Trabajadores del sector salud salieron a las calles en diferentes lugares del país para denunciar la crisis del sector y manifestar su rechazo a la reforma a la salud que se tramita en el Congreso porque consideran que empeorará la situación. Los trabajadores consideran que el Gobierno debe reformar la Ley 100, de diciembre de 1993, que creó el sistema de seguridad social integral pero transfirió los servicios de atención médica a Empresas Prestadoras de Salud (EPS), que hacen de intermediarias entre el usuario y los hospitales y son las que reciben el mayor beneficio económico, en detrimento del personal sanitario. El proyecto presentado por el Gobierno al Congreso incluye la reforma de la Ley 100 pero en vez de corregir el modelo vigente lo profundiza, según las asociaciones médicas.
Con lágrimas que amenazan su voz, Manuel Posada, un transeúnte en el centro de Bogotá, dice que se ha encontrado con «esta marcha blanca» por casualidad y que ha decidido unirse por que «vive en carne propia las injusticias del sistema de salud», a su esposa le suspendieron una droga hace seis meses y desde entonces sus días se han convertido en peticiones y demandas mientras su esposa se agrava.
«Casos como estos abundan» comenta el Profesor de la Universidad Nacional y miembro de la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud -ANSA-, Mario Hernández. «La salud se ha convertido en un negocio que lucra a unos pocos, y estos con la anuencia del Congreso se han dedicado a buscar mayor ganancia recortando servicios a la gente; los trabajadores de la salud tenemos propuestas para salvar este sistema agónico, nos tienen que escuchar»
En pocos días será debatida por la Cámara de Representantes la reforma a la Ley 100 de 1993 luego que fuera aprobada por el Senado hace dos semanas.
Mientras el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, hace lobby discutiendo las bondades de la reforma, las críticas han llovido de todos lados: desde estudiantes de especializaciones clínicas, pasando por médicos internos y residentes, enfermeros, salubristas y pacientes, hasta políticos y columnistas.
Todos coinciden en que grandes mafias se han apoderado del sistema de salud y que la reforma «mantiene en esencia la mercantilización de la salud en beneficio del interés privado y en perjuicio del interés general de los colombianos» -ANZA- Ver: comunicado ANZA
Las criticas han tomado forma en asambleas, mítines, documentos y desde ayer en movilizaciones a nivel nacional.
En las marchas de ayer se rechazó la actual política de salud, desde la Ley 100 de 1993 hasta la actual propuesta de Ley Ordinaria 210 del gobierno de Juan Manuel Santos fue tajante. Si bien la falta de presupuesto en los hospitales y clínicas ha sido el causante de la movilización, esté no es el fondo del problema «el problema es estructural, el fondo de la protesta es lograr una nueva propuesta del sistema de salud» profesor Mario Hernández.
Ver: Comunicado Marcha Patriótica
Manifiesto Público de la Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud – ANSA
La Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud -ANSA- en reunión del día 26 de octubre del año 2013, luego de analizar la respuesta del Ministro de Salud y Protección Social al Pliego Unificado de 22 puntos presentado en la pasada jornada nacional de protesta; el contenido y estado actual del proceso de aprobación del proyecto de Ley Ordinaria 210; el malestar generalizado y creciente entre profesionales y trabajadores de la salud y en la ciudadanía en general con el contenido de dicho proyecto de Ley y con la precariasituación del sistema de salud,
Considera:
1. La respuesta del Ministro de Salud y Protección Social al Pliego Unificado de ANSA no atiende la solicitud de integrar con urgencia una Comisión de Negociaciónque, con el concurso de los colombianos, permitaencontrar salidas para salvar de la hecatombe al sistema de salud, liquidar la intermediación financiera en el sistema de salud, impedir la destrucción de la red hospitalaria nacional y garantizar los derechos legítimos de los profesionales y demás trabajadores de la salud, entre otros puntos.
2. Indignante el desprecio e inequidadcon que el gobierno nacional, y el Ministro de Salud y Protección Social en particular, trata las demandas legítimas del movimiento social, de los profesionales y trabajadores de la salud, con las cuales éstos buscan abrir caminos de entendimiento para acordar los mecanismos que garanticen el interés general a que está obligado constitucionalmente el Estado con respecto al derecho integral a la salud.
3. El proyecto de Ley Ordinaria 210 presentado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ante el Congreso de la República y aprobado en primera instancia por el Senado mantiene en esencia la mercantilización de la salud en beneficio del interés privado y en perjuicio del interés general de los colombianos.
Acuerda:
1. Rechazar por ilegítima, contraria al interés general de los colombianos,la actual política de salud, desde la Ley 100 de 1993 hasta la actual propuesta de Ley Ordinaria 210 del gobierno de Juan Manuel Santos, responsable fundamental de nuestras desgracias comunes, y exigir la construcción participativa de un nuevo sistema y modelo de salud universal, equitativo y de igual calidad para todos.
2. Denunciar ante la opinión pública nacional e internacional la actitud anti ciudadana del gobierno de Santos porque perjudica y niega el interés general y promueve y protege el interés particular en contra de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho; y por su acción sesgada en defensa del actual régimen privado de salud al encubrirlo como interés común con el actual proyecto de Ley Ordinaria 210 de reforma a la salud.
3. Rechazar la permanencia de las EPS, ahora mimetizadas como Gestoras de Salud en el nuevo proyecto de Ley Ordinaria de Salud, por ser el eje de la política de privatización del sistema de salud, de la negación del derecho a la salud, de la explotación de los trabajadores de la salud, y de la corrupción de los mercantilizadores del sistema.
4. Exigir el pago inmediato de las billonarias deudas de EPS, gobierno nacional y entes territoriales a hospitales públicos y privados para evitar un colapso inminente de la red de prestadores de servicios de salud, que llevaría a condiciones lastimosas de desatención en salud al pueblo colombiano y a encubrir el saqueo y la malversación de los recursos sociales y públicos de salud.
5. Alertar al pueblo colombiano, y a los trabajadores de la salud en particular, que el no pago de dichas deudas en un tiempo breve llevará al cierre de los hospitales públicos, a la liquidación de los mismos y al despido masivo de trabajadores, especialmente de contratistas.
6. Invitar al pueblo colombiano a apoyar los reclamos de los hospitales y clínicas para que se les paguen sus deudas y puedan seguir funcionando en beneficio del interés general de todos los colombianos, y a apoyar las justas demandas y protestas de los profesionales y trabajadores de la salud para que puedan ejercer una medicina y un trabajo dignos y con calidad.
7. Expresar nuestra solidaridad con la protesta de médicos residentes e internos en contra de la precarización de la calidad de la formación especializada de los profesionales de la salud y de sus condiciones laborales y de trabajo, que promueve el proyecto de Ley Ordinaria 210, y decirles que nos unimos a la jornada de movilización nacional a partir del 29 de octubre del 2013.
8. Invitara todos los ciudadanos a participar activamente en las distintas expresiones de inconformidad con el lastimoso estado del sistema de salud colombiano, responsable de tantas enfermedades, discapacidades y muertes evitables que, si hubiesen sido diligentemente atendidas, habríanahorrado dolor y sufrimiento innecesarios a las familias colombianas.
9. Rechazar los constreñimientos y amenazas de las EPS y el Gobierno a los trabajadores y profesionales de la salud por participar en las actividades de protesta programadas a partir del día 29 de octubre.
10. Exigir a la Cámara de Representantes la no aprobación del Proyecto de Ley Ordinaria 210, y solicitar a la Corte Constitucional la declaración de inexequible a la Ley Estatutaria de Salud.
