Desde el comienzo de la crisis, en 2008, cerca de 300 medios de comunicación han cerrado sus puertas en el estado español. Y se han eliminado unos 12.000 puestos de trabajo ocupados por periodistas. El presidente del Grup de Periodistes Ramon Barnils, David Bassa, recuerda las demoledoras cifras en el prólogo del Anuari Mèdia.Cat 2014, […]
Desde el comienzo de la crisis, en 2008, cerca de 300 medios de comunicación han cerrado sus puertas en el estado español. Y se han eliminado unos 12.000 puestos de trabajo ocupados por periodistas. El presidente del Grup de Periodistes Ramon Barnils, David Bassa, recuerda las demoledoras cifras en el prólogo del Anuari Mèdia.Cat 2014, informe que se presenta desde hace cuatro años con el fin de visibilizar -a través de 15 reportajes de investigación- noticias que los medios convencionales han silenciado a lo largo de 2013 en el ámbito de los Països Catalans. La iniciativa cuenta con el apoyo de 438 micromecenas (la mayor parte de la financiación), seis universidades y el Col.legi de Periodistes de Catalunya. En el contexto actual, «las presiones de los poderes financieros son cada vez más efectivas; y el miedo, el desánimo y la autocensura ganan terreno», afirma David Bassa. El objetivo es precarizar al mensajero y controlar la información.
Después de hacerse un hueco en el panorama mediático (50.000 visitas a la página Web, más de 13.000 descargas en la red y mil ejemplares vendidos en la edición de papel), los periodistas Roger Palà y Sergi Picazo, coordinadores del Anuari Mèdia.Cat, enuncian un decálogo sobre «el periodismo realmente existente y el que nos gustaría hacer». Por ejemplo, se plantean «aprender de los que saben» («los medios de comunicación hacen periodismo desde hace un siglo»), y toman como gran referente el proyecto Censored, que anualmente recupera (desde 1976) las 25 noticias más censuradas en Estados Unidos.
Los periodistas se identifican asimismo con la idea de «muckrakers» (rebuscadores entre los escombros), término con el que el presidente estadounidense Theodore Roosevelt designó en 1906 a los profesionales de la información que denunciaban los abusos del poder y la corrupción. También con el periodismo de datos («las mejores investigaciones y reportajes empiezan con una resolución del DOGC o del BOE»). «No creemos en la objetividad», pero sí en «dar voz a quien no la tiene» en los medios convencionales, añaden. El octavo punto de la declaración de principios invoca el «periodismo lento» (una publicación al año; «así tenemos tiempo y espacio para pensar, tomar distancia y profundizar»); por último, tratan de superar la fractura generacional («la participación de estudiantes de periodismo es una de las grandes virtudes del Anuari», destacan).
Precisamente la estudiante Núria Vilà publica el primer reportaje del Anuari Mèdia.Cat 2014, titulado «100 millones para 16 escuelas del Opus Dei». En el artículo se explica cómo la Generalitat de Catalunya subvenciona con 25 millones de euros anuales (un total de 100 millones en el último cuatrienio) a colegios del Opus Dei que segregan por razón de sexo, en un contexto de recortes. En el artículo se apunta además que con la partida de 25 millones de euros anuales podría financiarse la construcción de cinco escuelas de infantil-primaria con dos líneas; o crear 1.600 plazas de guardería; dotar con presupuesto 47.000 becas de comedor o adquirir 40.000 ordenadores.
En «Un canal con puertas giratorias», el periodista David Marín relata con detalle cómo el 23 de diciembre de 2002 el conseller de Agricultura, Josep Grau (CIU), anunció la decisión de adjudicar la construcción de la red de regadío del canal Segarra-Garrigues al consorcio de constructores Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) por cerca de 1.100 millones de euros. Hoy, Grau es el presidente del consorcio. La iniciativa aspira a transformar un área de secano (de una dimensión similar a la de Menorca) en una gran zona de regadío, a través de más de 3.500 kilómetros de tuberías.
«31,5 millones de euros (anuales) en supersueldos». Laia Altarriba desgrana los salarios de los 86 directivos del ámbito de Països Catalans en las empresas del Ibex-35 (una media de 366.562 euros al año, aunque en algunos casos alcanza los tres millones de euros). Todo ello sin incluir planes de pensiones, los beneficios por las acciones que poseen en las compañías, ni los ingresos que perciben en otras empresas. La periodista radiografía a personajes como el presidente del Banc de Sabadell, Josep Oliu (el consejero catalán mejor pagado, con 2,84 millones de euros en 2013).
«51 imputados y 8 condenados» es el titular del reportaje de Sònia Bagudanch y la síntesis de la realidad que mancha los gobiernos de Cataluña, las islas Baleares y el País Valenciano. Un 17% de los 295 consellers de los diferentes ejecutivos han sido imputados en casos de corrupción desde las primeras elecciones (el territorio del estado español que acumula mayor número de casos). Según el artículo, el PP es el partido con más consellers imputados (32), seguido de CIU (9). Las causas, «un sistema de raíces clientelares, la falta de contundencia judicial y la estructura de los partidos políticos».
En otro reportaje de investigación, Anna Boluda detalla la caída en un 32% de la protección contra la violencia de género. De hecho, señala la periodista y realizadora de vídeo freelance, los juzgados catalanes conceden únicamente el 38% de las órdenes de protección, mientras que la media española se sitúa en un 60% (en algunas autonomías se alcanza el 90%). La desprotección en Cataluña es una evidencia en los últimos años ya que, frente a los porcentajes actuales, los juzgados catalanes concedían las órdenes de protección en 2007 del 70%.
El emirato de Qatar, un régimen amigo, ha invertido 428 millones de euros en Cataluña en tres años. El periodista Món Sanromà destripa estos negocios en el reportaje «Benvinguts a Qatarunya». Mediante fondos de inversión, esta dictadura (denunciada por Amnistía Internacional por vulneración de los derechos humanos) ha adquirido la camiseta del Fútbol Club Barcelona, los hoteles Renaissance y Vela en Barcelona; el puerto Marina Tarraco y un complejo hotelero en Mallorca…Además, «son los accionistas mayoritarios de Iberdrola y, por tanto, propietarios de centrales nucleares y térmicas en Tarragona y Castellón», recuerda el periodista.
El 27 de enero de 2014 se cumplieron dos años de la quiebra de Spanair. La compañía fue adquirida en 2009 por un grupo de empresarios catalanes, informa Susana Pérez-Soler, que pretendían convertirla en una empresa señera. Entre 2009 y enero de 2012, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona contribuyeron (aunque no existen cifras oficiales) a propulsar la aerolínea Las investigaciones del Anuari Media.Cat apuntan la cantidad, como mínimo, de 173 millones de euros (en 2009 un 54% del capital de Spanair quedó en manos de empresas o consorcios con participación pública). Además, la Fiscalía pretende que los miembros del Consejo de Administración abonen 72 millones de euros para solucionar el déficit provocado por su gestión.
Las sacudidas sísmicas originadas por el proyecto Castor en Vinaròs (Castelló) han desatado las alarmas ante una iniciativa similar en Balsareny, donde Gas Natural pretende construir un almacén de gas en el subsuelo. El proyecto requiere la inyección de 50 hectómetros cúbicos de agua durante una década. La periodista Maite Aguilera explica con pormenores la iniciativa, que cuenta con el aval del Gobierno pero el Ministerio de Industria no ha aprobado definitivamente. Grupos ecologistas, algunos consistorios y partidos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de seísmos, los riesgos para el medio natural y el origen del agua que se requiere para la nueva infraestructura.
«Cañete y Matutes, los más beneficiados por la Ley de Costas», denuncia Alba Vera en otro reportaje del Anuari. De hecho, informa, «la reforma de la legislación sobre el litoral aprobada por el PP podría favorecer los intereses empresariales de actuales y antiguos miembros del partido». Por ejemplo, el cabeza de lista por el PP en las últimas elecciones europeas, Miguel Arias Cañete, responsable de la reforma de una ley de costas que beneficia al sector privado. Alba Vera se hace eco, además, de un informe de Greenpeace en el que se señalan con nombres y apellidos a algunos de los beneficiados. Además de Arias Cañete, empresarios vinculados al PP como Abel Matutes o Juan Bautista Soler.
Sobre la responsabilidad de Mango en el accidente de Bangla Desh versa el artículo de Jaume Portell. Ocurrió el 24 de abril de 2013 en un edificio -Rana Plaza- repleto de talleres textiles en la capital, Dacca. Fallecieron 1.133 trabajadores y cerca de 2.000 resultaron heridos. Fue el peor accidente laboral de la historia de Bangla Desh, recuerda Jaume Portell. En un primer momento, la empresa catalana Mango se llamó andana, pero después, debido a las presiones, aceptó entrar en el fondo de compensación internacional supervisado por la OIT. La marca (presidida por el multimillonario Isak Andic) no quiso revelar a Media.Cat su aportación al fondo, a pesar de las preguntas del periodista.
El estado español únicamente ha acogido en el último año a 725 ciudadanos sirios de los 2,5 millones huidos de la guerra. Entre ellos, sólo unos centenares viven en Barcelona y Valencia. Esta realidad da pie al titular del reportaje de Bertran Cazorla: «Los Països Catalans, en la cola de Europa en acogida de refugiados». Pese a que históricamente el estado español ha sido tierra de exiliados, actualmente es uno de los más restrictivos de la Unión Europea en la concesión de asilo. Suecia, que cuenta con una población similar a la de Cataluña, el País Valenciano y Baleares, acoge a 22.000 refugiados sirios. Mientras las organizaciones de apoyo a las personas refugiadas en el estado español denuncian los efectos de los recortes.
La oscura trastienda de Mercadona, una empresa modélica según el relato oficial pero que realmente ofrece muchas sombras. «Denuncias de acoso laboral en Mercadona», titula su reportaje Sandra Temprado. La periodista recoge casos de abusos y represión sindical en la cadena de supermercados valenciana (con testimonios a favor y en contra de la empresa), que en 2013 obtuvo unos beneficios de 515 millones de euros (un aumento del 1% respecto al año anterior). A pesar de los ritmos de trabajo cada vez más duros y la presión sobre los empleados, la empresa ha sido señalada como la segunda mejor compañía para trabajar en el estado español, y la segunda mejor valorada en calidad laboral.
En diciembre de 2013 Perpinyà inauguró la conexión de alta velocidad ferroviaria con el estado español. Barcelona queda desde entonces a una hora y 20 minutos. Pero «El Centre del Mon», gran superficie comercial de la estación del TGV, registra una ocupación de sólo un 15% de las tiendas. Se trata, como analiza el reportaje de Esteve Valls, de un espacio de 45.000 metros cuadrados, construido por Metrovacesa, que se asemeja a un erial. Tres directores en cuatro años y continúan los vaivenes y las incertidumbres…
En el artículo titulado «Autocrítica a los Mossos d’Esquadra», el periodista Víctor Saura revela que policías y expertos en seguridad reclaman, «desde dentro», una policía catalana más democrática. «Cargos intermedios de los Mossos d’Esquadra, que hablan desde el anonimato, expertos policiales de alto nivel y cargos políticos de la seguridad catalana critican por primera vez desde dentro los abusos de poder de sus compañeros», asegura el reportaje. Algunos de los policías anónimos que formulan las críticas señalan que la disidencia dentro del cuerpo se ve «como una herejía».
El Anuari 2014 se cierra con el reportaje titulado «Figaró, el Porto Alegre catalán», de Allosa Ajanovic. En este municipio de la comarca del Vallés Oriental, hace diez años que se practica la democracia participativa, por ejemplo, al someter el 18% del presupuesto a la votación de los vecinos. La apertura comenzó con el acceso a la alcaldía en 2003 de la Candidatura Activa del Figaró. Por ejemplo, se logró remunicipalizar el agua, en contra de la tendencia predominante en la Generalitat y la ciudad de Barcelona. Hoy, la nueva Ley de Régimen Local del gobierno de Rajoy representa una seria amenaza para el modelo.
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