Un signo de que la civilización ha avanzado políticamente vino a reflejarse cuando la fuerza bruta, manifestada a través de la violencia, comenzó a suavizarse y se formalizó en términos de poder, acatado por el colectivo afectado. Las minorías dominantes que han dirigido la fuerza asumieron el ejercicio del poder desde la fórmula de la autoridad, exigiendo reconocimiento a las mayoría dominada. Este reconocimiento que comenzó siendo personal y se consolidó como institucional ha permitido la construcción de la democracia representativa, como método para determinar a través del voto conducido por los partidos políticos, a quienes corresponde ejercer la parte personal de la institución de la autoridad. Lo que conlleva el riesgo de contaminaciones.
La autoridad como institución es legítima, precisamente porque es objeto de consenso colectivo obedeciendo a razones de orden público. Desde el plano de las personas se entiende, según Kojève, como acción ante la que no cabe oposición, porque quien podría oponerse se abstiene de forma consciente y voluntaria. Incluso el ejercicio de la autoridad derivado de la designación a través del voto ciego, pero realizado en libertad, es válido, siempre que luego cumpla con las exigencias del Derecho. No obstante, esto último presenta innumerables corruptelas porque los ejercientes del poder tienden adaptar el ordenamiento jurídico a sus particulares intereses. Lo pueden hacer y lo hacen teniendo en cuenta que han sido habilitados para usar de la facultad normativa a conveniencia. Frente a la utilización inadecuada de la ley están los tribunales para armonizarla, aunque siempre queda la reserva de modificarla, sin otro control que la imprecisa responsabilidad electoral a través del voto ciudadano.
Si el aspecto institucional de la autoridad se encuentra dentro del ámbito de la racionalidad, el ejercicio de la autoridad, afectado por el personalismo, no es infrecuente que se desvíe hacia la mala expresión de la autoridad, es decir, el autoritarismo. Si, como dice Arent, la autoridad implica obediencia, pero dejando a salvo la libertad, el autoritarismo agrede a la libertad. Acaba siendo un un proceso regresivo que camina por vía de retorno directamente al poder y, si este fracasa, entrará en juego la violencia. La autoridad siempre está presente, pero en tiempos problemáticos se despliega en todo su esplendor recordando permanentemente de forma avasalladora a los ciudadanos a qué principios deben someterse y fundamentalmente quien manda sobre sus vidas y haciendas. Esta es la ocasión propicia para derivar hacia el autoritarismo.
Así pues, el gran problema no es la autoridad sino la mala autoridad que conduce al autoritarismo, o sea, que aprovechando la cobertura que otorga la legalidad, su ejercicio se desvíe hacia el personalismo por encima de la institución sin que para su corrección se dispongan de instrumentos de control preventivo. Hay personalismo cuando la grandes resoluciones que afectan a una sociedad las toma un grupo político o de cualquier otra naturaleza, amparado por la legalidad e incluso por la racionalidad, al que se asigna una cabeza visible, aunque las argumente conforme a su saber, entender e interés. Este es uno de los fracasos más estrepitosos de la democracia de la representación, desde la que un elegido o grupo de elegidos pueden tomar decisiones por todos y comprometer a todos, amparándose en la legalidad y el reconocimiento de la autoridad, sin que puedan ser objeto de fiscalización directa por la sociedad afectada.
Es habitual que el autoritarismo no quede reservado a la cúpula del poder, ya que progresivamente desciende a las bases de la estructura de la autoridad y toma las calles transformando el Estado democrático en estado neopolicial. Aquí asoman a escena los representantes de la autoridad, como autoridad misma, invocando la cobertura de la ley en sus actuaciones y en las que se despliega sin contención la voluntad de poder personal, sintiéndose amparados como guardianes del orden jurídico que, por otro lado, respalda sus actuaciones. No es extraño que entren en una especie de histeria sancionadora para con aquellos que son considerados díscolos con la norma, aunque no tanto como por entender que no respetan a la autoridad legal en ellos representada. El llamado Estado de Derecho pasa a ser estado del poder y, el Derecho, derecho del poder. La ciudadanía corre el riesgo de que si no se pone remedio a la situación acabará perdiendo todo lo conseguido en términos de derechos y libertades.
Situaciones excepcionales requieren de soluciones excepcionales en el marco de la situación misma, dado que son excepcionales no corresponden las decisiones a uno, sino a todos y no sirve el argumento de la representación como cheque en blanco, tal y como viene siendo utilizado por el hecho de ser elegido por la ciudadanía. El pueblo afectado tiene que ser oído en cada caso concreto, primero, porque se trata de algo que rompe con la normalidad social y la legitimidad solo ampara a situaciones de normalidad; segundo, porque no sirve entender su voto como asentimiento a todas las actuaciones del gobernante.
Cuando no se ponen límites al autoritarismo, es frecuente que vaya avanzando hacia direcciones más agresivas, tal como demuestra la experiencia que aporta el conocimiento de la historia. Cabe que desemboque en autocracia, despotismo, dictadura o totalitarismo, aunque pueda seguir empeñado en etiquetarse como democracia en virtud del voto ciudadano. Este es un riesgo a correr por aquellas sociedades que asumen con tolerancia que unos pocos decidan por ellas las cuestiones fundamentales que afectan a su propia existencia.