«La muerte de un comunero mapuche en Nueva Imperial la madrugada del lunes, tras un procedimiento policial de dudosa legalidad, genera un ambiente de indefensión y falta de justicia», señaló Wallmapuwen. Diputado y consejero indígena, por su parte, rechazaron vinculación del incidente con el denominado conflicto indígena y llamaron a las familias a formar Juntas […]
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«La muerte de un comunero mapuche en Nueva Imperial la madrugada del lunes, tras un procedimiento policial de dudosa legalidad, genera un ambiente de indefensión y falta de justicia», señaló Wallmapuwen. Diputado y consejero indígena, por su parte, rechazaron vinculación del incidente con el denominado conflicto indígena y llamaron a las familias a formar Juntas de Vigilancia Rural. |
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A través de una declaración de prensa, la organización autonomista mapuche Wallmapuwen, denunció en Temuko la práctica impune del «gatillo fácil» en zonas rurales de La Araucanía, ello a raíz del baleo policial que la madrugada del lunes arrojó un saldo de una persona muerta y dos gravemente heridas en el sector de Bollilco Bajo, comuna de Nueva Imperial, en el marco de una investigación por robo de animales.
«Si bien los últimos hechos de Nueva imperial pueden no estar asociados directamente a la problemática política que se experimenta como pueblo, expresan nítidamente la lógica que impera en las fuerzas policiales (ahora también de la Armada en la localidad costera de Mewin) que operan en la región y particularmente en los campos. Ante el mapuche, sea un luchador social o un imputado por delitos comunes, se aplica simplemente el gatillo fácil», denunció la organización.
Para Wallmapuwen, los últimos acontecimientos de violencia policial en Wallmapu (País Mapuche) expresarían claramente el «escaso desarrollo democrático y la falta de garantías para el respeto irrestricto de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, que experimentamos los ciudadanos y ciudadanas del País Mapuche».
«Los hechos de Mewin, donde buques de la Armada de Chile actúan como guardia privada de Celco, los acontecimientos de Temukuykuy el viernes último y la muerte de un comunero mapuche en Nueva Imperial la madrugada del lunes, tras un procedimiento policial de dudosa legalidad, generan un ambiente de indefensión y falta de justicia que contradice la tan publicitada política gubernamental de «nuevo trato» para con los pueblos indígenas», enfatizó.
A juicio de la organización, ante esta grave situación, «las autoridades civiles avalan todo lo que hace Carabineros sustentándose única y exclusivamente en los partes policiales catalogando el contenido de dichos partes como los hechos verídicos, en circunstancia que lo ocurrido tiene como protagonistas a otras personas cuyos testimonios difieren diametralmente de las versiones oficiales».
Wallmapuwen emplazó a las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet en orden a avanzar en la creación de organismos capaces de velar explícitamente por el respeto y promoción de los derechos humanos al interior del País Mapuche, como es el caso de la institución del Defensor del Pueblo, propuesta en las recomendaciones tanto del Relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, como del Informe de la FIDH, sobre la situación del Pueblo Mapuche en Chile.
«Un organismo como este sólo es posible en un proceso más amplio y profundo de democratización y vigencia de los derechos humanos. Parte importante de la violación de nuestros derechos, la impunidad de las fuerzas policiales y la liviandad con que las autoridades se refieren a los hechos, sin antes interiorizarse de todo lo ocurrido, creemos obedece al escaso desarrollo democrático del país», agregan en su declaración.
«Recordemos que se nos aplica La ley Antiterrorista y Ley de Seguridad Interior del Estado, emanadas de la dictadura militar, la LOCE y una constitución política maquillada. Por su parte las autoridades regionales, dado que no son elegidas democráticamente, no sienten sobre sus hombros el voto evaluativo y fiscalizador de la población. Cuando la población del País Mapuche elija a sus autoridades a lo menos deberán responder a la ciudadanía por sus acciones y dichos», recalcó Wallmapuwen.
Finalmente, la organización mapuche exigió una investigación seria y sanciones rigurosas para los responsables de los graves hechos acontecidos en Nueva Imperial, investigación que -según señalaron- debiera ser realizada por «fiscales y tribunales civiles, y no por la justicia militar». «Demandamos a las autoridades administrativas y políticas a privilegiar el respeto irrestricto de los derechos humanos por sobre sus intereses corporativos de Estado», finalizó Wallmapuwen.
Juntas de Vigilancia Rural
Una opinión diferente es la que manifestaron el diputado Eugenio Tuma y el Consejero ante Conadi Hilario Huirilef (ambos militantes del PPD), quienes tras conocer el fatal desenlace del operativo policial, realizaron un enérgico llamado a «diferenciar» y «separar» las demandas del pueblo mapuche «con los hechos delictuales que no reflejan el ambiente de la mayoría de las comunidades de la región», según señalaron.
Tuma y Huirilef comentaron que se debe ser responsable y no generar confusiones en la comunidad regional, dejar que las instituciones -en este caso el Ministerio Público- investigue la situación que llevó a la muerte del comunero de Nueva Imperial, no caer en exageraciones de algunos sectores que buscan ver a La Araucanía en un constante conflicto indígena.
El diputado manifestó su preocupación ante estos hechos de violencia en La Araucanía y fue enfático en exigir una investigación a fondo respecto a este hecho delictual que se enmarca en una denuncia realizada por abigeato. Al respecto señaló que en Imperial existe una Junta de Vigilancia Rural que con el tiempo se ha ido consolidando, la cual consiste en una organizada participación ciudadana que previene y combate la delincuencia rural.
Por su parte, Huirilef advirtió que los que buscan confundir las demandas y reivindicaciones históricas con hechos delictuales para provocar aún más el conflicto mapuche, están completamente equivocados, «ya que existen muchos dirigentes y comunidades que hoy se encuentra reflexionando y trabajando con sus territorios en propuestas concretas de desarrollo para sus familias, de manera pro-activa, constructiva, en alianza con el Estado, con el objeto de enfrentar el pasado, presente y futuro del pueblo mapuche», sentenció.
En tanto, Jaime Curiqueo, Presidente de la Junta de Vigilancia Rural de Imperial indicó que «esta iniciativa debe ser imitada por otras comunas de la región, la cual nació de la organización ciudadana de los campesinos quienes asumieron el desafío de enfrentar el robo de sus animales, venta clandestina de alcohol y maltratos familiares, entre otros flagelos a través de una red de vigilancia coordinada con Carabineros’, explicó.
En este sentido, el diputado Tuma informó que ante el explosivo aumento de denuncias por abigeato y decomisos ilegales de carne en la región, sostendrá en compañía de dirigentes de la Junta de Vigilancia Rural de Carahue, una reunión con Felipe Harboe, Subsecretario del Interior, con el objeto de solicitar recursos para la implementación de telefonía móvil que permitan un mejor desempeño de dicha organización rural.
Además recalcó que pedirán una coordinación más efectiva entre los actores sociales y atacar de raíz a los cuatreros que han impuesto un clima de terror, tanto por la inseguridad, como por las pérdidas económicas a las que se ven afectados los campesinos por el robo de sus animales, sobre todo en las cercanías de las festividades por fiestas patrias.