En conversación con nuestro medio, la periodista y exmilitante del MIR, autora del libro ‘119 de nosotros’, señaló que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que absolvió a los agentes de la DINA involucrados en la ‘Operación Colombo’ es «una nueva provocación» del Poder Judicial.
Absolver a 31 agentes de la DINA condenados como autores y a 30 condenados como cómplices de secuestro calificado, además de otorgar beneficios a otros 42 condenados, fue la polémica decisión que tomó la Corte de Apelaciones de Santiago este lunes y que reabrió las heridas de los familiares de las víctimas de la ‘Operación Colombo’, operativo a través del cual la dictadura de Augusto Pinochet secuestró, torturó y asesinó a 119 militantes de izquierda entre el 17 de junio de 1974 y 6 de enero de 1975.
En un fallo dividido, la Octava Sala condenó a los integrantes de la cúpula de la DINA a sólo 4 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad como autores de los secuestros de 16 militantes del MIR. El fundamento de esta cuestionada rebaja de las penas, y que dejó a todos los condenados sin tener que cumplir en la cárcel, fue la aplicación para todos ellos de la atenuante de “irreprochable conducta anterior” y de la media prescripción.
Una situación que, para los familiares de las víctimas, configura “una nueva provocación” de un Poder Judicial que no ha logrado estar a la altura de las circunstancias. Así lo manifestó, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la periodista y ex militante del MIR, Lucía Sepúlveda, autora del libro “119 de nosotros” que relata las historias de vida de las víctimas de la ‘Operación Colombo’ y compañera del periodista Augusto Carmona, ejecutado por la CNI en 1977.
“Es una aberración y más aún en estos tiempos, en que todavía luchamos contra la impunidad. Esto llega como una provocación: hay impunidad hoy para quienes violan los derechos humanos y se confirma la impunidad para los que ayer fueron los mayores criminales de nuestra historia. Es una bofetada al rostro de todos los que luchamos por los derechos humanos y también a los presos políticos de hoy, porque es demostrar una continuidad en la Justicia chilena”.
¿Cómo evalúa el rol de la Justicia en el Caso ‘Operación Colombo’?
Esta es una operación que realizó la DINA entre los años 1974 y 1975, con la que buscaba enmascarar la desaparición de compañeras y compañeros que eran miembros de la resistencia, de distintos orígenes y partidos. Se hace una operación de inteligencia para decir que ellos se liquidaron entre sí, y por tanto, descartar la acción terrorista del Estado. Hoy ha quedado demostrado que eso era una falsedad absoluta, una mentira infame. Pero la justicia chilena siempre se negó a tomar este caso en conjunto, o sea, a investigar a la DINA a fondo como una asociación ilícita, a todos estos agentes como miembros de una “patota” criminal; escogieron el camino de investigar una a una las desapariciones durante 45 años.
Y a 45 años de los hechos, ¿se ha logrado algún avance?
Esto fue avanzando, pero a un ritmo absolutamente insostenible. La Corte Suprema, entre 2018 y 2020, dictó apenas nueve fallos. La Corte de Apelaciones tampoco es rápida en su tarea, ahora no sólo no es rápida sino que es aberrante, pero en los dos últimos años dictó 18 sentencias. El paso ha sido tan corto que, de 119 casos, hay sólo 64 de ellos que cuentan con sentencias definitivas emitidas por la Corte Suprema, en las cuales se incluyen también algunas absoluciones a todos los perpetradores.
En el caso de los 119 no hay ningún solo caso en que se hayan recuperado restos, ni huesitos o alguna evidencia de su paso por la vida. En ningún caso se han encontrado restos, o sea, efectivamente quisieron borrarlos de la historia, de la existencia.
¿Cree que a este paso es posible asegurar que no habrá impunidad por estos hechos?
Es decir, a este paso, como es clarísimo ya, los familiares no van a ver justicia. Hace muy poco falleció Mina Antequera de Andrónicos, ella luchó durante la mitad de su vida para encontrar justicia para sus hijos, y falleció hace como un mes. Justamente para sus hijos sale la sentencia ahora. Por eso te digo, es terrible para los familiares. Pero no solo para ellos, también para toda la sociedad, porque no podemos hacer una línea divisoria entre lo que hacía la DINA y lo que pueden hacer hoy agentes del Estado cuando la violencia es la misma, cuando se practica el terror y la violencia político-sexual.
No se puede dividir la impunidad, ha sido una constante, y los agentes del Estado se sienten autorizados al ver esta sentencia. O sea, les confirma que pueden seguir violando los derechos humanos.
¿Qué señal entrega el Poder Judicial con este fallo?
Que era mentira el pedido de perdón que hizo la Corte Suprema hace algunos años porque, en definitiva, por sus fallos los conoceréis. Y este es uno de los fallos más aberrantes que conozco. La cantidad de casos además, porque hemos tenido otros casos que han quedado impunes, cada uno es doloroso y terrible, pero esto es como la masificación de una práctica de impunidad inaceptable.
Ahora se hace masivamente, con estos 16 compañeros, en esta sentencia que se estuvo esperando mucho. La sentencia de primera instancia fue muy trabajada, con una investigación muy rigurosa de un magistrado que abrió un cuaderno de todos estos casos y que investigó el asunto efectivamente como una asociación criminal en la que actuaron todos ellos. Por lo tanto, es demasiado indignante, puesto que esperaron muchísimo tiempo, porque el ritmo de la Corte es extremadamente lento.
Habiendo sido compañera de un ejecutado político y habiendo luchado mucho tiempo para que se haga justicia, ¿cómo recibe en lo personal este fallo?
Mi compañero fue ejecutado, no es de esta lista, pero yo tengo el mismo dolor que todas las y los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados; y una sentencia de este tipo reaviva esa herida que tenemos los que hemos pasado por esa experiencia. Pero yo no puedo separar esas heridas, las de quienes hemos sobrevivido y hemos buscado justicia por décadas, de las heridas de esas familias que hoy buscan justicia para sus familiares que están en prisión preventiva por más de un año, por ejemplo, como los presos de la revuelta o las familias mapuche que saben lo que es la prisión política en el Estado de Chile.
Entonces, estas son cuestiones inaceptables, pero no solamente para nosotros y nosotras los familiares, tiene que ver con toda la sociedad chilena. Tiene que ver con qué país queremos construir y sobre qué bases queremos construir, qué es lo que queremos mostrar para adelante.
¿Qué reflexión puede hacer de cara al proceso constituyente que se avecina?
Esto nos llama, a propósito de la nueva Constitución, a pensar en una democratización de la Justicia, porque ésta es una Justicia que no está acorde al siglo XXI ni a lo que sentimos hoy día respecto de nuestros derechos. Hay que reformular la Justicia y deconstruir las Fuerzas Armadas también; y evidentemente que, un paso como el que dio esa Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, no ayuda nada en ese sentido. La historia los va a juzgar, pero hoy es una provocación porque estamos tratando de deconstruirnos como país para tener equidad, justicia y recuperar los derechos sociales.