Treinta y seis años después de uno de los días más difíciles en la historia de Colombia, la Comisión de la Verdad reveló que las personas que el 6 de noviembre de 1985 -cuando la guerrilla del M-19 irrumpió por 28 horas en el Palacio de Justicia de Bogotá- salieron con vida del edificio pero luego desparecieron o fueron presentadas como víctimas, fueron en realidad torturados y ejecutados por los militares.
El informe ofrece detalles inéditos de lo que pasó ese 6 de noviembre de 1985 en plena Plaza Bolívar de Bogotá, cuando un comando de la guerrilla tomó como rehenes a funcionarios estatales y miembros de la Corte Suprema de Colombia. La toma generó un contraataque de fuerzas militares y policiales que duró dos días.
Casi 100 personas murieron y once desaparecieron.A casi cuatro décadas de lo sucedido, todavía quedan dudas sobre la muerte y desaparición de muchos magistrados y trabajadores del edificio, y sus familias siguen esperando conocer la verdad.
Mientras se enfrentaban las fuerzas militares y la guerrilla, el emblemático edificio se vio reducido a cenizas a causa de tres grandes incendios. Esta investigación minuciosa de la Comisión de la Verdad se enfocó no tanto en lo que sucedió dentro del Palacio de Justicia entre la guerrilla y el Ejército, sino lo que pasó con las personas que salieron con vida del edificio pero luego desparecieron o fueron presentadas como víctimas.
El grupo armado, bajo el mando de Andrés Almarales y Luis Otero, pretendía hacer un juicio público al Gobierno de Belisario Betancur por haber incumplido el cese al fuego con las organizaciones guerrilleras. A pesar de los años y las investigaciones, los familiares de las víctimas mortales y de las personas que desaparecieron y cuyos restos han sido hallados en tumbas con otros nombres, o simplemente no han aparecido, señalaron reiteradamente que el Estado está en deuda con la reparación.
Las dudas y señalamientos contra el Estado se han dado a lo largo de los años, después de que, según testimonios registrados por periodistas, ningún cadáver tenía disparos de los fusiles de la guerrilla y la justicia ha comprobado que varias personas que aún hoy permanecen desaparecidas,salieron con vida de la edificación.
El informe, que contempla videos en 3D y reconstrucción minuto a minuto de lo que pasó ese día en el centro de Bogotá, revela cómo los trabajadores de la cafetería, estudiantes, visitantes, guerrilleros y magistrados que fueron clasificados como ‘especiales’ o ‘sospechosos’ fueron detenidos, llevados a diferentes instalaciones militares de la ciudad, torturados, ejecutados y, en algunos casos, desaparecidos por la por las Fuerzas Armadas.
“Se cuestiona las afirmaciones del Ejército de que las personas que desaparecieron después del asedio murieron en tiroteos durante el asalto de las fuerzas de seguridad al edificio (…) Este supuesto caos sirvió como historia de portada del Estado durante décadas, enmascarando las responsabilidades de los militares por las desapariciones”, detalló Forensic Architecture.
En un primer video se evidencia como salen cuatro grupos de personas del palacio en diferentes momentos y hacen esa reconstrucción con videos de la época y testimonios. El primer grupo era de visitantes del Palacio de Justicia que fueron torturados en instalaciones militares pero sobrevivieron.
El segundo grupo que salió eran los conductores de los jueces, que los militares rescataron del estacionamiento en la mañana del 7 de noviembre: todos sobrevivieron. En el tercer grupo salieron civiles que pasaron por un control de seguridad, clasificados como rehenes y algunos de ellos fueron hallados luego sin vida; y el último grupo que salió del edificio fue el de visitantes y empleados de la cafetería: ninguno sobrevivió.
Testimonios, videos y grabaciones de audio se conjugan en una reconstrucción digital de tres sitios clave donde ocurrió el crimen de desaparición forzada: Plaza de Bolívar, Casa del Florero y Cantón Norte. La Casa del Florero fue usada como centro de interrogatorios donde los militares separaban a los sobrevivientes y luego los llevaban a instalaciones militares donde los torturaban y ejecutaban.
“Nuestro análisis de las imágenes del asedio revela la forma en que las fuerzas de seguridad se llevaron los rehenes que los militares afirmaron que murieron en la toma de posesión. También identifica posibles agentes encubiertos que supervisan las desapariciones, así como el uso de ambulancias y personal médico en los delitos”, sostuvo el informe.
La investigación mapea por primera vez el uso interconectado de las instalaciones militares en Bogotá y su papel en las desapariciones, haciendo que la logística de la desaparición forzada sea legible mientras los investigadores seguían a las víctimas entre múltiples sitios e instalaciones militares alrededor de Bogotá.
Siguiendo el camino de los detenidos hasta la base militar del Cantón Norte, ubicada en el norte de Bogotá, donde tenía su sede el operativo contrainsurgente, identificaron que allí los rescatados del palacio fueron interrogados, torturados, y ejecutados en algunos casos.
Justicia
La Comisión de la Verdad presentó este informe en compañía de familiares de las víctimas del Palacio de Justicia. “Las víctimas merecemos justicia, merecemos no ser invisibilizadas ni criminalizadas. Invitamos a que respeten a las víctimas porque ustedes no saben nuestro dolor”, aseguró Débora Anaya, hija de una desaparecida del edificio.
Haciendo un repaso de los acontecimientos, en octubre de 2015, se identificaron los cuerpos de Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Cristina del Pilar Guarín Cortés, quienes trabajaban en la cafetería, y de Luz Mary Portela, una visitante del Palacio. Los restos se encontraban en tumbas de otras personas. En 2017 hallaron los restos de Héctor Jaime Beltrán, también empleado de la cafetería, en una tumba que tenía el nombre de otra persona, en Barranquilla.
Meses después, se identificó el cuerpo de Bernardo Beltrán Hernández, igualmente, empleado del edificio. Recientemente, el Tribunal Superior condenó a cinco militares implicados en la desaparición de este hombre y otras dos personas: Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19; y Carlos Augusto Rodríguez Vera, también trabajador del edificio.
Según el fallo del tribunal todos ellos “salieron con vida del Palacio de Justicia con dirección a la Casa del Florero (…) fueron sometidos a fuertes interrogatorios, donde recibieron tratos crueles y degradantes”. Por esto fueron condenados a 40 años de cárcel los sargentos Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña.
El último cuerpo en ser identificado fue el de Gloria Anzola de Lanao, el 17 de septiembre de 2019. Sus restos, fueron encontrados en la tumba de la magistrada auxiliar María Jeaneth Rozo
Francisco De Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, aseguró: “Estamos ante una obra que se ha trabajado con pasión, con una fuerza especial que nos permite meternos dentro de los eventos que acontecieron; estamos ante realidades que no hemos comprendido en su hondura”.
Camilo Rengifo Marín. Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.