Más allá de la contradicción implícita en el hecho, es público y notorio que Ricardo Lagos, el Presidente más desembozadamente neoliberal del ciclo concertacionista, se replegó a una trinchera montada para proyectar su candidatura al año 2010 –la Fundación Democracia y Desarrollo y la presidencia del Club de Madrid- revestido de inusitados niveles de popularidad, […]
Más allá de la contradicción implícita en el hecho, es público y notorio que Ricardo Lagos, el Presidente más desembozadamente neoliberal del ciclo concertacionista, se replegó a una trinchera montada para proyectar su candidatura al año 2010 –la Fundación Democracia y Desarrollo y la presidencia del Club de Madrid- revestido de inusitados niveles de popularidad, cercanos al 70% en las encuestas.
Como fenómeno político es curioso, pero tiene explicación.
Quizá como aspecto previo, convenga relativizar el valor proyectivo de las encuestas, sobretodo en el largo plazo. Joaquín Lavín es un pálido testigo de ello. Hace dos años, era presidente seguro en las encuestas. Hoy es nada.
Dentro de dos años, la popularidad de Lagos puede no ser más que el eco de un recuerdo, vapuleado por la doble tenaza de las consecuencias sociales del modelo que condujo hasta sus expresiones extremas y de las consecuencias políticas del juicio a la corrupción del período, una presa que la Ministra Ana Gloria Ana Chévesich no pretende soltar.
El primer factor que explica la popularidad de Lagos es su indesmentible carisma personal.
El gobierno de logos
En griego, «logos» significa palabras, y parece evidente que el gobierno de Lagos fue el gobierno de logos, lo que por contraste implica reconocer la excepcional capacidad comunicacional del ex gobernante, reforzada por el trabajo de nutridos y calificados equipos asesores.
Enseguida, cabe consignar su fuerte personalidad, rayana en el autoritarismo, rasgo altamente apreciado en el mercado electoral, en un país que históricamente se ha arropado en liderazgos potentes, de rasgos paternalistas.
En tanto líder nato, Lagos sabe huir hacia delante, como reveló su conducta en el episodio Mop-Gate, y siempre se las arregló para parecer quedándose con la última palabra, aunque fuera una impostura.
A modo de ejemplo, descalificó duramente a un ciudadano que reivindicó a la Vicaría de la Solidaridad en la inauguración de una estación del Metro, con el argumento de que Chile es el único país que ha elaborado informes como el de las comisiones Rettig y Valech. Pero el ex gobernante ignora, olvida, omite o miente respecto del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala, y el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, en Argentina, conocida como Comisión Sábato, entre muchos otros, sólo por mencionar informes mucho más concluyentes que sus equivalentes chilenos, en los que no se evade la responsabilidad de los culpables.
En la cena de clausura de la asamblea semestral del Instituto Internacional de Finanzas, que reunió en Zurich a unos 400 delegados de los 340 bancos miembros de la organización, en vísperas de asumir la presidencia del Club de Madrid, el 31 de marzo pasado, Lagos declaró muy suelto de cuerpo que lo que diferencia a Chile de otras naciones de América Latina es que utilizó el crecimiento económico para mejorar los índices de desarrollo.
Lagos olvida y omite -o miente- que Chile es el segundo país en Latinoamérica y el noveno en el mundo, de peor distribución del ingreso; que es uno de los países donde se trabaja más horas en el mundo; que su sistema de seguridad social basado en la capitalización individual está técnicamente quebrado; que tiene un sistema político fundado en la exclusión; que la desigualdad estructural del modelo se reproduce en el acceso a la salud, la educación y la vivienda; que Chile es uno de los países con mayores tasas de patologías mentales vinculadas al estrés y la depresión del mundo, y que el modelo de capitalismo desregulado ha desencadenado una verdadera catástrofe ambiental.
O sea, indicadores exactamente contrarios al concepto de desarrollo.
Pero como Lagos lo afirma con autoridad, la gente se queda con esa imagen.
El poder de las imágenes
Sin que mediaran decisiones de política económica, el gobierno de Lagos tuvo la fortuna de tener en la segunda parte de su período, un ciclo económico al alza, impulsado básica y casi exclusivamente por el extraordinario precio de los transables, principalmente el cobre. Esa es la imagen que prevalece, aunque el promedio del sexenio es de un modesto 4,3%, claramente inferior al de los dos gobiernos precedentes, si bien en un país con semejantes indicadores de dependencia, la evolución de los indicadores macroeconómicos dependen menos de decisiones endógenas que de los ciclos del capitalismo.
La popularidad de Lagos también se explica por el hecho de que los gobiernos de administración ofrecen estabilidad, la que también tiene bonos altos en el mercado electoral. Por lo demás, su eficiencia como administrador fue un rasgo majaderamente repetido por los representantes del capital transnacional, el empresariado criollo y los medios de comunicación.
Las profusas alabanzas de los representantes del capital no son gratuitas ni concedidas por gracia. Simplemente premian el programa «modernizador» del gobierno de Lagos, consistente en la mercantilización de relaciones sociales que otrora se consideraban derechos, como la educación, la salud, la vivienda y las obras públicas en infraestructura.
Estas explicaciones no inhabilitan el hecho que el suyo fue el más deficitario de los gobiernos de la Concertación en materia de deuda social y equidad, y a la vez el más extremo en la aplicación de las recetas del consenso de Washington, probablemente impulsado por el prurito de mostrar buena conducta, para mantener «las confianzas» con las elites locales y globales.
Tal vez por eso, su sucesora, Michelle Bachelet se ha esmerado en proyectar una imagen conciliadora, una cierta independencia y un discurso inclusivo.
De hecho, la abrumadora expectativa manifestada por las masas concertacionistas volcadas en las calles en el pomposo ceremonial del cambio de mando, demuestra por contraste la magnitud de los problemas irresueltos por tres gobiernos consecutivos de la coalición oficialista.
Balance político e institucional
Para establecer un patrón de equidad en el juicio al gobierno de Ricardo Lagos en materias políticas e institucionales, nada mejor que confrontarlo con las promesas de campaña establecidas en su programa de gobierno.
En el título 10, denominado Democracia Plena, Iguales Derechos, Mejor Trato, se lee: «En una institucionalidad plenamente democrática, las leyes son expresión de la mayoría, sin otros límites que los derechos humanos. En democracia la dignidad de la persona basta para exigir su derecho a participar en las decisiones de su país, región, comuna, ciudad y barrio».
Y también: «Seguiremos defendiendo el principio de que todos los legisladores sean elegidos por los ciudadanos y ciudadanas. Ningún grupo ni persona tiene más dignidad que el resto. Nadie puede tener privilegios para designar senadores especiales».
Entre las medidas específicas enunciadas en el programa, orientadas a la profundización de la democracia, cabe mencionar:
– La eliminación de los senadores designados,
– La reducción de quórum excesivamente altos para determinadas leyes,
– Cambio en las atribuciones y composición del Consejo de Seguridad Nacional,
– Restablecer la facultad plena del Jefe de Estado en nombramientos, ascensos y retiros de los miembros de las Fuerzas Armadas,
– Cambiar la composición del Tribunal Constitucional,
– Impulsar un sistema electoral que permita representación proporcional de la voluntad ciudadana,
– Reforzar las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados y aumentar las facultades del Congreso para determinar la agenda legislativa,
– Financiamiento público de las campañas electorales, con límites al gasto máximo y regulación del financiamiento privado,
– Reforma constitucional que permita el plebiscito.
En cuanto a la reforma del Estado, anuncia el reforzamiento de las normas sobre probidad y transparencia en el gasto público; la creación de oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias en todos los servicios que atiendan público; la creación de una agencia especial de Defensoría del Ciudadano ante los servicios público y la racionalizaremos el número de ministerios, así como el control de su gestión y elevar la remuneración de los funcionarios, para hacerla más competitiva.
Respecto a la justicia, el programa de gobierno anuncia la conclusión de las reformas necesarias para poner en marcha la reforma procesal penal, la creación de los Tribunales de Familia, el mejoramiento de los Tribunales Civiles y la modernización de los órganos auxiliares de la justicia, así como la creación de tribunales especializados en materia de comercio, y tribunales de cobranza.
Reformas constitucionales
En el balance, claramente lo más relevante del período fue el paquete de reformas constitucionales consensuado con la derecha, que en lo sustantivo:
– Restituyó la facultad del Presidente para remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas,
– Transformó el Consejo de Seguridad Nacional en un organismo asesor, dependiente del Presidente de la República,
– Terminó con los senadores designados y vitalicios,
– Redujo el período presidencial a cuatro años, sin reelección inmediata,
– Aumentó ciertas facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.
El paquete incluyó otras 30 reformas menores, que por su irrelevancia no viene al caso detallar.
Es evidente que las denominadas reformas «duras» representan un avance democrático, que figuraba como aspiración en los programas de los tres gobiernos de la Concertación. Pero, claramente, no justifican la pretensión presidencial de presentarlas como el «fin de la transición, toda vez que mantuvo incólumes los mecanismos de exclusión de significativos sectores políticos y sociales, tales como el sistema electoral binominal y la inhabilidad de los dirigentes sindicales para optar a cargos parlamentarios.
En tal sentido, la derecha pudo respirar tranquila, pues si bien se remueven algunos de sus dilectos «equilibrios y contrapesos», preservó su capacidad de veto en el sistema político chileno, aquel que le permite la mitad de la representación parlamentaria con un sólo un tercio de votación electoral, precisamente en virtud del cual bloqueó la modificación del sistema electoral binominal, por sobre la opinión de la abrumadora mayoría de los chilenos, razón por la cual dichas reformas tienden más a petrificar el sistema político que a mejorarlo.
Esencia antidemocrática
Las reformas acordadas entre la derecha y la Concertación preservan la esencia antidemocrática de la Constitución, no sólo porque mantienen los mecanismos de exclusión política, sino también su inspiración autoritaria, expresada en un presidencialismo exacerbado; las bases del modelo neoliberal, manifestadas en la preeminencia de los derechos individuales y de propiedad sobre los derechos colectivos y sociales, y la incautación del principio de la soberanía popular, desnaturalizado por el artículo 5° del actual texto constitucional, en virtud del cual la soberanía «reside esencialmente en la Nación«, en lugar del pueblo, su legítimo poseedor.
Como en su momento señaló un informe del Taller de Coyuntura del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz: «La consolidación de este proyecto refundacional, que en esencia secuestró el principio de la soberanía popular para transferirlo a los propietarios de los medios de producción, requería del fortalecimiento de la capacidad de disciplinamiento y coerción del Estado, manifestada en la instauración de enclaves autoritarios, exentos de control ciudadano e inmunes al contrato democrático, tales como los senadores designados, la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Consejo de Seguridad Nacional y el Tribunal Constitucional. Veinticinco años después, cuando la consolidación del proyecto parece asegurada, básicamente por la aquiescente cooptación, colonización, cooperación, o como quiera llamarse al cómplice comportamiento de la Concertación, la derecha política se avino a la supresión de esos enclaves autoritarios, menos por profesión de fe democrática que por la comprobación de su escasa utilidad práctica y su improbable sustentación en el tiempo, sin perjuicio de que retuvo la llave maestra que le permite el control del sistema político basado en la exclusión, y se aseguró la intangibilidad de las bases esenciales del modelo socioeconómico fundado en la mercantilización de las relaciones sociales y la privatización de las relaciones sociales de producción».
El Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda que condicionaron sus votos a Michelle Bachelet en segunda vuelta, asumen que la llave maestra de la democratización del sistema político, paso indispensable para democratizar las relaciones de producción, es la derogación del sistema electoral binominal y su reemplazo por un sistema de representación proporcional, razón por la cual ha anunciado una activa vigilancia sobre el cumplimiento de la plataforma de los cinco puntos a la que se comprometió Michelle Bachelet.
Otras reformas
En otras materias, ninguno de los anuncios relativos a la reforma y modernización del Estado se cumplió conforme a lo que anticipó el programa, como no sean ciertas limitaciones a la facultad del Presidente para designar algunos altos gerenciales del aparato del Estado, como consecuencia de la agenda de Transparencia y Probidad, consensuada entre Lagos y Longueira, como consecuencia del caso Mop-Gate.
En las reformas a la administración de justicia, se cumplió una gran parte de lo ofrecido en el programa. Hoy la reforma procesal penal está operando en todas las regiones del país, lo que se explica en función del principio que la guió, conforme lo estableció el propio programa de gobierno de Lagos: «permitirá una persecución eficaz de la delincuencia, garantizará los derechos de las víctimas e imputados y abreviará los procesos». Aunque aún no se ha hecho un juicio riguroso al nuevo sistema, parece obvio que lo inspira la «eficiencia», medida en la reclusión de la delincuencia reincidente.
También está operando los Tribunales de Familia, así como los Tribunales de Cobranza, que permitirán descongestionar los Tribunales del Trabajo, cuyo número aumentó de 20 a 40, cumpliéndose así una sentida aspiración de los trabajadores.
En otro plano, en el gobierno de Lagos se implementó la ley de financiamiento de las campañas electorales. Pero por falta de mecanismos coercitivos para hacer obligatorio su cumplimiento, la ley es poco más que letra muerta, que si bien le entrega limitados recursos a los partidos extraparlamentarios, refuerza el efecto binominal, puesto que le entrega recursos públicos a los partidos pertenecientes a los pactos mayoritarios, sin control de los aportes privados, que pueden ser ocultados por la vía de múltiples subterfugios.
Entre los cambios al sistema político, cabría mencionar aquel que estableció la elección separada de alcaldes y concejales.
Sumando y restando, básicamente por la mantención de los dispositivos de exclusión, el balance del gobierno de Lagos en materia política e institucional es claramente deficitario.
Balance mediocre
La acusada personalidad de Lagos polariza la opinión de sus comentaristas.
Así por ejemplo, para Antonio Leal, Presidente de la Cámara de Diputados, el anterior gobierno fue exitoso en todos los aspectos, lo que lo movió a declarar extasiado que »Chile es completamente distinto después del sexenio de Ricardo Lagos».
En cambio, para el economista Marcel Claude, la evaluación de la gestión de Lagos en la economía, especialmente en el manejo macroeconómico, «no pasa de mediocre».
Y puntualiza:
«En sus seis años de gobierno, el crecimiento económico alcanzó un promedio de apenas un 4,3% anual. La tasa de desempleo se mantuvo cercana al 9% durante todo su mandato. Las desigualdades socioeconómicas se profundizaron, ya que el 5% más rico de la población, equivalente a 750 mil personas aproximadamente, terminó recibiendo ingresos 209 veces más altos que el 5% más pobre, mientras que en 1990 esa diferencia llegaba a 130. Es decir, mientras el grupo de menores recursos vio crecer sus ingresos en un 1%, el veinteavo más rico experimentó una tasa de crecimiento del 62%.
En otras palabras, ni crecimiento ni igualdad. Un fracaso».
En su opinión, la administración de Lagos «gobernó para una pequeña élite, representada en poderosos grupos económicos que han sabido mantener el control sobre el excedente económico obtenido gracias a la explotación de nuestros recursos naturales. Es por ello que los principales grupos económicos están vinculados a determinadas materias primas: Luksic a la minería; Matte al sector Forestal, al igual que Angelini, que también tiene enormes inversiones en pesca. Es importante destacar que los dos últimos están presentes en el ranking Forbes de los más ricos del mundo con fortunas estimadas en 4 mil 100 y 3 mil 700 millones de dólares respectivamente, es decir, más del 8% del PIB chileno». Agrega que el gobierno de Lagos se dedicó a cumplir un programa por el cual no fue elegido, la llamada Agenda Pro-crecimiento:
«Esta consistió en seguir exprimiendo la renta asociada a determinados sectores, reasignando los recursos económicos en un puñado de grupos económicos nacionales, abriendo la economía y entregando los servicios públicos estratégicos a poderosos grupos trasnacionales. Lo anterior fue acompañado con una minimización del rol del Estado en la economía; con una política fiscal supeditada a una asfixiante regla de superávit estructural; con un Banco Central dedicado exclusiva y exageradamente a mantener controlado el nivel de precios; con una política social enmarcada en el obtuso enfoque de la focalización; con un Banco del Estado absolutamente mimetizado con el resto de los bancos comerciales; y con la firma de una serie de tratados comerciales, principalmente con EEUU y Europa, que se convertirían en el ancla definitiva de la actual estrategia de desarrollo».
Economía de enclaves
Este doble patrón de lectura cruza cualquier evaluación del desempeño del gobierno de Lagos en la economía.
La historia oficial de los propagandistas del modelo coloca el énfasis en las elevadas reservas internacionales, la reducción de la deuda externa pública, el incremento de la tasa de inversión, un bajo nivel de riesgo país, la recuperación del ritmo de crecimiento, que en los últimos dos años ha superado el 6%, y por cierto, la profusión de tratados de libre comercio con EE.UU., Corea del Sur, la Unión Europea, China y Nueva Zelanda, entre otros.
Pero omite que el repunte del crecimiento se explica casi exclusivamente en función de los altos precios alcanzados por los transables en el mercado internacional, en particular el cobre, en virtud de la poderosa demanda China. Por tanto, un crecimiento circunscrito en los grandes consorcios, particularmente extranjeros, que controlan la producción de materias primas, que reexportan capitales por concepto de utilidades y que no pagan impuestos.
Enseguida, los tratados de libre comercio están diseñados para potenciar al sector extractivo-rentista o exportador de materias primas, que genera escaso empleo y tiene reducido impacto en otras áreas de la economía, vale decir, facilitan enclaves de riqueza en manos del capital extranjero. A la inversa, favorecen la sustitución de producción nacional por importaciones de productos con mayor valor agregado, que son las ramas que generan mayor empleo, básicamente pequeñas y medianas empresas, que concentran cerca del 70% de la mano de obra.
A modo de ejemplo, el 78% de las exportaciones chilenas a EE.UU. son transables, o sea, materias primas. Los productos que más crecieron en ventas a propósito del TLC, son precisamente el cobre, con un incremento de casi el 100%, otros productos mineros con un 80% y los recursos forestales con un 56%. A la inversa, las exportaciones textiles, que tienen mayor grado de elaboración, representan apenas el 0,6% de las exportaciones a EE.UU.
Las consecuencias son elocuentes.
El 96% de las exportaciones corresponde a gran empresa, que representa el 1% del total de empresas existentes en Chile, mientras que el 99% de las empresas apenas factura el 4% de las ventas al exterior.
La gran empresa aporta el 10% del empleo, mientras que las Pymes aportan el 80% del mismo.
Subsidios al capital
La orientación y sentido de las políticas económicas de Lagos queda patente en la ya famosa regla de superávit estructural, que se tradujo en el ahorro de mil millones de dólares por año, utilizado en prepagar deuda externa contraída por privados, en lugar de cerrar las enormes brechas de la deuda social.
En otras palabras, mientras el Estado retira de circulación los cuantiosos recursos de los excedentes del cobre, y el ex ministro Eyzaguirre advierte a la Presidenta Bachelet que resista las «presiones de grupos organizados» para utilizar esos recursos en gasto social, ese mismo Estado subsidia en miles de millones de dólares a las grandes empresas del cobre al no cobrarles renta minera y permitirles la elusión de impuestos.
La promulgación del denominado royalty II es el mejor ejemplo.
Más parece una parodia destinada, de una parte, a calmar la crítica, pero de otra, a acotar los impuestos de la gran minería transnacional.
Dado que los inversionistas mineros gozan del privilegio de «invariabilidad tributaria» había que ofrecerles un incentivo para que decidieran voluntariamente acogerse a esta nueva ley, en definitiva, una rebaja desde el 42% a un 35% de impuestos, para pagar un 5% sobre utilidades nominales, extremadamente fáciles de ocultar, como por lo demás estas compañías hicieron durante todo el sexenio de Lagos, demostrado por el increíble episodio de La Disputada, comprada en mil 300 millones de dólares en 2002, a pesar de haber declarado pérdidas durante 25 años.
Catástrofe social
Con semejante orientación económica, volcada a transferir recursos del trabajo al capital, no resultan sorprendentes los catastróficos indicadores sociales del «exitoso» modelo chileno, tan bien administrado por el gobierno de Lagos.
En dictadura, la diferencia en el ingreso del 5% más rico con respecto al 5% más pobre era de 110 veces. Al finalizar el gobierno de Lagos, esta proporción se duplicó a 220 veces.
Las cifras de crecimiento no tienen correlato en el empleo.
El desempleo estructural se mantiene en torno al 7%, es decir, afecta a cerca de quinientos mil chilenos; el empleo precario y/o temporal ya ha alcanzado a cerca del 40% de la fuerza de trabajo.
La promesa de campaña, de generar 200 mil puestos de trabajo por año, no podía sino estrellarse con las tendencias estructurales de la acumulación capitalista.
Mientras las utilidades de la gran empresa y la industria financiera oscilaron entre el 20 y 30% el año 2005, las remuneraciones del trabajo permanecen estancadas, con un promedio de 259 mil pesos en enero de 2006, es decir, 499 dólares mensuales, según cifras del INE.
El incremento de remuneraciones reales, de 4,95%, apenas superó en un punto el IPC, lo que se correlaciona con el hecho de que no más del 14% de la fuerza laboral activa tiene acceso a la negociación colectiva.
La precarización del empleo tiene un efecto en cascada sobre el sistema de previsión. Para optar a una pensión mínima, es necesario cotizar a lo menos 240 meses o 20 años. Pero sólo el 12% de los trabajadores cotiza los doce meses del año. Más de la mitad cotiza menos de cuatro meses por año y, en el caso de las mujeres, menos de tres. Cada año, unas cien mil personas entran en la vejez y de éstas, unas 40 mil no tendrán jubilación, en su mayoría mujeres, porque no cumplen con los requisitos mínimos.
Las enormes desigualdades del Chile de Lagos se explican por un conjunto de políticas de Estado orientadas a incrementar la acumulación capitalista.
Al respecto es muy ilustrativo el esquema impositivo chileno.
El 72% de los ingresos del Estado proviene del IVA; un impuesto al consumo.
Es por definición un impuesto regresivo pues para los sectores más pobres, representa una proporción mucho más alta de su ingreso.
Con el IVA, los sectores más modestos financian el 58 % de los ingresos fiscales. Los sectores de mayores ingresos tributan apenas un 30,5 % del ingreso fiscal, correspondiente al impuesto a la Renta.
Para financiar los menores recursos que recibiría el Estado por las rebajas arancelarias que trajo consigo el TLC con EE.UU. -que beneficia sustancialmente a los grandes consorcios privados- el IVA se aumentó del 18 al 19%, una medida que fue anunciada como temporal, hasta enero de 2007, pero que acaba de ser renovada por tiempo indefinido, con el pretexto del incremento del 10% a las pensiones más bajas.
Políticas sectoriales
El mismo patrón emerge de la revisión de algunas políticas sectoriales.
El AUGE fue promocionado como el proyecto estrella de Lagos.
Por encima de la gratuidad de un número, que actualmente alcanza 40 patologías, el sentido de la Reforma a la Salud impulsada por Lagos, apuntó a cambiar las bases del Sistema Público de Salud, para permitir la entrada del sistema privado a la red pública y a los recursos que entrega el Estado.
En educación ocurre algo parecido. Pretendidos éxitos como la Jornada Escolar Completa, no son más que coberturas bajo las cuales subyace la mercantilización de la educación, con la Ley de Financiamiento Compartido, que ni el propio Pinochet llevó hasta el extremo actual, y la evaluación docente.
Otro «éxito» profusamente promovido es la modernización de la infraestructura vial. Pero lo que no se dice es que dicha «modernización» se reduce a trasferirle enormes negocios al capital privado, en los que el costo lo pone el usuario, y en caso de que no se alcance una cota mínima, el Estado. Este modelo empresarial de obras públicas ha generado externalidades inesperadas, como las prácticas de corrupción que investiga la Ministra Chévesich; el caótico cobro de peajes y multas en las vías concesionadas; la agresión al modo de vida de los sectores residenciales aledaños y el incremento de la contaminación vehicular.
Con la colaboración del general Emilio Cheyre, Lagos consiguió subordinar a las Fuerzas Armadas al poder civil. Pero, por lo que se ha podido apreciar, el precio fue un incremento en el gasto militar, que coloca a Chile como el país que proporcionalmente más ha invertido en armamento en toda América Latina.
En suma, por donde se analice el gobierno de Lagos, emerge el doble patrón entre la propaganda autocomplaciente y la crítica desmitificadora.
Si Lagos afirma que Chile hoy es más igual, no queda sino concluir que hay algunos más iguales que otros.