena y que necesitan ser abordados por el gobierno.
MC.- Amnistía Internacional presentó su informe anual sobre la pena de muerte a nivel mundial; tanto en México, Argentina y Chile se reorganizan los promotores de la pena de muerte. ¿Qué puntos propone AI para debatir la caducidad definitiva de la pena de muerte?
AI.- Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte, y trabaja profusamente contra la pena de muerte haciendo campañas en países concretos y colaborando con la sociedad civil. La organización es miembro fundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte , compuesta por más de 70 organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales que han unido sus fuerzas para librar el mundo de la pena capital. El 18 de diciembre, la Asamblea General de la ONU adoptó por aplastante mayoría una Resolución que pedía la suspensión de las ejecuciones: 104 votos a favor, 54 en contra y 29 abstenciones. La Resolución contó con un amplio apoyo en todas las regiones. En octubre de 2008, la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU se reunió de nuevo para debatir la cuestión de la pena de muerte y la aplicación de la Resolución 62/14 «Moratoria del uso de la pena de muerte».
Resulta jurídicamente imposible, tanto ejecutar a persona alguna como volver a implantar la pena máxima, sin faltar a compromisos contraídos en tratados que son ley para estos países que aprobaron la moratoria del uso de la pena de muerte. Como organización vigilamos, hasta el punto que podamos, y condenamos las ejecuciones que se efectúan en el mundo. La tendencia mundial es hacia la abolición, y aunque existen algunas personas extremistas que quieran volver a instalarlo, es muy poco probable que se haga realidad. En Chile aún tenemos pena de muerte, aplicable bajo ciertas condiciones, en tiempos de guerra y nuestro trabajo se centra en su abolición.
MC.- En entrevista con Clarín el abogado José Aylwin dijo: » Chile es el único caso de aplicación de Ley Antiterrorista en contra de los pueblos indígenas -desde 2003-, sólo existe otro país donde recientemente se aplicó -en 2007- la Ley Antiterrorista en contra de los maoríes en Nueva Zelanda» . ¿Qué ha informado Amnistía Internacional-Chile sobre los antecedentes de La Ley Antiterrorista?
AI.- Amnistía Internacional-Chile ha pedido al Gobierno derogar la Ley 18.314 conocida como «Ley Antiterrorista» para que no pueda ser aplicada a actos relacionados con la lucha social por la tierra y las quejas legítimas de los pueblos indígenas. Durante la reunión de Irene Khan, Secretaria General de Amnistía Internacional con la Presidenta Bachelet en 2008, y en la Agenda de Derechos Humanos para el Bicentenario, la organización ha propuesto determinadas pautas que el Estado chileno debería cumplir para asegurar a los pueblos originarios de chile una mejor calidad de vida, dignidad y respeto. En primer lugar, el gobierno chileno debe cumplir los instrumentos internacionales y aplicarlos en políticas públicas y legislaciones.
Durante su visita a Chile en Abril 2009, el Relator Especial de la ONU, James Anaya, repitió muchas las preocupaciones que Amnistía Internacional ya ha presentado en varias ocasiones al actual gobierno chileno, que incluyen: modificar la legislatura sectorial sobre la tierra, el agua, las minas y otros sectores que pueden estar en conflicto con las disposiciones de la Ley Indígena; ampliar y agilizar el trabajo del Fondo de Tierras gestionado por CONADI, para adquisición de tierras por parte de los pueblos indígenas, y desistir de criminalizar o penalizar las legitimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y los pueblos indígenas.
MC .- El presidente vitalicio de la Fundación Neruda goza de un prestigio inmerecido, basta recordar que invertía la plata del copyright de Neruda en la empresa del pinochetista Ricardo Claro. ¿Amnistía Internacional-Chile ha señalado la responsabilidad de Juan Agustín Figueroa como ideólogo de la Ley Antiterrorista en contra de la comunidad mapuche?
AI.-No, Amnistía Internacional no ha señalado responsabilidades personales, sólo presionamos para que el gobierno y el Congreso de Chile hagan lo necesario en la legislación interna, ajustándola a las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Esta Ley Antiterrorista es injusta y ha sido invocada de una forma inapropiada, por lo que debe ser derogada.
MC .- ¿Amnistía Internacional-Chile lleva un registro de los indígenas encarcelados por la aplicación de Ley Antiterrorista?
AI.- Amnistía Internacional-Chile no lleva registro de los indígenas encarcelados por la aplicación de la Ley Antiterrorista, pero vigilamos desde cerca y nos preocupa su situación de exclusión y pobreza y el impacto de las violaciones de los derechos humanos sobre su vida diaria. Entre los pueblos más vulnerables se encuentran el mapuche, atacameño y diaguita. Hemos comprobado que estos pueblos son discriminados, marginados y se ven a sí mismos como víctimas de una estrategia económica que está destruyendo su vida y sustento.
MC.- ¿De qué manera participará Amnistía Internacional-Chile en la defensa de la cineasta Elena Varela?
AI.-En Junio 2008, Amnistía Internacional circuló un llamado de Acción Urgente a su red global de ciberactivistas alrededor del mundo para que intercedan por Elena Varela. La realizadora de documentales fue puesta en libertad el 13 de agosto de 2008, tras permanecer más de tres meses bajo custodia. Actualmente, la organización sigue vigilando la situación de la cineasta.
MC .- Finalmente, la libertad de expresión es parte fundamental de los derechos humanos. ¿Qué análisis hace Amnistía Internacional sobre el acceso de la ciudadanía chilena a la pluralidad de información?
AI.- Amnistía Internacional califica a la libertad de expresión como un derecho humano básico. En Chile todavía existen violaciones de la libertad de expresión. Aunque las agresiones de la gente que se expresa públicamente, son muy escasas, las autoridades -y en particular las fuerzas del orden-, siguen desconfiando de los medios de comunicación.
Chile en materia de libertad de prensa sufre de falta de pluralismo en sus grandes medios de comunicación. La detención de la documentalista Elena Varela, durante la cual confiscaron equipamiento de su casa, incluyendo: videos, equipo de sonido, cámaras, teléfonos celulares y vestimentas necesarias para la filmación de su documental, es un buen ejemplo de una violencia al derecho a la libertad de expresión y una violencia al derecho de informarse como decretado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En Marzo de este año, se inauguró la Tribuna Ciudadana en Valparaíso, lugar que ofrece una voz a todos aquellos que quieren ser escuchados. Amnistía Internacional estuvo presente en dicha inauguración y aplaude la iniciativa. Esperamos que la sociedad chilena aproveche este medio y que el gobierno haga realidad una participación ciudadana más amplia en la toma de decisiones y asegure de que la voz del ciudadano sea escuchada y respetada.