La etnia autóctona más numerosa de Chile se cansó de las promesas de justicia social y de mayor participación hechas por los últimos tres gobiernos de centroizquierda. Por ello, sus líderes se presentaron ante la presidenta Michelle Bachelet y le propusieron entablar una nueva relación. «La presidenta reconoció la ‘deuda histórica’ que tiene el Estado […]
La etnia autóctona más numerosa de Chile se cansó de las promesas de justicia social y de mayor participación hechas por los últimos tres gobiernos de centroizquierda. Por ello, sus líderes se presentaron ante la presidenta Michelle Bachelet y le propusieron entablar una nueva relación.
«La presidenta reconoció la ‘deuda histórica’ que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche, aceptó designar un interlocutor válido para desarrollar el diálogo y se comprometió a informar en marzo la forma en que se implementará este proceso», señaló a IPS el dirigente indígena Miguel Melin, luego de finalizada la reunión de este jueves.
«En su campaña, la actual mandataria nos invitó a debatir y hoy nosotros traemos propuestas concretas», comentó Melin, uno de los 40 integrantes de esta etnia que viajaron desde la IX región de la Araucania a Santiago para reunirse con Bachelet en el palacio de gobierno de La Moneda.
Valoró que la presidenta aceptara comunicar su respuesta al petitorio mapuche en la región de la Araucania, ya que consideran que es un gesto simbólico indispensable para cerciorarse de que la voluntad de avanzar es real, aunque dijo esperar «hechos» más que «palabras».
La propuesta política-social-territorial presentada este jueves nació de un trawun (reunión, en lengua mapuzungun), realizado el 10 y 11 de noviembre en la localidad de Quepe, en la Araucania, donde reside 23,5 por ciento de las más de 600.000 personas que se consideran mapuches.
En ese encuentro participaron cerca de 3.000 personas, integrantes de 34 comunidades, organizaciones e identidades territoriales mapuches de la VIII, IX y X región.
Melin asegura que los planteamientos que le hicieron a Bachelet representan el sentir de la mayoría del pueblo mapuche, ya que están representadas casi la totalidad de sus organizaciones, exceptuando al Consejo de Todas las Tierras, liderado por Aucán Huilcamán, y la extremista Coordinadora Arauco Malleco.
El documento de 51 páginas, titulado «Propuestas de Organizaciones Territoriales Mapuche al Estado de Chile», comienza con una revisión histórica de la compleja relación que por siglos han mantenido ambos actores.
El texto incluye numerosas proposiciones en materia de participación política, derecho a la autodeterminación, recuperación del territorio, desarrollo económico, educación, salud, legislación y justicia.
Las organizaciones que están detrás de esta iniciativa esperan que el Poder Ejecutivo nombre a un «interlocutor válido del más alto nivel» para negociar, que se comprometa a elaborar en conjunto una «agenda de trabajo», y que difunda las propuestas entre los poderes del Estado y la ciudadanía.
El diagnóstico de los mapuches es claro. «Hace 17 años que se nos viene prometiendo mejorar nuestros niveles de justicia social y participación; una y otra vez se nos asegura que habrá reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas y que se ratificará el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), sin que hasta ahora ninguna de las dos iniciativas se haya concretado», se lee en el texto.
Dicen estar cansados de la política asistencialista llevada a cabo por los últimos tres gobiernos de la coalición de centroizquierda que dirige los destinos de Chile desde 1990, y que también sustenta a la presidenta socialista Michelle Bachelet.
A juicio de esta etnia, el gobierno sigue impulsado en territorio mapuche la inversión privada en predios forestales, centrales hidroeléctricas, fábricas de celulosa, plantas geotérmicas, carreteras, aeropuertos, basurales, todas obras que terminan por despojarlos de sus espacios ancestrales, por interferir en su cultura y dañar su calidad de vida.
«No queremos que nuevamente se archiven nuestras aspiraciones y se nos ofrezcan programas y proyectos que no dan solución definitiva a nuestras demandas. Exigimos que se inicie una nueva relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche», exhorta el documento.
Uno de los principales anhelos de este pueblo originario es la «la libre determinación, ya sea que se exprese en algún tipo de autonomía territorial y política o en cualquier otra fórmula».
Mientras se decide la mejor alternativa, proponen el reconocimiento de un parlamento nacional mapuche con decisiones vinculantes, la modificación de la actual ley electoral para que los integrantes de esta etnia integren el Congreso legislativo chileno y la elección mediante votación popular de las autoridades regionales (alcaldes y gobernadores).
También exigen la «restitución de tierras usurpadas» a través de la expropiación y el «control, goce y uso» de los recursos naturales del «territorio mapuche», conformado por la IX región y comunas adyacentes de la VIII y X región, entre 600 y 800 kilómetros al sur de Santiago.
Asimismo, los indígenas estiman que su economía se debe fomentar a través de planes de desarrollo territorial –liderados por las propias organizaciones de esta etnia–, del cuidado de la flora y fauna nativas y de la investigación y desarrollo de energías alternativas (eólica y solar), entre otras vías.
Para mejorar la distribución de los ingresos, proponen que el Estado les entregue una indemnización histórica por las inversiones que los han afectado, que se les otorgue una franquicia tributaria para el acceso a tecnología y se cree un banco administrado por ellos y financiado con la tributación de grandes empresas localizadas en territorio considerado mapuche.
Además, se solicita que se exima de impuestos a los productores de esta etnia y que se proteja a los pueblos originarios en los tratados de libre comercio firmados por Chile.
En materia de enseñanza, demandan la creación de una institucionalidad educacional autónoma, encargada de definir las políticas del sector. Consideran indispensable el reconocimiento oficial de su idioma, la incorporación de los «sabios y sabias» mapuches en los centros educativos y la creación de programas que fomenten el estudio de cursos de postgrado en profesionales de esta etnia.
Por otra parte, piden que su sistema de salud, que se basa en el equilibrio entre la persona, la naturaleza y lo sobrenatural, sea reconocido, protegido y respetado, aunque no rechazan la medicina alopática. Plantean que la recuperación del bosque nativo, de donde extraen gran parte de sus plantas curativas, es vital para su desarrollo.
Algo similar sucede con su sistema jurídico, el cual tiene particularidades territoriales. Instan a las autoridades a aprobar y ratificar todos los tratados internacionales que protegen a los pueblos indígenas, a no aplicar la ley antiterrorista en procesos de conflicto mapuche y otorgar la libertad de los llamados presos políticos de la etnia.
«Esta es la nueva oportunidad que le planteamos al Estado chileno. La oportunidad de corregir el vínculo histórico que ha mantenido con el pueblo mapuche, caracterizado por el sometimiento, el colonialismo, la integración asimilacionista y etnocida», indican.
En caso de no recibir la respuesta esperada, Melin señaló que «seguirán trabajando en su agenda, fortaleciendo sus organizaciones y construyendo un referente cada vez más amplio y unitario», no descartando ningún tipo de movilización.
Este dirigente piensa que el pueblo mapuche tiene experiencia política y cuenta con una amplia gama de profesionales capacitados para discutir sobre cualquier tema.
En este sentido, el cientista político de la privada Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Roberto Mardones, valoró que la propuesta haya sido elaborada por los propios integrantes del pueblo mapuche y no por un partido político, que podría haber desvirtuado sus «legítimas demandas».
No obstante, comentó a IPS que es difícil que éstas se lleven a cabo en el corto plazo, principalmente las referidas a la autonomía territorial y política, dado que «no es están en el imaginario colectivo de la población», que en general no ve con buenos ojos la «división» del país.
«La sociedad chilena no tiene fracturas potentes, no hay una fractura étnica», que posibilite un proceso de esta naturaleza, indicó. Aunque cree que se puede avanzar en materias como salud y educación.