Los denominados «barcos de papel» que pertenecen a la empresa pesquera Orizon -ex Iquique Guanaye-, cuyo 60 por ciento de propiedad quedó en el año 2010 en manos del grupo Angelini, el más importante de la industria en capturas de pesca, fueron reconocidos como inexistentes por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina […]
Los denominados «barcos de papel» que pertenecen a la empresa pesquera Orizon -ex Iquique Guanaye-, cuyo 60 por ciento de propiedad quedó en el año 2010 en manos del grupo Angelini, el más importante de la industria en capturas de pesca, fueron reconocidos como inexistentes por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada. Por ello, el diputado comunista Daniel Núñez solicitará una comisión investigadora para indagar la entrega de permisos de pesca a «barcos fantasmas» ligados al grupo que dirige Roberto Angelini.
El caso se reveló tras una demanda civil que interpuso Ricardo Díaz Arellano, marino mercante que al comprar la embarcación Zuidester IV detectó que el permiso de extracción pesquera estaba asociado a otras naves. «Nos parece grave que a los vicios que ya sabemos sobre la gestación de la Ley de Pesca, ahora se sume un hecho tan preocupante como inventar embarcaciones fantasmas para conseguir más cuotas de captura», enfatizó el diputado Núñez.
Según la acción que investiga el Ministerio Público, la empresa del grupo Angelini utilizó los denominados «barcos de papel» – Colomba III y Colomba IV – para conseguir cuotas de extracción de especies marinas. El abogado querellante, Manuel Rojas, dijo que hasta hoy existen 76 naves que supuestamente se construyeron y se pusieron operativas; sin embargo «no es así, de acuerdo con lo que informa la Armada de Chile». Expertos del sector estiman que el 50% de la extracción anual de biomasa marina lo obtienen las pesqueras industriales gracias a esta forma de conseguir permisos de extracción.
El 5 de julio pasado, Díaz -y otros marinos mercantes- enviaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet. Se le expuso que estas prácticas llevan más de 16 años y que involucran a «altos funcionarios de gobierno, de forma directa e indirecta, como también a miembros de otros poderes del Estado».
Paralelamente, a comienzos de este mes, agentes de la Brigada de Delitos Funcionarios de la Policía de Investigaciones incautaron documentación contable de 2009 a 2016 y computadores de las oficinas que tienen en el barrio El Golf, en Las Condes, las empresas pesqueras Blumar S.A. y Camanchaca. Esto, luego que la jueza María Carolina Herrera ampliara, a petición del Ministerio Público, las órdenes de entrada y registro concedidas por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que también incluyen la incautación de la información que se encuentre almacenada en la empresa Ducobox, en la Octava Región. El fiscal jefe de esa ciudad, Carlos Palma, solicitó además una ampliación de la orden requerida respecto del gerente general de la empresas Congelados del Pacífico S.A. y Camanchaca Pesca Sur.
El Ministerio Público pidió en septiembre pasado al Servicio de Impuestos Internos copia de las boletas electrónicas de honorarios y facturas de ventas de 16 empresas del ámbito pesquero, correspondientes a los años tributarios entre 2009 y 2016. Las empresas son Pesquera Bío Bío, Blumar, Orizon, Lota Protein, Enapesca, Alimar, Bahía Coronel, Landes, Coloso, Grimar, Los Fiordos, Camanchaca, Cannex, Food Corp, Congelados del Pacífico y Alimentos Mar Profundo. Por su parte, el fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo, está concentrado en recopilar nuevos antecedentes de las pesqueras y de sus ejecutivos. Se espera que ello permita establecer si hubo o no pagos al mundo político para que se aprobara la controvertida Ley de Pesca en 2013.
LOBBY SOBRE LA FISCALIA
Las investigaciones de los fiscales del Ministerio Público buscan esclarecer los aportes financieros de las empresas pesqueras a diversos personeros y ámbitos de casi todos los sectores políticos para conseguir que la Ley de Pesca fuese promulgada según sus intereses. Por este caso, las fiscalías Centro Norte y de Valparaíso llevan dos querellas penales en contra del ex ministro de Economía Pablo Longueira y del ex subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, durante el gobierno de Sebastián Piñera. También se investiga a varios parlamentarios que participaron en el estudio y votación de la mencionada ley aprobada en diciembre de 2012. En aquella oportunidad los senadores votaron de la siguiente manera:
A favor: Carlos Cantero (Ind), Francisco Chahuán (RN), Alberto Espina (RN), José García (RN), Carlos Kuschel (RN), Lily Pérez (RN), Baldo Prokurica (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Alejandro García-Huidobro (UDI), Hernán Larraín (UDI), Jovino Novoa (UDI), Jaime Orpis (UDI), Víctor Pérez (UDI), Gonzalo Uriarte (UDI), Ena Von Baer (UDI), Jorge Pizarro (DC), Mariano Ruiz-Esquide (DC), Hosain Sabag (DC), Patricio Walker (DC), Ignacio Walker (DC), Andrés Zaldívar (DC), Fulvio Rossi (PS) y Juan Pablo Letelier (PS).
En contra: Camilo Escalona (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Guido Girardi (PPD), Jaime Quintana (PPD), José Antonio Gómez (PRSD), Ximena Rincón (DC) y Alejandro Navarro (MAS).
Abstenciones: Carlos Bianchi (Ind), Soledad Alvear (DC), Isabel Allende (PS) y Pedro Muñoz (PS).
No votaron: Eduardo Frei (DC), Eugenio Tuma (PPD), Antonio Horvath (RN) y Carlos Larraín (RN).
La tarea de los fiscales, sin embargo, se ha visto amagada por el poderoso lobby que ejercen las familias Angelini, Yaconi, Santa Cruz y Del Río, principales controladoras de la pesca y la acuicultura en Chile. A través de sus estudios de abogados y de operadores políticos han logrado que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, haya impuesto lo que algunos denominan la «doctrina Abbott», destinada a impedir que las investigaciones develen la verdadera magnitud de los cohechos, financiamiento ilegal de la política, fraude al Fisco y otros delitos.
En agosto fue removido del caso Corpesca el fiscal de Rancagua, Emiliano Arias. Según la Fiscalía Nacional, «la decisión fue adoptada tras las opiniones vertidas por Arias en una entrevista al diario La Tercera , en la que habría infringido el deber de reserva que le impone el artículo 64 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público». Arias, junto a Ximena Chong, fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte de Santiago, dirigían las diligencias sobre la millonaria colusión existente entre la Asociación de Industrias Pesqueras del Norte, la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío, y la Federación de Industrias Pesqueras Sur-Australes, para comprar los servicios de políticos, funcionarios públicos y dirigentes sindicales.
El removido fiscal Arias había impulsado la incautación de documentos en el Congreso Nacional y en las grandes pesqueras que habían presentado ante el SII rectificaciones tributarias de boletas emitidas entre el 2010-2015. Ambos persecutores develaron la participación de las empresas Alimentos del Mar S.A., de la familia Izquierdo-Menéndez; Pesquera Bahía Coronel S.A., de la familia Errázuriz; Pesquera Coloso S.A., de las familias Lecaros y Menéndez; Pesquera Emdepes S.A., de Nissui Latin America, transnacional japonesa asociada con la familia Del Río; Pesquera Grimar, de la familia Del Río; Pesquera Pesca Chile, de la familia Del Río; Pesquera Enapesca S.A. y Pesquera Landes S.A., de Eduardo Bohorodzaner y Eduardo Fosk; Pesquera Los Fiordos S.A., del holding Agrosuper, controlado por Gonzalo Vial; y de la Pesquera Lota Protein S.A., del grupo noruego Kappernaes, Noruega. Arias también había solicitado al SII informar si la pesquera Blumar S.A., de las familias Sarquis y Yaconi-Santa Cruz, y Pesquera Orizon S.A., del holding Copec, controlado por los Angelini, habían presentado rectificaciones de boletas para el estratégico periodo 2009-2015.
Dos días antes de su remoción, el fiscal Arias ordenó a la PDI incautar documentos de la pesquera Camanchaca , de las familias Cifuentes y Stengel.
La ONG Océano denunció lo que a juicio de ellos era la intromisión del Fiscal Nacional: «Preparando el escenario para los próximos desalojos de fiscales que no sean funcionales a la ‘doctrina Abbott’, a los dos días de saberse que los fiscales Arias y Chong indagarían la arista Fipes de las pesqueras del sur-austral, -consecuencia de las denuncias del programa Informe Especial de TVN-, el Fiscal Nacional asignó a cargo de la investigación sobre las empresas pesqueras de las regiones sur-austral al inexperto fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado. Fuentes regionales han señalado que lo más probable es que Salgado se irá empantanando en las cenagosas aguas de Aysén, una región que es el feudo político de las poderosas y bien conectadas familias democratacristianas Walker y Del Río, ligadas a las operaciones corruptoras de Fipes.
Con posterioridad, al reemplazar Abbott al fiscal regional Arias y a su equipo, reasignó la investigación completa sobre Asipes, -las que involucran a más de nueve parlamentarios regionales y a poderosas compañías productoras de harina de pescado, financistas del PDC y la UDI-, al poco activo fiscal regional del Bío Bío, Julio Contardo. Este persecutor es potencialmente vulnerable a las presiones, debido a su historial de sumarios por supuestas filtraciones y al haber estado involucrado en una polémica celebración en horario de trabajo al interior del Ministerio Público, el cual finalizó con un show de odaliscas».
El trabajo de Arias y de Chong había permitido la aplicación de medidas de prisión preventiva al senador de la UDI Jaime Orpis, arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para la ex diputada Marta Isasi, y lo mismo para el ex ministro de Economía, ex senador de la UDI y ex candidato presidencial, Pablo Longueira.
A mediados de septiembre se conoció que la fiscal Chong también investigaría a Endesa por pagos irregulares a políticos. La persecutora trataría de establecer si los 276 millones de pesos que en junio de 2015 la hidroeléctrica rectificó ante el SII corresponden a aportes para campañas electorales. Chong está a cargo de las diligencias que se iniciaron desde España donde está Enel, controladora de la empresa, cuando ésta solicitó cooperación a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) respecto a las operaciones en Chile y el pago a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Dentro de los mencionados en el caso están el ex senador de RN, Ignacio Pérez Walker, el abogado y yerno de Eduardo Frei y ex recaudador de su campaña presidencial, Pedro Yaconi, y el recaudador de campañas presidenciales de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli.
Copec S.A., Celulosa Arauco y Constitución S.A. y Cruz del Sur S.A., empresas pertenecientes al grupo Angelini, también aparecen en las investigaciones de los fiscales pagando 208 millones de pesos por «asesorías profesionales» a Asesorías y Negocios (AyN), del operador político del PPD, Giorgio Martelli, durante 2012.
COMBUSTIBLES Y FORESTAL
Ya a comienzos de 2015, Copec, del grupo Angelini, contaba con más del 58% de participación de mercado en el sector combustibles, mientras que Enex, con su filial Shell, disponía de más del 21% de la industria. Petrobras sumaba cerca del 13% y los distribuidores más pequeños, el 7%.
Los grupos Angelini, mediante Copec, y Luksic, a través de Enex, concentraban el 80% de los ingresos del mercado de los combustibles líquidos en Chile, que anotaba ventas anuales por más de 16.000 millones de dólares.
A fines de 2014 se conoció un informe del Instituto Forestal que daba cuenta de los niveles de exportación en este mercado. Entre los meses de enero y agosto de ese año, el 78,7% de las exportaciones corresponden a dos grupos empresariales: Angelini y Matte. El listado lo encabezaba Celulosa Arauco y Constitución, del grupo Angelini, con una participación del 29,6% y exportaciones por 1.187,4 millones de dólares, equivalentes a un incremento de 3,5% respecto de 2013. Segundo estaba CMPC Celulosa, propiedad de la familia Matte, con una cuota de 19,2% y envíos por 769,5 millones de dólares, equivalentes a un alza de 9,9%. A esto hay que sumar otras empresas del rubro pertenecientes a estos dos grupos, que sumado a Masisa dejan solo un 18% de participación a 674 empresas pequeñas y medianas con un monto total de 723,7 millones de dólares. Así, Angelini y Matte controlaban ampliamente este rubro productivo.
Los innumerables tentáculos de los grupos económicos permiten suponer que no sólo hayan corrompido al mundo político para conseguir favores en la redacción de la Ley de Pesca. Es muy posible que también entregaran grandes cantidades de dinero para que se les beneficiara en otros muchos ámbitos. De allí el nerviosismo en el gobierno y en la oposición por el trabajo de algunos fiscales y por contener las denuncias de los organismos fiscales, como el SII, que tienen la información necesaria para abrir las puertas que conducen a estos oscuros subterráneos.
Publicado en «Punto Final», edición Nº 864, 11 de noviembre 2016.