El desguace del Sistema de Atención a la Dependencia no sólo se ceba con las personas más vulnerables, sino que apunta a un cambio profundo en el modelo de servicios sociales. El objetivo es pasar del ciudadano con derechos reconocidos, al que se garantizan unos servicios públicos esenciales, por un modelo basado en la beneficencia, […]
El desguace del Sistema de Atención a la Dependencia no sólo se ceba con las personas más vulnerables, sino que apunta a un cambio profundo en el modelo de servicios sociales. El objetivo es pasar del ciudadano con derechos reconocidos, al que se garantizan unos servicios públicos esenciales, por un modelo basado en la beneficencia, el asistencialismo, la caridad y la adjudicación de contratos y subvenciones por discrecionalidad política.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncia el desmantelamiento por razones ideológicas de un sistema de ayudas a las personas dependientes que, con sus muchas limitaciones, funcionaba a partir de la legislación impulsada por el gobierno de Zapatero en 2006. «El sistema se destruye por inanición y tiene fecha de cierre: cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido», asegura este colectivo.
Aunque frías y burocráticas, las cifras por sí solas ya espeluznan. El Gobierno de Rajoy ha recortado 835 millones de euros en las ayudas a la dependencia; en 2012 también se redujo a 450.000 cuidadores familiares la cuantía de las prestaciones económicas en un 15%, y el estado dejó sin cotización a la seguridad social a 146.000 cuidadores. Más de 100.000 personas se hallan pendientes de «valoración» y unas 240.000 en el «limbo» de la dependencia (en espera de la prestación, aunque con el derecho reconocido).
» Todo indica que decenas de miles de personas con un derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo, morirán sin ser atendidos», subraya José Manuel Ramírez, presidente de la asociación estatal de directores de Servicios Sociales.
En plena oleada de recortes estivales, y con la Troika al acecho, el Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio aprieta las tuercas al sector de los servicios sociales. Con la excusa del déficit público, el ejecutivo de Rajoy decreta un recorte del 15% en las prestaciones económicas que reciben familiares de personas dependientes, y que el estado deje de cotizar a la seguridad social por los cuidadores no profesionales. «Estas medidas han forzado, en muchos casos, a que familiares de personas dependientes hayan abandonado sus trabajos para dedicarse a los cuidados, sobre todo en el caso de personas muy mayores y grandes dependientes», asegura Palmira Castellano, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia del País Valenciano.
Al tajo genérico del gobierno central siguió la poda en las comunidades autónomas. En algunos casos, como en el País Valenciano, con efectos dramáticos. La Orden de 25 de octubre de la Conselleria de Bienestar Social introduce criterios de renta y grado de dependencia para acceder a las prestaciones económicas. Se trata, en la práctica, de establecer el «copago», según denuncia la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia. Se calcula que con el «copago» -«de manera brutal y sin previo aviso», afirma Palmira Castellano- decenas de miles de valencianos han experimentado recortes en las prestaciones de hasta un 70% (algún afectado ha pasado de percibir 280 euros a sólo 20).
Los recortes se sufren en el día a día, en la vida cotidiana. Afectan, por ejemplo, a material, a veces muy caro, necesario para los dependientes: sillas de ruedas, bastones, andadores, grúas, aparatos de accesibilidad para las duchas, sondas o bombas para absorber heces. Lo mismo ocurre con el material ortopédico. Las medidas de «ahorro», «eficiencia» y «optimización de recursos» se aplican en todos los capítulos. De hecho, el IMSERSO y las consejerías han reducido los grados de discapacidad y niveles de dependencia en las valoraciones, con el fin de «racionalizar» el gasto (en enero se declararon 4.000 «grandes dependientes» menos que el mes anterior en el conjunto del estado).
Frente a esta batería de medidas, las organizaciones llevan tiempo movilizándose. El sábado 9 de febrero la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en el País Valenciano convocó una concentración frente a la sede de la Generalitat. A una de las asambleas previas se acercó un familiar de Enrique Balaguer, quien afirma que, tras los recortes del verano y enero, la ayuda que recibe ha pasado de 550 a 269 euros. Enrique Balaguer, de 52 años, sufrió un accidente de tráfico hace 25, y ahora vive en estado vegetativo, sin conocimiento ni capacidad para hablar ni para moverse. Inma Orea, de 32 años y vecina de Algemesí (Valencia), convive con su marido en paro y un hijo aquejado de autismo profundo e hiperactividad. Más que una lucha, lo suyo ha sido un «martirio», durante dos años, confiesa. La prestación que se le reconoció al amparo de la Ley de Dependencia se la han rebajado 100 euros, pero ha conseguido, «gracias a la lucha individual», que la Administración le abone 13.000 euros por tres años de prestaciones.
Con demoras de más de dos años en el cobro de las ayudas, personas que tienen derecho a la prestación y fallecen sin percibirla, y el boicot deliberado en algunas autonomías gobernadas por el PP, el recorrido de la Ley de Dependencia parece más bien el de un penoso calvario. Sólo en el País Valenciano hay 10.000 personas dependientes con el «grado» y el «nivel» reconocido, a la espera de que la Conselleria de Bienestar Social remita el listado al Ministerio de Sanidad y así el trámite siga su curso. Las organizaciones sociales apuntan a uno de los directos responsables, Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas, conseller de Bienestar Social (2007-2009) y, como significado miembro del Opus Dei, personaje estrechamente vinculado a Francisco Camps. Su familia ha prosperado en el negocio de las residencias para mayores. Además, su nombre aparece ligado al ingreso de 200.000 euros en las arcas del PP, en los papeles de Luis Bárcenas.
En tiempos del gobierno de Zapatero, denuncia la Plataforma de la Dependencia en el País Valenciano, el ejecutivo central transfería los recursos para pagar las prestaciones, pero el Consell se negaba a cumplir con su parte, en un sistema de ayudas que teóricamente ha de cofinanciarse. Para ahogar definitivamente el sistema, también se ha eliminado en todo el estado el derecho de retroactividad (primero Zapatero y después Rajoy), que aportaba garantías ante las demoras en el pago de las prestaciones.
¿Qué hay en el fondo de estas medidas que atacan uno de los grandes bastiones del llamado estado del bienestar? A juicio de Palmira Castellano, «el dinero de los Servicios Sociales se lo han llevado a otra parte; somos los chivos expiatorios, los primeros a quienes han atacado porque les resulta muy fácil. Nos tienen registrados en un fichero. Por eso actúan con esa falta de escrúpulos y de humanidad. Si no los paramos, si nos continúan robando derechos, acabaremos en la cola de la caridad». En la práctica, añade, «se han producido recortes de hasta un 95% en las prestaciones».
En el caso del País Valenciano, la puntilla (por el momento) llegó con la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2013, en la que se suprimió la gratuidad de los medicamentos y ortoprótesis para las personas discapacitadas, que pasaron a pagarlos desde el 1 de enero en función de sus ingresos. En algunos casos se trata de productos muy caros (hasta 300 euros). Esta medida se agrega a los más de 400 medicamentos que el departamento de la «tocada» ministra de Sanidad, Ana Mato, retiró de la financiación de la seguridad social. Muchos de ellos, como laxantes, protectores de estómago, analgésicos o antiinflamatorios, son de uso muy común entre las personas dependientes. Visto lo visto, la tijera no toca fondo y la poda, con la coartada del déficit, se ha adentrado en unas «líneas rojas» que no hace mucho se antojaban infranqueables.
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