En los últimos años, muchas denuncias de montajes y complots contra dirigentes y comunidades han sido puestos en conocimiento de tribunales por parte de abogados de derechos humanos y parlamentarios, sin resultado alguno. A juicio de las organizaciones, todos estos antecedentes serían razón suficiente para «cuestionar» los procesos judiciales en curso en la zona sur […]
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En los últimos años, muchas denuncias de montajes y complots contra dirigentes y comunidades han sido puestos en conocimiento de tribunales por parte de abogados de derechos humanos y parlamentarios, sin resultado alguno. A juicio de las organizaciones, todos estos antecedentes serían razón suficiente para «cuestionar» los procesos judiciales en curso en la zona sur del país. |
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Una veintena de organizaciones mapuches de Chile y el extranjero, señalaron en Temuko a través de una declaración pública que comuneros y dirigentes mapuches, acusados de atentados incendiarios a empresas forestales y que están encarcelados en el sur de Chile, podrían ser inocentes. «Desde hace varios años existen antecedentes que podrían demostrar que se tratarían de montajes perpetuados a lo menos, por entidades de seguridad vinculadas a las empresas forestales, hechos que requieren ser investigados a la brevedad», indicaron.
A juicio de las organizaciones, existirían en la zona mapuche personas condenadas incluso a penas que superan los 10 años de cárcel, «de manera absolutamente desproporcionada y con denuncias locales e internacionales de vicios procesales, por atentados incendiarios a los que se le ha dado la categoría de «terrorismo», en tiempos, donde a la vez, las mismas empresas han sido acusadas por auto-atentados».
«Sobre esto, existen numerosos antecedentes que no han sido investigados y que han quedado en la más absoluta impunidad», indicaron la Corporación de Mujeres Mapuche Aukinko Zomo, Meli Wixan Mapu, Equipo CITEM, Asociación ambientalista Koyam Newen, Asociación Ñankuchew, Federación Williche de Chiloé, Gvbam Logko Pikunwijimapu, Corporación Mapuche Xeg Xeg, Wajontu Coj Coj Mapu, Consejería Indígena Urbana y Agenda Regional de La Araucanía, entre otras organizaciones.
Forestal Bosques Arauco
Recuerdan los firmantes en su declaración el caso de la familia del ex guardia forestal Leonardo Espinoza Fonseca, quienes -con posterioridad al suicidio de éste en Santiago- reconocieron a la prensa a principios del año 2000 que el guardia se había involucrado en auto-atentados por órdenes de sus superiores, «que incluirían causas donde se aplicó posteriormente la Ley de seguridad del estado y una fuerte represión y militarización». Tales hechos habrían sido confirmados por el propio hermano del guardia, quien también prestaba servicios para una empresa forestal en la VIII Región, propiedad del magnate italo-chileno, Anacleto Angelini.
El caso citado por las organizaciones involucraba directamente a Forestal Bosques Arauco, quién el segundo semestre del año 1999 fue acusada públicamente por comunidades de planificar atentados y montajes al interior del Fundo Cuyinco, comuna de Los Álamos, predio de 1.650 hectáreas y reivindicado desde hacía más de 18 años por miembros de la familia Fren, quienes conforman la comunidad Pablo Quintriqueo. En aquella ocasión, varios ex guardias molestos con la forestal, declararon públicamente haber recibido instrucciones de atacar a personas mapuche y cometer auto atentados en Cuyinco para inculpar ante la justicia a miembros de la comunidad. Uno de ellos habría sido Leonardo Espinoza Fonseca.
Todos ellos pertenecían a la empresa de seguridad OSEPAR de Temuco, propiedad de Pablo Iturriaga Rocangliolo y fundada a fines de los años ochenta por el coronel de Ejército ® Alfredo Rodríguez, ex miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI, policía secreta de Pinochet) y qué más tarde huiría del país perseguido por causas de violaciones de derechos humanos. En su relato, entregado a Radio Bio-Bio y ratificado más tarde en conferencia de prensa por el diputado Eugenio Tuma (PPD), los ex sicarios de la empresa forestal confesaron entre otras cosas su participación en incendios de campamentos forestales, ataque a vehículos policiales, cortes de caminos e incluso quema de bosques de la propia maderera.
Entre los muchos hechos en que reconocieron su participaron los ex guardias, destacó la golpiza propinada al profesor del Liceo Politécnico de Lebu, Bernardo Ramos, una fría noche de octubre de 1999. «Regresaba yo a mi casa por la noche cuando recibí por detrás un fuerte golpe en la cabeza. Inmediatamente se me tiraron encima como cuatro tipos encapuchados, golpeándome por todos lados mientras me decían, ¡esto es por ayudar a los mapuche!. En minutos perdí el conocimiento y los doctores dijeron que debieron pegarme con un laque o algo así», relató más tarde desde el hospital. Al otro día de la golpiza, el malogrado profesor debía presentarse ante la justicia como testigo en favor del dirigente de la CAM, José Huenchunao, quien se encontraba encarcelado en Lebu acusado de cometer un atentado contra la forestal en el Fundo Cuyinco.
Un año antes, el 13 de octubre de 1998, guardias de OSEPAR habían quemado las casas que los comuneros habían levantado en Cuyinco. Como resultado la agresión hubo al menos siete heridos graves. Carlos Domínguez sufrió una fractura de cráneo y María del Carmen Fren, una fractura de clavícula. El mismo día, emboscaron a la lamngen María Ercilia Vásquez, cuando intentaba recuperar vacas que deambulaban atemorizadas por los continuos enfrentamientos. Trece guardias le propinaron una golpiza a palos que la mantuvo varios días en cama y con el rostro hinchado de golpes. Los enfrentamientos siguieron al día siguiente, produciéndose más lesionados, como Fernando Fren, quien sufrió contusiones múltiples y heridas en la cabeza, debiendo ser llevado de urgencia al Hospital de Concepción.
Si bien las confesiones de los guardias forestales causaron un gran revuelo e incluso llevaron a parlamentarios oficialistas a solicitar en enero del 2000 -tanto a la Corte de Apelaciones de Temuco como al gobierno a través del entonces ministro del interior, Raúl Troncoso- la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de la empresa de seguridad implicada en los hechos, ninguna investigación se formalizó al respecto. Hasta la fecha, ninguna investigación judicial se ha formalizado en la Octava región a raíz de estos graves hechos, denunciados hoy nuevamente desde Temuko.
Forestal Mininco
También detallan las organizaciones el caso del obrero Pedro Cifuentes, quien señaló haber sido presionado por un funcionario de Forestal Mininco en la zona de Collipulli, para incriminar a la comunidad Choin Lafkenche, residencia del dirigente Víctor Ancalaf, en delitos tales como robo de madera y quema de bosques. «La forestal Mininco me presionó, me dio dinero para culpar a los hermanos Ancalaf de las quemas y destrozos en la empresa… me amenazaron con que me iban a encarcelar y las pruebas que tenían era un montaje de fotos. Es decir, me inculparían. Me entregaron la suma de 500 mil pesos y más 10 mil pesos semanales», denunciaría más tarde Cifuentes al diario Austral de Temuco.
En su relato, Cifuentes involucró directamente al administrador de la Forestal Mininco en Collipulli, Alex Deruitz, quien cayó en contradicciones ante el ministro en visita Julio César Grandón cuando fue careado con el trabajador forestal. Días previos, Julio César Grandón había ordenado el arresto de los dirigentes mapuches de la comunidad, en base a la denuncia realizada por la maderera. Sin embargo y ante la confesión del obrero, el magistrado no tendría más remedio que dejar en libertad a los dirigentes. «Ante el ministro declaré que lo hice bajo presión y amenaza. Tuve un fuerte careo con Deruitz donde él negó que me pagó, pero sí reconoció que me había amenazado con una foto y que me había grabado la conversación», relataría más tarde Cifuentes.
Muchas de estas denuncias de montajes y complots contra dirigentes y comunidades, serían puestas en conocimiento de tribunales por parte de abogados de derechos humanos y parlamentarios de la zona, sin obtener a la fecha resultado alguno. A juicio de las organizaciones, todos estos antecedentes serían razón suficiente para «cuestionar» los procesos y acciones ejecutadas por las autoridades y agentes del estado en perjuicio de dirigentes mapuches, principalmente en el marco de la denominada «Operación Paciencia» impulsada por el ex subsecretario del interior Jorge Correa Sutil, haciendo uso de la Ley Antiterrorista heredada de la dictadura militar. Todo ello durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.
«Consideramos que es absolutamente irracional y fuera de toda lógica pensar que personas mapuche vinculadas a comunidades rurales en sus justas reivindicaciones territoriales se hayan expuesto a acusaciones de atentados incendiarios en contra de plantaciones o maquinarias, cuando estas no significaban un mayor perjuicio a las compañías por cuanto mantienen una amplia cobertura de seguros y lo único que se aseguraba era la militarización, persecución y represión de amplias zonas rurales», subrayan las organizaciones.
Hasta la fecha, más de un centenar de ciudadanos mapuches han sido o están siendo perseguidos judicialmente por tribunales civiles y Fiscalías Militares por su participación en movilizaciones. A esa cifra, se suman órdenes de detención y presos entre las VIII y X regiones. Más de diez ministros especiales y cinco Fiscalías Militares se han encargado de investigar «hechos de violencia» -desde fines de 1997- en el marco de los conflictos territoriales. Decenas de dirigentes y comuneros se encuentran sometidos a proceso, en varios casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 sobre Conductas Terroristas o, en los últimos años, bajo las disposiciones del nuevo Sistema Procesal Penal.
Ante este escenario, las organizaciones exigen al gobierno de Bachelet el cese de la persecución contra personas en el marco de la protesta social en contra de las empresas forestales, la urgente designación de un Ministro en Visita, -«para investigar a fondo, con resultados concretos, sobre la base de las acusaciones de auto-atentados que involucran a empresas forestales», precisan-, la revisión y nulidad de todas las causas judiciales que involucra acusaciones contra dirigentes en supuestos atentados, el fin a los subsidios, privilegios y proteccionismos que el Estado ha venido sosteniendo en favor de estas cuestionadas compañías, así como el retiro de las dotaciones policiales y de la Armada de guerra para el cuidado de estas las empresas y sus bienes.