El año 2004, en dos oportunidades la Justicia enfrentó a Augusto Pinochet a la posibilidad de ser desaforado. En la primera de ellas, la jueza destacó el débil estado de salud del dictador como tesis. En la segunda, repitió su negativa, a pesar de declaraciones como las de Manuel Contreras sobre el funcionamiento de la […]
El año 2004, en dos oportunidades la Justicia enfrentó a Augusto Pinochet a la posibilidad de ser desaforado. En la primera de ellas, la jueza destacó el débil estado de salud del dictador como tesis. En la segunda, repitió su negativa, a pesar de declaraciones como las de Manuel Contreras sobre el funcionamiento de la DINA: «Cualquier misión a cumplir vino siempre del Presidente de la República».
Pasaron los años y los expedientes cosidos a mano se volvieron polvorientos. Pero ahí estaban, para revivir historias y revelar verdades. La magistrada Gloria Ana Chevesich negaba dos veces su voto para desaforar a Augusto Pinochet, por los crímenes de la Operación Cóndor y del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert.
En 2001, el dictador lograba engañar a las Cortes con su pretendida demencia incurable. Unos cuestionados exámenes neurosicológicos fueron su carta de presentación. Los desafueros concedidos en el año 2000 a su calidad de senador vitalicio y ex Presidente de la República por los crímenes de la Caravana de la Muerte, lo encaminaban directo al procesamiento que debería dictar el juez Juan Guzmán. Pero logró su salvación y quedó fuera de ese juicio.
Poco después, para sorpresa de los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema, el demente revivió con salidas a restaurantes y librerías. Su invocada demencia se vino al suelo en noviembre de 2003, cuando concedió una larga entrevista a la periodista portorriqueña de origen cubano María Elvira Salazar. Hizo gala de una destacada memoria y se autocalificó como «un ángel». En un almuerzo, el entonces ministro de la Corte Suprema, Alberto Chaigneau, dijo a los periodistas de tribunales «este personaje nos engañó a todos».
Fue así como se llegó a una nueva arremetida de los abogados querellantes. En una contundente resolución con 14 votos a favor y 9 en contra, el 28 de mayo de 2004 el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó a Pinochet, esta vez por los crímenes de la Operación Cóndor. A pesar de los numerosos antecedentes inculpatorios tenidos en cuenta por la mayoría de los magistrados, entre los oponentes estuvo la ministra Gloria Ana Chevesich.
Como quedó establecido en el fallo de 56 páginas terminado de redactar recién el 5 de julio de 2004, la jueza no sólo respaldó la inocencia del dictador en estos delitos de lesa humanidad, sino que compartiendo opiniones con los otros ocho oponentes, arguyó la exculpación de Pinochet insistiendo en sus «precarias» condiciones de salud mental y física.
Más aún, en el fallo quedó reflejado que al votar a favor de Pinochet, la jueza no consideró uno de los elementos centrales que tuvo en cuenta la mayoría de los ministros para levantar su inmunidad. Este fue una declaración en el proceso Cóndor del ex jefe de la Dina, Manuel Contreras, consignada en la página 37 de esta resolución de desafuero. En ella, por primera vez Contreras culpó directamente a Pinochet haciéndolo corresponsable de los hechos.
«La DINA tuvo la misión de extirpar y eliminar el extremismo marxista, cumpliendo al pie de la letra las órdenes que se me impartieron directamente por el Presidente de la República, Augusto Pinochet, de quien dependía. Por ello, el Presidente sabía exactamente lo que hacía o no la Dirección de Inteligencia Nacional y su delegado y director ejecutivo, que no se mandaba solo. Cualquier misión a cumplir vino siempre del Presidente de la República», declaró Contreras a fojas 2503 a 2507 del expediente Cóndor.
Tampoco fue suficiente para la magistrada que la mayoría del pleno consignó en la página 41 del dictamen que, según los antecedentes tenidos a la vista para resolver, «estos dan suficiente cuenta del conocimiento por parte de Augusto Pinochet de hechos que, como los reseñados, estuvo en situación de impedir atendida su investidura».
El 26 de agosto de 2004, el pleno de la Corte Suprema confirmó este desafuero y el 13 de diciembre de ese año, el juez Juan Guzmán procesó a Augusto Pinochet por estos crímenes contra la humanidad.
La Operación Cóndor que dejó decenas de víctimas en el cono sur del continente, nació en Santiago el 28 de noviembre de 1975. Por Chile actuó como anfitrión el entonces coronel y jefe de la Dina, Manuel Contreras. Firmaron además el «Acta de Clausura de la Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional» registrada en un documento «Secreto», los representantes de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia.
Según el punto 5 letra L de este documento, «el presente organismo se denominará CONDOR, aprobado por unanimidad conforme a la moción presentada por la Delegación de Uruguay en homenaje al país sede».
DOBLE RESPALDO POR DOBLE CRIMEN
Seis meses después, el 2 de diciembre de 2004, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, curiosamente por la misma votación 14 a favor y 9 en contra, concedió el desafuero de Pinochet por el doble homicidio del ex comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. El crimen ocurrió la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires, mediante una bomba instalada bajo su auto por los agentes de la Dina Michael Townley y su mujer Mariana Callejas. En Estados Unidos, Townley diría mucho después a la jueza argentina María Servini que instruyó el juicio en ese país, que más allá de quienes intervinieron en los seguimientos del general y proporcionaron los medios para el atentado, la orden vino directamente de Pinochet.
En la lista de los 9 oponentes, también estuvo la ministra Chevesich. Entre quienes acompañaron a la jueza en ambas votaciones a favor de Pinochet, estuvieron el actual presidente de la Corte Suprema Rubén Ballesteros, y los magistrados Raúl Rocha y Cornelio Villarroel.
Esta vez, para la ministra Chevesich tampoco fue suficiente el peso de los hechos acusatorios en contra del dictador tenidos en cuenta por la amplia mayoría de los magistrados que lo desaforaron. Aquellos hechos figuraban en el proceso tanto en Chile como en Argentina.
En cambio, y a pesar de que ya en 2004 estaba claro que Pinochet había engañado a las cortes con su pretendida demencia incurable, Chevesich manifestó junto a sus otros ocho acompañantes que, conceder el desafuero de una autoridad como Augusto Pinochet, era abrir el camino a formación de causa y procesamiento en su contra, lo que para cualquier persona «implica su detención que significa situaciones extremas de esfuerzos físicos y mentales».
En este caso, el 24 de marzo de 2005 el pleno de la Corte Suprema dejó sin efecto el desafuero de Pinochet por el doble crimen, pero no por considerar que no existían antecedentes suficientes para abrir juicio en su contra. La única razón invocada fue que el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ya se había pronunciado el 7 de octubre de 2002, negando por 16 votos a 5 el desafuero a Pinochet solicitado por la jueza argentina María Servini. Esta vez la Corte Suprema aplicó el principio de cosa juzgada.
De todas maneras, es necesario tener en cuenta que en el año 2002, Pinochet recién se había salvado de ser procesado por los crímenes de la Caravana de la Muerte, y los jueces aún estaban convencidos que padecía de una demencia incurable.
EL ACTUAL ESCENARIO
La jueza Chevesich fue escogida por el Presidente Sebastián Piñera a partir de una quina para integrar la Corte Suprema, cuestión que deberá resolver en última instancia el Senado el próximo 2 de julio.
Sin embargo, parlamentarios como Hugo Gutiérrez, Isabel Allende y Eduardo Frei, se oponen a que la magistrada llegue a integrar el máximo tribunal. Igualmente rechazan el nombramiento organismos de familiares de víctimas del régimen de facto.
El diputado comunista Hugo Gutiérrez, dijo a El Mostrador que «la jueza Chevesich no debe llegar a la Corte Suprema porque ha sostenido constantes criterios jurídicos a favor de los violadores de los derechos humanos y en contra de las víctimas».
A su vez, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, manifestó que «nuestro cuestionamiento a la ministra Chevesich tiene que ver con que nos preocupa que se vuelva a repetir lo que vivimos durante 17 años de dictadura, donde tuvimos un Poder Judicial cómplice de los crímenes».
OTRAS ACUSACIONES DE LA JUEZA
En 2010, en una resolución condenatoria de la Corte de Apelaciones de Santiago contra Manuel Contreras por la desaparición de tres militantes del MIR en 1974, Chevesich sostuvo que éste era acreedor de una atenuante por haber mantenido una irreprochable conducta anterior.
En una demanda civil reparatoria en contra de cuatro Carabineros por la desaparición en 1973 del estudiante ecuatoriano José García Franco, la magistrada consideró que la acción civil estaba prescrita. De esta manera, la jueza fue en contra del criterio jurídico sostenido por una mayoría de ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, que consideran que esa acción civil no puede prescribir porque está directamente ligada a un delito de lesa humanidad, que no prescribe ni puede amnistiarse.