Los salvajes y los buenos

hermana del alma,

y de Diego, compañero.

En el mes del último abrazo

Hace 19 años

Hechos de los últimos días en Colombia, con sus respectivas estrategias envolventes, ponen de manifiesto cómo la vieja especie del fascismo incubado en las relaciones sociales e instituciones dominantes, sin haberse ido nunca, ha hecho un largo viaje de renovación y retorna hasta nuestros días rozagante e impune, dispuesto a echar culpas a otros y a realizar una «limpieza» banal. Regresa con buena conciencia, camuflado y larvado en dos temas que emplea inteligentemente, cuya civilidad, sensibilidad y sociabilidad no es fácil poner en duda, pues son dos problemáticas frente a las que normalmente reaccionamos como «masa», con «indignación colectiva», con una automática condena o rechazo: la «barbarie» del secuestro y el salvajismo de las «ollas» o expendios de droga y reinos del crimen y la indigencia, como el «Bronx» bogotano, desmantelado esta semana en una acción policial, judicial y militar a 850 metros del Palacio presidencial y del Capitolio.

Ese fascismo no es agenciado por funcionarios de un Régimen político solamente, sino por opinantes muy bien situados en redes sociales, de formación ideológica, en tarimas mediáticas y de propaganda, con una indolencia cuya tabla de escogencia es semejante a la de un exquisito menú.

1. Fascismo pluralista

Si alguna vez el caso colombiano, dentro de treinta años quizá, ojalá en menos, es estudiado desde la perspectiva histórica de los fascismos de nuevo tipo, las-los investigadoras/es tendrán que fijarse en cómo se articuló eficaz y exitosamente un conjunto de mecanismos sociales e instituciones en los discursos de la impunidad, la inculpación de «los otros» y la expiación de graves crímenes y políticas de segregación producidas por un sistema. Triunfante ese conjunto, sin duda, pues se habrá cumplido el cometido no sólo de imponer un control social cuya dirección está dada por relaciones de sumisión de grandes mayorías que acatan como suya una legalidad injusta, su correspondiente orden e imaginarios, sino que, tras esa violencia estructural, sus operadores aún se considerarán moralmente superiores, de buena conciencia, al no ser vencidos, ni en trincheras ni en tribunales, sino apenas retados en tribunas.

Y esa hegemonía, supremacía o prepotencia, convertida en potestad política, será la condición de reproducción cultural de ciclos de dominación sin resistencias, demonizadas y derrotadas.

Hace quince años (cfr. El caleidoscopio de las justicias en Colombia -2001-), el reconocido sociólogo Boaventura de Sousa Santos se refirió al emergente fascismo social, no sólo mirando al régimen político sino al régimen social. Caracterizó entonces la segregación o apartheid social, indicó que existía una cartografía urbana dividida en zonas salvajes y zonas civilizadas, y agregó cómo hay «formas de segregación territorial que normalmente aparecen en territorios más amplios y resultan de la militarización del conflicto político y de la problemática social» (Tomo I, pág. 30). Entre otros elementos, Boaventura también puntualizó cómo actúa el fascismo del Estado paralelo o depredador sobre «zonas salvajes»; cómo el fascismo contractual que propone el neoliberalismo ocurre cuando la diferencia de poder entre las partes (vale tanto para un contrato civil, laboral o de otra naturaleza) es de tal orden que la parte más débil, «agobiada por no tener alternativa al contrato, acepta las condiciones que le son impuestas por la parte más poderosa, por más onerosas o despóticas que ellas sean» (pág. 31). El desarrollo de ese concepto de fascismo social pluralista (ver de Boa su texto Sociología jurídica crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, 2009), tiene hoy pertinencia absoluta.

Las acciones de la última semana, en dos zonas «salvajes» de Colombia que el propio presidente Juan Manuel Santos asoció comparándolas y haciéndolas una sola (El «Bronx» bogotano y la región del Catatumbo, en el nororiente del país), nos deben hacer reflexionar al tiempo sobre esa forma que alguien alguna vez avanzó y denominó en España acertadamente como fascismo líquido.

Su actualización es hoy también la de un fascismo de funcionamiento telemático, no por los medios usados sino por la concurrencia o sincronía desde diferentes nodos, en la emisión de un mensaje de aplastamiento o linchamiento supuestamente «moral» al enemigo subversivo y los sectores marginados, los salvajes. Ya no son órdenes dadas desde Palacio, ni su rúbrica se da con la mano alzada, ni de Mussolini, ni de Hitler, ni de Franco, ni de Uribe.

Es el fascismo plural, participativo, «democrático», incluso de detractores de una parte de la obra política de este último führer criollo, Uribe, que hoy se alienan y alinean en bulto al lado del Gobierno Santos para serle útil en su táctica y estrategia, intentando arruinar lo poco andado, pero vital, en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pidiendo al unísono que no se instale su fase pública mientras esta organización insurgente no acepte lo que unilateral y despóticamente el supremo poder político y «decente» de una «sociedad de bien» requiere que se haga. Y lo hacen instrumentalizando un tema en suma delicado y serio como es la libertad de las personas (claro está: de algunas personas) en el marco de otro todavía más complejo que es la deconstrucción y solución política integral del conflicto armado.

Se toma así partido por esa parte poderosa y simuladora, que es el Establecimiento con toda su maquinaria militar, judicial, política y mediática, que tras un acuerdo-contrato ya firmado (ver http://www.rebelion.org/docs/210632.pdf), ante cámaras y testigos internacionales, para tratar los temas que requieren precisamente decisiones de parte y parte, en igualdad de condiciones, desagrega ahora, ese poder y sus cortesanos, de modo autocrático, la materia que les conviene agitar para marcar un signo de legitimidad de sí y de sometimiento de la contraparte. Un tema solo, el secuestro, y no otro: ni la muerte por hambre de niños, niñas y ancianos, ni las desapariciones forzadas, ni las amenazas de muerte, ni la situación carcelaria… ¡nada de todo eso es relevante! Ni para las élites ni para sus comentadores.

Relevante es sólo un tema que se atraviesa como gran obstáculo, impidiendo así su discusión en la Mesa de diálogos ya prevista, escenario en el que con probabilidad, no únicamente sobre esa cuestión sino sobre otras igual de importantes, el ELN asumirá definiciones coherentes. Rompiendo una razón dialógica, impone el Gobierno a su contraparte -el ELN y a grandes segmentos de población que comparten regulaciones territoriales- una nueva condición a las ya consignadas que fueron debatidas durante más de dos años en la fase secreta. Y ese pregón es acompañado por la pluma y voz de decenas de opinantes adeptos, que a su vez aplauden que se imponga lo que así mismo el Estado no se aplica en lo más mínimo, pues arremete violentamente día a día contra prisioneros, afectando libertades personales y colectivas de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos.

Cabe la hipótesis, por lo tanto, que en realidad lo que desea el Régimen es aplazar cuanto más pueda el proceso con el ELN para simplificarlo en un tablero ya instituido o convertirlo en apéndice o pegote del proceso de La Habana. Estando de por medio avanzar en lo ya pactado, sintiéndose incapaz probablemente de responder a las dimensiones de una agenda que le obliga a encarar problemáticas y líneas de solución, evade lo suscrito y se inclina por abortarlo.

En dicha huida, enfatizo, es apoyado por agentes de opinión que ciertamente, por su posición mediática superior a la que pueda tener por ejemplo un puñado de políticos corrientes, inciden mucho más que éstos, pero inciden negativamente, creando un clima de acusación de los salvajes, golpeando así a un lado, mientras del otro concelebran una falsa expiación del sistema que crea culpabilidad en las comunidades que estigmatiza, segmentando la realidad para seleccionar la vida y libertad de unos sobre la vida y libertad de muchos otros, o sea mirando la paja en el ojo del otro y no la viga en el propio.

Stanislaw Lem (Cfr. Provocación, 1984), analizando el nazismo, subraya la situación de quienes se dedican supuestamente a pensar y a escribir sobre la vida y naturaleza humana, y callan como ciegos o embusteros respecto de crímenes terribles que comete el Estado, contando para ello con diversidad de cómplices «no en su planificación, ni en su ejecución«, sino en lo que sería la narrativa y entendimiento público, relegando «por su negligencia» crímenes de Estado como el genocidio «al último escalón de los asuntos relevantes, asignándole un lugar periférico, si es que le asignó alguno» (Edit. Funambulista, 2005, pág. 36).

2. «Así son las cosas»

Líquido y sincrónico es el estado y movimiento de ese fascismo, adaptándose agentes diversos y redes privadas y públicas, transitando altos funcionarios y columnistas, vertiéndose declaraciones oficiales y opiniones periodísticas, que toman la forma del gran recipiente ideológico que las contiene, que sólo dentro de una racionalidad permite conductos propios (un articulista cómplice de ese modo ya no espera se le llame del Ministerio del Interior para ser dictada una perorata, sino que identifica su rol y arroja en su columna semanal lo que estima contribuye al cerco). Conductos y canales en los que transcurren dichos agentes y redes con diversidad aparente como elementos separados. Y lo son, pues actúan con relativa independencia, algunos con relativa inconsciencia de su verdadero papel. No así el destino o el servicio de su consigna consiente y conectada de selección de hechos o de evasión de una realidad más profunda, que sólo es para algunos experiencia, necesidad o facticidad si aparece en las encuestas.

Entre decenas de cartas públicas homogéneas dirigidas a comandantes del ELN, o entre variadas posturas expresadas por quienes gozan de ventanas en medios de comunicación, repasemos cuatro piezas de un mismo tono:

León Valencia, ex miembro del ELN, escribe: «El ELN no puede jugar al azar la salida política negociada que ha buscado por tantos años. Está obligado a decir públicamente que abandona el secuestro… no ha comprendido aún que en la política las cosas no son como son, son como las siente la gente. Las masacres terribles que se han cometido en el país, los asesinatos, las desapariciones forzadas son, sin duda, crímenes más graves, pero el delito más repudiado en el país es el secuestro. Así son las cosas» (http://www.semana.com/seccion/opinion-online/81-1).

Así son las cosas… Paulo Freire (en sus últimos escritos -1997- recogidos en Pedagogía de la indignación, 2001, Ed. Morata), cuenta cómo habitantes de barriadas populares rebuscaban algo para comer en vertederos públicos. «Una familia retiró de la basura hospitalaria que había en ese horrendo enterramiento pedazos de mamas amputadas con los que se prepararon su comida de domingo… Es posible que la noticia provocara en los pragmáticos neoliberales su reacción habitual y fatalista, siempre a favor de los poderosos: «Es triste, pero ¿qué le vamos a hacer? La realidad es como es». Sin embargo, la realidad no es ésta de modo inexorable. Está siendo ésta como podía ser otra… / (…) Ninguna realidad es así porque así tenga que ser. Está siendo así porque los fuertes intereses de quien tiene poder la hacen así» (págs. 88 y 135).

Ese cuadro en Brasil, es exactamente el mismo que se acaba de revelar en Bogotá en el sector del Bronx, como notas más adelante lo destaco.

¿Qué relación tiene lo descrito por Freire con nuestro debate, más allá de que las masacres, asesinatos y desapariciones se han consumado con la degradación negada, como la vivida por familiares o amigos obligados por (para)militares a cocinar y comer restos de sus seres queridos o la de basureros como la Escombrera en Medellín tras la Operación Orión en las comunas? ¿O el descuartizamiento de personas en las cárceles con complicidad de autoridades, dando luego los pedazos a los cerdos o embutidos en alcantarillas? ¿O la petición banal de perdón estatal en abril de 2016 por la masacre de Trujillo, usando motosierra para mutilar, tirando cadáveres al río, mientras ministros, académicos y periodistas se sientan ese mismo mes a manteles con uno de los responsables de dicha matanza, el ex general Bonett Locarno? Académicos, periodistas, columnistas, cómplices, que saben bien, porque lo han investigado, de qué realidad se trata, y sin embargo no se aturden al decir: así son las cosas. Y así las mantienen.

Otro ex integrante de esa agrupación insurgente, hoy político converso, afirma: «El ELN ha pateado la mesa de negociaciones que estaba por instalarse en Ecuador (…) Como si aún no entendieran que a esta práctica, masificada con las tristemente célebres «pescas milagrosas» o con las celdas alambradas inventadas por las FARC para confinar a los denominados «canjeables», la guerrilla le debe la animadversión mayoritaria que tienen en la opinión pública, evidente en los bajos niveles de aceptación en todas las encuestas. Torpeza incomprensible si consideramos que a los elenos le corresponde abreviar los tiempos de su negociación para hacerla concurrente con La Habana… El Presidente no debe bajar las exigencias de suspensión del secuestro al ELN, para empezar formalmente las negociaciones» (Antonio Sanguino en http://www.kienyke.com/kien-escribe/sin-el-eln-una-paz-incompleta/).

Igualmente Carlos Velandia, ex militante del ELN, sostiene que esta organización se equivoca buscando «saltar con garrocha sobre las circunstancias de dolor social generalizado frente a los secuestros, agrandado luego de los realizados a los tres periodistas en la región del Catatumbo, y la desaprobación de la sociedad frente a esta práctica, que se descarga más sobre la sociedad misma que sobre el Estado» (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212967&titular=paz-con-farc-ep-y-guerra-con-eln-).

Entre quienes mantienen persistente presión que bautizan como emulación ética, pidiendo al ELN lo que no piden simultáneamente al Gobierno Santos por ejemplo en materia de prisiones, donde mueren por abandono presos políticos, está el jesuita Francisco de Roux, quien citó hace poco, y al parecer aplica, un enunciado que dictó otro jesuita, el español Baltasar Gracián (Siglo XVII): «La verdad. Tanto es menester para saberla decir como para saberla callar. Piérdese con sola una mentira todo el crédito de la entereza. Es tenido el engaño por falto y el engañador por falso, que es peor. No todas las verdades se pueden decir; unas porque me importan a mí, otras porque al otro» (http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/francisco-de-roux).

Por supuesto los atrás citados y muchos que opinan en esa línea, están fuera de cualquier adscripción al fascismo, sin lugar a dudas. Son reflejos y exponentes de cómo piensan miles de colombianos, conscientes que lo que dicen es un aporte espléndido para un tipo de paz y democracia, y no es suficiente ninguna inconsciencia suya para asemejarse y homologarles de ningún modo en las esferas intencionales de esa opción ideológica.

Pero más allá de sus posturas, con base en verdades a medias que son mentiras por lo que omiten ya mismo, vale preguntar: ¿qué hace que una sociedad -como efectivamente lo expone Valencia- clame sólo o privilegiadamente por el secuestro y repudie con razón esta práctica, pero siga imperturbable por masacres, asesinatos y desapariciones cometidas por las autoridades públicas?; ¿qué es lo que opera como ética y como vanidad de una moral encogida que subraya acertadamente la violencia real de un secuestro pero no hace tronar con ímpetu el cielo y la conciencia de los de arriba por su crimen en masa?; ¿por qué hacer exigencias y acometer condiciones a una parte solamente, cuando a la otra más poderosa y criminal en el mismo acto se le deja con las manos libres?

El profesor Germán Ayala Osorio (Paramilitarismo en Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política, 2011), recoge acertadamente para Colombia la noción de práctica social genocida que Daniel Feierstein desarrolla (2007), en la que se ejercitan posiciones de poder y realizaciones simbólicas a través de modelos de representación o narración en la que participan sectores civiles. En Colombia está claro que dentro de ese arco civil que no da suficiente importancia a los crímenes de lesa humanidad del Estado, y los esconden como hoy día sucede, están empresarios, académicos, clérigos, periodistas, y un largo etcétera de cúpulas y consejeros. Así, tiene ya no sólo relevancia sino impacto determinante que algunos voceros de estos ámbitos cuenten el secuestro y su registro doloroso, y no en el mismo nivel los asesinatos por hambre, por órdenes semioficiales, ni la desgarradora sobrevivencia de millones de seres. Hay sufrientes de primera, de segunda, de tercera… Algunos con titulares, libros y películas; otros apenas una estadística o reseñados en una cuadrícula de periódico.

Condenar un secuestro ni de lejos es fascista; puede ser, por el contrario, alta y profundamente anti-fascista, ético hasta la médula, altruista y muy noble. No sólo es moralmente correcto repudiarlo, si sabemos previamente, con juicio, con aproximación reflexiva y crítica, qué es y qué no es, cómo han sido los sucesos, quiénes los implicados. Es decir si sabemos oír, si hemos escuchado y dejamos de gruñir. Por eso, una exigencia como la comentada («dejar de secuestrar»), como otras que se hicieran («dejar de desaparecer», «dejar de aplicar tratos degradantes a los presos»), en un contexto de guerra en el que se debaten acontecimientos, circunstancias y donde es civilizatorio que se mantenga un debate acerca de las legitimidades, impugnando un orden de cosas terriblemente injusto, puede hacer parte de una sólida propuesta humanista y de humanización, como también puede ser parte de una estrategia paranoide o esquizoide, y de su propaganda, con las que se oculta gran parte de la realidad y se simula buen espíritu y buena conciencia bajo la bandera legítima del rechazo a algo que lo merece, como el secuestro, tanto como otras realidades atroces cuya denuncia no puede dejarse ni al margen ni para más adelante. Esa relegación es vergonzosa.

Por eso, no es dialógico, sino jerárquico, asimétrico, desigual, discriminador, al lado del poderoso cínico, el brinco histérico de quienes saltan sobre ese pantano y miran sólo a un lado, el lado de «los salvajes», y condicionan sólo a una parte, al ELN en este caso, ad portas de un proceso cuya puerta está cerrando absurdamente el Establecimiento, obviado la discusión de los hechos y de las normas que merecen análisis.

Propaganda y estrategia llevadas adelante por opinantes civiles que han perdido la pretendida neutralidad de la que hacían gala, con las que se busca reducir autoritariamente a una parte rebelde y exculpar al Estado, defendiendo en últimas los resortes de quienes en ese fascismo social plural sofisticadamente tapan y tapan sus responsabilidades por crímenes de diferente alcance, estigmatizando a los indeseables y sublevados de las «zonas salvajes» en esa cartografía mencionada por Boaventura de Sousa Santos.

Estamos entonces en toda regla ante una cínica y falsa expiación, que previamente ha realizado lo que en derecho penal sería una inculpación de lo propio a lo ajeno, para ocultarlo, o lo que en psicoanálisis es una especie de transferencia, mediante la cual se reviven y trasladan al sujeto adversario en una actualidad vívida, aprehensiones, represiones y relaciones de culpa no reconocidas. En todo ello las deudas de un orden social injusto no se acusan, no se ven; quedan impunes los yerros del superhombre de Nietzsche, señor de la moral liberada de obligaciones supremas. Sólo se miran los crímenes de los infrahombres, subversivos y pobres, en la vieja y nueva moral que los condena. Eso lo catalogó el nazismo para sus ejercicios de ablución y es encriptado en la ley que nos gobierna en esta democracia genocida (término valiente y lúcido que retomo del jesuita colombiano Javier Giraldo).

3. Dolores

Como ya se sabe, de nuevo entró en escena un debate a raíz de un suceso que la industria de las mentes dominante intenta explotar al máximo con lógica sensacionalista y de fino objetivo político. Un hecho de apariencia arbitraria, con un nombre que según la mayoría no es nada arbitrario, sino justo: el secuestro. Es ésta una designación general de derecho penal interno, que no es la más categórica, hay que decirlo, pues existen otras de peso jurídico y moral más contundente. Secuestro es en todo caso la voz más usada y tergiversada por su aplicación política más allá de la norma de esa democracia, sobre todo para convocar al mayor repudio que una sociedad sea capaz de expresar con su supuesta primorosa sensibilidad… Claro está: si dicha actuación es cometida por la guerrilla. Si es por el Estado, otro es el cantar. Otras prácticas y otros actores no merecerían toda esa energía social dispuesta. Ha sido ininterrumpidamente así, desde los años setenta y comienzos de los ochenta. Se dice lo que es razonable pensar en esos cánones elaborados con muchos materiales ideológicos: que el secuestro que realizan los subversivos es el acto más atroz e inhumano, como si no hubiera nada más que merezca la emanación figurativa de una especie de conciencia colectiva.

Hace unos años (La rebelión de los límites, 2008, págs. 296 a 354, y en varias intervenciones, v.gr. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=124789) propusimos enfrentar sin hipocresía, sin indolencia ni instrumentación el thema decidendi del secuestro y otros hechos, siendo necesario condenarlo si esa fuera una conclusión coherente tras un examen, escuchando y observando que no existe un solo concepto en discusión, sino que debían ser analizadas con responsabilidad otras eventuales categorías concernidas (captura de combatientes/prisioneros de guerra, detenciones por razones de derecho y/o dentro de un conflicto armado, etc.), por lo tanto no automáticamente punibles o reprochables. Tipologías o nociones que debían discernirse en los probables compromisos que asumiera o no la insurgencia, para que, planteadas con honestidad y seriedad, se supiera qué puede esperarse y qué no.

Se propuso liberar la crítica, caracterizar y recobrar la comprensión de las aristas del conflicto político, social y armado, no reproduciendo una perversa selección darwiniana de bienes jurídicos que traduce una corrompida selección y exclusión de vidas, conforme al orden del sistema, sino preguntando por los intereses que arman tanto el derecho positivo como su utilización política y cultural, que privilegia la libertad personal de personas sobresalientes de ciertas capas sociales. Para hacer esa pregunta, cité, y cito, al admirado profesor Emiro Sandoval Huertas, catedrático y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, asesinado en noviembre de 1985 durante los conocidos hechos del Palacio de Justicia:

«Este (el secuestro) es, ciertamente, el hecho punible que a mayor manipulación ideológica se somete actualmente y desde hace algún tiempo en el medio colombiano por parte de las distintas instituciones que generan una visión de la realidad para el consumo de la «opinión» pública y, en especial, por parte de los «medios de comunicación social». Para poder apreciar en alguna medida el alcance de esa manipulación, piénsese, por ejemplo, en las condiciones materiales en que vive la mayor parte de la población, y debido a las cuales mueren diariamente en Colombia alrededor de 250 menores de 5 años, es decir, más de 90.000 mil cada año; en los mismos doce meses, en cambio, se producen cerca de 300 secuestros, que equivalen casi al 0.2% de la criminalidad conocida en el país / La mortalidad infantil originada en las relaciones de dominación clasista, pues, no sólo resulta cuantitativamente más alarmante que el secuestro (aproximadamente trescientos niños muertos por cada secuestro), sino también cualitativamente mucho más grave, como quiera que aquella supone la pérdida de vidas, en tanto que éste implica una privación temporal de la libertad y a veces de parte del patrimonio económico. Sin embargo, en la imagen de la realidad que se impone a la «opinión pública», la mencionada mortalidad infantil ocupa un lugar muy secundario, mientras que al secuestro se le hace aparecer como uno de los más trascendentales problemas de la sociedad colombiana; es a este hecho al que se le dedican extensas y destacadas informaciones en los «medios de comunicación social», se piden «severas penas» para sus autores, se publican «recomendaciones para impedir el secuestro», etc.; e incluso hasta mediante las historietas de aventuras se contribuye a tal manipulación: proporcionalmente, por cada secuestro que se conoce en la realidad, las historietas presentan la comisión de más de mil de esos comportamientos, pero en ellas ningún niño muere a causa de las condiciones materiales existentes (…) la imagen absolutamente desfigurada de la trascendencia, significación y frecuencia del secuestro que en especial los «medios de comunicación social», así como otras instituciones y personas (v.gr. algunos jerarcas de la iglesia y los mismos secuestrables, por supuesto), suelen presentar, obedece a la posición económico-social de los secuestrados y, sobre todo, al detrimento, en algunos casos, de su patrimonio económico particular» (Sistema Penal y Criminología Crítica. Editorial Temis. Bogotá, 1985 -existe reimpresión de 1994- págs. 58-60).

Las cosas han cambiado en 30 años… Sí, ¡la diferencia es que ahora podemos constatarlo en twitter! El mismo día de la liberación por el ELN de tres personas cuya retención explicó esa organización, podíamos leer en un tuit de una entidad progresista, con base en información oficial: «En la última semana 3 niños y niñas han muerto de hambre en Colombia. En lo que va del 2016, han muerto 87» (https://twitter.com/Dejusticia/status/736312721675812868).

Como de acuerdo a la sensibilidad imperante de una sociedad claramente enferma (¡!de las más desiguales y más felices del planeta!!), no es moral ni políticamente correcto hablar ahora mismo de dolores que se entrelazan, ni de niños que se mueren de hambre, ni de campesinos sin tierra, ni de indígenas asesinados, ni es refinado interponer, ¡por supuesto; ni más faltaba!, esos temas en la antesala de unas conversaciones de paz… como no está de moda, saltemos olímpicamente en garrocha por encima de esa podrida realidad, y sigamos hablando entonces de lo que el poder, y en particular destacados áulicos y la prensa como aparato de un sistema que efectúa esa selección de vidas, nos impone como el mayor tema crucial, tejiendo así la profecía auto-cumplida sobre qué es dolor social generalizado, al punto de exigir algunos legos que mientras no se resuelva esa renuncia al «secuestro» no haya diálogos formales con el ELN.

4. Libertades

Efectiva y razonablemente, un hecho muy preocupante tuvo lugar. Acaeció por seis días con tres personas que resultaron ser comunicadores, quienes estaban en ejercicio de su labor en una zona de guerra en el noreste colombiano. Una de ellas la periodista española-colombiana Salud Hernandez, conocida por sus posiciones de extrema derecha, lo que en parte dilucida la cumbre que ocupó la noticia en la prensa nacional e internacional. Privada de su libertad de movimiento, con todo el derecho que ella tiene de elaborar y amplificar críticas al proceso de paz, fue afectada temporalmente por una medida insurgente que los guerrilleros del ELN han lamentado y explicado públicamente (http://www.eln-voces.com/index.php/revistas/insurreccion/672-edicion-n-531) esgrimiendo intensos controles territoriales y medidas de vigilancia y seguridad en una peligrosa zona de operaciones militares y de inteligencia enemigas. Un hecho evidentemente no planificado, que se constató al parecer no en atención a su oficio sino por hallarse con algún grado de imprudencia en dicha área de confrontación bélica, donde se han verificado decenas de acciones de guerra sucia contra el campesinado (más de 50 asesinatos y desapariciones recientes), tal y como lo denuncian organizaciones campesinas de esa región y de otras en el país, agrupadas en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que al momento de este artículo (3 de junio de 2016) siguen desarrollando una amplia movilización nacional de protesta.

Como era lógico se pronunció Rajoy, y Margallo, el ministro español de asuntos exteriores. Como lo hizo Santos y sus ministros de defensa e interior. Así como decenas de columnistas atraídos y reunidos en la afluencia de cientos de pronunciamientos relevantes de condena directa o indirecta, muchos de ellos con profundidad intelectual en el formato tuit.

Lo significativo, lo significado, lo significante, conforme a esa matriz informativa y política de aliados, no es si se conjugaron actitudes y mediaciones constructivas y positivas por ejemplo de funcionarios y gente de la Iglesia católica, para resolver con prontitud algo que indudablemente no debía haberse producido, lo cual se pudo hacer con diligencia, con salvaguarda de derechos y con seguridad, por responsabilidad de un conjunto de personas que velaron por ese logro en medio de una situación altamente sensible. Lo que contó y sigue contando para muchos que participan de esa matriz, es que el ELN siga definiendo y defendiendo un proceder rebelde, de desobediencia a la ley estatal, que es la que nombra el secuestro (siempre un delito en el orden interno y no siempre un crimen en el orden del derecho internacional de los conflictos armados). Y que mantenga tratar el tema en la Mesa y no previamente como condición para la misma.

Siendo siempre muy grave un hecho que llamamos clamorosamente secuestro o con otra denominación (prisión, encarcelamiento, cautiverio, toma de rehenes, retención, detención), circunstancias muy dolorosas que ninguno quiere vivir, y que es legítimo aspirar a que nadie viva, no es lo mismo desde una visión ampliada del derecho, si se está dispuesto a humanizar el conflicto, como el ELN manifiesta hacerlo, que no estar preparado para ello; no es lo mismo si se trata de un civil cautivo que de un combatiente; no es lo mismo seis días que 13 o 20 años; ni es lo mismo si es un político corrupto impune, un paramilitar, o alguien que desde posiciones de poder atenta gravemente contra comunidades, que si la víctima es un inocente, un anciano o un menor de edad. No importa para ese veredicto social al que se refieren Valencia, de Roux y decenas de opinantes, qué se explique al respecto. El contexto es negado. Y la capacidad de discernimiento del otro, del salvaje, también.

Lo que cuenta y lo que en ese performance se traduce en la práctica es que se tenga presente la preeminencia de un Régimen y su ley, así mate por decenas; un sistema que nada tiene que adelantar antes de la Mesa de conversaciones. Sólo una de las partes está obligada a someterse a un reclamo exaltado en la escabrosidad de un conflicto político armado, la parte de hecho y en derecho beligerante, rebelde o de oposición. La otra, la institucionalidad, que con su ley masivamente afecta derechos, tiene la prerrogativa de no ser demandada, por la congruencia de ser legal. Un absurdo, salvo que directamente se diga que se ha tomado partido.

Por supuesto que perder la preciada libertad suele ser doloroso, implica una pena (del latín poena: dolor), aun si quien es capturado es un probado delincuente y quien captura es un Estado de Derecho. Más hondo, así la moldeada o plástica sensibilidad social tome la autopista del dolor oficial, y lo vociferen mil opinantes juntos, no debería caber duda que es más punzante y determinante, más pernicioso, que un Estado use las tablas de su propia ley, las quebrante y abuse de sus facultades para violar obligaciones básicas, deteniendo arbitrariamente o incluso desapareciendo forzadamente a sus contradictores, como ha pasado en Colombia donde esperamos se establezca algún día qué políticas y quiénes orientaron como crimen de lesa humanidad la detención-desaparición de, según cifras ponderadas, al menos 45 mil personas.

Y las circunstancias pueden ser todavía más enmarañadas si además de esa capacidad lesiva de un adversario institucional en un conflicto armado, aparece también la coerción de otras fuerzas político-militares en ese contexto de confrontación, actuando unas veces sin reglamento alguno; en ocasiones prolongando en muy penosas condiciones y por muchos años el cautiverio; otras veces sí procediendo conforme al derecho internacional humanitario (DIH), por ejemplo cuando respetan en esas condiciones de guerra irregular los artículos 4º y 5º del Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra, que son normativas hechas no sólo para que las cumplan los Estados, sino imperativas del mismo modo por ejemplo para el ELN, que desde finales de los años 80 ha propuesto un Convenio de regulación. Dicha guerrilla tiene deberes esenciales y reconocidas características que convierten un atributo de hecho en una condición de derecho, por lo tanto sujeta a limitaciones, sin que su naturaleza de parte contendiente y su propia autonomía, conformación e identidad rebeldes se vean recusadas.

Lo anterior en términos jurídicos es inteligible para quien conozca el abc del derecho de los conflictos armados y no se atragante con especulaciones ni propaganda. Una normatividad que aunque tiene lagunas, corresponde a una construcción dotada de racionalidad por el sistema de naciones moderno que lo elabora como derecho positivo o consuetudinario, recogiendo viejas tradiciones en reglas o en usos del jus cogens. Significa, en síntesis, que resolviendo cada parte combatiente cuándo debe y cómo puede privar de libertad a alguien en razón de circunstancias del conflicto y medidas de control, sin reciprocidad alguna se responsabiliza integralmente de quien es aprehendido (yo mismo, si voy a ingresar a la Escuela Superior de Guerra en Bogotá, o a cualquier batallón del Ejército, seguro sería requerido, y si insisto traspasar sería detenido, y si vulnero con desobediencia la vigilancia e ingreso, sería… Y si sobrevivo y tengo algún prontuario… me aplicarán su ley penal). Hablamos de un DIH que manda herir en lugar de matar, y capturar en lugar de herir…

Por modos, muchas veces arbitrarios, es cierto, de control territorial y social insurgente, por ejemplo, que nadie podrá decir que es contrario en sí mismo al DIH, debe explicar la guerrilla con qué base lo hace, no siendo factible obrar coherentemente de cualquier manera, pues además de su propia juridicidad o disciplina que le define, debe observar el DIH, que señala unos mínimos por igual, para rebeldes y Estado, para que sean asumidos por cada estructura y orientados por sus mandos responsables: «en la medida en que el grupo rebelde pretende alzarse con el poder, en esa lucha por el poder, ejerce autoridad sobre sus fuerzas rebeldes. Por ello, se le exige la condición de «mando responsable» que sea capaz de imponer disciplina entre sus seguidores dando las pertinentes instrucciones a sus subordinados para garantizar el respeto a esas normas… (…) Este principio de la igualdad ante el derecho humanitario significa en un conflicto armado interno que no solamente están obligados las autoridades civiles y militares del Estado a otorgar un trato humanitario a los rebeldes, cuidar y respetar a los heridos, sino que idénticas obligaciones tienen los rebeldes, que deberán respetar y tratar dignamente a los miembros de las fuerzas armadas que capturen, a la población civil, a los heridos, etc… En definitiva, que gobierno establecido y grupos armados organizados rebeldes tienen respecto al Derecho Internacional Humanitario los mismos derechos y deberes» (Cfr. Conflictos Armados Internos y Derechos Internacional Humanitario, de la catedrática y Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, Araceli Mangas Martín. Ediciones Universidad Salamanca, 1990, págs. 79 y 80).

Desde esa mirada, puede comprenderse que el Estado invoque su ley penal, de policía, de seguridad ciudadana, etc. (repudiadas hoy por cientos de miles de colombianos, aunque eso no sea noticia), para detener por ejemplo a supuestos guerrilleros, los cuales serán investigados, procesados y probablemente sentenciados a largos años de cárcel. Y aun así alegue el Gobierno un escrupuloso respeto al DIH (basta ver cómo es la realidad del sistema carcelario colombiano para comprender esa falacia).

Y también puede entenderse sin aprehensiones convulsivas lo sucedido en días pasados en el Catatumbo, con base en lo explicado por el ELN, que no detuvo a las tres personas concernidas ni por periodistas ni por actual y probado vínculo paramilitar o de otro carácter.

Existiendo capacidades violentas de lado y lado ¿cómo puede concederse o reconocerse sólo a una de las partes la prerrogativa y la obligación de regular sus acciones? La auto-constitución del sujeto rebelde, a la que se refieren muchos autores como Erich Fromm (Cfr. La condición humana actual), o es desconocida por el Estado y los defensores de sus posiciones, o es conocida perfectamente por ellos y por eso buscan derrotar previamente esa facultad de auto-limitación para que bajo el signo del sometimiento, y de una figurada victoria política, ideológica y militar, las capacidades violentas o coactivas de la insurgencia no se entablen como regulación de sí en relaciones sociales constructivas a nivel territorial.

Es jurídica y éticamente obtuso dictar sólo que una parte deje de hacer (hoy día al parecer en cinco casos) lo que la otra hace sistemáticamente prevalida de su ley, amontonando más de 115 mil seres humanos en las condiciones inhumanas de las cárceles del sistema penitenciario colombiano, ley que corresponde a la de un orden cuya legitimidad está impugnada, o debe ser reconstruida, para lo cual precisamente es el proceso de paz que debe instar a acciones de humanización; injusto es cuando son dos las partes con dicha capacidad y arbitrio, independientemente de las cifras, que deben surtir límites severos y responsabilidades claras a la luz del DIH y cada una conforme a sus correspondientes juridicidades.

Deducir preguntas sobre una acción, no para avalar cualquier procedimiento, sino para examinar un hecho, tiene fundamento, mucho más ahora, cuando precisamente el Estado y el Establecimiento en sus expresiones decisoras han empotrado como acuerdo especial de derecho humanitario un acuerdo político de encaje controvertido. Si con las FARC tiene basamento considerar como tal un pacto no todo de naturaleza humanitaria, sino de trasfondo económico y político, asimilándolo como acuerdo de regulación de la guerra, exactamente ahora con el ELN es válido ese ensamble; es todavía más valedero o auténtico por la materia que se interviene: la conducción del conflicto armado.

Ratifico: bajo este ensayo de un Estado que acomete de forma tardía un pacto de derecho internacional con las FARC, una parte contendiente en una guerra interna, pero técnicamente ya en situación de armisticio y probablemente de reincorporación a la vida civil, no hay error, ni malicia, sino elemental congruencia, en considerar también al ELN como sujeto de ese compromiso objetivo declarado por el Estado; es decir, como contraparte de la regulación a la que conmina el DIH conforme a su finalidad esencial, a su objetivo natural. Sería enteramente absurdo reconocer y aplicar el DIH frente a una organización política que, con razones poderosas, está en trance de abandonar el levantamiento en armas, y no hacerlo ante una organización político-militar activa que, quizá también con profundas razones, persiste en una resistencia armada al orden establecido (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=212307).

Por una vez en la vida estoy de acuerdo, no con las palabras, pero sí con la idea referida a la inducción e impostura de la neurosis, expresada por Héctor Abad Faciolince: «Tomemos el hecho repudiable del secuestro de Salud Hernández. Durante casi una semana las redes sociales e incluso algunos periódicos nos hicieron creer que a causa de este hecho criminal y odioso el país entero estaba colapsando y las conversaciones de paz al borde del fracaso. Sin importar que la Colombia de hoy sea un país menos violento que el de hace ocho años, vivimos una semana de alharaca destructiva y acusaciones injustas. Para algunos vivimos el momento más negro de la historia, pero no dan datos. Es como si los hechos puros y duros no importaran… Dirán que es cuestión de percepción debido a la tendencia, que en el 2010 los secuestros disminuían y con el de Salud hay una seña de que volverán a aumentar, como cuando se llevaron a Íngrid. Es evidente que no es así y que un secuestro de seis días, por grave y repudiable que sea, no puede compararse con uno de seis años… Está en nuestra índole ser exagerados, escandalosos y alarmistas. Es una falla de la personalidad nacional, una neurosis» (http://www.elespectador.com/opinion/contra-el-sensacionalismo).

5. El Bronx y el Catatumbo

Decir dantesco es poco, muy poco. El Bronx bogotano es el lugar circunscrito a unas cuantas calles, cinco cuadras o bloques, intervenido hace una semana (sábado 28 de mayo de 2016) por algo más de 2.600 agentes estatales, policía, investigadores judiciales, militares, donde había tráfico y consumo masivos de drogas baratas, armas, torturas, explotación infantil, esclavitud sexual, prostitución, casos de secuestro, y una amplia diversidad de delitos muy graves. Una mujer del lugar relata al respecto (http://www.elespectador.com/noticias/bogota/olla-el-unico-sitio-donde-estan-todos-los-estratos-habi-video-635486). Y así podrán encontrase miles de líneas, cientos de artículos y reportajes que nos enseñan lo que nadie desearía vivir para morir (http://www.eltiempo.com/bogota/video/sepultureros-del-bronx/16610505).

A 850 metros del «Bronx» quedan otros dos antros: el Palacio presidencial y el Capitolio, sede del Congreso. Es la distancia que separa la «zona salvaje» (de acuerdo con el concepto del profesor de Sousa) de la «zona civilizada». En la primera hoy la sociedad bienhechora realiza una expiación simbólica: expulsa a los «desechables«, reprime la criminalidad y asiste por unos pocos días a unas decenas de indigentes, mientras prepara una operación urbanística en esos barrios. En la segunda zona, la civilizada, paga con sus impuestos millonarias sumas por oficios de funcionario, legislador o gobernante, que deciden sobre la vida colectiva. Cavernas o cloacas de crimen y corrupción, sin duda; como está probado, no sólo por los vínculos con el paramilitarismo y las mafias, sino donde se imponen políticas de saqueo oficial y neoliberales de segregación, de fascismo en suma (desde el contractual al financiero; desde el de la superioridad sobre el indígena y el negro, hasta el de la impunidad de crímenes de lesa humanidad), políticas que algo tendrán que ver con la situación inhumana en el Bronx vecino y de los cientos de Bronx en toda la geografía de las ciudades colombianas.

Esos criminales de cuello blanco que parlamentan, salvo unas poquísimas excepciones, esos patricios que no huelen a feo, perfumados, cebados y bien trajeados, son aplaudidos cada día y cada semana, y así por décadas, ocupando sillas de Padres de la Patria. A decir verdad, es injusto comparar el Bronx con donde la democracia genocida se escenifica.

Como es injusto comparar el Bronx con el Catatumbo, como lo hizo Santos desde la euforia presidencial de quien decide marcar en la frente objetivos de su política: «Mire la coincidencia, hace menos de 72 horas estaba yo en el Catatumbo, que es una especie de Bronx a nivel nacional y allá también estamos haciendo una intervención parecida con mucha más presencia de la Fuerza Pública, de nuestro Ejército, de nuestra Policía» (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/el-catatumbo-una-especie-de-bronx-nivel-nacional-presid-articulo-634913).

Horas antes Santos se había referido de nuevo a la paja en el ojo ajeno y no a la viga en el propio: al momento de la liberación de Salud Hernández y los dos trabajadores de un medio de comunicación, mencionando al ELN y al secuestro, verbalizó una notificación o el deseo de cómo debe ser calificado ese hecho en cabeza de ese grupo: como crimen de lesa humanidad (http://es.presidencia.gov.co/discursos/160527-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-termino-del-Consejo-de-Seguridad-en-Tibu-Norte-de-Santander). Siempre se agradecerá al Presidente mantener vivo ese debate de qué son crímenes de lesa humanidad y quiénes sus máximos responsables. Tiene que ver sin duda con lo acá señalado en términos históricos sobre el fascismo.

Ahora bien, rechazar asépticamente a los habitantes del Bronx, no es justo y es peligroso por la adherencia maquinal al fascismo social que nos conforma culturalmente, si implica para ellos, que son en su mayoría víctimas de un sistema perverso, un tratamiento de apartamiento y estigmatización y si implica para quien juzga desde fuera sentirse superior. Son igualmente seres sufrientes, que una lógica cultural nihilista y de mercado produce por el abandono, por la indolencia, por la incompetencia y la irresponsabilidad de autoridades e instituciones públicas y espacios sociales. Dicha situación de marginalidad y engaño, de aplicación implacable del neoliberalismo en todas sus fuentes y pulsiones criminales, sí es parecida a la del Catatumbo, tierra codiciada por grandes capitales, pero es evidentemente distinta su problemática, como sería dable concluir con la sociología más elemental. Las organizaciones sociales ya le han respondido a Santos (http://congresodelospueblos.org/comunicados-congreso-de-los-pueblos/item/889-senor-santos-hablemos-del-catatumbo.html; http://www.las2orillas.co/palabras-desde-catatumbo-santos/), funcionarios (http://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/sigue-polemica-comparacion-del-presidente-santos-del-catatumbo-el-bronx) y gentes de la región (http://www.laopinion.com.co/region/en-el-catatumbo-responden-santos-por-medio-de-una-cancion-112864#ATHS).

6. Parresía

Decir la verdad sobre el conflicto sin tomar partido por el bando más poderoso, no es un compromiso con todas las armas ni con la guerra sin límites que despliegue el sublevado, sino con la rebelión moral que supone dicha verdad nacida entre la desigualdad que explica la confrontación. Enunciarla por eso ayuda a tensionar la lucha en términos éticos, para que se entienda su génesis y sus formas, para que no sea de palos de ciego sino de vidente, como dice Mario Benedetti en su poema.

Exponerla toda, no fragmentada, va en sentido contrario a los adiestramientos que nos refriegan nuevos y viejos abonados del fascismo social, que distraen y expían, que seleccionan hechos para pulir una sensibilidad falsa de orden social, granjeada por titulares y arengas que ellos mismo empujan, destacando sólo una realidad ciertamente terrible como es el secuestro, mientras en sus proclamas esconden consciente o inconscientemente realidades todavía más aterradoras, y sin duda urgentes de tratar, pero no tanto como para impedir que una Mesa de conversaciones comience ya su labor sin condicionamientos espurios.

Estando en juego un proceso de paz, no sería ético condicionar al Estado en dicho inicio, presionando ya a Santos para que tome decisiones de fondo histórico, cuando se apresta a presentar sus propuestas, que junto con las del ELN y los movimientos sociales que participarán del proceso, conformarán un caudal complejo de iniciativas para definir acuerdos y medidas de transformación. Así mismo es despótico y elitista revestir como mayor dolor social lo que se construye mediáticamente usando a víctimas y dramáticos acontecimientos, enterrando desde arriba con una visión clasista y arrogante lo que grandes mayorías viven y sufren abajo, como si no fuera importante o no ocurriera; y es expresión de un fascismo contractual, por intentar imponer a una parte cargas de cumplimiento que se excusan para la más poderosa.

Falta voluntad de verdad, como diría Foucault, y voluntad reflexiva y propuestas más equidistantes, para frenar la lobotomía de un país acostumbrado a la mentira y presa de la manipulación.

Es posible que finalmente triunfe la posición de obligar sólo a una parte a definir sobre una cuestión, que el ELN nunca más retenga a nadie por ningún motivo, lo cual sería opuesto a regulaciones territoriales de seguridad (por ejemplo para contener al paramilitarismo o impedir acciones de guerra sucia) construidas con muchas comunidades y poblaciones; es posible que esa reclamación de algunos cale como victoria ética y política, y sea aceptada sin cortapisas, sería un alivio, sin lugar a dudas, pero quedará la sospecha sobre la moralidad del paso, cuando hubiese sido más congruente comprometer con paralelismo a ambas partes, emplazadas a producir dinámicas y acciones humanitarias (punto 5º f de la agenda pactada el 30 de marzo de 2016 en Caracas), no por una lógica de reciprocidad en obligaciones humanitarias, sino en gestos de certeza política, que es distinto. Esa inclinación en esta materia hacia una parte, es ruin. Como es ruin decir que por encima del secuestro, que es terriblemente doloroso, no hay nada más urgente y sensible en la realidad nacional, colectiva o de las grandes mayorías.

El fascismo contractual descrito por Boaventura de Sousa para la vida de tracto común y cotidiana en relación con las cuestiones civiles, laborales, mercantiles y de otra índole, ese que impone no tener alternativa, que constriñe a aceptar las condiciones que le son impuestas por la parte más poderosa, por más onerosas o despóticas que ellas sean, está tan normalizado e interiorizado que es incorporado automáticamente con buena conciencia, por los buenos, por pocos faros que iluminan el extravío, que interpretan a las mayorías (in)sensibles, y que sugieren actuar con mano firme en la política más decisiva que en lustros hemos tenido al frente, justo cuando estamos reivindicando se inicie con el ELN un proceso de paz que junto con el de La Habana con las FARC-EP, nos podrá conducir a un país sin guerra, encaminado a las transformaciones democráticas que deben ser inaplazables.

Reconocer el fascismo social y político circulante no es prepararnos para cohabitar con él en un futuro. No. Ya está aquí, desde antes de la rebelión; no ha dejado de estar; nunca se ha ido de viaje. Tiene que ver con la segregación, la miseria, la exclusión, la violencia sistemática y la impunidad de crímenes de las élites, en cuya tormenta se originó el alzamiento o la insurgencia armada. Y tiene que ver no sólo con los contenidos que se nos imponen por el Régimen político en blanco y negro, sino con la mezquindad mental y ética de agentes en el Régimen social y cultural que amplían el abanico de grises. Otro arcoíris les resulta imposible. Esa alteridad u otredad es rechazada.

Volviendo y terminando con el tema cuyo debate es obligado por la ignominia de una estrategia de propaganda y no de interpelación ética y política, envolvente y prepotente a la vez, en la que participan diversos agentes de opinión que culpan a otros y no miran la viga en el sistema que sustentan, que con buena conciencia usan la civilidad, sensibilidad y sociabilidad del tema del secuestro, deben decirse dos cosas para concluir:

Nadie puede negar que muchos dolores terribles e inenarrables, injustos de raíz, se han causado con el hecho de que una persona sea sustraída de su familia, de su hogar, de su trabajo, privada de su libertad, retenida o secuestrada, sea civil o combatiente, sea por la comprobada autoría de las guerrillas, del Estado o de otros actores. Junto a esos dolores otros que entrañan profundos sufrimientos colectivos deben igualmente ser reconocidos y ser superados cuanto antes.

Lo importante no es que el ELN finalmente renuncie tajantemente por mera razón táctica o instrumental, de cara a la galería, a efectuar cualquier privación de la libertad, nunca más de nadie, suscribiendo el formalismo o el ritual de paso que le marca el Establecimiento imponiendo su ley, suscribiendo ahora una cosa y haciendo luego la contraria, cuando existen planes de agresión militar y paramilitar o subsisten las razones de orden territorial y jurídico por la impunidad con la que actúan muchos agentes, que algunas veces causan que recurra dicha organización a esa práctica. Lo importante es que realmente se generen las condiciones objetivas o fácticas para que por su propia definición se limite o se suspendan esos casos, o sea que brinden posibilidades de regulación y dación jurídica de cuentas, que hagan absurdo e innecesario ese recurso, del mismo modo que el Estado debe revisar sus dispositivos de violencias escalonadas.

Nuevas condiciones consensuadas, no unilaterales ni despóticas; que hagan posible que en ningún caso se promueva ni esa práctica ni otras, de ningún lado, ni con combatientes ni con civiles. Es decir, crear o pactar e impulsar urgentemente las condiciones del cese al fuego bilateral y de hostilidades, emprendidas ya mismo acciones de desescalamiento, así como de seguridad territorial y de verificación de compromisos mutuos.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.