Cada vez que ocurre una calamidad en el país son muchas las aristas que las autoridades intentan ocultar en los subterráneos de los acontecimientos, como si la omisión o la distorsión fueran algo normal, aceptable.
El presidente Piñera y su ministro de salud, Jaime Mañalich, han asegurado que tenían conocimiento del Covid-19 ya en noviembre de 2019 y que habían tomado todas las medidas oportunas a contar de enero de 2020. Dado lo anterior, surge la pregunta: ¿Si sabían, por qué no comenzaron, de inmediato, un control riguroso en aeropuertos, accesos terrestres y puertos de ingreso al país? No se necesitaba ser Aristóteles para darse cuenta de que esa era la solución para evitar el ingreso y expansión del virus en nuestro territorio. La respuesta no es difícil de rescatar de los subterráneos del cerebro de Piñera, Mañalich y demás autoridades de gobierno: Para ellos, sobre la salud de los chilenos está el lucro, el bienestar de la clase cuica y de los dueños del retail. El 80% de quienes ingresan al país a través de aeropuertos, desde “paraísos turísticos”, pertenecen a esta casta social, no los podían importunar con tonteras. Por otro lado, controlar en puertos o pasos terrestres, por donde ingresan mercaderías diversas, habría afectado, calcularon, los negocios nacionales e internacionales de los dueños del venerado retail. Entonces, ¿qué hacer? Optaron por el viejo adagio: “En el camino se arregla la carga”, y si la cosa se complica la culpa es de los chinos y de algunos irresponsables.
Pues bien, ante la impudicia del gobierno, sucedió lo que tenía que suceder, el virus llegó a Chile y comenzó su expansión. Cundió el pánico entre los ciudadanos y de paso la derecha gobernante consiguió imponer su política represiva sin mayor oposición y con la complicidad de la prensa: Toque de queda, cuarentenas, miedo, estados de excepción y militares en las calles. Es decir, el escenario ideal para el neo-pinochetismo que nos gobierna. ¿Será el fin de la rebelión que comenzó el 18 de octubre de 2019? ¿Volverá a postergarse el plebiscito por una nueva Constitución, o finalmente pasará al olvido por causa de una nueva ley surgida entre “gatos y medianoche”? ¿Nunca más se hablará de las violaciones sistemáticas de los DD.HH del gobierno de Piñera y Chile Vamos? Son preguntas que no deben ser pasadas por alto.
Ante la llamada “crisis social”,
primero, y luego ante la “pandemia”, causada por el Covid-19, el gobierno ha impuesto,
con el favor del Parlamento, una serie de medidas económicas (por todos conocidas)
que en vez de favorecer a los más pobres del país y a la llamada clase media
(que debería llamarse clase endeudada),
finalmente terminarán, en un inmediato, mediano y largo plazo, provocando más
cesantía, hacinamientos y pobreza. Incluso hambruna en algunos sectores de las
comunas más discriminadas del país –por ejemplo, La Pintana y Alto Hospicio-. En
tanto, la clase cuica seguiría disfrutando de sus privilegios obtenidos a costa
de la explotación de los trabajadores. Y sobre todo, a costa de las medidas
económicas del gobierno. Medidas cocinadas al paladar de los patrones de fundo.
No olvidemos que Piñera y Mañalich, y sus prontuarios así lo indican, son parte
de una oligarquía que día a día somete al país a las más miserables
discriminaciones. El control de la cuarentena es un ejemplo claro. Mientras en
las alturas de La Dehesa, Lo Curro, San Carlos de Apoquindo, etcétera, siguen
las fiestas, en el llano de las comunas de Santiago e Independencia el control
es estricto. Mientras los ricos llaman a sus médicos de cabecera la salud
pública, donde se atienden los pobres, muestra su cara más siniestra. Mientras los
dueños de las AFPs siguen llenando sus alforjas, los cotizantes siguen muriendo
lentamente en el diario acontecer. Mientras quienes no pueden salir a trabajar y
se van quedando sin dinero para el sustento básico, los gerentes de las
Isapres, los parlamentarios y autoproclamados rostros de TV sonríen al mirar el
saldo de sus cuentas corrientes… Así, suman y siguen los subterráneos de la
pandemia.