Escuchándoles detenidamente he llegado a la conclusión de que probablemente los portavoces que más violen el mandamiento de no mentir en sus declaraciones públicas sean los de la Iglesia. Las recientes decisiones del gobierno español referentes a la educación de religión, el matrimonio entre homosexuales o a la nueva ley del divorcio han provocado el rosario […]
Escuchándoles detenidamente he llegado a la conclusión de que probablemente los portavoces que más violen el mandamiento de no mentir en sus declaraciones públicas sean los de la Iglesia.
Las recientes decisiones del gobierno español referentes a la educación de religión, el matrimonio entre homosexuales o a la nueva ley del divorcio han provocado el rosario habitual de declaraciones procedentes de la divina institución. Afirman reivindicar la libertad de los españoles para poder elegir educación para sus hijos o ver atentados sus derechos religiosos, incluso el cardenal Carlos Amigo ha dicho que «el Estado laico no debe ser perseguidor de la religión». Se trata de las misma jaculatorias pronunciadas desde que terminó la dictadura y empezaron leyes como la del aborto, la del divorcio o la legalización de los anticonceptivos.
Afirmaba Juan José Millas en el diario El País del pasado sábado que el gobierno -que él llama de izquierdas- no comunicaba bien estas cuestiones. Yo creo que la cúpula eclesiástica española está suficientemente informada de las decisiones gubernamentales, simplemente mienten en sus reivindicaciones de libertades y derechos. Y mienten porque en nuestro país a nadie se le obliga a divorciarse si se considera felizmente casado, tampoco a contraer matrimonio si es homosexual, ni a abortar si quiere llevar a término su embarazo o está en contra de sus principios morales. Ninguna mujer debe tomar anticonceptivos contra su voluntad, ni a ningún hombre se le colocan preservativos si no lo desea. Cualquier padre podrá elegir todas las horas de educación católica que desee para sus hijos, una vez que haya terminado sus clases de matemáticas y física. Ni tampoco nos molesta a los señalados como anticlericales que la Iglesia tenga sus propios medios para lograr sus recursos económicos.
El debate es entre quienes respetamos que los católicos tomen esas decisiones o no, es decir los laicos, y quienes hacen todo lo posible para que el resto de la sociedad no tenga esos derechos, es decir la Iglesia oficial.
Tras esas constantes acusaciones de anticlericalismo por parte de los representantes de la Iglesia católica y sus reiterados llamamientos a sus derechos y libertad de elección sólo se encuentra el obsesivo intento de imponer sus criterios sobre el aborto, el matrimonio, los anticonceptivos, la educación y la fe al resto de los ciudadanos. Somos muchos los que respetamos sus principios morales, sus cánones de comportamiento y sus dogmas de fe, no tenemos ningún interés en cambiárselos. Hagan lo mismo con nosotros, déjennos en paz y no quieran presentar como persecución lo que es nuestro legítimo derecho a ignorarles.