El 8 de agosto de 2008, fue privada de la libertad la defensora de Derechos Humanos Liliany Patricia Obando Villota; su detención realizada en el marco de la llamada «Farc-política», constituiría el principio de una larga cadena de persecuciones contra opositores y dirigentes políticos y sociales que bajo la mal llamada «política de Seguridad Democrática» […]
El 8 de agosto de 2008, fue privada de la libertad la defensora de Derechos Humanos Liliany Patricia Obando Villota; su detención realizada en el marco de la llamada «Farc-política», constituiría el principio de una larga cadena de persecuciones contra opositores y dirigentes políticos y sociales que bajo la mal llamada «política de Seguridad Democrática» serían judicializados con pruebas ilícitas e ilegales como los computadores del jefe guerrillero «Raúl Reyes» supuestamente obtenidos en un operativo militar conocido como «Operación Fénix», violando derechos fundamentales y tratados internacionales.
FOTO: Agencia Prensa Rural / Liliany Patricia Obando, acompañada por sus abogados, en la cárcel del Buen Pastor
Liliany fue procesada por los delitos de rebelión y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y tras un largo proceso plagado de irregularidades, condenada por rebelión a 70 meses de prisión domiciliaria y al pago de una multa de $707.000.000 millones de pesos (cerca de 400 mil dólares). Durante el juicio que se prolongó por cerca de cuatro años, esta defensora de Derechos Humanos fue recluida, en condiciones inhumanas e indignantes en la cárcel de mujeres del «Buen Pastor», negándosele en nueve ocasiones su solicitud de prisión domiciliaria.
Ante esta arbitraria condena la defensa interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero ésta se abstuvo de estudiar el caso, por lo que actualmente el juez de conocimiento tendrá que determinar el tiempo que le queda de condena, el cual deberá cumplir bajo arresto domiciliario, pues gracias a la presión de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos que han denunciado este aberrante hecho de persecución política, la justicia colombiana tuvo que reconocer lo que se sabía desde un principio: que Liliany no representa ningún «peligro para la sociedad» y que al ser madre cabeza de familita le confería el pleno derecho a tener la casa por cárcel.
Al momento de su detención los medios oficiales de comunicación anunciaron con sus acostumbrados titulares amarillistas que había sido detenida «una de las novias de Raúl Reyes» (El espectador, agosto 8 de 2008), y desconociendo el derecho constitucional que tiene todo(a) ciudadano(a) a la «presunción de inocencia», fue presentada como integrante de la Comisión Internacional de las FARC, poniendo en riesgo su integridad personal y la de su núcleo familiar, en particular de sus dos hijos menores de edad quienes en el momento de la detención fueron objeto de agresiones simbólicas y amenazas por parte de los organismos de seguridad que allanaron su residencia.
Liliany es egresada de la carrera de sociología de la Universidad Nacional y en el momento de su detención se hallaba cursando el posgrado en estudios políticos que imparte el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones internacionales (IEPRI) en esta misma universidad. Sus temas de investigación han girado en torno al conflicto armado y social colombiano y concretamente se han concentrado en el campo de la sociología rural; como tesis de maestría adelantaba un trabajo investigativo sobre la historia oral de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro).
Con Liliany, ya son varios los miembros de la comunidad universitaria que han tenido que enfrentar procesos judiciales como consecuencia de sus liderazgos sociales y su perspectiva crítica; no obstante, las universidades públicas controladas por sectores tecnoburocráticos -cuyo horizonte se desenvuelve dentro de las estrechas lógicas del mercado- nada han hecho por defender los intereses de una academia inmersa, cada vez más, en las dinámicas del conflicto armado y social que estremece al país. Bajo el discurso de una supuesta «neutralidad» y el argumento de que «cada quien es responsable ante la justicia de sus actos», abandonan a sus profesores y estudiantes críticos a su propia suerte.
Contrasta esta actitud con el liderazgo que han asumido universidades latinoamericanas como la Unam en México que en situaciones críticas han reivindicado su carácter plural y su hondo compromiso con los procesos de transformación social. Así, ante al asesinato de cuatro estudiantes mexicanos (tres de ellos pertenecientes a este centro universitario) en una acción militar contra la guerrilla emprendida por las fuerzas militares colombianas en el vecino país del Ecuador, y la campaña mediática desatada por algunos sectores conservadores que pretendían estigmatizar la universidad afirmando que ella cobijaba en su interior grupos guerrilleros, el rector de la Unam José Narro fue enfático en afirmar que
«Lo que hay[en la UNAM] es una pluralidad de pensamiento, una manera completa y muy diversa de ver y discutir las diferentes posiciones y situaciones. Eso es lo que existe en la universidad, eso es lo que hay todos los días y lo demás son simplemente señalamientos fuera de lugar, que lastiman a nuestra casa de estudios y que no estamos dispuestos, de ninguna manera, a aceptar. Los universitarios estamos acostumbrados y estamos muy orgullosos de nuestra pluralidad, somos muy orgullosos de la diversidad de formas de ver las cosas»
En ese mismo episodio y frente a la persecución contra la estudiante de filosofía y letras, Lucia Morett, única sobreviviente a este ataque, el rector José Narro reiteró que:
«En la Universidad Nacional Autónoma de México nos regimos por principios como la autonomía, que nos ha facilitado actuar con libertad frente a los poderes públicos y a organizaciones de distinta naturaleza. La autonomía nos permite constituirnos en un espacio de libertad intelectual, en el que se estimula el libre examen y discusión de las ideas. Para nosotros, el debate inteligente e informado es una de las vías para conseguir el aprendizaje y la mejor manera de solucionar las diferencias. Somos y seguiremos siendo parte fundamental de la conciencia crítica de la sociedad».
No cabe duda que la autonomía universitaria y la libertad de cátedra han sido dos pilares fundamentales de la universidad pública latinoamericana -al menos así ha sido desde el Movimiento Estudiantil de Córdoba- sin embargo en Colombia dichos principios no sólo no se han desplegado plenamente por la acción de un Estado que por las vías represiva y financiera ha limitado los espacios de autonomía universitaria; sino también por la actuación de sus administraciones que en no pocos casos han agenciado la persecución a profesores y estudiantes críticos.
Lo anterior para no hablar de las estigmatizaciones, señalamientos y descalificaciones provenientes de algunos miembros de la misma comunidad universitaria que creen que con el silencio y la consagración del pensamiento único la universidad garantiza el cumplimiento de su función social.
El caso de la socióloga Liliany Patricia víctima no sólo de la persecución de un estado que criminaliza el pensamiento crítico, sino de la indiferencia de las directivas universitarias que hoy la mantienen desvinculada de la misma sin atender las circunstancias específicas que han afectado su desempeño académico, invita a una profunda reflexión en el contexto de una coyuntura donde se han abierto las posibilidades de una solución política al conflicto armado y social, donde el tema de las Víctimas está en el centro del Acuerdo del Gobierno Nacional con la Insurgencia Armada de las FARC.
(*) Miguel Ángel Beltrán Villegas es Profesor Asociado del Departamento de Sociología, en la Universidad Nacional de Colombia.
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