Antecedentes acumulados en la última década revelan que Carabineros de Chile, la mayor fuerza policial militarizada del país, está siendo socavada por la corrupción que también invade otros campos de las actividades públicas y privadas. El último fraude detectado en la institución uniformada amenaza con superar los 15 mil millones de pesos -unos 25 millones […]
Antecedentes acumulados en la última década revelan que Carabineros de Chile, la mayor fuerza policial militarizada del país, está siendo socavada por la corrupción que también invade otros campos de las actividades públicas y privadas. El último fraude detectado en la institución uniformada amenaza con superar los 15 mil millones de pesos -unos 25 millones de dólares- y comprometer a decenas de altos oficiales y mandos medios del organismo. Incluso, un informe de Televisión Nacional de Chile aseguró que podrían llegar hasta 300 los involucrados en la red delictual dentro de Carabineros, alcanzando la defraudación a 25 mil millones de pesos, unos 37,8 millones de dólares.
Hasta el momento, diez uniformados y un civil se encuentran detenidos y procesados. El 11 de abril se enjuiciará a otras quince personas por asociación ilícita, malversación de fondos públicos y lavado de activos. El general Flavio José Echeverría Cortés, jefe de la División de Finanzas; el coronel Jaime Paz Menéndez y los tenientes coroneles Héctor Nail Bravo y Robinson Carvajal Neira, están sindicados como los presuntos cabecillas de la red delictiva y fueron marginados de la institución policial. El director de Carabineros, general Bruno Villalobos, afirmó a mediados de marzo que Echeverría había sido llamado a retiro por su responsabilidad de mando, pero debió desdecirse a fines de mes luego de conocerse la activa participación del jefe de Finanzas en el fraude.
«Es difícil lidiar con la traición, con la mentira, cuando los que te roban y diseñan los mecanismos de control son, precisamente, los que deberían proteger los bienes y los recursos de la institución. Quienes tenían que vigilar, robaban; los que robaban eran de la casa y actuaban suciamente bajo el amparo de la confianza. Prueba de esta confianza traicionada es, por ejemplo, haber invitado al general Echeverría al matrimonio de mi hijo», dijo Villalobos al diario electrónico The Clinic .
Echeverría creció en el cerro Playa Ancha, en Valparaíso, y estudio en el colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar. Se casó a comienzos de los 80 con la hija de un coronel y luego estudió ingeniería comercial y auditoría en la Universidad Federico Santa María. A Echeverría se le detectaron millonarios depósitos en efectivo en cuentas corrientes de los bancos Santander, BancoEstado, Bilbao Viscaya, Corpbanca, Itau y Banco de Chile efectuados entre 2011 y 2015. Uno de los fiscales investigadores, Eugenio Campos Lucero, solicitó la congelación de esas cuentas y el alza del secreto bancario para proseguir las indagaciones. También se supo que el alto oficial habría participado en diversas reuniones con sus colaboradores para intentar encubrir la trama de sus delitos.
El reputado Centro de Investigaciones Periodísticas (Ciper), reveló que casi un año antes de que la Fiscalía de Magallanes iniciara la investigación del fraude, el BancoEstado advirtió al general Flavio Echeverría -siendo entonces jefe de Finanzas de Carabineros- de movimientos anómalos en las cuentas corrientes de la institución. Echeverría envió a los tenientes coroneles Héctor Nail y Pedro Valenzuela San Martín a tranquilizar a los ejecutivos. Hoy, los tres ex oficiales están en prisión.
MAS FISCALES INVESTIGAN EL FRAUDE
El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, sumó a los fiscales Patricio Macaya y Jorge Marín, ambos de la Fiscalía Regional Centro Norte de Santiago, para reforzar al equipo investigador que dirige el persecutor regional de Magallanes, Eugenio Campos, y que cuenta con la colaboración de funcionarios de la Contraloría, del OS-7 de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y de las unidades especializadas antilavado de activos y anticorrupción de la Fiscalía Nacional. El fiscal Campos tiene identificadas a otras 50 personas que participaron de distintos modos en la suculenta defraudación y para quienes estudia presentar cargos y pedir su imputación en los próximos días. Además, solicitó la retención de las cuentas corrientes y otros productos financieros de estas personas en las siguientes instituciones comerciales: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco de Chile, Banco Crédito e Inversiones (BCI), Banco del Desarrollo, BancoEstado, Banco Falabella, Banco Itau, Corpbanca, Banco Ripley, Banco Santander, Scotiabank Chile, Banco Security, Banco Consorcio, Banco Internacional, CAR S.A., CAT administradora de tarjetas, Coocretal, Cooperativa de Ahorro y Creditos Laurato Rojas, Coopeuch, Detacoop Ltda., y Oriencoop.
Los fiscales también detectaron al primer civil involucrado en el fraude. Se trata de Gonzalo Carrasco Quintana, cercano a uno de los presuntos jefes de la «mafia de las finanzas», quien recibió más de 430 millones de pesos que provenían de las cuentas destinadas a remuneraciones de los uniformados. Carrasco ganó 22 licitaciones de Carabineros por más de 88 millones de pesos, a través de su empresa GCQ Iluminación Ltda., que se dedica al arriendo de equipos de sonido, iluminación, carpas y producción de eventos. Hasta ahora, los fiscales han encontrado cuentas de Carrasco en el Banco Chile, BCI, BancoEstado, Banco Itau, Santander, exbanco Paris y CAT Administradora de tarjetas.
Hasta mediados de marzo los fiscales se habían concentrado en las áreas de Tesorería y Pago de Remuneraciones de la División de Finanzas de Carabineros, pero en los últimos días extendieron sus investigaciones hacia unidades como Pago de Desahucios, Pago de Asignaciones, Contabilidad, Logística y Presupuesto, entre otras.
Mientras, el Contralor General, Jorge Bermúdez, aseguró que existen vacíos legales que obstaculizan la persecución del fraude y se quejó de que las faltas administrativas en Carabineros prescriben en seis meses. «Seis meses para una administración no es nada, ni siquiera se ha dictado la resolución de inicio del procedimiento disciplinario. Evidentemente esto clama al cielo que haya una modificación y que tengan todos el mismo plazo de prescripción, si es que quieren que órganos de control como la Contraloría puedan hacer algo», manifestó al inaugurar el año académico de la Universidad Católica.
OTRO DESFALCO EN EL
HOSPITAL DE CARABINEROS
En otro flanco de la policía uniformada, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente está investigando un desfalco por 691 millones en el hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). El centro de salud entregó los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, entidad que presentó una querella en contra de quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos. Dipreca informó al Ministerio Público sobre un sumario que arrojó irregularidades en el pago de remuneraciones a médicos cirujanos de la especialidad de anestesistas durante al menos los últimos 17 años. «En el sumario constan los testimonios de diversos médicos del hospital que dan cuenta de inconsistencias e irregularidades en el cumplimiento de las jornadas de trabajo en función de la modalidad de contratación que ellos tenían, implicando con ello la cancelación de horas de trabajo sin que aquellas fueran efectivamente realizadas», dice la querella. «Los mismos médicos anestesistas reconocen el hecho y aseguran que esta práctica tenía larga data y que, por lo demás, era conocido por las autoridades del hospital y en el servicio de Anestesiología, las cuales consentían estos pagos abultados irregularmente», agrega.
RED EMPRESARIAL EN LA TRAMA
Los fiscales han descubierto que varios de los oficiales implicados crearon sociedades y empresas de diversos rubros desde fines de la década del 2000 en adelante. El teniente coronel Patricio Morales Díaz, ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, constituyó en 2011 la empresa Red Habitacional S.A., con un capital de 160 millones de pesos, para prestar servicios inmobiliarios. También creó CyEmes Ingeniería y Servicios Ltda., para venta de sistemas de alarma y asesorías en seguridad. Luego, en 2014 se incorporó a ella el teniente coronel (r) Ramiro Martínez Chiang y pasó a llamarse Cyemes Ingeniería Ltda., que ofrece servicios de ingeniería civil y construcción. Cuenta con clientes como el mall Plaza y Sodimac, entre otros. El mismo 2014 Morales Díaz y Martínez Chiang constituyeron MMD Security Ltda., que presta servicios de seguridad y vigilancia privada.
Martínez Chiang, ingeniero, posee además la sociedad de inversiones Ramiro Alejandro Martínez Chiang E.I.R.L. Hasta 2013 fue jefe de la sección de infraestructura del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Carabineros. Fue llamado a retiro temporal por su relación con un causa de sobreprecios de mil 600 millones de pesos en la adquisición de 295 generadores eléctricos. El Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra. Actualmente la investigación del caso la lleva el fiscal Marcelo Carrasco.
El teniente coronel Héctor Nail Bravo, constituyó en abril de 2014, en Villarrica, junto al mayor Nelson Valenzuela Aravena, la Inmobiliaria Nava Spaen. Luego, en agosto de 2015, Nail creó la sociedad Transporte HENP Spa., una agencia de viajes y transporte complementario y auxiliar.
Valenzuela Aravena, ingeniero, además de sus negocios con Nail, creó en 2011 la Inmobiliaria Bercval Ltda., en Santiago, y en 2012 la sociedad Borde Lago Ltda., en Villarrica, dedicada a la compra y venta de bienes raíces, a la gestión turística y hotelera.
El teniente coronel Claudio Venegas Godoy fundó en 2015 Prodial Spa, dedicada al procesamiento y venta de carnes, restaurantes y bares. Juan Moraga Gallegos, en tanto, creó en 2009, en Valparaíso, la sociedad Consultores Integrales Ltda., orientada al embarque y despachos por vía aérea, marítima o terrestre, entre otras actividades. El capitán Juan Pablo Muñoz Navarro creó en 2008 la sociedad Club del Habano Limitada, para importación y comercialización de tabaco. El capitán Carlos Rojas Muñoz formó en 2016 Trans&C Spa, dedicada al transporte y arriendo de maquinaria. El teniente coronel Pedro Valenzuela San Martín creó en 2010 Servicios Ñuble Ltda., dedicada a la vigilancia privada.
Desde 2010, la Contraloría General detectó más de cuarenta alarmas sobre irregularidades internas en Carabineros. Entre ellas, irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de vehículos de patrullaje, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales, préstamos habitacionales, aspectos contables, uso de vehículos, uso y mantención de aeronaves policiales y procesos de compras de insumos, entre otros (ver PF N° 871). El alto mando aumentó las medidas de control, pero todo indica que fueron insuficientes.
El periodista Gustavo Villarrubia encabezó desde Ciper una decena de investigaciones sobre las irregularidades que afectaban a diversas instancias de la policía uniformada. En la mayoría de los casos, los responsables siguieron sus carreras en nuevas destinaciones o se vieron obligados a dejar las filas, pero sin perder los beneficios del retiro. Un buen resumen de las investigaciones de los periodistas de Ciper está en el reportaje «Corrupción en Carabineros: las más de 40 alertas que nadie quiso escuchar» (ver http://ciperchile.cl/2017/03/16/corrupcion-en-carabineros-las-mas-de-40-alertas-que-nadie-quiso-escuchar/).
Ciper pudo detectar la estrecha connivencia entre oficiales de Carabineros y empresas como Mellafe y Salas, propiedad de Daniel Platovsky, ex presidente del directorio y de la comisión liquidadora del diario La Nación en el gobierno de Sebastián Piñera; Automóviles Gildemeister, propiedad de los hermanos Pountus Gildemeister y de las familias Lessman y Baumann; una firma italiana cuyos representantes en Chile eran dos hijos del general Fernando Cordero, ex general director de la policía uniforma entre 1995 y 1997 y luego senador designado entre 1998 y 2006; además de otros muchos proveedores cercanos al alto mando. Casos como las compras y contratos en el TIC, la adquisición de carros blindados en mal estado, un sistema para pinchar teléfonos inutilizable, construcciones no terminadas pero pagadas, asignaciones infladas y muchos otros, han reportado pérdidas a Carabineros por varias decenas de millones de dólares.
La investigaciones de los fiscales podrían adentrarse en las administraciones que precedieron al actual general director de la institución; es decir, de los generales Eduardo Gordon Valcárcel -director entre 2008 y 2011- quien renunció sorpresivamente al denunciarse que había hecho modificar un parte policial para proteger a uno de sus hijos; y Gustavo González Jure, entre 2011 y 2015. Esta posibilidad ha tensionado los nervios de muchos responsables y cómplices de irregularidades y delitos. Son oficiales que se mantienen aún entre los mandos de la policía uniformada.
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Consecuencias impredecibles
El fraude en Carabineros activó una rápida y masiva investigación de la Contraloría General de la República en una muestra de 320 servicios públicos. El primer coletazo fue una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que indague a los jefes de finanzas del Ministerio de Obras Públicas, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, de un hospital y de dos gobernaciones.
Los antecedentes de las posibles irregularidades fueron remitidos el 23 de marzo por el propio Contralor, Jorge Bermúdez, al Ministerio Público por tratarse de situaciones que podrían revestir caracteres de delito, cometidos presumiblemente por funcionarios ya individualizados.
«Descubrimos situaciones tan anómalas como cónyuges de funcionarios con grandes patrimonios (…) Pero lo peor que detectamos es que sociedades familiares de esos jefes son contratadas por el mismo servicio público en que éstos trabajan», dijo Bermúdez al diario La Tercera .
Fue el propio Contralor quien aclaró que las auditorías se realizaron durante dos semanas contrastando las declaraciones de intereses de algunos funcionarios con la información que maneja el Estado.
De acuerdo a la última Ley de Presupuesto, el Ministerio de Obra Públicas maneja casi mil 600 millones de dólares. Por su parte, la Subsecretaría de Desarrollo administra otros mil millones de dólares.
«Esta es una situación que tiene visos de eventual delito de negociación incompatible, lo mínimo que podemos hacer es darle esos antecedentes al Ministerio Público para que a través de sus facultades intrusivas pueda investigar», enfatizó el Contralor.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 872, 31 de marzo 2017.