Además de la solidaridad y el apoyo inmediato a las casi 60 mil familias atrapadas por el terremoto del 10 de agosto, incluido el rescate de muchas personas sumidas en los escombros, hay la necesidad de proyectar el proceso de la reconstrucción económica, vital, institucional, infraestructural (colegios, hospitales, vías, acueductos) en más de 480 municipios y 15 departamentos.
De manera inmediata hay que acometer la construcción de 18,077 viviendas totalmente destruidas, 89,108 averiadas y 151 edificios colapsados, concentrándose los mayores impactos en el Chocó, el Eje Cafetero y el norte del Valle del Cauca. En el mediano y largo plazo hay que organizar y realizar la reparación y habilitación de las redes viales municipales, secundarias y puentes colapsados por agrietamientos y derrumbes; reconstruir escuelas rurales y colegios públicos con daños estructurales graves o colapsos de cubiertas; adelantar intervención física y dotación de urgencia de los puestos de salud y hospitales locales afectados; ejecutar obras civiles urgentes para levantar los locales comerciales afectados.
En esta etapa inicial hay que reconocer prioridades, liderazgo y capacidad de acción que es lo que no logra identificarse en la recién estrenada administración del ultraderechista Abelardo que corrió a refugiarse en el Estado sionista de Israel y en las limosnas del jefe imperialista de USA, muy debilitado por su fracaso en la guerra contra Irán y el quiebre de sus apoyos electorales hacia las elecciones de medio término, el próximo 11 de noviembre, donde se prevé las fuerzas de izquierda logren un gran avance. Hoy, a 5 días del terremoto el país está en un momento de observación rigurosa para determinar si el Gobierno de Abelardo cumple lo prometido, tiene un equipo capaz, ejerce la autoridad dentro de la Constitución y genera confianza.
Sabemos que los logros demandan tiempo; pero el camino y el carácter se revelan antes, tal como lo estamos presenciando con el folklorismo, la banalidad y superficialidad de Abelardo ahora devenido en el “gran descentralizador” de la maquinaria estatal oligárquica porque, aunque sería una desmesura demandar ya resultados definitivos, lo que sí es dable requerir es liderazgo, decisión, coordinación, sensibilidad, severidad en el manejo de los recursos y respeto por los límites constitucionales, aun en medio de la emergencia. En todo caso este terremoto cuestionó el capricho del recién posesionado Presidente, de ejercer su mandato desde el relajamiento que le permite Barranquilla.
A las carreras debió tomar un vuelo privado (Gulfstrem) para legar al centro institucional en Bogotá, al que arribo con aires de chabacano como si el país estuviese de fiesta, a fin de instalar el Puesto de Mando Unificado desde el cual intentó dirigir las primeras medidas. Entre ellas, por supuesto, la declaratoria de Desastre Nacional, que de acuerdo a Ley 1523 de 2012, activa un régimen especial de excepción jurídica, presupuestal y administrativa, que facilite medidas ágiles para superar la crisis. Si bien es cierto hay situaciones (como la de este terremoto) para las que un Gobierno necesita tiempo; hay principios para los que no necesita ni un segundo: la solidaridad, la diligencia, la probidad, la transparencia, la eficiencia, la eficacia y la integridad. Las crisis revelan cómo entiende un presidente el poder: si lo utiliza para articular instituciones o concentrar decisiones; si asume que incluso la urgencia tiene límites constitucionales; si evade sus deberes o asume el peso del compromiso determinante. Desde el 7 de agosto en que Abelardo asumió la presidencia, responde por el funcionamiento del Estado.
Es el peso del poder. Ahora tenemos que la anunciada crisis fiscal, el proclamado ajuste del gasto van quedando en el pasado para tener que admitir que se requiere la reforma tributaria, por la via de la Emergencia económica y de la reasignación de recursos como los del Fondo de Adaptación, los del Sistema General de Participaciones, los de Regalias y los del Fonpet para atender la reconstrucción.
El terremoto obligó a Abelardo casi inmediatamente a declarar la emergencia y movilizar recursos extraordinarios. La tragedia exige instrumentos excepcionales, pero también austeridad inteligente: recortar burocracia, privilegios y gastos innecesarios para concentrar la capacidad del Estado en salvar vidas, atender a los damnificados y reconstruir las regiones afectadas.
La austeridad bien entendida no paraliza al Estado: elimina la grasa para fortalecer el músculo donde más se necesita. Posterior a la emergencia viene una tarea mucho más larga y compleja: convertir la solidaridad comunitaria y el compromiso social en resultados. La tarea deja de ser solamente cuánto dinero logramos recoger y pasa a ser qué tan eficiente, eficaz y transparente somos capaces de utilizarlo. Cuánto demora una familia en recuperar su vivienda, una escuela en volver a tener estudiantes, un hospital en operar plenamente o una empresa en dar apertura a sus puertas; son indicadores mucho más importantes que el valor de los recursos anunciados.
Así, la reconstrucción es, en buena medida, un enorme desafío de ejecución. Requiere establecer prioridades, coordinar al Gobierno nacional con autoridades locales, empresas, organizaciones sociales y organismos multilaterales, contratar con rapidez sin sacrificar transparencia y, sobre todo, definir responsables, plazos y resultados que puedan medirse. Eso supone también hacer visible el avance y los logros. En un esfuerzo de esta magnitud, la confianza dependerá de que ciudadanos, empresas y donantes puedan saber qué recursos se recibieron, dónde se asignaron, qué proyectos están en marcha y cuáles presentan retrasos. La transparencia no debe entenderse únicamente como un mecanismo de control, sino como una herramienta de gestión.
Cuando los objetivos, responsables y tiempos son públicos, resulta más fácil identificar cuellos de botella, corregirlos y mantener la presión para que las promesas se conviertan en resultados. La solidaridad proporciona recursos en cuestión de días; convertirlos en infraestructura, viviendas y actividad económica exige gerencia. Este proceso también nos plantea una pregunta: ¿debemos aspirar a recuperar lo que existía antes o aprovechar este momento para pensar qué podría hacerse mejor? Una tragedia como esta deja al descubierto vulnerabilidades, desde la calidad de la infraestructura hasta las diferencias en la forma como las comunidades pueden enfrentar una pérdida inesperada.
Tal vez reconstruir implique no solo reparar lo que se dañó, sino aprender de aquello que el terremoto nos permitió ver. Colombia ha demostrado muchas veces una extraordinaria capacidad de movilización frente a la adversidad. El reto será mantener ese mismo impulso cuando pase la emergencia y la atención inevitablemente empiece a disminuir. La tarea será larga y necesitará de todos: del Estado, de las empresas, de las organizaciones sociales y también de quienes, desde lejos, seguimos buscando cómo ayudar.
Quizás allí esté una medida más exigente de nuestra resiliencia, no simplemente en nuestra capacidad de levantarnos, sino en la de mantener el compromiso y reconstruir mejor. Así las cosas, desde distintos ángulos se están sugiriendo fórmulas como las utilizadas en Armero, Armenia, Popayán, Mocoa, San Andrés, etc. Varios connotados personajes de la vida pública y burócratas de las reconstrucciones están proponiendo repetir la fórmula utilizada para la reconstrucción de Armenia y el eje cafetero en 1999. En ese momento se organizó el Forec, Fondo para la reconstrucción del Eje Cafetero que fue manejado por Luis Carlos Villegas, un reconocido pastranista de la politiquería conservadora. Ahora se está releyendo el terremoto de magnitud 6,2 en 1999 en la misma área cafetera, con especial énfasis en Armenia, que dejó unas 1.300 víctimas mortales, más de 9.000 heridos y unas 37.000 viviendas destruidas.
Para enfrentar esa tragedia, Pastrana creó el conocido impuesto a las transacciones financieras del dos por mil -que luego se quedaría como cuatro por mil- permitiendo recaudar cerca de 1,4 billones de pesos, que constituyeron cerca del 92% de los recursos usados en la reconstrucción del eje cafetero, apenas si complementados en un 5% por préstamos de organismos internacionales.
Esos dineros fueron administrados por el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero-FOREC, como entidad adscrita a la Presidencia, pero con autonomía patrimonial y financiera. El Consejo Directivo del FOREC estuvo compuesto por nueve representantes del sector público y privado, pero en la práctica fue encaminado por los intereses de la gran burguesía financiera y de la región, al contar con la “reputada dirección” de señores como Luis Carlos Sarmiento, o el Presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas (luego Ministro de Defensa de Santos), entre otros. De esta manera la mayoría de las 17.700 viviendas nuevas fueron construidas por las grandes constructoras de la región y del país (como Camu, del conservador Cesar Urrea, muy cercano a Carlos Ledher y sus socios del Magdalena Medio), las que fueron viabilizadas por supuestas ONGS. A pesar de esto, el modelo totalmente descentralizado de ejecución, mediante 32 gerencias regionales, permitió la participación en menor escala de las Cajas de Compensación y empresas pequeñas. A ellas se sumaron algunas Organizaciones Populares de Vivienda-OPV que bajo movilización y presión social –tal como lo mostró la movilización de masas del 21 de agosto de 1999- lograron ejecutar algunos proyectos para favorecer a familias arrendatarias. En forma tal vez irónica ese terremoto concurrió en auxilio de la burguesía financiera nacional y de la construcción.
En ese momento el país atravesaba una de las más grandes crisis de su historia económica, cuya fractura principal se había localizado precisamente en el sector de la construcción ante el abuso explotador sobre el sistema de financiamiento hipotecario –el UPAC. Con lo cual los 1,5 billones que ejecutó el FOREC entre 1999 y 2002[1] permitieron reanimar la economía del eje cafetero y sobre todo oxigenar el sector de la construcción, el que por demás se dio espacio para meter entre las obras el túnel de la Línea y la doble calzada entre Calarcá y Paila.
Por esos lados también corrieron igual suerte las víctimas de la avalancha en Mocoa Putumayo en 2017, que dejó 300 víctimas mortales y más de 22.000 damnificados. En este caso, el ya citado Luis Carlos Villegas estuvo al frente del manejo de recursos a través de la UNGRD, resultando salpicado con la compra criminal de terrenos. En ese caso la Contraloría General de la República encontró hallazgos fiscales por más de 185.000 millones de pesos, sumando ausencia de claridad en los registros contables y obras con retrasos más de cinco años o inconclusas. El Forec no es exactamente el modelo a replicar hoy. En ese momento y en la coordinación de varias veedurías ciudadanas denunciamos los vacíos y las irregularidades de ese mecanismo utilizado por Villegas para favorecer a fichas pastranistas como el senador Blel de Cartagena y al cura Osorio de la Casa de Nariño, quien posteriormente seria gobernador del Quindío sin ser oriundo de allí. Por lo pronto, en lo relacionado con los recursos financieros para la reconstrucción conviene pensar en la reasignación de los recursos del Frente Frio (6 billones) y los de la Mojana en el Frente de Adaptación (1,2 billones) garantizando los mismos con estrictas vigencias futuras que sustente el Confis.
Lo que se propone para Cali por Eder. Sobre la marcha hay que observar el modelo que el alcalde de Cali se propone impulsar en su ciudad. Eder plantea la creación de un Fondo de recuperación que permita administrar los recursos de una manera especial durante los próximos años El alcalde Alejandro Eder estima que todo el proceso podría necesitar $10 billones y extenderse durante aproximadamente tres años. El dinero no sería únicamente para reconstruir los edificios que colapsaron. También tendría que utilizarse para atender viviendas con diferentes niveles de daño, recuperar colegios y reforzar estaciones de bomberos, estaciones de Policía, servicios públicos y otras instalaciones necesarias para el funcionamiento de la ciudad.
De acuerdo con el balance entregado por el alcalde desde el Puesto de Mando Unificado, en Cali hay alrededor de 400 edificios afectados. Por esta razón, las autoridades deberán revisar cuáles pueden seguir siendo utilizados, cuáles necesitan reparaciones y cuáles representan un riesgo para sus habitantes. Tres meses de crisis humanitaria Antes de hablar de reconstrucción, Cali deberá superar la etapa más urgente de la emergencia. Según Eder, con base en información de la Cruz Roja, la crisis humanitaria podría durar cerca de tres meses.
La ciudad apenas lleva cinco días enfrentando las consecuencias del terremoto. Durante esta primera etapa, la prioridad seguirá siendo la búsqueda y el rescate, la atención de los damnificados y el apoyo a quienes perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas por los daños. El alcalde advirtió que la emergencia no termina cuando finalicen las operaciones de rescate. Después vendrán semanas de atención a las familias, evaluación de inmuebles y búsqueda de soluciones temporales para las personas que quedaron sin un lugar seguro donde vivir. Luego comenzará una tarea mucho más larga: reconstruir. Recuperar Cali podría tomar tres años Las primeras estimaciones señalan que la reconstrucción podría tomar entre dos y cuatro años. Sin embargo, la Alcaldía está trabajando con un plazo aproximado de tres años para organizar los recursos y las obras necesarias.
El objetivo, según la administración distrital, no será simplemente dejar las estructuras como estaban antes del terremoto. La intención es reconstruirlas con mejores condiciones de seguridad para reducir los riesgos frente a futuras emergencias. Para conseguirlo, Eder calcula que serán necesarios $10 billones durante esos tres años. Ese dinero tendría que salir de diferentes fuentes, pues las finanzas de la ciudad por sí solas no alcanzarían para cubrir toda la recuperación. Cali pondría el primer $1 billón La Alcaldía asegura que está preparada para aportar $1 billón como punto de partida. Según Eder, estos recursos provendrían de dineros que todavía no se han utilizado del proyecto “Invertir para crecer”. Pero esa cantidad representa apenas 10% de los $10 billones que, según las estimaciones iniciales, costaría estabilizar y reconstruir la ciudad. La administración también plantea acceder a otros $2 billones relacionados con recursos que Cali ha pagado a la Nación durante los últimos 15 años.
La propuesta es utilizar ese dinero para fortalecer los servicios públicos y recuperar infraestructura considerada fundamental. Entre las prioridades estarían colegios, estaciones de bomberos, estaciones de Policía y sistemas de servicios públicos afectados por el terremoto. Además, Eder pidió que, mediante el decreto de emergencia, el Gobierno Nacional permita disponer de otros $350.000 millones que actualmente tienen una destinación diferente. La idea es utilizar ese dinero de manera inmediata para responder a las necesidades que dejó el desastre. Si se suman esas tres fuentes mencionadas por la Alcaldía, $1 billón, $2 billones y $350.000 millones, se llegaría a $3,35 billones. Esto significa que todavía sería necesario conseguir alrededor de $6,65 billones para alcanzar la meta total estimada de $10 billones. Proponen crear un fondo especial para la reconstrucción Ante la enorme cantidad de recursos que se necesita, el alcalde propuso crear un mecanismo especial que permita reunir dinero de diferentes fuentes para financiar la recuperación de Cali y de otras zonas golpeadas del suroccidente colombiano. La idea tendría como referencia experiencias como el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, utilizado después del terremoto de 1999. Eder planteó la creación de un fondo de recuperación que permita administrar los recursos de una manera especial durante los próximos años. La propuesta, según el mandatario, ya fue presentada al Gobierno Nacional. El reto no son solamente los edificios Uno de los mensajes principales de la Alcaldía es que la reconstrucción no puede medirse únicamente en cemento, viviendas o calles. Detrás de cada estructura afectada hay familias que perdieron su casa, personas que no saben cuándo podrán regresar a sus viviendas y comunidades que necesitan recuperar servicios básicos, colegios y espacios de atención. Por eso, durante los próximos tres meses la prioridad estará puesta en la emergencia humanitaria. Paralelamente, las autoridades deberán terminar de identificar los daños y decidir qué obras deben comenzar primero. Los 400 edificios afectados son una muestra de la dimensión del trabajo que viene. Cada estructura tendrá que ser evaluada para determinar el nivel de daño y las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus ocupantes. De otro lado, el presidente de la Federación, de municipios, el señor Gilberto Toro, está sugiriendo una serie de medidas financieras en el orden local para canalizar recursos en la reconstrucción. Sus propuestas y la de los alcaldes incluyen autorizar, mediante decreto de emergencia, que los municipios afectados por el sismo puedan utilizar de manera extraordinaria el 7 % de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) originalmente destinados a los sectores de deporte y cultura, hacia la atención de la emergencia. El enfoque prioritario de este traslado presupuestal estará concentrado en financiar los programas de mejoramiento, reparación y reconstrucción de la infraestructura residencial, comercial e institucional. De esta manera, aunque se reorienta de forma transitoria este porcentaje específico. De igual manera se sugiere que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público habilite un mecanismo de desahorro express del Fonpet para los municipios afectados por el sismo que ya cuenten con coberturas de pasivo pensional por encima del 100 %. Técnicamente, los recursos excedentes de pasivo pensional de Propósito General y Educación serían liberados y transferidos directamente a las tesorerías municipales en un plazo muy corto. Se sugiere por Toro flexibilizar los requisitos para que los municipios afectados por el sismo aprueben directa y muy rápidamente proyectos para la atención y reconstrucción del desastre, incluso si estas necesidades no estaban incluidas en el capítulo de regalías de sus planes de desarrollo. No obstante, la aprobación está limitada al monto del recaudo efectivo y que no superen la apropiación asignada. Asimismo, las entidades territoriales quedan facultadas para liberar recursos y desaprobar proyectos de inversión previos mediante un acto administrativo, siempre y cuando no se haya iniciado su proceso de contratación y el representante legal justifique que la obra ya no es prioritaria debido a la crisis actual. Por otra parte, se solicita al gobierno nacional poder disponer del saldo de recursos de regalías destinados a ciencia y tecnología, ambiente o de incentivo a la producción que no estén actualmente comprometidos en proyectos. Para evitar la quiebra operativa de los municipios tras exonerar del 100 % del Impuesto Predial y de Industria y Comercio (ICA) a los comerciantes y ciudadanos damnificados por dos vigencias, se solicita la creación de un mecanismo de compensación financiera concomitante respaldado por el Presupuesto General de la Nación. El Ministerio de Hacienda y el IGAC en coordinación con las secretarías de hacienda cruzarán el censo de predios afectados y calcularán el monto exacto del valor no recaudado. El Gobierno Nacional transferirá de forma directa a las tesorerías municipales las partidas presupuestales equivalentes, asegurando que las alcaldías mantengan liquidez y su nivel histórico de ingresos corrientes. Toro propone dar un alivio fiscal a los municipios afectados por el sismo del régimen sancionatorio de las Leyes 617 de 2000 y 819 de 2003 debido a la caída esperada en sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación (Icld), sin levantar el control fiscal ordinario. Para blindar los recursos se propone, entre otras medidas, la Indexación Presupuestal Exclusiva, que implica que todo movimiento de dinero ejecutado bajo la urgencia manifiesta deberá estar estrictamente codificado y etiquetado en el CUIPO con el identificador único de «Atención Emergencia Sismo 10 de agosto». Así como el ntrol preventivo y corresponsabilidad, es decir la implementación de mesas de auditoría preventiva junto a la Contraloría General de la República, en el que se revise periódicamente en la plataforma pública Sireci y Secop todos los contratos celebrados para la atención de damnificados por las diferentes entidades de los tres niveles de gobierno. Medidas generales de prevención. En general se requiere que todas las edificaciones en el país deben contar con sistemas sismorresistentes que garanticen la seguridad de las nuevas generaciones. También se deben implementar sencillas pero eficaces, como el uso de materiales resistentes, la construcción en áreas seguras y la regulación técnica de los morrales escolares para convertirlos en accesorios de supervivencia que protejan a los niños.
Ahora que la reciente tragedia está fresca, las exigencias no deben limitarse a una reconstrucción que impulse el crecimiento económico o a una regulación municipal estricta en licencias de construcción. Es indispensable diseñar normas y protocolos enfocados en la protección de los más jóvenes. Las autoridades colombianas no pueden esperar a que ocurra una nueva catástrofe para asumir su rol con seriedad. Depende del gobierno, las instituciones educativas, los gremios de la producción y los actores sociales que las futuras emergencias no sean tan letales como la del pasado agosto.
Los planes de evacuación, la preparación escolar ante desastres, la capacidad de respuesta institucional y el correcto funcionamiento de las unidades de gestión del riesgo deben estar siempre listos para mitigar las consecuencias de sucesos luctuosos que, inevitablemente, volverán a ocurrir.
Está claro que cuando sucede una tragedia natural, se genera una cadena de aprendizajes que le permitan a las nuevas generaciones aprender de las experiencias pasadas, en una suerte de adagio popular que reza, quien no conoce su historia está condenado a repetirla; en un país como Colombia, ubicado en una región sísmica, las víctimas de los terremotos deberían reducirse a cero, pues son muchos los sucesos ocurridos de los cuales poco nada se ha aprendido, por el simple hecho de que los gobernantes de turno no tuvieron la responsabilidad de hacer los correctivos para evitar las pérdidas humanas. Es una gran oportunidad de reconstruir el país.
Finalmente, me parece oportuna la propuesta hecha de fusionar rápido la UNGRD con el Fondo de Adaptación. Fondo que fue convertido por doña Angie Rodríguez (Regina 11 2.0) en una finca para sus caprichos personales.
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