Las políticas represivas implementadas por las administraciones de los Estados Unidos y Colombia para afectar al narcotráfico, actuando sobre la esfera de la producción de la hoja, no han dado resultados en cuanto a la reducción efectiva de las áreas sembradas en cultivos de coca, ni tampoco frente a la producción y tráfico de cocaína. […]
Las políticas represivas implementadas por las administraciones de los Estados Unidos y Colombia para afectar al narcotráfico, actuando sobre la esfera de la producción de la hoja, no han dado resultados en cuanto a la reducción efectiva de las áreas sembradas en cultivos de coca, ni tampoco frente a la producción y tráfico de cocaína.
La presencia de más cultivos es evidente en las partes bajas del valle del río Cimitarra y en la parte alta del sur de Bolívar, así las estadísticas digan lo contrario.
No obstante, en recientes declaraciones, el responsable antidrogas de los EU, John Walters, mostraba como logro de la política del Plan Colombia una cocaína más cara y menos pura en las calles de su país. El funcionario argumentaba el fenómeno con la, según él, poca disponibilidad de la droga en el mercado, «se ha minado la vitalidad de la bestia» se atrevió a decir, aludiendo a la supuesta efectividad de las fumigaciones con glifosato.
Es sabido que la élite del poder y los funcionarios estadounidenses tienen la manía de explicar todo con la «lógica del mercado», sin embargo vale la pena preguntarse si efectivamente los precios son altos y si esta alza corresponde efectivamente a la escasez del producto. Según el Center for Internacional Policy los precios son los mismos desde hace 18 meses, aproximadamente 180 dólares por gramo. Frente a los problemas de pureza, se sabe también que entre más menudeada, más impura la cocaína, es la plusvalía del jíbaro, un fenómeno común en todo el mundo.
La Oficina Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos queda lejos de las montañas del sur de Bolívar, desde allí no se alcanza a ver cómo los cultivos se han multiplicado desde la primera fumigación e incluso después de la última que acaba de pasar y que duró tres meses. Es probable que en la oficina no sepan que las fumigaciones indiscriminadas afectan principalmente a cultivos de comida, pastizales y fuentes de agua en una proporción desalmada, por cada hectárea de coca erradicada se fumigan cuatro de alimentos. Pero es también probable que lo sepan con un alto grado de cinismo. Después de las torturas de prisioneros de guerra sin status, de las cárceles clandestinas, del agente naranja, del uranio empobrecido y del fósforo blanco, usados contra civiles inermes, cualquier cosa se puede esperar.
También cabe preguntarse por un fenómeno curioso, si se está produciendo menos hoja de coca, como dicen, ¿por qué han crecido las incautaciones de cocaína hasta una cifra record, 168 toneladas en 2005? Aquí habría dos interpretaciones: primera, los organismos de seguridad colombianos han aumentado su efectividad, cosa poco probable dada la poca honestidad y el alto nivel de corrupción que los caracteriza, basta sólo con mirar los malos ejemplos de la Fiscalía General y del DAS; segunda, se mantienen o aumentan los niveles de exportación hasta las 800 toneladas, según algunos analistas, por lo que sería lógica la incautación anual de cerca de 170 toneladas este año, producto de las delaciones y de los «cruces mal hechos». Sólo los Estados Unidos consumen 285 toneladas al año. Según la Interpol, Colombia produjo 440 toneladas de cocaína en el 2003, suficientes para cubrir el consumo gringo anual y de sobra.
¿Y cómo explicar que en Europa también hayan crecido los decomisos y que el precio de la cocaína esté a la baja, 80 euros en las calles de Barcelona, en el país de mayor consumo en el viejo continente, lo que en la lógica gringa significaría mayor disponibilidad? Algo anda mal con la distribución espacial, las cifras y las «lógicas del mercado».
Mientras tanto en el Magdalena Medio se vive una verdadera crisis de la economía de la coca que paradójicamente no está relacionada con el impacto de las fumigaciones.
Desde hace aproximadamente 18 meses los paramilitares dejaron de pagar en efectivo por la pasta de coca que producen los campesinos, introdujeron un sistema de vales que desembocó en una cadena de endeudamientos entre productores de pasta, comerciantes y narcotraficantes, lo que derivó en un crisis sin precedentes de la economía campesina de la coca. En su desespero muchos campesinos han tratado de sacar la pasta a nuevos y más seguros compradores, terminando en la cárcel. La ley 30 de estupefacientes sirve para encerrar campesinos y a uno que otro narcotraficante caído en desgracia. Para los agraciados se diseñó la ley de «justicia y paz». No en vano en Colombia se dice: «detrás de cada ley hay un nuevo gran negocio».
Para explicar la ausencia de dinero efectivo y la subsiguiente crisis de la economía regional se podrían explorar algunas hipótesis: 1. Un acuerdo entre narcotraficantes para afectar la economía de las guerrillas que cobran un impuesto por área de hoja sembrada y por el comercio de la pasta. 2. El peligro de una posible extradición que pende sobre los narcotraficantes reunidos en Ralito. 3. Un fuerte lavado de dólares que coincide con la devaluación del dólar y el monólogo de paz entre gobierno y paramilitares, lo que explicaría la salida momentánea del efectivo del circuito del narcotráfico para financiar otro tipo de actividades económicas legales: compra de tierras, ganadería extensiva, cultivos agroindustriales como la palma aceitera, compra de oro, construcción, contrabando legalizado, apuestas, etc.
Como quiera que sea, la presente crisis no representa el final de la economía regional de la coca, mientras no haya una alternativa viable ligada a la reforma agraria y a un nuevo modelo económico y de desarrollo, mientras se tenga lejos el panorama de la legalización, mientras se mantenga la demanda, la oferta perdurará incluso después de la «desmovilización paramilitar», cuando se terminen de encontrar el hijo bastardo y la madre desnaturalizada.