El final del tercer período de la Concertación permite también señalar que el llamado neoliberalismo chileno es en la práctica el más antiguo del mundo; lleva más de 30 años de aplicación sistemática que se iniciaron con la dictadura militar y que continuaron dichos gobiernos de la Concertación, que junto con la derecha han generado […]
El final del tercer período de la Concertación permite también señalar que el llamado neoliberalismo chileno es en la práctica el más antiguo del mundo; lleva más de 30 años de aplicación sistemática que se iniciaron con la dictadura militar y que continuaron dichos gobiernos de la Concertación, que junto con la derecha han generado el consenso político e institucional para asegurar su continuidad y estabilidad. Desde el punto de vista de su propio interés por la ganancia, el modelo, y en el fondo el capitalismo en Chile, enfrenta crisis periódicas como la de 1982 (la llamada «recesión»), una de las últimas fue el ciclo de contracción que se vivió entre 1997 y 2003, producido por la gran vulnerabilidad y dependencia de la situación internacional y la conducta de los mercados, variables que se tornan adversas a partir de 1997 (crisis asiática) cuando los precios de las materias primas caen disminuyendo los ingresos de las exportaciones y las ganancias de los grandes conglomerados, situación que entre otros efectos provocó el despido masivo de trabajadores. Dicha situación tuvo su expresión en la política de las clases dominantes, modificando la correlación de fuerzas al interior del bloque en el poder pos dictadura, reflotando a la derecha como alternativa de gobierno, permitiendo la penetración de su discurso en los sectores populares y la cohesión en torno a la hegemonía de la UDI y su presidenciable Joaquín Lavín. Junto a ello se agudizó en paralelo el cogobierno de hecho entre el Poder Ejecutivo y la derecha política y económica (los consensos), amplificándose el cuestionamiento al modelo y pugnas internas al interior de la nomenclatura concertacionista, de la mano con un firme desgaste electoral. Sin embargo, los años 2004 y 2005 han representado un nuevo cambio en la marea económica, y desde las altas esferas no sólo se decreta el fin de la «transición», también se anuncia el «fin de la crisis» y el inicio de una nueva expansión de las ganancias para los grandes capitalistas. Como se constata en el Análisis de Coyuntura de octubre de los Colectivos de Trabajadores: «La economía chilena se encuentra transitando el segundo año de un nuevo ciclo expansivo, que se inició a fines de 2003 y que ya se reflejó en algunos resultados macroeconómicos de 2004. Como se sabe, el PIB creció en un 6,1%, empujando por el salto que pegaron las exportaciones -más de 32 mil millones de dólares, casi un 49% más que el récord anterior de 21 mil 500 millones de dólares del año 2003-. Las exportaciones mineras, en particular, casi se doblaron: 16.459 millones de dólares, a consecuencia fundamentalmente del fuerte mejoramiento del precio del cobre -que pasó de un promedio anual de 80 centavos de dólar la libra, a 130 centavos de dólar la libra.» Lo paradójico es que el mismo factor que produjo la anterior crisis del modelo dependiente y exportador en Chile es el determinante para este nuevo ciclo de expansión, es decir, el frente externo, los precios de nuestras materias primas en el mercado mundial, principalmente el cobre, además de la inversión extranjera. Chile es el país más «neoliberal» del continente, ha privatizado y abierto su economía, sus mercados y recursos en una proporción que ni siquiera los países llamados desarrollados tienen, se han puesto todas las fichas en la dependencia y un supuesto «chorreo» que nunca llega a los trabajadores, porque por un lado el crecimiento se ha sostenido pero los niveles de desigualdad siguen iguales desde hace casi 20 años. Como bien resume el economista Marcel Claude, el modelo chileno no es otra cosa que un férreo sistema de creciente monopolización y concentración económica, basado fundamentalmente en dos fuentes de generación de riqueza: primero, el uso y sobre explotación de los recursos naturales como la pesca, la salmonicultura, la minería o los bosques, lo cual es posible gracias al acceso gratuito que tienen las grandes empresas para su explotación; y segundo, la existencia de una mano de obra muy barata debido a la ausencia de mecanismos de protección del trabajo asalariado como es el derecho a huelga que aún no es recuperado plenamente por los trabajadores. En fin, se puede decir que dentro de su propia lógica el modelo chileno ha alcanzado su madurez, ha superado un ciclo de caída y alcanza niveles de consenso político en casi todos los sectores que gobiernan o quieren gobernar el país. Así como la anterior crisis tuvo su expresión en la política nacional, ¿qué efectos tendría este nuevo ciclo expansivo que ya lleva dos años? En primer lugar, como se ha hecho habitual en estos últimos meses, la sensación de consolidación facilita a la «clase gobernante» abrirse a debatir realidades como la desigualdad o la distribución del ingreso, e incluso instalarlo en los medios de comunicación y las campañas electorales, sabiendo que ninguna de las tibias críticas actuales, ninguno de los programas de gobierno que se han difundido, van a generar un cambio real «desde arriba». En segundo lugar tenemos que, habiendo cumplido por ahora sus metas estratégicas y superada la «mala racha» macroeconómica, al interior del bloque dominante la preocupación principal por ahora es disputar y resolver la hegemonía entre y al interior de sus respectivos conglomerados, y en el aparato del Estado En este contexto, en la derecha y la concertación cobran más fuerza los sectores políticamente más «centristas» o derechistas respectivamente, dentro de sus propios bloques. Esto quiere decir por un lado, el declive definitivo del pinochetismo, perfilándose una derecha que ahora es más liberal en lo político, y presenta una imagen más «moderna» y abierta, representada por Renovación Nacional en la persona de Sebastián Piñera, cuya candidatura pretende también equiparar a RN con la UDI, lo cual implica una fuerte disputa por base social en los sectores populares y medios. Este «reseteo» de la derecha incluye el acercamiento a la Democracia Cristiana, y configurar quizás en el futuro un nuevo bloque político. Por otro lado, en la Concertación se aprecia la marginalización o arrinconamiento de lo que podría llamarse la «izquierda» en ese bloque, en particular la que existía al interior del Partido Socialista. Gana fuerza o se perfila un bloque «socialdemócrata» o del «progresismo» (conceptos que por cierto ya les queda grande) liberal en lo económico y en los llamados temas «valóricos», pero partidarios de dar un rol algo más activo del Estado en lo social para corregir o paliar los «defectos» del neoliberalismo. Este bloque a su vez ha logrado en estos 2 años equilibrar fuerzas con la Democracia Cristiana, que está lejos de ser el partido mayoritario y hegemónico de principios de la «transición». En este escenario de estabilidad del modelo y consenso político, el problema de la unidad puede incluso ser puesto en segundo plano, y admitir por ejemplo como se produjo, dos candidaturas en la derecha. ¿Pero qué pasa en la izquierda? Se enfrenta a las mismas condiciones estructurales del modelo, pero a las que se suma la ausencia de un movimiento popular como actor político nacional. Esta situación origina que no existe el mismo consenso estratégico que existe en el bloque dominante, y en estos 15 años de gobiernos civiles se han perfilado en general dos franjas, dos caminos dentro de los sectores anti capitalistas, y que enfrentan la actual coyuntura con diversas respuestas y criterios políticos y organizativos. Para la izquierda tradicional o reformista, el camino pasa por acumular fuerzas por la vía electoral, por medio de una política de alianzas o de unidad en amplitud, con criterios cuantitativos que buscan sumar y sumar dirigentes, personalidades y organizaciones al pacto electoral, con el fin último de insertarse en las instituciones del sistema, para desde allí impulsar las reformas. Como ya hemos planteado antes, este proceso de acumulación en los hechos no pretende la construcción de movimiento social en torno a las demandas populares y un proyecto nacional, más bien este papel lo suplanta el referente creado, haciendo de lo electoral el centro de gravedad de esta «unidad por arriba». Por otro lado, existe la heterogénea franja de la izquierda revolucionaria, la cual tiene métodos de lucha distintos al reformismo: acción extraparlamentaria, creación de nuevas formas de organización popular, de doble poder. Pero no se trata de una diferencia metodológica o de «formas de lucha» que se justifiquen por sí mismas o por principismo. La razón de ser de esta metodología son sus contenidos y objetivos: la búsqueda sistemática, por parte de los revolucionarios, de la posibilidad de transferir al movimiento popular el control de las relaciones de producción y de las formas de gestión de la producción social. Es decir, es una política cuyo centro son los intereses, la organización y la fuerza propia de la clase trabajadora y todos los sectores sometidos por el capital, reconocidos como la fuente de creación y no sólo de aplicación o «recipiente» de la política. En síntesis, la izquierda revolucionaria define como horizonte estratégico del período la construcción de Movimiento Popular para que este movimiento pueda definir los instrumentos de participación y confrontación en la escena nacional. Como consecuencia de estos criterios, en estos años se ha descartado la participación electoral para la conquista y uso de las instituciones vigentes, ya que implicaría adaptarse a las reglas del juego del enemigo, donde rara vez se le toma por sorpresa en lo estratégico. Sin perjuicio de lo anterior, la opción de no votar o anular también son legítimas como expresión puntual de protesta individual y consciente, y no constituyen necesariamente una posición apolítica, no debemos confundir una opción u opinión política con el apoyo a determinado partido. Como muchos de estos temas aún están decantándose y debatiéndose, resulta difícil hoy plantearse la «unidad de toda la izquierda» en abstracto o en términos genéricos, hay mucho atraso y terreno cedido en cuanto al debate y elaboración estratégica. La mera suma de minorías no hace mayoría, todavía falta resolver la comunidad o identidad en los objetivos (como prioridad), ya sea los inmediatos y/o los de largo plazo, en las formas y medios para lograrlos, y en las conductas y estilos concretos del quehacer político. La realidad y la experiencia de estos años indica que los mayores obstáculos y carencias han estado precisamente en la claridad y la coherencia entre aquellos factores. Las tareas para el período El actual dogma del crecimiento económico y el «superávit estructural» (es decir no aumentar el gasto fiscal) no sólo fue el criterio para enfrentar el ciclo anterior de caída, sino que es el «modus operandi» permanente de este modelo dependiente que beneficia principalmente a los inversionistas y grandes empresarios. El modelo ha llegado a su madurez, a una suerte de meseta en su desarrollo, pero eso no implica para nada que sea irreversible, su carácter dependiente y la perpetuidad de las injusticias que provoca, hacen que la tendencia histórica sea el agotamiento, el cual se acelerará en la medida de una cada vez mayor resistencia de los sectores populares. Pero lo anterior no será un proceso espontáneo, y por eso es que uno de los principales escenarios de construcción y convergencia es la lucha por la organización y las demandas populares, sin intereses de corto plazo o auto referenciales (por ejemplo electoralistas), sino con independencia de clase y con una mirada o perspectiva nacional para resolver los problemas de cada sector. Las recientes y presentes luchas de los deudores habitacionales, de los pobladores amenazados por la expropiación de sus viviendas a causa del Plan Transantiago (que afecta además sus fuentes de trabajo), de los pescadores y tripulantes que marcharon desde el sur hasta la capital para exigir al gobierno el cumplimiento de sus compromisos, de los trabajadores y pequeños comerciantes de ferias libres, etc. son experiencias que revelan el rostro real de esta «exitosa» economía, y a costa de quiénes se produce el tan cacareado crecimiento. Estas luchas reivindicativas, que han debido enfrentar la indiferencia, los intentos de manipulación y represión del gobierno, y la censura de los medios de comunicación de masas, son ejemplo de la necesidad y la viabilidad de la coordinación y la solidaridad entre los sectores sociales, del protagonismo a partir de quehacer de base y la acción decidida. Dichos aspectos son básicos para comenzar a desarrollar una auténtica política revolucionaria, y la única exclusión de la que hay que preocuparse es la que viene de estar fuera de esta senda.