La alcaldesa de la capital y el concejal de Economía y Hacienda comparecen para desmentir que se vayan a modificar los presupuestos de 2016 y 2017 con el objetivo de cumplir la regla de gasto impuesta por el Gobierno del PP en 2012
El pulso político entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda continúa. Tras la reunión entre Cristóbal Montoro, titular de Hacienda y Manuela Carmena, alcaldesa de la capital, varios periódicos señalaron que el Ayuntamiento rectificaba y modificaría sus presupuestos para cumplir el «techo de gasto» impuesto por Hacienda en el año 2012 (con la ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria). Sin embargo, no hay rectificación, porque se trata de un problema de interpretación de los periodistas, según declaró Carmena ayer.
La alcaldesa realizó estas declaraciones junto a Carlos Sánchez Mato, el concejal de Economía y Hacienda, que ha diseñado los presupuestos y planteado una batalla política de la que están pendientes otros municipios. «Hemos dejado claro que este gobierno municipal no hará recortes en el presupuesto de 2017», afirmó Sánchez Mato.
El anuncio de que Carmena había pactado una modificación de los Presupuestos con Montoro generó malestar entre varios de los grupos que componen el partido de Gobierno, Ahora Madrid. Un malestar que se dejó sentir en las redes sociales, pero que se ha traducido en un cierre de filas -tanto de IU Madrid como de Ganemos- a favor de unos presupuestos sociales y contra la «deudocracia».
El presupuesto, según los planes, será aprobado en diciembre, con el apoyo del PSOE, e incluye el Plan Económico Financiero aprobado por los dos grupos a finales de septiembre, que dispone 600 millones de euros para los dos próximos ejercicios destinado a gasto social y no a la amortización de la deuda, objetivo del plan aprobado en 2012, en el peor momento de la crisis de deuda soberana. Un plan que no permite aumentar el gasto sobre la base de 2012 con una pequeña corrección en base al PIB.
El plan del ayuntamiento pasa por apartar esa cantidad mediante un «acuerdo de no disposición», es decir, acatar la posible sanción de Hacienda, como ya ha hecho respecto al incumplimiento de 2015, de 17 millones de euros. Madrid ha pasado a ingresar suficiente para destinar su superávit a gasto social al mismo tiempo que amortiza deuda -pero sin adelantar algunas de estas amortizaciones, como pretende Hacienda-.
Con la explicación de ayer, Carmena y Sánchez Mato siguen planteando su oposición a la regla de gasto, con la base de que se cumplen otras disposiciones de la ley 2/2012 como la negativa a pedir más créditos o la congelación de la contratación pública, que Madrid plantea revisar con la creación de una empresa de servicios ambientales.
Otros Ayuntamientos siguen con atención el pulso entre Hacienda y Madrid. Aunque casi desde el comienzo de la Ley Montoro se están produciendo vulneraciones de la misma, estos se han producido de manera más escondida, a través de «regates» como la presentación de sobrecostes en infraestructuras, por ejemplo, la posición del área de Economía y Hacienda en Madrid marca un punto de inflexión en las relaciones entre los municipios y las políticas de austeridad impuestas por Bruselas y trasladadas a Gobiernos autonómicas y locales desde el Ministerio.
El próximo fin de semana, un encuentro en Oviedo aglutinará a representantes de los llamados «Ayuntamientos del cambio» para mantener su desafío a la llamada Ley Montoro, a través de estrategias que van desde la apertura de un ciclo de movilizaciones hasta la creación de un frente para su derogación.