El eje de la política laboral del gobierno se está abriendo paso articulando el diálogo social, con los efectos sociales y laborales del terremoto de trasfondo. Para avanzar en este camino, desde el gobierno se realizan esfuerzos para despejar los aspectos más irritantes que aparecieron durante los primeros días del terremoto, en una política […]
El eje de la política laboral del gobierno se está abriendo paso articulando el diálogo social, con los efectos sociales y laborales del terremoto de trasfondo. Para avanzar en este camino, desde el gobierno se realizan esfuerzos para despejar los aspectos más irritantes que aparecieron durante los primeros días del terremoto, en una política de dar un paso atrás para dar dos pasos adelante. Se puede decir que es un primer logro de las políticas del gobierno y los empresarios.
Los trabajadores y sus organizaciones, deben responder simultáneamente a los problemas cotidianos de la reconstrucción, y a las políticas laborales que el gobierno y los empresarios han logrado instalar. A pocos días del 1º de mayo, las organizaciones de los trabajadores preparan sus primeras respuestas. Y mientras se observa unidad de propósitos de los empresarios entre sí y con el gobierno, a la vez que iniciativa, entre los trabajadores se observa mayormente fragmentación y pasividad.
1- La política laboral
El incremento del uso del artículo 159 del Código de Trabajo que permite el despido sin indemnización en caso de catástrofe enrareció el clima laboral del país, lo que obligó al gobierno a clarificar en qué casos se admitía su uso (ver Análisis de Coyuntura Laboral Marzo 2010): sólo cuando las posibilidades de reanudar sus tareas sean nulas. El resultado fue el desistimiento de 2.200 de los despidos según esta causal (sobre la cifra oficial de poco más de 8.000), algunos fueron reincorporados, otros despedidos bajo otra causal, otros recibieron parte de sus indemnizaciones.
La Concertación por su parte respondió presentando un proyecto de ley que modifica dicho artículo estableciendo que si el contrato tiene una vigencia de un año o más, se pague la indemnización de acuerdo al artículo 163 del Código de Trabajo. Del lado de las empresas, las decisiones son dispares. Algunas grandes empresas, decidieron mantener su nómina reubicando personal, destinándolo a tareas de limpieza de escombros, o a actividades de capacitación. Otras de las grandes empresas, decidieron reducir su personal.
A las medidas ya anunciadas (ampliar los empleos de emergencia, bonos de contratación y para evitar despidos, ampliar la política de bonificación para la capacitación a tareas de reconstrucción como alternativa a los despidos), se sumó una especialmente controvertida: la generación y contratación de empleos por parte del Ejército, a través del Cuerpo Militar del Trabajo, anunciando que gestionará 20.000 puestos de trabajo, destinados a la construcción de viviendas de emergencia y reparación de infraestructura, recibiendo un sueldo mínimo, implementos de trabajo y capacitación (además de la movilización de 10.000 efectivos para los mismos fines). La controversia reside en las tendencias a la militarización de la escena política y social del país, y en las restricciones que implican para la fuerza de trabajo, por ejemplo, en cuanto a sindicalización.
El freno al uso del artículo 159 permitió despejar un elemento inquietante de la situación laboral del país que agravaba los efectos del terremoto. Y con este paso atrás, se dieron dos pasos adelante: el gobierno y los empresarios instalaron nuevamente la discusión de las medidas conducentes a profundizar la flexibilización laboral en el país, sin tener que mencionarla, pues genera inmediato rechazo entre las organizaciones de los trabajadores.
La principal medida conducente a este fin, es el perfeccionamiento del seguro de cesantía, aumentando los meses de cobertura (de 5 a 7), y reduciendo los requisitos de acceso (en lugar de 12 cotizaciones durante los últimos 24 meses, se exigirán 8 cotizaciones), para las zonas afectadas, y hasta el 31 de agosto, fecha en que se estima será superado el período de emergencia. Finalmente, estas modificaciones fueron aprobadas en la Cámara de Diputados.
Con su perfeccionamiento, se busca responder, en forma inmediata, a la urgencia del desempleo tras la catástrofe. Y aunque de acuerdo a las declaraciones de la Ministra de Trabajo Camila Merino el perfeccionamiento del seguro de cesantía no está vinculado al tema del fin de las indemnizaciones (a pesar que el Subsecretario del Ministerio Marcelo Soto declaró que sí), permite habilitar la discusión para terminar con las indemnizaciones por año de servicios.
De hecho, es la discusión que ahora está instalada, desplazando incluso la tardía propuesta de la CUT ante el impacto del terremoto sobre el trabajo. Y para avanzar en este camino, se anuncia que se buscará la articulación de acuerdos entre las partes.
2- Las organizaciones sindicales
Y es así que el presidente de la CUT Arturo Martínez, aunque primero rechazó toda discusión sobre las indemnizaciones, más tarde declaró estar disponible para discutir todos los temas, incluyendo el de las indemnizaciones por años de servicios, estableciendo que una eventual rebaja sea con indemnizaciones para todo tipo de contrato y a todo evento, y que se aplique sólo para las nuevas contrataciones, no retroactivamente. Aunque advirtiendo que no sólo debe discutirse esta sola medida, sino como parte de una discusión más amplia sobre el Código de Trabajo, en la dirección de una nueva reforma laboral que incluya revisar la ley de despidos, la negociación colectiva, las normas que regular las organizaciones sindicales. Para esto, anunciaron una «alianza político-social» con parlamentarios de la Concertación y el Partido Comunista.
A la vez, mantiene el diálogo fluido con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio- CPC, Rafael Guilisasti.
Otro sector de dirigentes, como el ex presidente de la CUT José Ortiz, rechazan la sola idea de discutir el tema de las indemnizaciones por años de servicios, a lo que consideran seguir cediendo derechos para que las empresas aumenten sus utilidades.
La CUT de Magallanes, la CUT de O’Higgins, declararon rechazar cualquier intento de modificar las indemnizaciones por años de servicios.
Estas divergencias buscan ser salvadas: se realizó el segundo Consejo Nacional Ampliado de la CUT, identificando dos hechos centrales nuevos en la escena política nacional: la asunción de un gobierno de derecha, y el terremoto, y proponiendo la necesidad de constituir a la CUT como el eje social en este nuevo escenario.
La Federación Minera de Chile- FMC, declaró su rechazo a la rebaja de las indemnizaciones por años de servicios, a cambio de fortalecer el seguro de cesantía, pues precarizaría el empleo.
Gremios de la salud, se agruparon en el Frente Amplio de Defensa de la Salud Pública (Germán Araya Presidente Fenats HEGC, Alicia Aravena Presidenta Fenpruss HEGC, Pilar Rodríguez Dirigente Fenpruss HBLT, Jesahel Cisternas Dirigente Fenpruss DSSMS, Leonardo Gutiérrez Director CUT ZONAL SUR, Oscar Riveros Secretario General FENATS METROPOLITANA, Enrique Molina Presidente del CONSEJO DE USUARIOS SALUD SUR, Guillermo Teillier Diputado distrito 28, Claudina Nuñez Alcaldesa de PAC). Este Frente rechaza los anuncios del Ministro de Salud Jaime Mañalich de concesionar la construcción de hospitales públicos destruidos por el terremoto, como un paso hacia la privatización.
La ANEF realizó su XII Asamblea Nacional, los temas de la política laboral nacional no se tocaron, sino que con la presencia del presidente Piñera, se refirió a los problemas específicos de su sector: la estabilidad laboral (ante los recientes 200 despidos), la extensión del incentivo al retiro, la normalización de los empleos a contrata.
Junto con estas discusiones que hacen a la política laboral del país, así como problemas específicos de los gremios, los efectos de la catástrofe siguen afectando a los trabajadores. De conjunto, a pesar de lo grave y masivo del asunto, predomina la pasividad. A pesar de esto, se observan algunas manifestaciones, aunque aisladas y reducidas.
En Talcahuano, se conformó la Agrupación de Sindicatos de Talcahuano para la Reconstrucción, que aglutinó a más de 20 sindicatos (Sindicato 1 de Trabajadores de Huachipato, Sindicato de Astilleros y Maestranza de la Armada Talcahuano, Sindicato de Profesionales de ASMAR, Federación de Trabajadores Pesqueros FETRAPES, Sindicato Tripulantes San José, Unión Portuaria del Bío Bío, Fenatrasub Buses Hualpén, OXY CHILE, Sindicato Tripulante Itata, Sindicato Cementos Bío Bío, Sintrisan, Sintrifood, Sindicato Trabajadores San Pedro – San José, Sindicato San José Talcahuano, Sindicato Congelados del Pacífico, Sindicato 2 Pesquera San José, Sindicato Planta Harina San José, Fenatrasub, Federación Nacional de Trabajadores Subcontratistas de ENAP, Sindicato Pesquera Bío Bío S.A, Sindicato Interempresa de Oficiales Motoristas de la Marina Mercante Nac., Sindicato Unifish Canning, Unión Portuaria del Bio Bio). Esta Agrupación elaboró un petitorio para la reconstrucción, convocó a un Cabildo Abierto, y realizó una movilización en Concepción, encabezada por el Alcalde de Talcahuano, para presentar su petitorio a la Intendenta.
Los Trabajadores Portuarios de Talcahuano se declararon en estado de movilización permanente, realizaron una movilización a la Intendencia de Concepción, e instalaron una olla común y un comedor en su sede sindical.