Ahora Madrid ve que hay base para denunciar por lo penal y por lo mercantil a los impulsores de la venta de 18 promociones municipales de vivienda en la época de Ana Botella. El Ayuntamiento de Madrid considera que «hay base para actuaciones judiciales, y no hay la menor duda de que las ejecutaremos» contra […]
Ahora Madrid ve que hay base para denunciar por lo penal y por lo mercantil a los impulsores de la venta de 18 promociones municipales de vivienda en la época de Ana Botella.
El Ayuntamiento de Madrid considera que «hay base para actuaciones judiciales, y no hay la menor duda de que las ejecutaremos» contra los responsables de la adjudicación en 2013 de parte de los inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) al fondo Blackstone. Así lo ha declarado el concejal Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en declaraciones la mañana del viernes durante la segunda sesión de la comisión municipal que investiga esta venta, por la que el consistorio de Ana Botella (PP) vendió 18 promociones de la EMVS, incluidas 1.860 viviendas en distintos regímenes de alquiler, además de locales y plazas de garaje. El PSOE, a través de su portavoz de Urbanismo, Mercedes González, ha anunciado que pedirá la reapertura del caso,que ya fue desestimado por un juzgado madrileño, al contrario que lo sucedido con la venta paralela de 2.935 viviendas del IVIMA -la empresa autonómica de vivienda-.
La Cámara de Cuentas publicó su ayer informe definitivo sobre esta adjudicación, después de que un primer informe estableciera varias irregularidades en el proceso. A grandes rasgos, este organismo externo que supervisa las cuentas públicas en la Comunidad de Madrid mantiene su dictamen y estima que la adjudicación se produjo al margen de las normas de contratación pública y de las propias normas de la EMVS, atendiendo «exclusivamente a reglas de mercado»: Sin pliego de condiciones, y sin que en las actas del consejo de administración de la EMVS figure la aprobación de la venta.
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Con la base de este nuevo dictamen, representantes de los tres grupos municipales a excepción del PP han interrogado a Rafael Requena, antiguo director jurídico de la EMVS, la exinterventora general del Ayuntamiento, Beatriz Vigo Martín -cesada la semana pasada por Sánchez Mato-, y el miembro de la consultora PWC, Manuel Márquez. Además, han intervenido también la portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de viviendas de la EMVS, Arantxa Mejías, y el abogado Mariano Benítez de Lugo, responsable de la querella -hoy archivada- interpuesta por la asociación y de la denuncia interpuesta por el Grupo Municipal del PSOE.
Los representantes de Ahora Madrid (el propio Sánchez Mato), PSOE (Mercedes González) y Ciudadanos (Miguel Redondo) han querido saber cómo se pudo ejecutar una venta con esas consecuencias -los nuevos contratos implementados por Fidere, la actual adjudicataria, suponen aumentos de renta de hasta el 43%, según los inquilinos- que, entre otras cosas, no protegió el derecho de los residentes a ser informados y a plantear su derecho al tanteo y retracto, dado que las 18 promociones de viviendas en alquiler lo eran con derecho a compra pasados 10 años.
La respuesta de Requena, responsable jurídico de la EMVS bajo Ana Botella, se ha basado en un argumento técnico: la venta de bienes patrimoniales está excluida de los requisitos establecidos en la directiva europea sobre contratación pública, y por lo tanto no se le puede aplicar la ley de contratos del sector público, que impone los principios de publicidad y concurrencia. La responsable de la intervención de cuentas del Ayuntamiento de Madrid ha señalado por su parte que su capacidad de control no incluye a las empresas municipales, regidas por el derecho mercantil.
En respuesta a Sánchez Mato, Requena ha confirmado que el consejo de administración tenía sus funciones completamente delegadas en la figura del consejero delegado, Fermín Oslé, y que «no se informó al consejo de administración previo a la venta» de las 18 promociones. El representante de PWC, Manuel Márquez, ha contradicho un aspecto de la declaración de Requena, al afirmar en distintas ocasiones que la consultora «no valoró ni tasó los activos». El letrado de la EMVS ha declarado lo contrario ante preguntas de Sánchez Mato: «la valoración de los activos se hizo teniendo en cuenta la que estableció Pricewaterhouse Cooper».
Según Requena, el hecho de que PWC no sea una tasadora homologada por el Banco de España no revestía importancia, ya que «ese requisito no era de aplicación en este caso». Los representantes de PWC han declarado que establecieron una ‘horquilla’ entre los 115 y los 130 millones por las 18 promociones, pero que en ningún caso esto era una tasación. El contrato fue adjudicado por 128 millones a Blackstone, con dos millones adicionales de rebaja por supuesta morosidad de los inquilinos. Esta rebaja es uno de los dos aspectos que más llamó la atención de la Cámara de Cuentas, dado que no consta ningún informe sobre morosidad entre los expedientes de la EMVS.
De igual modo, tanto la Cámara como los grupos municipales sospechan de la existencia de una factura por valor de 2,4 millones de euros cursada por la intermediadora Itaca en el momento del traspaso a Fidere. Esta factura levantó las sospechas del organismo supervisor al no figurar en el contrato una descripción detallada de los trabajos asociados a ese cobro, y al tener la sociedad Itaca 3.000 euros de capital social en el momento de la obtención del contrato. «No hay un contrato que refleje ese pago de la factura, así que no sabemos cómo sale ese cálculo. Más allá de que sale de los bolsillos de los madrileños y las madrileñas», ha declarado Sánchez Mato en un receso de la sesión.
Sobre el posible conflicto de intereses en su labor de supervisión a las cuentas de la EMVS y al tener como cliente -con apenas dos meses de diferencia- a la otra empresa del consorcio que resultó adjudicatario -la sociedad Magic Real State, que formaría una UTE con el fondo Blackstone-, el representante de PWC se ha defendido señalando que la consultora «no participó en el proceso de venta», y ha recordado que la prestación de servicios se realizó en momentos distintos, después de que Magic ya hubiera sido seleccionada como adjudicataria.
La nulidad de los contratos y la reversión de la venta sigue siendo una cuestión delicada. En palabras de Sánchez Mato, «hablamos de irregularidades incluso penales y también de vulneración de normas mercantiles. Pero [en el caso de] la reversión son actuaciones de derecho civil. Esto podría hacer imposible la devolución», ha anunciado. Un criterio con el que no coincide Mariano Benítez de Lugo, que representa legalmente a los hogares afectados por la venta. Este letrado discrepa de que haya que acudir a un procedimiento civil para lograr la nulidad y reversión de la venta, y ha criticado en numerosas ocasiones un informe del nuevo director de servicios jurídicos de la EMVS, en el que se posiciona contra la petición de nulidad. Benítez de Lugo ha pedido al Ayuntamiento que salga de sus «planteamientos minimalistas» con respecto al problema, y que haga lo posible jurídica y políticamente para sentar a negociar a Fidere, el fondo que se quedó finalmente con las 18 promociones.